Pedro Moreno Flores
Expediente 485/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 485/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/05/2016
Partes del expediente
- Pedro Moreno Flores
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente del amparo hubiese recurrido el proveído de veinte de abril del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, QUEDA FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, el presente expediente archivese al no existir más por cumplimentar. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, con apoyo en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) En conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) En términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que se desechó la demanda de garantías. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.
- Principal
AGREGA ESCRITO DE DESAHOGO Y OFICIO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, agréguense el escrito signado por el quejoso*** y el oficio remitido por el Juez Quinto Civil de Toluca, con residencia en Metepec, México, por medio de los cuales en atención al requerimiento de catorce de los presentes, dan cumplimiento al mismo; atento a ello, se tienen por cumplimentados los requerimientos de mérito y se dejan sin efectos los apercibimientos con que fueron conminados respectivamente. ESTUDIO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Visto el escrito de demanda de amparo que promueve Pedro Moreno Flores, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, que los hace consistir en: La resolución interlocutoria de veintinueve de marzo del año en curso confirma el proveído de nueve de noviembre último por el que se ordena que ****, se constituyera en el lugar en que se encuentra la maquinaria descrita en el acuerdo de voluntades y quedará a disposición del aquí quejoso y este último a su vez entregara la camioneta descrita en el convenio de mérito, ello dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil **. ESTUDIO DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Por considerar violatorias las garantías individuales consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; atento a lo anterior, dicha demanda es improcedente, atendiendo a las siguientes consideraciones. El artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] A razón de proveer, para un mejor entendimiento se considera prudente realizar la siguiente narrativa de antecedentes: Pedro Moreno Flores, por conducto de su endosatario en procuración Francisco Yañez Estrada, reclamo de la parte demandada Javier Gerardo Perches Villagomez, según el escrito inicial de demanda el pago de la cantidad de dos millones cuatrocientos mil pesos 00/100, por concepto de suerte principal, el pago de los intereses legales y el pago de gastos y costas que el presente juicio origine. Seguido que fue el trámite del expediente referido en el párrafo que precede, en escrito de uno de junio del año próximo pasado, presentado por Pedro Moreno Flores y Javier Gerardo Perches Villagomez, y registrado con la promoción 5227, se exhibió convenio de reconocimiento de adeudo y transacción, por voluntad expresa de las partes, el que obra a foja quince a la dieciocho, el cual fue ratificado ante presencia judicial por los contratantes el mismo día de su presentación (acuerdo de voluntades antes referido que fue aprobado en todas y cada una de sus partes el veintinueve de julio del mismo año). Por acuerdo de nueve de noviembre del año en curso el juez responsable determinó que Javier Gerardo Perches Villagomez, se constituyera en el lugar en que se encuentra la maquinaria descrita en el acuerdo de voluntades y quedará a disposición del aquí quejoso y este último a su vez entregara la camioneta descrita en el convenio descrito en el párrafo próximo pasado. El trece de noviembre de dos mil quince, la parte quejosa interpuso recurso de revocación en contra de la determinación señalada en el párrafo que precede, el cual se resolvió por interlocutoria de veintinueve de marzo del año en curso, en el sentido de confirmar el auto impugnado. Así las cosas, se surte la causa de improcedencia que establece el numeral en cita, en relación con el diverso 61, fracción XXIII de la misma ley; respecto del acto reclamado que se hace consistir en: La resolución interlocutoria de veintinueve de marzo del año en curso confirma el proveído de nueve de noviembre último por el que se ordena que Javier Gerardo Perches Villagomez, se constituyera en el lugar en que se encuentra la maquinaria descrita en el acuerdo de voluntades y quedará a disposición del aquí quejoso y este último a su vez entregara la camioneta descrita en el convenio de mérito, ello dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 228/2015. Ya que dicha interlocutoria de veintinueve de marzo del año en curso confirma el proveído de nueve de noviembre último por el que se ordena que Javier Gerardo Perches Villagomez, se constituyera en el lugar en que se encuentra la maquinaria descrita en el acuerdo de voluntades y quedará a disposición del aquí quejoso y este último a su vez entregara la camioneta descrita en el convenio de mérito, luego entonces, no se refiere a la última resolución en el procedimiento de cumplimiento de ejecución de convenio, en el expediente del cual emanan los actos reclamados y decide cuestiones relativas a la misma; sino que se trata de actos previos y derivados de la propia ejecución de convenio que se emiten para llevar a cabo la diligencia en comento a fin de que se tenga por debidamente cumplimentado el convenio de mérito que fue elevado a categoría de cosa juzgada, mismo que resolvió el fondo de la controversia. Debe entenderse con la frase "última resolución", que se recoge en el actual artículo 107 fracción IV de la Ley de Amparo, señalando que es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara la imposibilidad material o jurídica de darle cumplimiento, lo cual sirve de lineamiento para identificar cuál de las determinaciones que se dictan en el período de ejecución de convenio, es factible de ser impugnada vía amparo indirecto, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Esto es, por regla las violaciones cometidas en los procedimientos de ejecución de convenio deberán ser impugnadas hasta el dictado de la última resolución en dicho período, pudiéndose impugnar excepcionalmente los que se dicten en dicho segmento procesal siempre y cuando afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Por tanto, la resolución interlocutoria de vientinueve de marzo de dos mil dieciséis, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 228/2015, a través del cual se le pretende desprender de un bien otorgado en garantías, dentro de la etapa de ejecución de convenio, de ninguna manera versa o tiene el carácter de ser la última resolución en ese procedimiento para los efectos de la procedencia de la acción constitucional; por lo que será hasta que se agote en su totalidad el procedimiento de ejecución y se dicte la última resolución, cuando sea procedente la acción de amparo donde podrán atacarse las violaciones que dentro de ese procedimiento consideren le hayan dejado sin defensa. En ese sentido, como la última resolución en el procedimiento de ejecución para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto ante los jueces de distrito, será aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Por tanto, será hasta que la responsable posteriormente a la diligenciación de las providencias pronunciadas para la ejecución del convenio elevado a cosa juzgada, determine que se ha dado cabal cumplimiento a esa resolución; se declare la imposibilidad material o jurídica para hacerlo; o se ordene en forma definitiva el archivo del expediente del cual deriva el acto reclamado, cuando el peticionario de garantías esté en aptitud de atacar las violaciones que estime son transgresoras de sus derechos fundamentales en el procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. (9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Pág. 60) Así como por identidad de razón, al diversa sustentada también por la antes citada Primera Sala de nuestro más alto tribunal. EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada. (9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XX, Julio de 2004; Pág. 75) Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia número P./J./32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro a la letra dice: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª Época, foja 31, Tomo XIII, Abril de 2001) Tiene aplicación al caso concreto la tesis número I.8o. C.46 C, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro a la letra dice: PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. UNICAMENTE ES RECLAMABLE EN AMPARO LA ÚLTIMA DETERMINACIÓN DICTADA EN EL, AUN CUANDO SEA REGULADO POR UN PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL. Si en el convenio que celebraron las partes y que se pretende ejecutar, éstas señalaron un procedimiento convencional, ello en nada puede variar las reglas fijadas por la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de garantías, pues independientemente de que el procedimiento convencional difiere en forma y términos al procedimiento de ejecución señalado en la ley aplicable, de cualquier manera culminará con una resolución que le pondrá fin y, en contra de ésta, se podrá interponer el amparo, previo el recurso ordinario que se promueva; por lo tanto, el hecho de que la ejecución del convenio se lleve a cabo conforme al procedimiento convencional, no excluye la aplicación de la regla establecida en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, pues si esa pretensión fuera legalmente correcta, conduciría al extremo inadmisible de que por un simple acuerdo entre particulares el amparo indirecto sería procedente en contra de cualquier determinación que se dictara en el procedimiento pactado al efecto, lo cual resulta contrario al espíritu de la citada Ley Reglamentaria, que es de orden público. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª Época, foja 676, Tomo III, Mayo de 1996) Cabe destacar que la finalidad que se persigue con este criterio, es el de evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones en el procedimiento de ejecución se estime cometan las autoridades que conozcan de las controversias respectivas; pues de considerar lo contrario, se harían interminables los procedimientos relativos a cumplimentar las sentencias que constituyan la verdad legal. Así las cosas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, es procedente con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, desechar de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente. Sin que sea óbice que la parte quejosa en sus conceptos de violación aduzca transgresión al artículo 14 Constitucional, pues como se advierte de las manifestaciones que verte en el ocurso en estudio, dicho impetrante de garantías fue parte en el juicio de origen del cual deriva el acto reclamado. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el proemio de la demanda. AUTORIZADOS. Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a las personas que tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos si no cumplen con dicho requisito, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectué el trámite respectivo. FORMACIÓN DE ANEXOS. Por otra parte, dado el volumen de las constancias que remitió el Juez Quinto Civil de Toluca, con residencia en Metepec, México, consistente en las copias certificadas del expediente 228/16, de su estadística, fórmese anexo independiente el cual deberá estar debidamente identificado. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en cita, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. TRANSPARENCIA. Comuníquese a las partes que el contenido de las resoluciones que se dicten en el juicio constituyen información reservada hasta en tanto se emita sentencia definitiva, en cuyo caso, se publicarán sus datos personales; asimismo, hágaseles saber que están en aptitud de oponerse a la publicación de tales datos, de acuerdo con lo que establecen los artículos 1º, 8º y 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los numerales 1º, 3º, 5º, 7º y 8º del Reglamento conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; en la inteligencia de que la falta de manifestación expresa conlleva a su consentimiento para que la sentencia respectiva se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida que ello no impida conocer el criterio sostenido; ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 8°, párrafo tercero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. DIGITALIZACIÓN. Ahora bien, en términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán atender al Título Cuarto del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES. Finalmente, se ordena comunicar a las autoridades responsables que las notificaciones que resulten durante la tramitación del presente juicio se les practicarán por medio de lista, que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, acorde con el criterio jurisprudencial que enseguida se cita, salvo aquéllas que, por su trascendencia, se les deban notificar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, de la ley en cita, a saber, mediante oficio. Sustenta por su contenido la anterior determinación, la jurisprudencia 176/2012, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar."
- Principal
Toluca, Estado de México; catorce de abril de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, a los autos el oficio signado por el Jefe de la Residencia en Toluca, de la Procuraduría Agraria, mediante el cual en desahoga el requerimiento realizado en auto de siete de los cursantes. En atención a lo anterior, se toma conocimiento de dicha circunstancia, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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