Pedro Mendoza Valencia

Expediente 597/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
597/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
07/06/2021

Partes del expediente

  • Pedro Mendoza Valencia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, siete de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio número 693 signado por la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, mediante el cual acusa recibo del comunicado 9682 derivado del proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, por el que le fueron devueltas las documentales remitidas en apoyo a su informe de ley y, el relativo a la ampliación de la demanda de amparo, consistentes en dos tomos relativos a la causa penal 349/2019, de su índice, de donde derivaron los actos reclamados; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Del estado procesal de autos se advierte que, el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte legitimada hubiese recurrido el acuerdo dictado en el presente juicio de amparo el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el precepto legal en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otro lado, mediante oficio, hágase devolución a la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, de las documentales remitidas en apoyo a su informe de ley, relativo a la ampliación de la demanda de amparo, allegado en auto de dos de marzo del año en curso, consistentes en el duplicado de la causa penal 349/2019, de su índice, de donde derivaron los actos reclamados, con lo cual, se ordenó formar un cuaderno de pruebas por separado; solicitando acuse recibo de estilo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido; acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión respectivo. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso a), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    Uruapan, Michoacán, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado de autos, y tomando en consideración que se ordenó el archivo definitivo en los autos del juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno incidental, se acuerda: Toda vez que por resolución incidental de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se declaró sin materia el presente incidente de suspensión; en esa medida, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, envíese al archivo definitivo; asimismo, en cumplimiento al artículo 21, inciso c, del referido acuerdo, se establece que el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por haberse negado la suspensión provisional y haberse declaró sin materia el presente incidente de suspensión, en la resolución interlocutoria, por lo que ve a los actos reclamados. En cuanto a los autos del duplicado del incidente de suspensión, es destruible. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponde el oficio 401, signado por la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, mediante el cual, en cumplimiento al oficio 5617 de veintiséis de marzo de la presente anualidad, remite copia certificada de la resolución de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, dictada por el Magistrado de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en los autos del toca penal número I-3/2021, que decretó auto de libertad por falta de pruebas para procesar y bajo las reservas de ley, respecto del aquí quejoso Pedro Mendoza Valencia, misma que resolvió el recurso de apelación interpuesto en los autos de la causa penal 349/2019, de la que deriva el acto reclamado en el presente asunto; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. A las referidas constancias se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Actualización de una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia. En otro orden de ideas, es conveniente señalar que el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7º.P.13 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.". Del análisis integral de las constancias del expediente en que se actúa, y en concreto, de las pruebas adjuntas al oficio de cuenta, se infiere que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable una causal de improcedencia cuyo estudio debe emprenderse a petición de parte o de oficio. En efecto, en este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". La hipótesis invocada establece, que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos, según lo estimó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cobra vigencia en dos supuestos: Por revocación, cuando los efectos del acto desaparecen o son destruidos de una manera total, y Por sustitución, al sobrevenir un nuevo acto que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. El criterio de que se habla es del tenor literal siguiente: Tesis: I.3o.C.92 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 165870 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXX, Diciembre de 2009 Pag. 1491 Tesis Aislada(Común) "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Se impone tener presente que en el caso a estudio, la presentación de la demanda de amparo tuvo lugar el veintidós de diciembre de dos mil veinte, en la que el peticionario del amparo reclamó; La omisión de acordar en un sentido u otro, mi petición de 18 de diciembre de dos mil veinte, que por escrito hice dentro del proceso 349/2019, solicitando , MI LIBERTAD con fundamento en el artículo 18 y 20 constitucional en relación con el artículo 5 transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio 2016, por haber transcurrido en exceso el plazo de dos años de duración del proceso sin que tenga a la fecha definitiva. La falta de aplicación del contenido del artículo 14 constitucional relativo a la retroactividad de la Ley a favor del quejoso directo, esto la aplicación del artículo 18 y 20 Constitucional en relación con el artículo 5 transitorio del decreto por el que reforman adicionan y derogan diversas disposiciones del código nacional de procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial del Federación en 17 de junio de 2016. Luego, mediante proveído de diecinueve de enero pasado, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, y al advertirse del mismo y anexos, que dio contestación al escrito presentado por el quejoso el 18 de diciembre de dos mil veinte, omisión que constituye el acto reclamado, se dio vista personal al quejoso, para que, manifestara si era su deseo ampliar su demanda respecto del acuerdo de siete de enero de dos mil veintiuno, dictado por la Juez de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, en los autos de la causa penal 349/2019. Circunstancia la anterior que aconteció en auto de veintiséis de enero de la presente anualidad, pues en efecto, se tuvo al quejoso ampliando su demanda de amparo, respecto al acuerdo de siete de enero de dos mil veintiuno, dictado por la Juez de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, en los autos de la causa penal 349/2019, de su índice, mediante el cual se dio contestación al escrito presentado por el quejoso el 18 dieciocho de diciembre de dos mil veinte, cuya omisión constituyo el acto reclamado que dio origen al presente asunto. Auto de siete de enero pasado, en el que la secretaria de acuerdos dio cuenta a la juez responsable, y se acordó en sentido negativo la solicitud en cuestión (escrito de dieciocho de diciembre de dos mil veinte), por las razones expuestas en el cuerpo del proveído pronunciado por ese órgano jurisdiccional. Ahora, de los anexos al oficio de cuenta se desprende que el Magistrado de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante resolución de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, dictada en los autos del toca penal número I-3/2021, que decretó auto de libertad por falta de pruebas para procesar y bajo las reservas de ley, respecto del aquí quejoso Pedro Mendoza Valencia, misma que resolvió el recurso de apelación interpuesto en los autos de la causa penal 349/2019, de la que deriva el acto reclamado en el presente asunto. Circunstancia que este Juzgador estima un hecho notorio y de la cual se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia P./J. 74/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." Bajo ese contexto, la resolución de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, dictada en los autos del toca penal número I-3/2021, que decretó auto de libertad por falta de pruebas para procesar y bajo las reservas de ley, respecto del aquí quejoso Pedro Mendoza Valencia, misma que resolvió el recurso de apelación interpuesto en los autos de la causa penal 349/2019, de la que deriva el acto reclamado en el presente asunto, ceso los efectos de los actos reclamados en el presente juicio de amparo, al resolver el recurso de apelación hecho valer en contra del auto de formal prisión y determinarse modificar el auto combatido, dictando en su lugar auto de libertad, decretándose su libertad y ordenándose la libertad del aquí quejoso, como se evidencia de la copia certificada que se anexó al oficio de cuenta. Bajo las relatadas condiciones se estima que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en términos del artículo 64, del citado ordenamiento legal, por las consideraciones que a continuación se exponen: El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El precepto legal transcrito establece que se actualiza la causa de improcedencia cuando han cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para que se actualice la causa de improcedencia invocada no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Bajo las anteriores consideraciones, debe convenirse que en el caso cesaron los efectos de los actos reclamados. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por tanto, de conformidad con lo dispuesto del artículo 63, fracción V, de la ley en cita, LO PROCEDENTE ES DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO, por virtud de haber cesado los efectos de los actos reclamados. Resulta aplicable la tesis 97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, que indica: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Asimismo, la jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Por tanto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que estaba fijada para las nueve horas con veinte minutos del veintiocho de abril de esta anualidad. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN DE LA ADSCRIPCIÓN, A LA PARTE QUEJOSA Y, POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

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