Pedro Morando Rodríguez
Expediente 1139/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 26 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1139/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 26/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Pedro Morando Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Y SE AVOCA Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta del Secretario del Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, al que anexa la demanda de amparo promovida por Pedro Morando Rodríguez, recibida a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la correspondiente firma electrónica, lo que se corrobora con lo asentado en la evidencia criptográfica - transacción. Por ende, el mismo tiene valor probatorio en términos de los artículos 3 y 5 del Acuerdo General 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada por el Poder Judicial Federal y al expediente electrónico, así como lo contemplado en el considerando séptimo y dispositivo 1, 2, 3, 7, 58 y 107 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil catorce. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, visto el proveído de veinticuatro de noviembre del año en curso, por medio del cual el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en Puebla, en turno, correspondiendo conocer del mismo a este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado; con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, se declara legalmente competente para conocer de la demanda de que se trata; en consecuencia se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1139/2021. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Previo a acordar lo conducente a la demanda de amparo que se provee, resulta pertinente precisar que del análisis integral de ésta se advierte que el quejoso concurre ante esta autoridad a solicitar al amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y acto reclamado siguiente: Fiscal General del Estado de Puebla. Titular de la Fiscalía de Combate a la Corrupción. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción en el ámbito estatal de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Agente Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Encargado de la Unidad de Apoyo Policial adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción Actos reclamados De las autoridades señaladas como RESPONSABLES reclamo el oficio AEI/CFECC/007408/2021 signado por el Agente Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y el Encargado de la Unidad de Apoyo Policial adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción relativo a la carpeta de investigación FGEP/CDI/FECC/CORRUPCION.EST-I/000041/2021 de su índice; lo cual, sin duda, constituye un acto de molestia vigente, dado que, solicita la cooperación de la Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, para requerir mi nombramiento como Secretario de Acuerdos de la Cuarta Sala Unitaria de dicho órgano jurisdiccional. De JUAN MANUEL BONILLA ROMERO, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, la falta de acceso a los registros de la carpeta FGEP/CDI/FECC/CORRUPCION.EST-I/000041/2021 de su índice Ahora, del capítulo de antecedentes del acto el quejoso manifiesta, bajo protesta de decir verdad, en lo que interesa lo siguiente: ". fue el 19 de noviembre de 2021, que fui contactado vía telefónica por Rubén José Huerta Yedra, para avisarme que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, había recibido (.) un oficio AEI/CFECC/007408/2021 de 19 de noviembre del año en curso, signado por el Agente Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y el Encargado de la Unidad de Apoyo Policial adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, a petición de JUAN MANUEL BONILLA ROMERO, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción en el ámbito Estatal de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, por medio del cual requieren a la Magistrada Presidenta de dicho Tribunal para que remita a la citada fiscalía copia certificada del nombramiento que me acredite como Secretario adscrito a la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, toda vez que se está integrando una investigación de un hecho delictivo, a la cual no he tenido acceso." Así también, en sus conceptos de violación hace referencia a lo siguiente: ". es por esto que, ante la imposibilidad de imponerse de los autos de investigación, derivado de la contumacia de las autoridades investigadoras de poner a disposición las mimas es que se ven violentados mis derechos fundamentales (.) no he sido citado para comparecer, sino que únicamente han sido requeridos documentación personal a una entidad distinta a mi persona, apartándose de los principios que rigen a las autoridades en la investigación (.) En mérito de lo cual, atendiendo al contenido íntegro de la demanda de amparo se tienen como actos reclamados los siguientes: El acto de investigación contenido en el oficio AEI/CFECC/007408/202 de diecinueve de noviembre del año en curso, a través del cual el representante social requiere a la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla para que remita copia certificada del nombramiento que acredite al quejoso como Secretario adscrito a la Cuarta Sala Unitaria de dicho Tribunal, de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. Ello dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FECC/CORRUPCION.EST-I/000041/2021. La falta de citación dentro de la carpeta de investigación para tener acceso a la misma. Ahora bien, precisado lo anterior debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, como se dijo, el quejoso Pedro Morando Rodríguez reclama un acto de investigación ordenado por el representante social dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FECC/CORRUPCION.EST-I/000041/2021, así como la omisión de citarlo dentro de la misma. Lo que impone desechar la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo 21 Constitucional. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria vigente del Juicio Constitucional, dispone que el juicio de amparo es improcedente: "En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". Por su parte, el artículo 21 constitucional, establece: "La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato..." De lo transcrito se advierte que el Ministerio Público es una institución pública del Estado que realiza una función de protección social, es decir, tiene el deber de la tutela jurídica de los intereses del Estado y de la Sociedad. A dicha institución le corresponde ejercitar la acción penal, si procediere, siempre que existan elementos para ello, iniciar la carpeta de investigación, a petición de parte o de oficio y allegarse en este período de investigación de los elementos o datos que presuman o acrediten la presunta responsabilidad del sujeto, en la comisión del ilícito, para que esté en posibilidad legal de ejercitar la acción penal. Por su parte, la investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta respectiva, el acuerdo de acumulación de diversas carpetas o el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado, no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. En tal virtud, las actuaciones del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal no transgreden los derechos sustantivos del gobernado de un modo directo e inmediato, a menos que en dicha actuación la autoridad ministerial ordene la privación de la libertad, posesiones o derechos. De tal manera que los actos desplegados en la integración de la carpeta de investigación, son en ejercicio del interés social, para la persecución de los delitos; por tanto, las actuaciones realizadas en el ejercicio de esa facultad, no pueden considerarse conculcatorias de garantías, partiendo de la base de que se trata de un derecho social, y no privado, que lo hace no ser susceptible de entrar a la esfera jurídica de los particulares, aun cuando se trate de los mismos a quienes se dirige la investigación; habida cuenta que de no ser así, se verían restringidas sus facultades exclusivas de las que fue dotado para actuar en representación de la sociedad; a menos que en ellas como ha quedado asentando, se ordenara que se prive al quejoso de su libertad, de sus posesiones o derechos, o cuando acuda a consignar la carpeta de investigación, en cuyo caso al decidir el Juez del conocimiento sobre la procedencia de la acción ejercitada, sería en todo caso el momento en que se pudiera ver afectada la esfera jurídica del accionante de amparo. Determinar lo contrario, es decir, que el inicio de una carpeta de investigación es un acto de molestia para el investigado, haría considerar letra muerta los artículos 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que taxativamente establecen que el imputado y su defensor tendrán acceso a la investigación cuando sea citado a efecto de pretender recibir su declaración, precisamente con el carácter de imputado, o sea sujeto a un acto de molestia, como sería entrevistarlo. Por tanto, aun cuando el quejoso aduzca que tiene conocimiento de que existe una denuncia en su contra y que la representación social se encuentra integrando una carpeta de investigación, si aún no tiene el carácter de imputado, de conformidad con el artículo 218 mencionado, en virtud de que no ha sido citado a comparecer ante el Ministerio Público con esa calidad, ni se ha ocasionado algún acto de molestia en su perjuicio, él o su defensa no puede tener acceso a los registros de la investigación, pues la investigación contenida en la carpeta respectiva, per se, no puede generar un acto de molestia, a que se refiere el artículo 266 de ese código, esto es, en donde la autoridad le informa a una persona sobre los derechos que le asisten y mediante el cual solicita su cooperación, ello antes de que el procedimiento se lleve a cabo. Por ende, aquella integración de la carpeta de investigación por la autoridad responsable, no irrogan perjuicio al gobernado. Sirve de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios: La tesis XIII.P.A.32 P (10a.) sustentada por el TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO, Décima Época, Agosto de 2018, del Semanario Judicial de la Federación, con el texto y rubro siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLEN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio adversarial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta respectiva, el acuerdo de acumulación de diversas carpetas o el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado, no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Por esta razón, contra los actos del Ministerio Público emitidos en dicha etapa, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, salvo que violen derechos fundamentales de los gobernados, supuestos que deben examinarse en lo particular." Así mismo, la tesis 1a. CXXXV/2004; Novena Época; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo: XX, Diciembre de 2004; Página: 351; con el texto y rubro siguientes: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la carpeta de investigación y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." La tesis (X Región) 2o.1 P (10a.) Décima Época de los Tribunales Colegiados de Circuito Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el texto y rubro siguientes: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." Finalmente, la tesis I.9o.P.172 P (10a.), visible en el Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, página 1958, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EL QUEJOSO NO HA SIDO CITADO A COMPARECER ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO COMO IMPUTADO NI SE HA OCASIONADO ALGÚN ACTO DE MOLESTIA EN SU PERJUICIO, ÉL O SU DEFENSA NO PUEDE TENER ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN, AUN CUANDO ADUZCA QUE TIENE CONOCIMIENTO DE QUE EXISTE UNA DENUNCIA EN SU CONTRA Y AQUÉLLA SE ESTÁ INTEGRANDO. Determinar que el inicio de una carpeta de investigación es un acto de molestia para el investigado, haría considerar letra muerta los artículos 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que taxativamente establecen que el imputado y su defensor tendrán acceso a la investigación cuando sea citado a efecto de pretender recibir su declaración, precisamente con el carácter de imputado, o sea sujeto a un acto de molestia, como sería entrevistarlo. Por tanto, aun cuando el quejoso aduzca que tiene conocimiento de que existe una denuncia en su contra y que la representación social se encuentra integrando una carpeta de investigación, si aún no tiene el carácter de imputado, de conformidad con el artículo 218 mencionado, en virtud de que no ha sido citado a comparecer ante el Ministerio Público con esa calidad, ni se ha ocasionado algún acto de molestia en su perjuicio, él o su defensa no puede tener acceso a los registros de la investigación, pues la investigación contenida en la carpeta respectiva, per se, no puede generar un acto de molestia, a que se refiere el artículo 266 de ese código, esto es, en donde la autoridad le informa a una persona sobre los derechos que le asisten y mediante el cual solicita su cooperación, ello antes de que el procedimiento se lleve a cabo. Por ende, aquella integración de la carpeta de investigación por la autoridad responsable, no afecta los intereses jurídicos o, en su caso, legítimos del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la propia ley." En estas condiciones, es evidente que los actos por los que pretende hacer valer su demanda no están contenidos entre los supuestos para la procedencia del juicio de amparo, sino que constituye una facultad concedida al Ministerio Público como representante social prevista en el precepto 21 de la Carta Maga, en protección a la garantía social y no a las individuales y, por ende, el amparo enderezado en su contra es improcedente. En consecuencia, por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 12 Constitucional, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. AUTORIZADOS Se tiene por autorizados a los profesionistas, que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, así como por autorizado a Carlos Andrés Farro Sorio, únicamente para oír y recibir notificaciones, tal y como lo solicita. ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Téngase proporcionando el nombre de usuario mpl16, para la consulta y notificación del expediente electrónico de este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. COMUNICACIONES PROCESALES Respecto al señalamiento del correo electrónico, que proporciona en su escrito de demanda, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente señalado para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Por cuanto hace a su petición de tomar fotografías a las constancias que integran el presente expediente de amparo; con fundamento en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve se estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en aras de contribuir a una justicia completa pronta e imparcial, se autoriza el uso de la cámara fotográfica para la toma de placas fotográficas únicamente de las constancias que integran el expediente en que se actúa, en el entendido que la obtención de dichas placas fotográficas será bajo la supervisión del personal del Juzgado encargado de dicho expediente, previa constancia que por su realización se deje en autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES A fin de que se agilice el adecuado despacho del presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilita al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que practique las notificaciones personales que se originen en el expediente de amparo en que se actúa en días y horas inhábiles, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
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