Pedro Morones Pacheco
Expediente 1994/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 25 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1994/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 13/07/2018
Partes del expediente
- Pedro Morones Pacheco
- PEDRO MORONES PACHECO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal el cinco de junio del año en curso, el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que se dió cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de seis de junio del año actual, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho (fojas 84 a 91), en lo que al caso interesa, se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a la autoridad responsable, para los efectos siguientes: ".que el Tribunal Laboral responsable, en forma pronta y expedita, de conformidad con los lineamientos previstos en la Ley Federal del Trabajo, de manera inmediata continúe con la sustanciación del procedimiento, para lo cual deberá acordar en forma inmediata la totalidad de las promociones que le ha presentado la parte quejosa, mismas que han sido reseñadas con antelación, para lo cual debe ordenar las diligencias conducentes y en su caso formular los requerimientos necesarios, con el objeto de que proceda a activar el procedimiento de ejecución de laudo, de igual forma, en su caso, habrá de girar los oficios a las autoridades que correspondan. En el entendido, que deberá hacer todas las gestiones conducentes al efecto, haciendo en su caso uso de los medios de apremio y parámetros previstos en la ley para su cabal cumplimiento." Ante ello, el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante oficios recibidos en este Juzgado Federal, el treinta de abril, dieciocho de mayo y cinco de junio de dos mil dieciocho (fojas 109 a 115, 126 a 137 y 142 a 155), manifestó la forma en la que se dio cumplimiento a la sentencia amparadora, para lo cual, en atención a las peticiones formuladas por la parte quejosa, en ejecución del laudo, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, señaló fecha para la reinstalación del aquí quejoso, asimismo, para el verificativo de la audiencia del incidente de liquidación planteado por la parte actora dentro del expediente 71/2012, de igual forma, el treinta de mayo del año en curso, resolvió la incidencia planteada. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Sin que sea óbice a lo anterior, que la parte quejosa en sus escritos presentados en este Juzgado Federal el once, veintinueve de mayo y veinticinco de junio de dos mil dieciocho (fojas 120, 121, 139 y 162), manifieste que la autoridad responsable no ha cumplido con el fallo protector debido a que no se le ha reinstalado en el cargo que desempeñaba, así como tampoco se ha exhibido el resultado de la multa impuesta a la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno del Estado y finalmente, que en su opinión no tiene la certeza de que se vaya a llevar a cabo la audiencia incidental para resolver la planilla de liquidación programada para el treinta de mayo de dos mil dieciocho. Ahora bien, respecto a las diversas manifestaciones de inconformidad que expresa la parte quejosa, devienen inatendibles, ello en razón a que la sentencia amparadora no se concedió para tales efectos; sino que se otorgó únicamente para que se acordaran la totalidad de las promociones presentadas por la parte quejosa, para lo cual, debería ordenar las diligencias conducentes, formular los requerimientos necesarios, con el objeto de que proceda a activar la ejecución del laudo, de igual forma, en su caso para que girara oficios a las autoridades correspondientes, haciendo uso de los medios de apremio y parámetros previstos en la ley, pero no así se concedió para que reinstalara propiamente en el cargo que ocupaba, sino únicamente para que acordara las peticiones que le formuló en su oportunidad y activara el procedimiento de ejecución de laudo. No obstante lo anterior, el treinta de mayo de dos mil dieciocho, se resolvió el incidente de liquidación de sentencia de que se trata, asimismo, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dentro del expediente 71/2012, comisionó al Actuario Notificador para que en cualquier día y hora hábil se constituya en la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Nayarit y reinstale al trabajador-quejoso, diligencia que se practicó el nueve de mayo de dos mil dieciocho (folio 133 y 134), pero que no se ejecutó, por las razones ahí expuestas, a lo cual, el autorizado de la parte actora (quejoso), manifestó que consideraba prudente esperar un lapso de tiempo para que la Secretaría en comento cumpla con lo indicado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa y no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el artículo 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión toda vez que no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal el cinco de junio del año en curso, el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que se dió cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de seis de junio del año actual, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho (fojas 84 a 91), en lo que al caso interesa, se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a la autoridad responsable, para los efectos siguientes: ".que el Tribunal Laboral responsable, en forma pronta y expedita, de conformidad con los lineamientos previstos en la Ley Federal del Trabajo, de manera inmediata continúe con la sustanciación del procedimiento, para lo cual deberá acordar en forma inmediata la totalidad de las promociones que le ha presentado la parte quejosa, mismas que han sido reseñadas con antelación, para lo cual debe ordenar las diligencias conducentes y en su caso formular los requerimientos necesarios, con el objeto de que proceda a activar el procedimiento de ejecución de laudo, de igual forma, en su caso, habrá de girar los oficios a las autoridades que correspondan. En el entendido, que deberá hacer todas las gestiones conducentes al efecto, haciendo en su caso uso de los medios de apremio y parámetros previstos en la ley para su cabal cumplimiento." Ante ello, el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante oficios recibidos en este Juzgado Federal, el treinta de abril, dieciocho de mayo y cinco de junio de dos mil dieciocho (fojas 109 a 115, 126 a 137 y 142 a 155), manifestó la forma en la que se dio cumplimiento a la sentencia amparadora, para lo cual, en atención a las peticiones formuladas por la parte quejosa, en ejecución del laudo, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, señaló fecha para la reinstalación del aquí quejoso, asimismo, para el verificativo de la audiencia del incidente de liquidación planteado por la parte actora dentro del expediente 71/2012, de igual forma, el treinta de mayo del año en curso, resolvió la incidencia planteada. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Sin que sea óbice a lo anterior, que la parte quejosa en sus escritos presentados en este Juzgado Federal el once, veintinueve de mayo y veinticinco de junio de dos mil dieciocho (fojas 120, 121, 139 y 162), manifieste que la autoridad responsable no ha cumplido con el fallo protector debido a que no se le ha reinstalado en el cargo que desempeñaba, así como tampoco se ha exhibido el resultado de la multa impuesta a la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno del Estado y finalmente, que en su opinión no tiene la certeza de que se vaya a llevar a cabo la audiencia incidental para resolver la planilla de liquidación programada para el treinta de mayo de dos mil dieciocho. Ahora bien, respecto a las diversas manifestaciones de inconformidad que expresa la parte quejosa, devienen inatendibles, ello en razón a que la sentencia amparadora no se concedió para tales efectos; sino que se otorgó únicamente para que se acordaran la totalidad de las promociones presentadas por la parte quejosa, para lo cual, debería ordenar las diligencias conducentes, formular los requerimientos necesarios, con el objeto de que proceda a activar la ejecución del laudo, de igual forma, en su caso para que girara oficios a las autoridades correspondientes, haciendo uso de los medios de apremio y parámetros previstos en la ley, pero no así se concedió para que reinstalara propiamente en el cargo que ocupaba, sino únicamente para que acordara las peticiones que le formuló en su oportunidad y activara el procedimiento de ejecución de laudo. No obstante lo anterior, el treinta de mayo de dos mil dieciocho, se resolvió el incidente de liquidación de sentencia de que se trata, asimismo, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dentro del expediente 71/2012, comisionó al Actuario Notificador para que en cualquier día y hora hábil se constituya en la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Nayarit y reinstale al trabajador-quejoso, diligencia que se practicó el nueve de mayo de dos mil dieciocho (folio 133 y 134), pero que no se ejecutó, por las razones ahí expuestas, a lo cual, el autorizado de la parte actora (quejoso), manifestó que consideraba prudente esperar un lapso de tiempo para que la Secretaría en comento cumpla con lo indicado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa y no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el artículo 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión toda vez que no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos del presente sumario constitucional 1994/2017, se advierte que el seis de junio del año en curso, en lo que al caso interesa, se ordenó dar vista a la parte tercera interesada Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante oficio que se girara al efecto, no obstante lo anterior, no obra en autos la constancia de notificación de la que se advierta la entrega del mismo; por tanto, con apoyo en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se ordena subsanar la aludida irregularidad y reexpídase el oficio de que se trata, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito signado por el autorizado de la parte agraviada, mediante el cual formula manifestaciones relativas al cumplimiento al fallo protector por parte de la autoridad responsable y solicita se le requiera de nueva cuenta para tales efectos; luego, se tienen por formuladas las alegaciones que de su escrito se desprenden, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en el momento procesal oportuno. Asimismo, por lo que refiere a que se requiera de nueva cuenta a la autoridad responsable para que acate la sentencia amparadora, se proveerá lo que en derecho corresponda, una vez que obre en autos la constancia de la notificación practicada al tercero interesado Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, de la determinación de seis de junio de dos mil dieciocho, por conducto de la cual se le da vista con el cumplimiento dado al fallo protector por parte de la autoridad responsable.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio signado por la Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual, informa el cumplimiento dado al fallo protector; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidos que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento a la sentencia amparadora, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Miac
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