Pedro Ortega Ortega
Expediente 931/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 20 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 931/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 29/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Pedro Ortega Ortega
- Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo
- Pedro Ortega Ortega y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se sobreseyó en el juicio. En términos del punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses establecido en el punto vigésimo del acuerdo procédase a la destrucción del incidente. Conforme al punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del citado acuerdo, el cuaderno original del incidente de suspensión no es destruible porque se concedió la medida cautelar; asimismo deberá conservarse en el archivo del juzgado durante tres años y luego transferirse al Centro de Documentación y Análisis. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente o es de relevancia documental, jurídica e histórica.
- Principal
Visto lo de cuenta, se advierte que el término otorgado a la parte quejosa para desahogar el requerimiento de quince de enero de dos mil dieciséis, a la fecha le ha transcurrido, tal y como se advierte de la certificación secretarial señalada al rubro. Por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de quince de enero de dos mil dieciséis, y por ende, se procede a dictar las consecuencias derivadas ante la falta de cumplimiento a lo prevenido. Ahora bien, de constancias de autos se advierte que después de haberse ordenado el emplazamiento de la tercera interesada **********, en los domicilios que se advirtieron de las constancias que obran en autos hasta este momento, se aprecia que dicho emplazamiento no ha podido tener verificativo. Pues, por autos de dieciocho de septiembre y veintinueve de diciembre de dos mil quince (fojas 159 y 192), se requirió al quejoso el domicilio cierto donde pudieran ser emplazada la tercera interesada **********; empero, no fueron desahogadas dichas exigencias, y en ese tenor quedó sujeto a la prevención realizada en dichos proveídos. Luego, por auto de cinco de noviembre de dos mil quince (fojas 165 y 166) se decretaron las medidas de investigación previstas en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, y al efecto se ordenó girar oficios a las dependencias correspondientes, para que auxilio de la labores de este Juzgado Federal informaran si dentro de sus respectivos registros obraba algún antecedente a nombre de la tercera interesada referida. De los informes de las autoridades requeridas no se encontró domicilio alguno donde pudiera emplazar legalmente a la tercera interesada **********. En ese sentido, como no se pudo localizar el domicilio de dicha parte procesal, este juzgado federal por auto de quince de enero de dos mil dieciséis (fojas 195 y 196), con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley en cita, por así disponerlo su artículo 2°, decretó el emplazamiento de la consabida tercera interesada por medio de edictos a costa de la parte quejosa, los cuales deberían contener una relación suscinta de la demanda y se publicarían por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de mayor circulación en la república mexicana. Edictos que se dejaron a disposición del quejoso en la secretaria de este juzgado, sin que hasta la fecha haya comparecido ante este juzgado federal a recibir los edictos relativos al emplazamiento de la tercera interesada señalada en líneas anteriores, no obstante de encontrase legalmente notificado para ello, tal y como se aprecia de las constancias de autos (fojas 200 a 202); y en ese tenor, los dispositivos 61, fracción XXIII, 27, fracción III, inciso b) y 5º, fracción III, inciso c), todos de la Ley de Amparo, disponen: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTICULO 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas. (.) III. Cuando no conste en auto domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a). b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiere señalado, Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter. (.) c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio de orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad." El extremo que se contiene en la causa de improcedencia que sobreviene, se actualiza en el presente caso, virtud a que en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el emplazamiento a juicio del tercero interesado se hará mediante notificación personal siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, hipótesis ésta que evidentemente no se actualiza en el sumario; también precisa el numeral invocado al principio de este párrafo, que el emplazamiento a juicio del tercero interesado, podrá realizarse mediante edictos a costa de la parte quejosa, si la investigación para conocer el domicilio no fructificara, supuesto este que se evidencia en las constancias, pues aún y cuando se realizó la investigación relativa, no se logró conocer el domicilio para que la tercera pudiera ser llamado a deducir sus derechos en el presente asunto, circunstancia por la cual mediante proveído de quince de enero de dos mil dieciséis, se ordenó emplazarla a través de edictos, sin que tampoco se lograra el cometido, porque la parte quejosa no compareció ante este órgano de control constitucional, a recoger los edictos de trato, mismos que se le dejaron a su disposición en la secretaría de este juzgado por el plazo de veinte días hábiles (fojas 195 y 196). Luego, si se ordenó realizar la relación sucinta de la demanda y se estableció además su publicación de tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en un Periódico de mayor circulación en la República Mexicana, habiéndose dejado a su disposición para que realizara su publicación, sin que hasta el momento jurídico procesal en que se actúa así lo hubiera acreditado; por ende, si del análisis sistemático del artículo 61, fracción XXIII, de la ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b) y 5º. Fracción III, inciso c), del propio ordenamiento legal, así como el numeral 14 párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que se infiere, que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 27, fracción III, inciso b) y ordenado el emplazamiento a juicio de la parte tercera interesada, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, éste no los recibe para su publicación, ni exhibe la misma, cuando se realizara su entrega, lo que procede decretar en consecuencia, el sobreseimiento en el juicio de garantías en que se actúa, toda vez que incumple con el presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento (artículo 14 Constitucional) y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Por ende, sobreviene la causa de improcedencia de narras, pues con la no publicación de los edictos ordenados, quedaría paralizado el presente juicio de garantías, al arbitrio del impetrante de garantías, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la resolución del conflicto, ya que ello no es atribuible al Órgano de Control Constitucional, sino al propio quejoso de referencia, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la Ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del solicitante del amparo y protección de la Justicia Federal. Consecuentemente, al sobrevenir la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso c) y 5º, fracción III, inciso b) todos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto, con fundamento en el artículo 63, fracción II de la Ley de la Materia. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.64/2002, emitida por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, publicada en la página doscientos once, tomo XVI, Julio de dos mil dos, correspondiente al Pleno y Salas, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." De ahí pues, que en el caso sea dable decretar el sobreseimiento del presente juicio de garantías, por lo que resulta ocioso esperar la celebración de audiencia constitucional; por tanto, se deja sin efectos la audiencia señalada para trece horas con diez minutos del día de hoy (foja 196).
- Principal
Agréguese a los autos la razón levantada por el Actuario Judicial adscrito a este órgano federal, para que obre únicamente como corresponda, en razón de que por acuerdo de once de noviembre de dos mil quince (foja 170), se tuvo como inexistente a la autoridad responsable denominada como Director General de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
En principio, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se aprecia que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional (foja 188), misma que no es posible celebrar en virtud que de constancias de autos se desprende que no obstante las medidas de investigación decretadas por este juzgado federal no fue posible localizar el domicilio cierto de la tercera interesada GUADALUPE ORTEGA PERALTA, a fin de emplazarla a juicio.- Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintinueve de diciembre de dos mil quince (foja 192), con fundamento en los artículos artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, emplácese a la citada tercera interesada por medio de edictos a costa de la parte quejosa, mismos que deberán contener una relación sucinta de la demanda y se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de mayor circulación en la República Mexicana, haciéndole saber que deberá presentarse ante este órgano jurisdiccional dentro de un término de treinta días contados a partir del siguiente al de la última publicación; fíjese además en los estrados de este juzgado federal una copia íntegra de ésta resolución por todo el tiempo del emplazamiento; bajo el apercibimiento a la tercera interesada que de no comparecer, las ulteriores notificaciones aún las de carácter personal le surtirán efectos por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado federal.- A fin de que se lleve a cabo la publicación de mérito, se deja en la secretaría de este juzgado, a disposición de la parte quejosa los edictos relativos, para que dentro del plazo de veinte días siguientes al en que surta efectos legales la notificación del presente auto, los recoja, realice la entrega de los mismos para su publicación y acredite ante este órgano jurisdiccional su entrega (es decir, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos). "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo.".- Apercibido que de ser omiso en el cumplimiento de cualquiera de los supuestos anteriores, darán lugar al sobreseimiento en el presente juicio de amparo; toda vez que se incumpliría con un presupuesto procesal que se rige en formalidad esencial del procedimiento y hace que este juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5° y 63 fracción II, todos de la Ley de Amparo.- En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, la referida audiencia constitucional se difiere y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, para su verificativo.
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