Pedro Oñate González

Expediente 779/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
779/2017
Año
2017
Actuaciones
20
Última actuación
13/02/2018

Partes del expediente

  • Pedro Oñate González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    VISTA CERTIFICACIÓN, SE DESPRENDE QUE TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 202 DE LA LEY DE AMPARO, A FIN DE QUE LA PARTE QUEJOSA RECURRIERA EL PROVEÍDO DE NUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN EL QUE SE DECLARÓ CUMPLIDA LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. SE ORDENA DEPURAR EL PRESENTE CUADERNO. REMÍTASE EL PRESENTE EXPEDIENTE AL ARCHIVO COMO ASUNTO CONCLUIDO. DEVUÉLVANSE LOS CUATRO LEGAJOS DE PRUEBAS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO INTERESADO LUZ MARÍA ALCANTAR SEGURA, EL PROVEÍDO DE 09 DE ENERO DE 2018. Manifestaciones. Agréguese a los autos el escrito presentado por Carlos Enrique Rosas Luna, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual solicita se le tenga por conforme con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la sentencia de amparo dictada en autos. II. Se tiene por cumplida sentencia de amparo. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete (fojas 130-150), se concedió la protección de la Justicia Federal al inconforme, para efecto de que el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital del Estado, realizara lo siguiente: ".(.) Deje insubsistente la resolución reclamada; y, Con plenitud de jurisdicción dicte una nueva, en donde purgue los vicios formales que fueron precisados en este fallo; pero atendiendo lo siguiente: a) Otorgue el valor probatorio adecuado a la escritura pública cuarenta y ocho mil doscientos diecinueve, relativa al "Poder Especial para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y Actos de Dominio, Revocable y con Rendición de Cuentas, en cuanto a Facultades es General, pero es Especial por su Objeto", que Pascual González Aceves le otorgó al inculpado el diecinueve de noviembre de dos mil trece; b) Valore nuevamente, los elementos probatorios aportados, tanto los de cargo como los de descargo, estableciendo los criterios de valoración utilizados y el resultado de esa valoración, para así poder llevar a cabo la tasación en su conjunto. En el entendido de que deberá establecer qué valor probatorio y alcance demostrativo les corresponde individualmente y de manera conjunta a los medios de convicción con los cuales estime acreditados los elementos del delito y la probable responsabilidad; y los datos que dichos medios de convicción aportan; citando los artículos de la ley adjetiva aplicable y expresando un razonamiento lógico-jurídico de dicha valoración; c) Establezca sí en el caso se colman todos y cada uno de los elementos del delito atribuido al aquí quejoso; atendiendo además a la intención que tuvo el sujeto activo para cometer el ilícito que se le atribuye, esto es, a la ajenidad entre el quejoso y el inmueble controvertido. d) De resultar procedente, se pronuncie respecto de la probable responsabilidad del inculpado, en su comisión; y, e) En directa consecuencia de lo anterior, toda vez que realizará de nueva cuenta el análisis de la preindicada conducta delictiva, también deberá analizar, a la luz de las consideraciones que han quedado establecidas en esta ejecutoria, los agravios que contra la legalidad de la resolución que constituyó el acto recurrido en segunda instancia, se hicieron valer, como lo es el relativo a sí la jurisdicción civil es la vía idónea para determinar la preferencia de derechos del inmueble en disputa y que omitió contestar." Ahora, mediante oficio 41521, de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, dirigido a la autoridad responsable Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato capital, se le comunicó la ejecutoria dictada en el presente juicio y por tal motivo se le requirió su cumplimiento (fojas 168-170). Luego, mediante acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete (foja 212), se tuvo a la autoridad responsable informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por lo que en dicho auto, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, con relación a lo actuado por la responsable. En ese tenor, de las constancias antes reseñadas, se evidencia que la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio biinstancial se encuentra cumplida. A efecto de demostrar lo anterior, es preciso realizar una comparación entre las consideraciones que sustentan el fallo protector, y lo actuado por la autoridad responsable, a fin de dar cumplimiento a la concesión del amparo. En la sentencia definitiva dictada el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete (fojas 130-150), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a efecto de que se dejara insubsistente la resolución de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, por la cual la responsable confirmó el auto de formal prisión dictado por el juez de origen en la causa penal 365/2016, en contra de Pedro Oñate González, por el delito de despojo, toda vez que la responsable consideró incorrectamente que en el caso el inculpado no acreditaba la propiedad del bien litigioso ni las facultades para ejercer actos de dominio sobre el mismo; por ende, se determinó que el auto de formal prisión viola en perjuicio del quejoso su derecho fundamental de legalidad jurídica al no encontrarse debidamente fundado y motivad. Por su parte, la autoridad responsable Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, en acato a la ejecutoria de amparo, por oficio 820 remitió copia certificada de la resolución dictada el veinte de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 171-191), donde ordenó dejar insubsistente la anterior emitida el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis y dictó nueva resolución atendiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en comento, para lo cual, consideró que Pascual González Aceves, quien adquirió por compraventa el rancho denominado "Madris", conocido ahora, con el nombre de "El Río", otorgó a Pedro Oñate González, poder especial para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, revocable y con rendición de cuentas; poder que en cuanto a facultades es general, pero es especial por su objeto, mediante el cual le concedió las facultades para realizar actos de dominio sobre el predio citado, autorizándolo para actuar como si fuera dueño del mismo, pudiendo así realizar cualquier acto de dominio, o actos encaminados a defender y conservar ese inmueble, como si fuera su dueño, razón por la cual se concluyó revocar el auto de formal prisión combatido, toda vez que no se configuró la conducta exigida por el delito de despojo. En tales condiciones, se considera que se colman los requisitos que establecen los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para efecto de tener por cumplida en su totalidad la sentencia de derechos fundamentales, puesto que se reitera que la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, fue otorgada para que la autoridad dejará insubsistente la resolución de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, y dictando otra en los términos que le fueron establecidos, circunstancia que así aconteció, como se justifica con las documentales antes aludidas. Por tanto, debe estimarse que la responsable atendió en sus términos los lineamientos dados en la ejecutoria de mérito, de ahí que se tiene por cumplida en su totalidad la sentencia de amparo, para los efectos legales correspondientes. Dígase a las autoridades responsables y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberán presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido, y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza, sin necesidad de comunicación oficial al respecto.

  3. Incidental

    SE ORDENA DEVOLUCIÓN DE BILLETE DE DEPÓSITO. EXPEDIDO POR BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, QUE EXHIBIÓ PARA QUE CONTINUARA SURTIENDO EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY DE AMPARO, SE ORDENA DEVOLVER EL CITADO BILLETE A, PREVIA RAZÓN QUE POR SU RECIBO OBRE EN AUTOS

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 09 DE ENERO DE 2018, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE; Manifestaciones. Agréguese a los autos el escrito presentado por Carlos Enrique Rosas Luna, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual solicita se le tenga por conforme con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la sentencia de amparo dictada en autos. II. Se tiene por cumplida sentencia de amparo. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete (fojas 130-150), se concedió la protección de la Justicia Federal al inconforme, para efecto de que el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital del Estado, realizara lo siguiente: ".(.) Deje insubsistente la resolución reclamada; y, Con plenitud de jurisdicción dicte una nueva, en donde purgue los vicios formales que fueron precisados en este fallo; pero atendiendo lo siguiente: a) Otorgue el valor probatorio adecuado a la escritura pública cuarenta y ocho mil doscientos diecinueve, relativa al "Poder Especial para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y Actos de Dominio, Revocable y con Rendición de Cuentas, en cuanto a Facultades es General, pero es Especial por su Objeto", que Pascual González Aceves le otorgó al inculpado el diecinueve de noviembre de dos mil trece; b) Valore nuevamente, los elementos probatorios aportados, tanto los de cargo como los de descargo, estableciendo los criterios de valoración utilizados y el resultado de esa valoración, para así poder llevar a cabo la tasación en su conjunto. En el entendido de que deberá establecer qué valor probatorio y alcance demostrativo les corresponde individualmente y de manera conjunta a los medios de convicción con los cuales estime acreditados los elementos del delito y la probable responsabilidad; y los datos que dichos medios de convicción aportan; citando los artículos de la ley adjetiva aplicable y expresando un razonamiento lógico-jurídico de dicha valoración; c) Establezca sí en el caso se colman todos y cada uno de los elementos del delito atribuido al aquí quejoso; atendiendo además a la intención que tuvo el sujeto activo para cometer el ilícito que se le atribuye, esto es, a la ajenidad entre el quejoso y el inmueble controvertido. d) De resultar procedente, se pronuncie respecto de la probable responsabilidad del inculpado, en su comisión; y, e) En directa consecuencia de lo anterior, toda vez que realizará de nueva cuenta el análisis de la preindicada conducta delictiva, también deberá analizar, a la luz de las consideraciones que han quedado establecidas en esta ejecutoria, los agravios que contra la legalidad de la resolución que constituyó el acto recurrido en segunda instancia, se hicieron valer, como lo es el relativo a sí la jurisdicción civil es la vía idónea para determinar la preferencia de derechos del inmueble en disputa y que omitió contestar." Ahora, mediante oficio 41521, de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, dirigido a la autoridad responsable Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato capital, se le comunicó la ejecutoria dictada en el presente juicio y por tal motivo se le requirió su cumplimiento (fojas 168-170). Luego, mediante acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete (foja 212), se tuvo a la autoridad responsable informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por lo que en dicho auto, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, con relación a lo actuado por la responsable. En ese tenor, de las constancias antes reseñadas, se evidencia que la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio biinstancial se encuentra cumplida. A efecto de demostrar lo anterior, es preciso realizar una comparación entre las consideraciones que sustentan el fallo protector, y lo actuado por la autoridad responsable, a fin de dar cumplimiento a la concesión del amparo. En la sentencia definitiva dictada el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete (fojas 130-150), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a efecto de que se dejara insubsistente la resolución de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, por la cual la responsable confirmó el auto de formal prisión dictado por el juez de origen en la causa penal 365/2016, en contra de Pedro Oñate González, por el delito de despojo, toda vez que la responsable consideró incorrectamente que en el caso el inculpado no acreditaba la propiedad del bien litigioso ni las facultades para ejercer actos de dominio sobre el mismo; por ende, se determinó que el auto de formal prisión viola en perjuicio del quejoso su derecho fundamental de legalidad jurídica al no encontrarse debidamente fundado y motivad. Por su parte, la autoridad responsable Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, en acato a la ejecutoria de amparo, por oficio 820 remitió copia certificada de la resolución dictada el veinte de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 171-191), donde ordenó dejar insubsistente la anterior emitida el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis y dictó nueva resolución atendiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en comento, para lo cual, consideró que Pascual González Aceves, quien adquirió por compraventa el rancho denominado "Madris", conocido ahora, con el nombre de "El Río", otorgó a Pedro Oñate González, poder especial para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, revocable y con rendición de cuentas; poder que en cuanto a facultades es general, pero es especial por su objeto, mediante el cual le concedió las facultades para realizar actos de dominio sobre el predio citado, autorizándolo para actuar como si fuera dueño del mismo, pudiendo así realizar cualquier acto de dominio, o actos encaminados a defender y conservar ese inmueble, como si fuera su dueño, razón por la cual se concluyó revocar el auto de formal prisión combatido, toda vez que no se configuró la conducta exigida por el delito de despojo. En tales condiciones, se considera que se colman los requisitos que establecen los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para efecto de tener por cumplida en su totalidad la sentencia de derechos fundamentales, puesto que se reitera que la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, fue otorgada para que la autoridad dejará insubsistente la resolución de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, y dictando otra en los términos que le fueron establecidos, circunstancia que así aconteció, como se justifica con las documentales antes aludidas. Por tanto, debe estimarse que la responsable atendió en sus términos los lineamientos dados en la ejecutoria de mérito, de ahí que se tiene por cumplida en su totalidad la sentencia de amparo, para los efectos legales correspondientes. Dígase a las autoridades responsables y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberán presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido, y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza, sin necesidad de comunicación oficial al respecto.

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