Pedro Moreno Flores
Expediente 881/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 881/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 11/08/2016
Partes del expediente
- Pedro Moreno Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Toluca, Estado de México; once de agosto de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su artículo 2°, agréguese el oficio de cuenta, a través del cual el Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, acusa recibo del oficio por el que se le remitieron copias certificadas de las constancias que anexó a su forme justificado; atento a lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. En su oportunidad, remítase el presente expediente al archivo definitivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Mauricio Neira Villarreal, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; cinco de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación precedente, se advierte que la parte quejosa, a quien se considera podría perjudicar la sentencia firmada el doce de julio de la presente anualidad (fojas 43 a 49), mediante la cual se negó el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente expediente; no la recurrió dentro del plazo de diez días señalado en el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que esa sentencia ha causado estado. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues, entre otros, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas. (punto vigésimo primero, inciso IV). El original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que mediante interlocutoria de veintidós de junio de la presente anualidad se negó y concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa (punto vigésimo primero, inciso III, segundo párrafo de dicho Acuerdo). El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III del ya citado Acuerdo). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Por otra parte, devuélvanse las constancias que anexó como complemento a su informe justificado el Juez Primero Civil Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, solicitándole el acuse de recibo correspondiente dentro del plazo de tres días, término previsto en la fracción II, del artículo 297 de la legislación común antes referida, con el apercibimiento que en caso de ser omisas se les impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo previsto en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Mauricio Neira Villarreal, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 881/2016-V, promovido por********************, por propio derecho, en contra del Juez Primero Mercantil de Toluca, México; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de demanda. Mediante oficio 3214/2016, de diez de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, remitió la demanda de amparo y sus anexos, el trece de junio de dos mil dieciséis, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, demanda de la que******************** por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se mencionan a continuación: "III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: A) Como autoridad ORDENADORA.- Señalo al Juez Primero Mercantil de Toluca, México. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME (ACTO RECLAMADO): De la autoridad señalada como ORDENADORA.- Se reclama la sentencia interlocutoria de fecha 25 de abril del 2016 y notificado por medio de lista y boletín el día 3 de mayo del mismo año." SEGUNDO. Derechos humanos invocados. El quejoso señaló como derechos humanos violados, el contenido en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Recibida la demanda de amparo en este juzgado de distrito, se registró con el número 881/2016-V, por auto de catorce de junio de dos mil dieciséis, se avocó al conocimiento de la demanda, se admitió; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107 de la Constitución General de la República, 33, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues la autoridad responsable tiene su domicilio dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por la quejosa, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el quejoso reclama la resolución interlocutoria de dos de mayo de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado México, en el juicio ejecutivo mercantil 280/2012, la cual resolvió como improcedente el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del auto de veinte de abril del año que trascurre, mismo que tuvo por designada a diversa fedataria pública, para realizar el trámite de la escrituración del inmueble adjudicado a favor de la parte actora en ese procedimiento. TERCERO. Certeza de actos. La autoridad responsable al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le reclama (foja 5), dato que se robustece con las copias certificadas del expediente 280/2012 remitidas en complemento al informe justificado por el juez responsable, constancias a las cuales se les concede valor probatorio por haberse expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de las que se advierte la aceptación y existencia del acto reclamado. CUARTO. Estudio de causas de improcedencia. Las partes no hicieron valer causa de sobreseimiento o improcedencia, ni este Juzgado de Distrito advierte alguna otra de oficio, razón por la cual se procede a examinar las cuestiones de fondo del presente asunto. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. De las constancias que obran en autos, se advierte medularmente los antecedentes siguientes: 1. Jesús Alberto del Rivero Maldonado a través de sus endosatarios en procuración, demandó en la vía ejecutiva mercantil a********************, diversas prestaciones (fojas 1 a la 19 de las copias certificadas del expediente 280/2012). 2. El dieciocho de mayo de dos mil doce, se formó el expediente y se admitió el mismo, ordenó se requiriera el pago de la suerte principal y demás accesorios legales, y no haciéndolo se embargasen bienes de su propiedad suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, asimismo, se emplazara a la parte demandada en los términos de ley, diligencia que fue llevada a cabo el diecisiete de julio del mismo año -con quien dijo llamarse********************, parte demandada- (fojas 11 a la 14 y 44 a la 47 ibídem). 3. Seguido el juicio en sus etapas procesales, el veinte de febrero de dos mil trece, el Juez responsable dictó sentencia, en la que determinó que la parte actora acreditó su acción; asimismo, condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas, en los términos de la resolución en comento (foja 109 a la 112 ibídem), sentencia que causó ejecutoria el veintiuno de marzo siguiente (foja 118 ibídem). 4. Seguido el juicio en etapa de ejecución de sentencia, el dos de septiembre de dos mil catorce, el Juez responsable adjudicó de manera directa a favor del actor la parte alícuota de los derechos de propiedad que le pertenecen a******************** (foja 241 ibídem). 5. La parte demandada********************, interpuso recurso de apelación contra el auto que antecede, el cual fue registrado con número de toca 613/2014, del índice de la Segunda Sala Regional Civil de Toluca, México, en el que resolvió que resultaron fundados los agravios planteados por el recurrente y revocó el auto apelado, instruyendo al Juez responsable para que repusiera el procedimiento a partir del auto de veinte de junio de dos mil catorce, para los efectos ahí precisados (fojas 256 a la 269). 5. El veintiséis de enero de dos mil quince,********************, se opuso a continuar con el procedimiento de ejecución, por los motivos que expuso en su escrito presentado ante la juez del conocimiento, en la fecha citada (foja 289 ibídem). 6. Mientras tanto, Jesús Alberto del Rivero Maldonado promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución de la Sala en comento, el cual fue registrado con número 1630/2014-IV del índice de este juzgado de distrito, y en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por lo que en cumplimiento a esa sentencia protectora, la Sala dictó una nueva sentencia el diecinueve de junio de dos mil quince, en la que determinó que se dejaba sin efectos la resolución de dieciséis de octubre de dos mil catorce emitida en el toca que se actuó y declaró inoperantes los agravios planteados (fojas 313 a la 321 ibídem). 7. El veinte de abril de dos mil dieciséis, el Juez responsable emitió un acuerdo, en el que al considerar que la resolución de adjudicación causó ejecutoria, con apoyo en los artículos 1063, 1077 y 1412 Bis-1, del Código del Comercio, designó a la Notario Público número 68 del Estado México, a efecto de llevar a cabo la escrituración del inmueble adjudicado a favor de la parte actora (foja 335 ibídem). 8.******************** interpuso recurso de revocación contra dicho auto, exponiendo medularmente que debería el juzgador dar vista de acuerdo al certificado de libertad de gravámenes a los directamente implicados en el bien inmueble, como lo es su copropietario ya que al mismo se le estaría causando perjuicio de imposible reparación y afectaría su relación directa con el copropietario al no haber sido llamado a juicio y al existir copropiedad, la fedataria pública no podría realizar el testimonio notarial, pues el bien no se encuentra dividido; por lo que solicitó se hicieran las diligencias necesarias a efecto de no violar garantías individuales de terceras personas (foja 342 ibídem). 9. El dos de mayo de dos mil dieciséis, el Juez responsable resolvió el recurso de revocación en el que determinó que resultaba improcedente el mismo; por tanto, confirmó el auto recurrido (fojas 355 a la 357 ibídem) y en lo medular expuso que: Los argumentos sólo constituyen manifestaciones de carácter general relativas a la determinación emitida, empero tales manifestaciones no tienen el alcance jurídico de ser agravios. Los argumentos de ninguna manera ponen de manifiesto la violación en particular de precepto legal alguno, ni mucho menos que se haya hecho una interpretación inexacta de la ley, por lo que es inconcuso que sus aseveraciones no pueden constituir los agravios que exige la ley. Robusteciendo sus razonamientos con los criterios de rubro "AGRAVIOS. NO LOS CONSTITUYE LA SIMPLE EXPOSICIÓN DE HECHOS" y "AGRAVIOS, NO LO SON LAS MANIFESTACIONES DE INCONFORMIDAD CON EL FALLO IMPUGNADO, NI LA SIMPLE INVOCACIÓN DE PRECEPTOS LEGALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS." A mayor abundamiento, la autoridad responsable precisó que el artículo 1412-bis-1 del Código de Comercio, que sirvió de sustento en la determinación recurrida, dispone que "tratándose de remate y adjudicación de inmuebles, el Juez y el adjudicatario, sin más trámite otorgaran la escritura pública correspondiente ante fedatario público", supuesto normativo que consideró actualizado en el asunto a su análisis, sin que fuera menester dar vista al copropietario que refiere el impugnante por el hecho de que existe copropiedad en el bien adjudicado. Y para robustecer su razonamiento citó la tesis "COPROPIEDAD, EMBARGO Y REMATE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO SI SÓLO SE AFECTA LA PARTE ALÍCUOTA DEL COPROPIETARIO DEUDOR". SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. En ese orden, sustancialmente el quejoso expone los conceptos de violación siguientes: Los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fueron trastocados en perjuicio del quejoso, al pretender ordenar el desalojo del inmueble en que se hospeda, sin que se haya citado a juicio, violentándose su garantía de seguridad jurídica. No fue emplazado a juicio en la forma y términos establecidos por la ley. En primer lugar, debe precisarse que el quejoso no tiene el carácter de tercero al juicio, pues compareció al natural a hacer valer sus derechos. Así, los argumentos planteados resultan inoperantes por deficientes, habida cuenta que el quejoso no expresa de forma razonada por qué considera que la resolución reclamada infringe lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, y si bien refiere que se pretende ordenar el desalojo del inmueble en que se hospeda, sin que se haya citado a juicio, violentándose su garantía de seguridad jurídica, también lo es dichos argumentos no fueron materia de agravio ante la autoridad responsable al interponer el recurso de revocación, pues en dicho recurso pretendió defender los derechos de su copropietario; aunado a ello, con dichos argumentos no se controvierten los razonamientos que tuvo la autoridad responsable para emitir la resolución reclamada, como lo son: Que los argumentos sólo constituyen manifestaciones de carácter general relativas a la determinación emitida, empero tales manifestaciones no tienen el alcance jurídico de ser agravios. Que sus argumentos de ninguna manera ponen de manifiesto la violación en particular de precepto legal alguno, ni mucho menos que se haya hecho una interpretación inexacta de la ley, por lo que es inconcuso que sus aseveraciones no pueden constituir los agravios que exige la ley. Que el artículo 1412-bis-1 del Código de Comercio, que sirvió de sustento en la determinación recurrida, dispone que "tratándose de remate y adjudicación de inmuebles, el Juez y el adjudicatario, sin más trámite otorgarán la escritura pública correspondiente ante fedatario público", supuesto normativo que consideró actualizado en el asunto a su análisis, sin que fuera menester dar vista al copropietario que refiere el impugnante por el hecho de que existe copropiedad en el bien adjudicado. Además, el quejoso tuvo oportunidad de defender lo que a su derecho conviniera durante el juicio, pues el emplazamiento al mismo, se llevó a cabo con él, tal como se advierte a fojas cuarenta y cuatro a la cuarenta y siete de las copias certificadas del expediente de origen, así como en la etapa de ejecución de sentencia, pues inclusive en esta etapa, el quejoso interpuso recurso de apelación contra resolución de adjudicación de dos de septiembre de dos mil catorce y el veintiséis de enero de dos mil quince, se opuso a continuar con el procedimiento de ejecución, por ende, resulta ineficaz su concepto de violación. A mayor abundamiento, en el caso, sin aceptar, que no haya sido emplazado a juicio en la forma y términos establecidos por la ley, tal infracción procesal debió prepararla durante el juicio haciendo valer los recursos correspondientes o impugnarlo en el momento procesal oportuno, situación que no aconteció, por lo que se reitera, devienen ineficaces sus argumentos. Así, tal deficiencia revela la falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido; ello, en tanto que se estima que los argumentos que se expresen en los conceptos de violación deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, como acontece en la especie, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por este órgano jurisdiccional y deberán calificarse de inoperantes. Es aplicable en el caso la Jurisprudencia que se comparte emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Enero de 2007, Página: 2121, Tesis: I.4o.A. J/48, Materia(s): Común, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión, no ampara ni protege a********************, contra el acto y autoridad precisadas en esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo resolvió Breyman Labastida Martínez Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hasta hoy doce de julio de dos mil dieciséis, día en que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza y da fe.
- Incidental
Toluca, Estado de México; once de julio de dos mil dieciséis. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio que remite el ACTUARIO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO, por medio del cual hace del conocimiento el auto de seis de los cursantes, emitido en los autos del recurso de queja 104/2016, en el que declaró firme el diverso de veintitrés de junio pasado, en el que dejó sin materia dicho medio de impugnación; por tanto, se toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Mauricio Neira Villarreal, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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