Pedro Navarro Gutierrez

Expediente 1395/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1395/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
12/09/2019

Partes del expediente

  • Pedro Navarro Gutierrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, así como los autos que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que Pedro Navarro Gutiérrez, Pompilio Salazar Isidro y Cupertino Barrios Murrieta no dieron cumplimiento al requerimiento realizado por este Juzgado Federal el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve; por tanto, es legal hacer efectivo el apercibimiento decretado en autos, en virtud de que es indispensable para la admisión de la demanda, que se cumplan cabalmente los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo. En el caso, se requirió a la parte impetrante para que realizara lo siguiente: "Bajo protesta de decir verdad, narre de forma precisa y cronológica los antecedentes del acto reclamado, entre los cuales deberá destacar los hechos o abstenciones acontecidos desde el auto de radicación hasta la etapa actual en que se encuentre el expediente 710/2018/11AF, así como su naturaleza." Por lo que al no haber dado cumplimiento a lo precisado en el párrafo que antecede, la consecuencia jurídica es tener por no presentada la demanda promovida por Pedro Navarro Gutiérrez, Pompilio Salazar Isidro y Cupertino Barrios Murrieta, lo anterior, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, de los que se aprecia que mediante proveído de dos de septiembre de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y datos aportados por las autoridades. Tal acuerdo se notificó a la partes el seis de septiembre de dos mil diecinueve, desahogando la vista la parte tercero interesada mediante escrito recibido el seis de septiembre del año en curso. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede resolver, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, dentro del toca de apelación A.R.186/2018, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional solicitada, contra actos del Director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, para el efecto de que realizara los siguientes actos: 1) Que el Director del Registro Público de la Propiedad deje insubsistente la resolución reclamada del ocho de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el recurso administrativo registral 66/2017; 2) En su lugar, con base en las consideraciones vertidas en esta sentencia, emita otra en la que prescinda de considerar que existe una imposibilidad de revocar la calificación registral que autorizó la inscripción de un acto jurídico que no reúne los requisitos formales, y con libertad resuelva lo relativo a los actos registrales combatidos. 3) En el entendido que, de manera previa a emitir la resolución correspondiente, deberá investigar sobre la existencia o no, de la inscripción registrada en la partida 60, de libro 1, tomo 72, respecto del contrato privado de compraventa otorgado por Ricardo Hernández Cruz y Rubén Leyva Cruz, y con base en lo anterior, determinar la que corresponda por cuanto hace a los actos registrales impugnados." En cumplimiento a lo anterior, el Director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, mediante el oficio recibido el treinta de agosto del presente año, remitió copia certificada de la resolución que emitió el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en la que dejó insubsistente la resolución del recurso administrativo registral 66/2017 de ocho de octubre de dos mil diecisiete, así como la notificación de fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, y en su lugar, previa investigación sobre la existencia o no de la inscripción registrada en la partida 60, del libro 1, tomo 72, respecto del contrato privado de compraventa otorgado por Ricardo Hernández Cruz y Rubén Leyva Cruz, determinó modificar la calificación registral que autorizó la inscripción del contrato privado de compraventa de fecha cinco de diciembre de mil novecientos noventa y cinco. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable, DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. Sin que obste a esta determinación la circunstancia de que la parte tercero interesada en su escrito recibido el seis de septiembre de dos mil diecinueve, haya realizado diversas manifestaciones y por ende su inconformidad con el cumplimiento dado por el registro público, pues, como se ha expuesto, la citada autoridad responsable si realizó los actos que se especificaron en el fallo protector, es decir: - Dejó insubsistente la resolución que emitió el ocho de octubre de dos mil diecisiete, en el recurso administrativo registral 66/2017. - Realizó la investigación respectiva sobre la existencia o no, de la inscripción registrada en la partida 60, de libro 1, tomo 72, respecto del contrato privado de compraventa otorgado por Ricardo Hernández Cruz y Rubén Leyva Cruz, ante el Registro Público de la Propiedad en la circunscripción territorial de Izúcar de Matamoros, Puebla. - Y, una vez hecho lo anterior, con fecha veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, dictó una nueva resolución en la que en su parte considerativa revocó la calificación registral que autorizó la inscripción del contrato privado de compraventa de fecha cinco de diciembre de mil novecientos noventa y cinco; precisando que con lo anterior no se reconoce o constituye a favor del recurrente, aquí quejoso, ningún derecho patrimonial o registral, toda vez que no debe perderse de vista que el único efecto de dicha determinación, es dejar las cosas en el estado que guardaban antes de la indebida e ilegal inscripción del contrato privado de compra venta de fecha cinco de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, bajo la supuesta partida número 60, a fojas 32, del libro 1, tomo 72. Aunado a que los argumentos que formula, relacionados con el resolutivo que emitió la autoridad responsable en la resolución que dictó en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al estar encaminados a impugnar la actuación autónoma de dicha autoridad llevada a cabo porque se le dejó libertad de decisión, deben calificarse de inoperantes, pues dicha determinación, en su caso, deberá ser materia de otro juicio de amparo. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV de Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional, en el entendido de que el presente asunto, se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".

  3. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Resultó procedente el incidente de violación a la suspensión definitiva que hizo valer Arturo Hernández Hernández, en cuanto a su tramitación. SEGUNDO. Se declara infundado el incidente de violación a la suspensión definitiva en contra de la autoridad Registrador Público de la Propiedad de Tehuacán, Puebla; por las razones expuestas en el último considerando de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y en atención que por acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista a las partes con el informe justificado rendido por el Director General de Asuntos Jurídicos de Estudio y de Proyectos Legislativos del Congreso del Estado, se tiene que se encuentra transcurriendo el término para que las partes se puedan imponer con la oportunidad debida del contenido del referido informe, a fin de que manifiesten si lo consideran necesario, lo que a su derecho importe. A fin de dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere para las nueve horas con veinte minutos del diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve.

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