Pedro Muro Rodarte
Expediente 314/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 314/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 19/05/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Pedro Muro Rodarte
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A diecinueve de mayo de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el veintisiete de abril de dos mil quince, en la que, por una parte se decretó el sobreseimiento; y, por otra se negó al quejoso el amparo y protección solicitados; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA. Hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes y en atención a que el fallo de que se trata no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. En atención a lo anterior, devuélvase al Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, las constancias deducidas del juicio oral de alimentos 478/2012 que en copia fotostática certificada remitió en su informe. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse, en virtud de haberse negado al impetrante de garantías el amparo y protección de la Justicia Federal; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. Asimismo, con fundamento en el referido punto vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo, se determina que el cuaderno original del incidente de suspensión relativo (el cual se ordena glosar al presente asunto), ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de haberse negado al quejoso la suspensión definitiva de los actos reclamados; por lo que, éste Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, agréguese el original del incidente de suspensión al juicio de amparo en que se actúa, y el duplicado guárdese por separado, para que atendiendo a la disposición legal antes aludida, una vez que transcurra el término de seis meses se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. En atención a lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria que autoriza, licenciada María Soledad Torres Muguiro.- DOY FE.
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En Zacatecas, Zacatecas, a las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 314/2015, presentes en audiencia pública el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de la Secretaria de Juzgado licenciada María Soledad Torres Muguiro, con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin contar con la asistencia de las partes, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente. Acto seguido, la Secretaria da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas; por rendido el informe justificado de la autoridad señalada como responsable Juez de Primera Instancia del ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo vigente. A continuación, en el período de pruebas, la Secretaria da cuenta con las copias certificadas de las constancias que integran el Juicio Oral de Alimentos 478/2012 y el cuadernillo de incidente de liquidación de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas, que la autoridad señalada como responsable anexó a su informe como justificación del acto reclamado. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo vigente, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documentales antes señaladas. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos; en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, se levanta el acta correspondiente y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de amparo, se procede a emitir la siguiente resolución: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 314/2015; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el tres de marzo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, PEDRO MURO RODARTE, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que en seguida se precisan: Autoridad responsable: Juez de Primera Instancia y del Ramo Civil del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. Actos reclamados: La falta de emplazamiento al juicio oral de alimentos 478/2012 promovido por Ma. Angélica Guillen Soto, en representación de su menor hija Manuela de Jesús Muro Guillen; así como el auto de trece de febrero del presente año. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo. En auto de seis de marzo de dos mil quince, se admitió la demanda de garantías; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita; se ordenó emplazar a la tercera interesada y se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II.1. Precisión de los actos reclamados. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: La falta de emplazamiento al juicio oral de alimentos 478/2012 promovido por Ma. Angélica Guillen Soto, en representación de su menor hija Manuela de Jesús Muro Guillen. El auto de trece de febrero del presente año, a través del cual se le requiere al quejoso para que cumpla voluntariamente con la interlocutoria de tres de marzo de dos mil catorce. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza: El Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con el testimonio del Juicio de Alimentos 478/2012, así como el cuadernillo de incidente de liquidación de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas derivado de dicho juicio, que remitió el Juez responsable en apoyo a su informe justificado; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de este último ordenamiento legal, se desprenden los actos reclamados, de ahí que haya quedado plenamente demostrada la certeza de los mismos. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. El estudio de la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público, es de oficio y preferente al de la materia de fondo de la constitucionalidad planteada, acorde a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la Jurisprudencia del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia". En primer término, y por cuestión de técnica del juicio de amparo se emprenderá el estudio del acto de ejecución reclamado, toda vez que como se verá más adelante, se negará la protección constitucional respecto del diverso acto reclamado, consistente en la falta de emplazamiento. Ahora bien, por lo que atañe al acto reclamado consistente en el auto de trece de febrero del presente año, a través del cual se le requiere al quejoso para que cumpla voluntariamente con la interlocutoria de tres de marzo de dos mil catorce, este Juzgado advierte de oficio la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV del numeral 107 de la nueva Ley de Amparo, éste último precepto interpretado a contrario sensu, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . . . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . . . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Como punto de partida, debemos precisar que el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento respectivo, entendidas como tales las siguientes: aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y la que ordena el archivo definitivo del expediente. En todas ellas, deben de reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento relativo, siempre y cuando hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Argumentos que tienen sustento en la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido se trascribe: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESION 'ULTIMA RESOLUCION', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione otra interpretación diferente." Es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la procedencia del juicio de amparo indirecto de manera excepcional, en tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia, sobre todo cuando se afecten derechos sustantivos del promovente; empero, en el caso se considera que no se está en presencia de ese supuesto por las razones que más adelante se exponen. Tiene aplicación al respecto, la tesis del contenido siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto.". Precisado lo anterior, ahora procede evidenciar, por qué el acto reclamado, a saber, el auto de trece de febrero del presente año, a través del cual se le requiere al quejoso para que cumpla voluntariamente con la interlocutoria de tres de marzo de dos mil catorce, dictado por el Juez de Primera Instancia del Ramo civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, no constituye la última resolución en la fase de ejecución. A mayor comprensión del asunto cabe destacar como antecedentes del acto reclamado los siguientes: 1. Mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil doce, ante el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, Ma. Angélica Guillén Nieto en representación de su menor hija Manuela de Jesús Muro Guillén, promovió Juicio Oral de alimentos Definitivos en contra de la sucesión testamentaria a bienes de Pedro Muro Torres, por conducto de su albacea aquí quejoso PEDRO MURO RODARTE. 2. Por auto de veintiséis de octubre de dos mil doce, se admitió a trámite el juicio, se mandó emplazar al demandado; y seguido que fue el juicio por sus etapas legales el veintitrés de abril de dos mil trece, se dictó sentencia definitiva, en la que se impuso a la sucesión testamentaria a bienes de Pedro Muro Torres, por conducto de su albacea aquí quejoso PEDRO MURO RODARTE, al pago de los alimentos reclamados. 3. Resolución que fue recurrida por el aquí quejoso PEDRO MURO RODARTE, por lo que la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en proveído de nueve de julio de dos mil trece, declaró abandonado dicho medio de impugnación. 4. El quince de enero de dos mil catorce, la parte actora promovió ante el juez de origen incidente de liquidación de pensiones alimenticias, el cual fue admitido a trámite en proveído de dieciséis de ese mismo mes y año; y, resuelto mediante interlocutoria de tres de marzo de ese mismo año, se condenó a la sucesión testamentaria a bienes de Pedro Muro Torres, por conducto de su albacea aquí quejoso PEDRO MURO RODARTE, al pago de la cantidad reclamada por la acreedora alimentista. 5. En auto de trece de febrero de dos mil quince, se declaró firme la interlocutoria de mérito y se requirió al demandado aquí quejoso al cumplimiento voluntario de la referida interlocutoria, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de cinco días, se actuaría en su contra en la vía de ejecución forzosa. Proveído éste que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. Pues bien, atendiendo al contenido y momento procesal en que se emitió el proveído que se reclama, es decir, dentro de la etapa de ejecución de la sentencia definitiva dictada en el precitado juicio natural, es evidente que no constituye la última resolución emitida tendente a dar cumplimiento a ese fallo, toda vez que en ese auto únicamente se ordenó requerir al demandado aquí quejoso para que diera cumplimiento voluntario con la interlocutoria de tres de marzo de dos mil catorce, con el apercibimiento de no hacerlo dentro del término de cinco días, se actuaría en su contra en la vía de ejecución forzosa; lo que pone de relieve que tal acto debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución que se emita en la etapa de ejecución de ese procedimiento, que lo es aquella en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia de que se trata, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pues es evidente que dicha determinación tiende a ejecutar lo condenado en la sentencia de veintitrés de abril de dos mil trece. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA.- La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." En tales condiciones, debe concluirse que en la especie el acto reclamado, no se encuentra comprendido en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo; por tanto, deberá reclamarse a través del juicio de garantías que se promueva contra la última resolución que se dicte en la etapa de ejecución, por lo que el acto reclamado es de la misma naturaleza que aquellos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; y en ese contexto, se patentiza la causa de improcedencia analizada; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63 fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, respecto del acto reclamado en estudio. Por otro lado, no pasa inadvertido para este Tribunal Federal el hecho de que el quejoso se ostente tercero extraño a juicio, por lo que se pueda advertir una causal de improcedencia, dado que de las constancias que adjuntó a su informe justificado el Juez responsable, se colige que éste es parte formal y material en el juicio de origen; por lo que es necesario entrar al fondo del asunto. IV. Litis Constitucional. Ahora bien, por cuestión de técnica se procede hacer el estudio de los conceptos de violación encaminados a atacar el acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento al Juicio Oral de Alimentos 478/2012. IV. 1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo vigente, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". La parte quejosa, expresó como concepto de violación el siguiente: Que se violan en perjuicio de los quejosos las garantías de audiencia, defensa, legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, al no ser oído y vencido en juicio, violando así las garantías de audiencia y legalidad, conculcando en su perjuicio su garantía de debido proceso, toda vez que la responsable trata de llevar a cabo actos de ejecución sobre sus bienes, violando en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento conforme a las leyes expedidas con anterioridad de los actos reclamados. IV. 2. Antecedentes y actos reclamados. De las constancias que integran el Juicio de Alimentos 478/2012, se advierte, en lo que aquí interesa, lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil doce, ante el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, Ma. Angélica Guillén Nieto en representación de su menor hija Manuela de Jesús Muro Guillén, promovió Juicio Oral de alimentos Definitivos en contra de la sucesión testamentaria a bienes de Pedro Muro Torres, por conducto de su albacea aquí quejoso PEDRO MURO RODARTE. 2. Por auto de veintiséis de octubre de dos mil doce, se admitió a trámite el juicio y se ordenó el emplazamiento; el demandado aquí quejoso PEDRO MURO RODARTE fue emplazado al juicio de referencia mediante diligencia de veintiocho de noviembre de dos mil doce, la cual fue atendida por el propio demandado; lo que se acredita con el acta de emplazamiento que obra a foja 25 del testimonio del juicio de origen. 3. Mediante escrito presentado el tres de diciembre de dos mil doce, ante el Juez de origen, el demandado aquí quejoso PEDRO MURO RODARTE, compareció a dar contestación a la demanda entablada en su contra; por lo que en auto de seis de diciembre de ese mismo año, se le tuvo por presentando en tiempo y forma la contestación de la demanda y por opuestas excepciones y defensas. 4. Seguido que fue el juicio por sus trámites legales, el veintitrés de abril de dos mil trece, se dictó sentencia definitiva en la que se condenó a la sucesión testamentaria a bienes de Pedro Muro Torres, por conducto de su albacea aquí quejoso PEDRO MURO RODARTE, al pago de los alimentos reclamados; determinación que le fue notificada al aquí quejoso de manera personal el trece de mayo de dos mil trece. 5. Resolución que fue recurrida por el aquí quejoso PEDRO MURO RODARTE, por lo que la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en proveído de nueve de julio de dos mil trece, declaró abandonado dicho medio de impugnación. El concepto de violación expresado por el quejoso es infundado, por lo siguiente: Del juicio de origen que adjuntó el Juez responsable a su informe justificado, se advierte que el ahora quejoso PEDRO MURO RODARTE, es parte en el juicio de donde deriva el acto impugnado, por lo que no es tercero extraño al juicio, tal como éste pretende ostentarse al promover el presente juicio de garantías; de ahí que no se haya violado su derecho a la garantía de audiencia que aduce, en virtud de que del juicio de origen se advierte que fue emplazado y por consiguiente compareció ante el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, a dar contestación a la demanda entablada en su contra oponiendo las excepciones y defensas que estimó pertinentes, lo que acordó de conformidad el juez responsable el seis de diciembre de dos mil doce. Además de que al ser el quejoso parte formal y material, en el juicio de origen estaba obligado a velar sobre los intereses del mismo, ya que tenía pleno conocimiento del juicio instaurado en contra de la sucesión que representa. Por lo que carece de razón el solicitante del amparo, cuando refiere que el acto reclamado vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no habérsele otorgado la garantía de audiencia, al no haber sido emplazado al juicio de origen. En efecto, el segundo párrafo del referido precepto constitucional, es del tenor literal siguiente: "Artículo 14.- . Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." En el citado numeral, se consagra la garantía de audiencia a favor de los gobernados previo a la emisión de actos que los priven de sus derechos, propiedades o posesiones; destacando que si bien se refiere a actos privativos y no de molestia, lo cierto es, que tal garantía no es exclusiva de los actos privativos, sino que también debe observarse en los actos de molestia, ya que en su emisión puede violarse tal garantía cuando no se observan las formalidades esenciales del procedimiento o cuando se aplican leyes retroactivas en perjuicio del gobernado. Por tanto, la garantía de audiencia se encuentra supeditada a su aplicación en el caso concreto, pues si se trata de actos privativos la audiencia debe ser previa, en caso contrario (acto de molestia), la audiencia puede ser incluso posterior a su emisión, ya que con tal acto no se persigue la privación de algún derecho, ni tiene efectos definitivos, sino que su única finalidad es variar una situación jurídica preexistente, que si bien puede afectar algún derecho integrado a la esfera jurídica del gobernado, no lo priva definitivamente de éste, sino que únicamente modifica los términos de su ejercicio. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." (Jurisprudencia 40/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo IV, julio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) Ahora bien, en el caso, este órgano jurisdiccional estima que, contrario a lo argumentado por el quejoso en sus conceptos de violación, del juicio de origen se advierte que sí fue emplazado, tan es así que compareció ante el Juez responsable a contestar la demanda entablada en contra de la sucesión que representa, oponiendo las excepciones y defensas que estimó pertinentes; por lo que la autoridad responsable no violó en su perjuicio las garantías de debido proceso legal a que alude el artículo 14 constitucional. Ello es así, pues contrario a lo que alega el inconforme, no se viola en su perjuicio la garantía de audiencia, en virtud de que el ahora quejoso PEDRO MURO RODARTE, es parte en el juicio de donde deriva el acto impugnado, de ahí que no se haya violado su derecho a la garantía de audiencia que aduce, en virtud de que como quedó asentando con anterioridad fue emplazado a juicio y compareció ante el juez de origen, por lo que al ser parte formal y material en el juicio de que se trata estaba obligado a velar sobre los intereses del mismo, ya que tenía pleno conocimiento de aquél; de lo que resulta que, contrario a lo alegado, se observaron las formalidades esenciales del procedimiento a que alude el artículo 14 de la Constitución General de la República. Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertida queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo vigente, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a PEDRO MURO RODARTE. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado al Juez de Primera Instancia y del Ramo Civil del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, precisado en el considerando tercero de este fallo, por los motivos expuestos en ese propio considerando. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA, NI PROTEGE a PEDRO MURO RODARTE, contra del acto reclamado al Juez de Primera Instancia y del Ramo Civil del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, por las razones expuestas en el considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la Secretaria que autoriza, licenciada María Soledad Torres Muguiro. DOY FE. mtm
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a veinte de abril de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con diez minutos del día de hoy para llevar a cabo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 314/2015; y tomando en consideración que el Titular de este Órgano Jurisdiccional se encuentra gozando de licencia en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por tanto, y ante la ausencia de facultades del Secretario encargado del despacho para resolver el presente asunto, la celebración de la audiencia a verificarse el día de hoy se DIFIERE y en su lugar se señalan las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Maria Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
ÚNICO. Se NIEGA a PEDRO MURO RODARTE la SUSPENSIÓN DEFINITIVA que solicita contra los actos y autoridad precisados en el considerando cuarto de la presente resolución.
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