Pedro Narvaez Soto
Expediente 615/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 615/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/04/2021
Partes del expediente
- Pedro Narvaez Soto
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, destaca que en auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido; así también, en la parte relativa a la valoración del expediente se indicó que en cumplimiento al primer párrafo del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo la indicación que el presente asunto es DESTRUIBLE, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso a) del artículo 20, del citado Acuerdo General, al ser un cuaderno auxiliar (cuaderno de antecedentes) derivado de un juicio de amparo en el que se declinó la competencia legal para conocer del mismo, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. En atención a lo anterior, es evidente que, el presente juicio de amparo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo, por lo cual, una vez transcurridos SEIS MESES a partir de esta fecha, en términos lo dispuesto en los artículos del artículo 20, tercer párrafo, 22, 23 y 24 del acuerdo normativo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, el presente expediente deberá destruirse y posteriormente remitirse el acta y listados correspondientes a la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según lo dispone el numeral 2° de la misma, SE REGULARIZA EL PROCEDIMIENTO en los autos del presente juicio de amparo, respecto a la valoración del expediente, para quedar de la siguiente forma: VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento al primer párrafo del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es DESTRUIBLE, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso j) del artículo 21,del citado Acuerdo General1, al ser un cuaderno auxiliar (cuaderno de antecedentes) derivado de un juicio de amparo en el que se declinó la competencia legal para conocer del mismo, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, como lo dispone el artículo 22 del acuerdo normativo. En atención a lo anterior, es evidente que, el presente juicio de amparo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 20, tercer párrafo, 22, 23 y 24 del acuerdo normativo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, el presente expediente deberá destruirse en el Juzgado y posteriormente remitirse el acta y listados correspondientes a la Dirección General de Archivo y Documentación. 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) j) Incompetencias; De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 35 del acuerdo en comento. Finalmente, se conmina al oficial administrativo para que remita físicamente al archivo el presente juicio de amparo, más tardar en el término de cinco días hábiles, una vez que estén todas las constancias de notificación...
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Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y, Ordóñez, por medio del cual, acusa recibo del original juicio de amparo 615/2020, de nuestro índice, asimismo, informa que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional. En virtud de lo anterior, hágase las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y en la estadística; por ende, tomando en consideración que no existe diligencia pendiente por desahogar, archívese el presente expediente auxiliar (cuaderno de antecedentes), como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento al primer párrafo del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es DESTRUIBLE, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso a), fracción I, del artículo 20, del citado Acuerdo General, al ser un cuaderno auxiliar (cuaderno de antecedentes) derivado de un juicio de amparo en el que se declinó la competencia legal para conocer del mismo, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. En atención a lo anterior, es evidente que, el presente juicio de amparo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo, por lo cual, una vez transcurridos SEIS MESES a partir de esta fecha, en términos lo dispuesto en los artículos del artículo 20, tercer párrafo, 22, 23 y 24 del acuerdo normativo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, el presente expediente deberá destruirse y posteriormente remitirse el acta y listados correspondientes a la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 35 del acuerdo en comento. Por otra parte, se conmina al oficial administrativo para que remita físicamente al archivo el presente cuaderno de antecedentes, a más tardar en el término de cinco días hábiles.
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Agréguese a los autos el exhorto 949/2020, número de orden 1184/2020 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, recibido en línea mediante el módulo de promociones electrónicas del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), mediante el cual se advierte que el seis de noviembre del presente año, fue debidamente notificado el quejoso Pedro Narváez Soto, del auto de veintinueve de octubre del año actual, dictado en el presente asunto. En tal virtud, dése de baja el exhorto 97/2020, orden 205/2020, de nuestra estadística, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno correspondiente, así como en la estadística.
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Vista; la demanda de amparo promovida por Pedro Narváez Soto, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero Militar adscrito a la Primera Región Militar, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 615/2020. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo, textualmente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. (Énfasis añadido). Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El precepto citado establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Expuesto lo anterior, debemos precisar que para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. En el caso, del estudio integral de la demanda y anexos, se advierte que la parte quejosa solicitó la protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado consistente esencialmente en: el oficio SJ-922 de tres de marzo de dos mil veinte, signado por el Juez Militar de Ejecución de Sentencias adscrito a la Primera Región Militar, con sede en la Ciudad de México, emitido en la carpeta 497/2017, de su índice, mediante el cual se le informó que resulta improcedente declarar la prescripción de la multa por la cantidad de $7,888.50 (siete mil ochocientos ochenta y ocho pesos con cincuenta centavos), que se le impuso dentro de la causa penal 583/2008 que le instruyó el Juez Tercero Militar adscrito a la Primera Región Militar. Asimismo, refiere que bajo protesta de decir verdad, que actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS Chiapas", con sede en Villacomaltitlán, Chiapas. En ese contexto, tomando en consideración que de conformidad con el artículo 137, fracción V, de la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales1, uno de los requisitos para obtener la libertad condicionada es haber cubierto la multa impuesta en sentencia. Aunado a que del contenido integral de la demanda se observa que la intención del quejoso es obtener dicho beneficio de libertad anticipada, pues anexó a su demanda copia simple del oficio SJ-025 de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, emitido en la carpeta 497/2017, del índice del Juzgado Militar de Ejecución de Sentencias adscrito a la Primera Región Militar, con sede en la Ciudad de México, del que se desprende que dicha autoridad solicitó al Juez de la causa, entre otros documentos, la comunicación que se hubiera realizado al Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito para el cobro de la multa impuesta al sentenciado e informe de si fue cubierto el importe respectivo, a fin de resolver la petición de libertad anticipada del aquí quejoso. Así también, se observa que el peticionario del amparo solicita la devolución de los documentos que adjuntó a su demanda, pues refiere que le son necesarios para presentarlos como prueba en su próxima solicitud de beneficio de libertad anticipada. Por lo tanto, tomando en cuenta que el Máximo Tribunal Constitucional del País ha sostenido que la libertad personal no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar a los individuos de ella, sino también mediante actos que incidan en la permanencia de tal privación o modifiquen las condiciones en que ésta deba ejecutarse. Ahora bien, las penas de privativa de libertad y multa tienen el carácter de públicas, aun cuando son de naturaleza distinta, en tanto sus efectos y consecuencias producen daños diferentes en la esfera jurídica del justiciable, porque la primera genera afectación a la libertad personal, en tanto que la segunda a la patrimonial, son coexistentes y la circunstancia de que revistan características particularizadas que las hacen disímiles, no es motivo para estimarlas desvinculadas. De manera que si para el otorgamiento de algún beneficio preliberacional se condiciona al pago de la precitada multa, es incuestionable que la resolución que declara improcedente la prescripción de dicha sanción, incide de manera indirecta en la libertad personal del justiciable. De ahí que, si se toma en cuenta que en este caso el quejoso está privado de su libertad, es evidente que la determinación que le niega la prescripción de la multa que se le impuso dentro de la causa penal de origen, afecta de forma indirecta su libertad personal, pues tiene como efecto que se le impida conseguir el requisito para alcanzar el beneficio de libertad anticipada, por lo que, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario. De ahí que este órgano federal carece de competencia legal para conocer del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo, toda vez que, la ejecución del acto de que se duele el promovente debe tener lugar fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Por lo que, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como el referido Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 3/2013, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo y declina la competencia al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, en turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, que es el que ejerce jurisdicción en el lugar donde, tiene ejecución el acto reclamado, pues el quejoso refiere que se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS Chiapas", con sede en Villacomaltitlán, Chiapas, por lo que, en todo caso, los actos que reclama se ejecutan en esa localidad. En esas condiciones, sin resolver sobre su admisión y en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, previo antecedente que se forme, remítase el original del escrito de demanda, con sus respectivos anexos a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, con el fin de que a su vez los envíe al Juez de Distrito en turno, en esa ciudad, para que proceda al conocimiento del asunto; debiéndose realizar las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; solicítese el acuse de recibo correspondiente. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS No se soslaya que la parte quejosa designa como defensor "al adscrito a este juzgado", sin embargo, a fin de evitar duplicidad de acuerdos al respecto, hágase lo anterior del conocimiento del Juez de Distrito al que se declina competencia, para que esté en aptitud de proceder conforme lo estime conveniente. Ahora, tomando en consideración que el quejoso señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar de su reclusión; es decir, el Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS Chiapas", con sede en Villacomaltitlán, Chiapas; por lo tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, en turno, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, para que en auxilio de la Justicia Federal, ordene a quien corresponda, se constituya a dicho centro de reclusión, y notifique al quejoso el presente proveído. Se faculta al Juez exhortado, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la ley de la materia, para que habilite días y horas inhábiles para llevar a cabo la diligencia encomendada. Hecho que sea, se sirva devolver el exhorto de mérito a la brevedad. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquellos derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza al Secretario y/o Actuario para que de manera indistinta, firmen los oficios relativos al presente juicio. NOTIFÍQUESE POR EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA.
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