Pedro Ojeda Bárcenas

Expediente 1281/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1281/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
28/04/2023

Partes del expediente

  • Pedro Ojeda Bárcenas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por el quejoso ********************, atento a su contenido dígasele que se esté a lo acordado en proveído de veintisiete de los actuales donde su hizo efectivo el apercibimiento que se le formuló en diverso proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, a efecto de que exhibiera cuatro copias más de su escrito de agravios respecto del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, por lo que se tuvo por no interpuesto el recurso de revisión que hizo valer en contra de la referida sentencia, declarando ejecutoriada la misma en dicha data, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que el quejoso de referencia, realiza diversas manifestaciones respecto del Titular de este órgano jurisdiccional, con un leguaje inapropiado, lo cual constituye faltas de respeto a la investidura del suscrito, con las cuales pretende denostar a mi persona, así como demeritar el actuar del suscrito en el presente asunto; manifestaciones que constituyen afirmaciones carentes de sustento jurídico. En consecuencia, se apercibe al promovente ********************, para que en lo subsecuente, en cualquier tipo de promociones o gestiones en el presente asunto, se abstenga de utilizar ese tipo de lenguaje y, se dirija a esta potestad federal y a las partes, con el respeto debido. En el entendido de que, de subsistir la conducta mencionada, se le impondrá, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 236, fracción I, de la Ley de la materia en vigor. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede de la que se desprende que la parte quejosa, no cumplió dentro del término de tres días que se le concedió en proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, a efecto de que exhibiera cuatro copias más de su escrito de agravios respecto del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo y, por tanto, se tiene por no interpuesto el recurso de revisión que hizo valer en contra de la sentencia de mérito, por tanto, glósese el original del citado recurso al presente expediente para que obre como corresponda. En tales condiciones, de la citada certificación se advierte que feneció el término de diez días concedido a las partes para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el cómputo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión, en atención a que se determinó negar el amparo; por tanto, no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, en virtud a que por resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Así, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Finalmente, devuélvase el tomo de pruebas que remitió la autoridad responsable Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, como complemento a su informe justificado, relativo al Juicio Ordinario Civil ********************, de su índice; solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por el quejoso..., atento a su contenido y como lo solicita se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, con el nombre de usuario "...", el cual se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación); en virtud de que cumple con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, hágase del conocimiento del referido quejoso, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo adviertan una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Del mismo modo, como lo solicita el quejoso se autoriza que las notificaciones que a su parte correspondan de carácter personal le sean practicadas en la vía electrónica; en tales condiciones, en términos de lo previsto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones I y II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le ordenen practicar en el presente asunto, se tendrán por realizadas una vez que haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico, por sí o por conducto de cualquiera de las personas que hubiere autorizado para consultar ese expediente, al visualizar el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica." Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese.

  4. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: S E N T E N C I A VISTOS para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 1281/2022-I, promovido por Pedro Ojeda Bárcenas, por propio derecho, en contra de los actos reclamados al Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el cual por razón de turno se recibió el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, recibido en misma data por ese órgano jurisdiccional, Pedro Ojeda Bárcenas, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la autoridad y acto que se mencionan a continuación: Autoridad responsable: 1. Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Actos reclamados: "[.] ACTO RECLAMADO El auto dictado dentro del juicio ordinario civil número 222/2017 de fecha 26 de octubre del año en curso, mediante el cual se me niega el acceso a la justicia, así como la devolución del vehículo de mi propiedad, causando un gran perjuicio al suscrito, violando las garantías otorgadas por los artículos 14 y 16 Constitucionales." SEGUNDO. Trámite. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Michoacán, cuyo titular, por acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós declinó competencia legal para conocer del asunto en términos de lo dispuesto por el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno, virtud a que estimó que el presente sumario Constitucional se encontraba vinculado con el diverso amparo 603/2021 del índice de este Juzgado Federal, por lo que ordenó remitir el escrito de demanda con sus anexos. Por lo anterior, por proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, este órgano de control Constitucional; radicó y registró bajo el número de expediente 1281/2022-I; resolvió avocarse al conocimiento y admitió a trámite el mismo; ordenó emplazar a los terceros interesados; y, fijo fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que precede. , C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que los actos reclamados se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción territorial de este Juzgado y, además, tienen ejecución en la misma. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y tesis P. VI/2004, se procede a fijar en forma clara y precisa los actos reclamados en la presente litis Constitucional, el cual se advierte del análisis íntegro de la demanda de amparo, en vinculación con la totalidad de la información que obra en el presente juicio. Así, la parte quejosa reclama: Del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán: a) El auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ordinario civil número 222/2017, mediante el cual, aduce, se le niega la devolución del vehículo de su propiedad. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo cual, resulta suficiente para tener por acreditada la veracidad del mismo (foja 47). Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 231, del Apéndice 2000, tomo VI, Quinta Época, con número de registro 917812, del texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la Constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo antes expuesto se corrobora con las constancias que la autoridad responsable remitió en apoyo de su informe justificado, consistente en copia certificada de los autos del juicio ordinario civil 222/2017, de su índice, en un tomo. Documentales a las cuales se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Resulta aplicable la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, con número de registro 394182, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, las expuestas por las partes o, de oficio, las advertidas por este órgano de control Constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Establecido lo anterior, en el presente asunto, de oficio, con relación al acto reclamado atribuido a la autoridad responsable se advierte la actualización en forma indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XII, y 5 de la Ley de Amparo, del contenido siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley [.]." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Del precepto Constitucional y las porciones normativas transcritas se aprecia que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con las acotaciones respectivas a dichos conceptos; sin embargo, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, la acción Constitucional únicamente procede cuando se ejerce con base en un interés jurídico. En ese orden de ideas, la causa de improcedencia de mérito se basa en el principio general para la procedencia del juicio de amparo, relativo a la existencia de un agravio personal y directo, el cual debe justificar la parte quejosa en el proceso Constitucional, pues sólo así legitimará su interés jurídico para tales fines. De tal forma, la improcedencia se actualiza cuando el acto o actos de autoridad reclamados proveniente de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, no lesionan los derechos subjetivos legítimamente tutelados en favor de la parte quejosa. En efecto, con relación a ese tópico, se itera, el interés para acudir al juicio de amparo deriva de lo establecido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo; preceptos conforme a los cuales se fija la procedencia de la acción Constitucional contra actos de autoridad provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Así, la porción normativa Constitucional prevé el principio de instancia de parte agraviada, según el cual, el juicio de amparo debe instarse a petición del gobernado que resulte lesionado en sus derechos humanos; y, el numeral citado de la Ley de Amparo exige la existencia de un agravio personal y directo. En consecuencia, sólo está legitimado para instar la acción Constitucional el titular de un derecho humano que, estima, se lesiona mediante la emisión del acto o actos de autoridad; por ende, se establece como presupuesto lógico, la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento legal objetivo, lo cual constituye el interés jurídico previsto por la ley de la materia para la procedencia del juicio de amparo; en la intelección de que el mismo debe acreditarse fehacientemente, de manera que no se infiera con base en presunciones. Con relación al tópico de mérito, la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir las jurisprudencias 1a./J. 168/2007, consultable a página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS."; y, 2a./J. 51/2019 (10a.), visible a página 1598, Tomo II, Libro 64, Marzo de 2019, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, titulada: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", respectivamente, estableció criterios para identificar el interés jurídico en el juicio de amparo, a saber: a) El acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada. b) La tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos. c) Las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. d) No puede hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En ese contexto, aun cuando el artículo 5, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo alude a un interés legítimo individual o colectivo para acudir al juicio de amparo, se realiza el distingo en el supuesto de que quien se ostente como parte agraviada, puede acudir a sede Constitucional en defensa del mismo cuando sea el titular de un derecho subjetivo público; lo anterior, cuando los actos reclamados se emitan dentro de procedimientos judiciales, pues sería inadmisible que en una contienda judicial donde hay dos partes que están litigando con idéntico interés, aparezca un tercero y obstaculice el ejercicio de sus derechos; con lo cual se crearía caos ante la imposibilidad de ejecutar las decisiones judiciales. Así, se hace especial distingo entre los actos derivados de procedimientos judiciales, para los cuales se exige contar con un interés jurídico; y, los demás actos, para cuya impugnación basta con justificar el interés legítimo de quien acude a la instancia Constitucional. Por tanto, de conformidad con las premisas destacadas previamente, para la procedencia del juicio de amparo en el supuesto de que la parte quejosa se ostente como tercero extraño, éste debe acreditar la afectación de los derechos subjetivos que invoca con motivo de los actos reclamados. Con relación a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para que la propiedad y la posesión sean objeto de protección en el juicio de amparo indirecto, cuando el peticionario se ostenta como persona extraña por equiparación, debe acreditar su derecho con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas, de lo cual deriva la necesidad de acreditar en el juicio Constitucional la causa generadora de la propiedad o posesión. En la intelección de que, a fin de que la tutela de su derecho sea oponible frente a terceros, para efectos del juicio de amparo, el título correspondiente debe ser de fecha cierta, la cual se adquiere por las causas siguientes: 1. A partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; 2. Desde la fecha en que se presente ante un fedatario público; y, 3. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Y, de no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica; en la inteligencia de que dicho aspecto únicamente se verifica a través de documental, que adquiera esa calidad de fecha cierta. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 44/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 77, Tomo XXI, Junio de 2005, Materia Civil, del Semanario Judicial y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro siguiente: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL". Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 149/2009, sostuvo que para que pueda afirmarse que quien promueve un juicio de amparo tiene interés jurídico, debe demostrarse la existencia de un derecho subjetivo en favor de la quejosa, anterior al acto reclamado, así como la afectación de ese derecho por parte de la autoridad a través del propio acto reclamado. Sirve de orientación a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 62/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 329, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, Materia Civil, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, intitulada: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN." Ahora bien, de la copia certificada de los autos del juicio ordinario civil 222/2017, remitida por el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en un tomo, a los cuales se otorgó previamente pleno valor probatorio, se advierten los antecedentes siguientes: Juicio ordinario civil 222/2017, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán 1. Sentencia definitiva. Seguidos los trámites legales, el juez de origen, por sentencia definitiva de veintinueve de junio de dos mil dieciocho declaró infundada la acción reconvencional sobre nulidad de escritura pública, fundada la acción principal ejercida por la parte actora -reivindicación-, en contra de la parte demandada reconventora, a quienes condenó, en lo que interesa, a la desocupación y entrega real del inmueble materia de controversia y de las diversas prestaciones ahí establecidas (fojas 1 a 24 del tomo de pruebas). 2. Apelación. Inconformes con la anterior determinación, ambas partes interpusieron en su contra recurso de apelación, del cual, por cuestión de turno, correspondió conocer al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Michoacán, con sede en Morelia, quien lo radicó como toca de apelación 246/2018, de su índice, y después de diversos trámites, por resolución de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en los autos del expediente 937/2018 y acumulados 943/2018 y 970/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Morelia, declaró parcialmente fundados los agravios expuestos por la parte actora reconvenida y modificó lo atinente a la prestación accesoria inherente a los daños y perjuicios; y, desestimó los agravios expuestos por la parte demandada reconventora (fojas 26 a 62 del tomo de pruebas). 3. Cumplimiento voluntario. Por auto de seis de enero de dos mil veintiuno, previa solicitud de la parte actora, se otorgó el término de tres días hábiles a la parte demandada reconventora para que diera cumplimiento voluntario, bajo apercibimiento que de incumplir, se procedería a la ejecución forzosa de la sentencia precitada (foja 66 del tomo de pruebas). 4. Ejecución forzosa y entrega real y material del inmueble. Luego, previa solicitud de parte interesada, por proveído de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, el juez natural declaró la ejecución forzosa de la sentencia, para lo cual, autorizó diligencia de lanzamiento a efecto de poner en posesión del inmueble materia de conflicto a la parte actora reconvenida; lo cual aconteció mediante diligencia de veintisiete de abril de dos mil veintiuno (fojas 67 a 79 del tomo de pruebas). 5. Promoción del incidente innominado. Por ocurso presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, ante el Juez responsable, el quejoso Pedro Ojeda Bárcenas, promovió incidente innominado para efecto de que le fueran entregados los bienes muebles que se encuentran dentro del inmueble materia del controvertido civil de origen, entre ellos, el vehículo marca Chevrolet, Chevy Pop 2001, tipo sedán, número de serie 3G1SF24231S178583, escrito al cual recayó proveído de veintiséis de septiembre siguiente, en el que en esencia, se le dijo al promovente que no era parte del juicio de mérito y se le dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera. (Fojas 112 a 116 del tomo de pruebas). Auto de mérito que constituye la materia del presente juicio de amparo: En efecto, en el caso concreto, como se estableció previamente, la parte quejosa pretende tutelar, a través del presente juicio de amparo, la propiedad y posesión del vehículo marca Chevrolet, Chevy Pop 2001, tipo sedán, color plata, número de serie 3G1SF24231S178583, en Morelia, Michoacán. Lo anterior, indicó, pues es propietario del citado automotor, y, para acreditar lo anterior, adjuntó a su ocurso de incidente innominado, copia cotejada por el Notario Público Número Sesenta y cuatro, con ejercicio y sede en Morelia, Michoacán, de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, de la factura 10069, de fecha veintitrés de febrero de dos mil uno, respecto del citado automotor, en los términos previamente señalados. (Fojas 114 y 115 del tomo de pruebas), Asimismo, de ser la única constancia que obra en autos las a efecto de demostrar su interés jurídico, en el presente sumario Constitucional. Sin embargo, dicha documental es inocua para justificar el interés jurídico de la parte quejosa, pues, si bien, de la copia cotejada de mérito se obtiene la existencia de la factura del vehículo reseñado, el cual adquirió la calidad de fecha cierta, pues, el fedatario público, como tercero investido de fe pública y facultades para hacer constar los hechos y cosas que tiene a la vista, certificó e hizo constar que tuvo a la vista el contrato de mérito; y, en ese sentido, la expedición de la copia certificada, permite tener por existente el documento que fue reproducido por el propio funcionario, por lo cual, es innegable la existencia del documento que cotejó. En efecto, la intervención del funcionario cuando se concreta a expedir una copia cotejada de un documento que tiene a la vista, no puede tener los mismos alcances jurídicos que cuando se trata de un documento contractual privado cuya celebración es ratificada ante la presencia de fedatario público, pues, al realizar el cotejo sólo se concreta a reproducirlo y hacer constar que tuvo un original o diversa copia cotejada a la vista; por lo cual, su intervención permite establecer que, en la fecha de la certificación de los diversos documentos que reprodujo sí existía, y por ende puede considerarse un documento de fecha cierta, pero la certeza de la fecha sólo puede considerarse a la fecha en que lo tuvo a la vista, y no antes. En ese sentido, debe precisarse que el documento puede ser considerado de fecha cierta considerando como tal la fecha en que fue presentado el documento ante el funcionario, y no la fecha en que según conste en el propio documento, fue celebrado el acto jurídico que ahí se plasme. En este orden de ideas, el que se considere que el documento adquiere fecha cierta en la ocasión en que es llevado ante funcionario para su reproducción, dado que se trata de la mera reproducción ante él y por él mismo, no puede llevarse al extremo de tener por consecuencia que se considere que se dio fe de algo más allá de eso, como podría ser, sólo a guisa de ejemplo: la existencia del acto jurídico que ahí consta reúne los requisitos necesarios para su validez. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 33/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 314, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Novena Época, del contenido siguiente: "DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él." Por tanto, si el quejoso aportó como prueba en el controvertido de origen, y la autoridad responsable, adjunto como complemento a su informe de ley, rendido en el presente juicio Constitucional, la copia cotejada por el citado Notario Público Número Sesenta y Cuatro, con ejercicio y sede en Morelia, Michoacán, de la factura 10069, de veintitrés de febrero de dos mil uno, que ampara la propiedad del vehículo Chevrolet, Chevy Pop 2001, tipo sedán, color plata, número de serie 3G1SF24231S178583, en los términos previamente señalados - de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en que adquirió fecha cierta- es decir, posterior a la data en que se ejecutó la entrega real y material del inmueble, en cual aduce se encontraba el vehículo de su propiedad multicitado, con motivo del juicio civil de origen 222/2017, en ejecución forzosa de sentencia, materia del presente juicio Constitucional, a saber, veintidós de febrero de dos mil veintiuno; entonces, debe concluirse que el interés jurídico del inconforme, no se encuentra fehacientemente acreditado, aunque únicamente para los efectos del presente juicio de amparo. Por tanto, al demostrarse plenamente la causa de improcedencia prevista por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XII, y 5 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio Constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la propia legislación. Sin que pase inadvertido que, de conformidad con el numeral 5, fracción III, del ordenamiento jurídico en consulta, les resulta el carácter de terceros interesados en el presente juicio de amparo a Alma Rosa Rangel Ortiz y Juan Carlos Aguilar Rangel, por ser parte en el juicio natural del cual deriva el acto reclamado; sin embargo, como se advierte líneas precedentes, el presente juicio de amparo es improcedente; de ahí que, ante tal situación, se estimó innecesario integrarlos a la presente litis Constitucional, pues la resolución que se dicte no les ocasionará perjuicio o beneficio alguno a dichos terceros, pues en nada varía la situación jurídica del juicio natural, por lo cual, se itera, se estimó innecesario su emplazamiento. Sirve de sustento a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 83, Volumen 36, Tercera Parte, Materia Común, con número de registro 238863, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Séptima Época, de contenido siguiente: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." En diferente orden de ideas, no se realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos propuestos por el tercero interesado, pues los mismos no forman parte de la litis dentro del juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia 39, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO".. Finalmente, existe impedimento para analizar el fondo del mismo, es decir, si los actos reclamados son inconstitucionales, de conformidad con los conceptos de violación expuestos en la demanda de mérito; así, en atención a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 49, Volumen 24, Tercera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Pedro Ojeda Bárcenas, por propio derecho, en contra del acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, precisada en el considerando segundo, por los motivos establecidos en el tercer y quinto puntos considerativos de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karina Jazmín Cortés Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintiocho de febrero de dos mil veintitrés en que los permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.-

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