Pedro Merino Antonio

Expediente 1708/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1708/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
22/02/2016

Partes del expediente

  • Pedro Merino Antonio
  • Pedro Merino Antonio y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA III A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio 201, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, con el que devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, y remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 264/2016; acúsese recibo. Toda vez que el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del expediente, está conformado con copias certificadas cuyos originales ya obran en autos, resulta ocioso agregar las mismas a este juicio, por lo que únicamente glósense los acuerdos o constancias que obren después de la remisión del expediente. Asimismo, tomando en consideración que el tribunal de alzada declaró infundada la queja promovida por la parte quejosa contra el auto de doce de noviembre de dos mil quince, por el que se desechó la demanda de amparo, origen de este expediente; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    MESA III A Agréguese a los autos, el oficio 6981/2015, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual acusa recibo del diverso 24449 del índice de este juzgado, por el que se remitió el original del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, y original del escrito de expresión de agravios por el cual la parte quejosa, interpuso recurso de queja contra el auto de doce del actual; asimismo, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que admitió a tramite dicho recurso, registrándolo bajo la queja número 264/2015.

  3. Principal

    MESA III A Agréguese a los autos la copia del escrito de Medardo Ventura Sosa, autorizado legal del quejoso Pedro Merino Antonio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja promovido, contra el auto de doce del actual, por el que se desechó su demanda de amparo. No pasa inadvertido al suscrito que el recurrente no señaló constancias para el testimonio que deberá remitirse al Tribunal de Alzada, como lo dispone el artículo 100 de la Ley de Amparo; sin embargo, en la especie tal aspecto deviene innecesario dado que el recurso interpuesto es contra el auto que desechó la demanda, supuesto en el cual deben remitirse a la superioridad los autos originales. Así, dada la materia del presente asunto, remítase el original del escrito de cuenta, la copia para el Fiscal Federal adscrito al Tribunal de Alzada, y los autos del presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, para la substanciación del referido recurso, una vez que obre la constancia de notificación a la parte quejosa de este proveído. Con copia certificada de las constancias correspondientes fórmese cuaderno de antecedentes.

  4. Principal

    MESA III A Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Pedro Merino Antonio, contra actos del Fiscal en Jefe de la Fiscalía Local de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca y Juez de Garantía de ese Distrito Judicial; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1708/2015. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, el suscrito Juzgador estima que por lo que respecta a los actos reclamados al Fiscal en Jefe de la Fiscalía Local de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, consistentes en ".la violación en mi perjuicio del debido proceso, durante la etapa de investigación del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, en el legajo de investigación número 2434/FSPN/2012.", así como "la violación en mi perjuicio del debido proceso, por la indebida e ilegal actuación del Fiscal Local de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca; traducida esta, en el fincamiento de la responsabilidad penal del suscrito quejoso.", de manera manifiesta e indudable se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, los dos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. De ese cuadro normativo, se colige que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o los actos que se reclamen a la autoridad señalada como responsable, de lo que, interpretado a contrario sensu, se desprende que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se promueva por un gobernado que no resienta perjuicio alguno en su esfera jurídica con el acto de autoridad. En el caso, los actos consistentes en la investigación y actuaciones dentro del legajo de investigación 2434/FSPN/2012, del índice de la Fiscalía Local de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, no pueden ser violatorios de los derechos fundamentales del quejoso, en mérito a que por mandato del artículo 21 constitucional, el Ministerio Público es el órgano encargado de la investigación de los delitos, por tanto, no le causa daño o perjuicio, al ser lo anterior de orden público, según lo establece la Carta Magna, ya que éste, en todo caso, se materializará hasta que la autoridad judicial que llegare a conocer de dicha averiguación previa, determine si resulta procedente o no librar orden de aprehensión en su contra. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada CXXXV/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 351, Tomo XX, diciembre de 2004, materia penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dispone: ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. De igual manera resulta aplicable a lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 49, Tomo XXIII, mayo de 2006, materia penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, respecto del acto consistente en la orden de aprehensión librada en contra del quejoso, por el Juez de Garantía de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, en la causa penal 131/2012, por la comisión del delito de homicidio calificado en agravio del extinto Aurelio Santiago Mejía; el suscrito advierte de oficio que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. (.). En efecto, el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; la causal invocada tiene como finalidad preservar lo que comúnmente se denomina cosa juzgada y tiende a evitar la promoción de nuevos juicios constitucionales planteados por los quejosos con idéntico objetivo. Se actualiza cuando los actos reclamados fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, debiendo concurrir, la identidad del quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. A fin de acreditar la causal de improcedencia que se estima actualizada es conveniente destacar que en este juicio de amparo, como ya se especificó, Pedro Merino Antonio reclama del Juez de Garantía de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, Oaxaca, la orden de aprehensión dictada en la causa penal 131/2012 de su registro, como probable responsable de la comisión del delito de homicidio calificado en agravio del extinto Aurelio Santiago Mejía. Ahora bien, en este órgano jurisdiccional, se tramitó diverso juicio de amparo 659/2014 y cuyo análisis permite conocer que: I. Dicho juicio fue promovido por Pedro Merino Antonio, contra una orden de aprehensión dictada en su contra por el Juez de Garantía de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca y otras autoridades. II. El Juez de Garantía de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca al rendir su informe justificado, convino en la existencia de dicho acto, manifestando al respecto que en ese juzgado existe la causa penal 131/2012, en la que se libró orden de aprehensión en contra del impetrante de merito, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado en agravio del extinto Aurelio Santiago Mejía. III. Luego, mediante sentencia de veintisiete de mayo de esta anualidad, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la orden de aprehensión dictada en el proceso penal 131/2012 del registro del Juzgado de Garantías de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, y II. Que al no haberse recurrido la misma, por acuerdo de tres de agosto siguiente, se declaró ejecutoriada para todos los efectos legales. De los antecedentes transcritos se advierte que mediante sentencia dictada el veintisiete de mayo del año que transcurre, en el juicio de amparo 659/2014 del índice propio, se resolvió respecto de la orden de aprehensión dictada dentro de la causa penal 131/2012 del registro del Juzgado de Garantías de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca; así como que la misma, al no haberse recurrido, se declaró ejecutoriada por auto de tres de agosto siguiente. Por tanto, es válido concluir que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia en estudio; toda vez que con anterioridad a la fecha de presentación del juicio de amparo en que se actúa, se tramitó ante este propio Juzgado de Distrito, el diverso juicio de amparo 659/2014, promovido por el propio quejoso, contra la misma autoridad judicial responsable ordenadora y respecto del mismo acto de ordenamiento reclamado, actualizándose así los extremos de la cosa juzgada material y formal, resolución que resulta inmodificable, por ser la verdad legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y texto es el siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia analizadas, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo; y por autorizado con las amplias facultades que se establecen en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que indica, por así manifestarlo el promovente, y ser este asunto de naturaleza penal. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. En otro orden, con objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

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