Pedro Mendoza Salinas

Expediente 8/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
8/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
06/05/2021

Partes del expediente

  • Pedro Mendoza Salinas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    ...Pachuca de Soto, Hidalgo; seis de mayo de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación secretarial, se advierte que ha fenecido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera recurso de revisión en contra del auto de doce de abril del año en curso por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia; con apoyo en los artículos 2 y 86 de la Ley de Amparo, así como 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívense el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al tratarse de un juicio en el se sobreseyó fuera de audiencia constitucional. Asimismo, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo general, el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del presente juicio, es susceptible de depuración, al haberse concedido tanto la suspensión provisional como la definitiva. El duplicado del incidente de suspensión en comento es susceptible de destrucción, al ubicarse en la hipótesis contenida en el numeral 20, fracción II, inciso a), del mismo cuerpo normativo. ...M-VI

  2. Principal

    INFORME JUSTIFICADO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta; en atención a su contenido, se tiene al Titular de la Subdelegación Pachuca, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, rindiendo informe justificado con relación a la ampliación de demanda. Por tanto, visto el informe de mérito y las constancias que obran en el expediente, se acuerda: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. De las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional, toda vez que sobreviene una causal de improcedencia, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, en consecuencia se decreta fuera de audiencia el sobreseimiento en el presente asunto. Lo anterior, porque los efectos de los actos reclamados han cesado. En efecto el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.) Dicho precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo deviene improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado; es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso. Para que se actualicen los presupuestos de esta causal de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable; puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al amparista en el goce de sus derechos violados; por lo cual, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido. Así, puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al impetrante en el goce de los derechos violados. En ese orden de ideas, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de derechos fundamentales, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, cuyos rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, una vez analizados todos los datos que se desprenden de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente sumario, se advierte que el quejoso solicitó la protección de la Justicia Federal, contra un acto de la Delegación Estatal y del Titular de la Subdelegación Pachuca, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Hidalgo, que hizo consistir en:  La cancelación y baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de su registro patronal número B6914919109, y como consecuencia la de sus trabajadores, así como el oficio 139101920110/MCI/1083/2020, el cual ordenó dicha baja. Sin embargo, del contenido de las constancias que obran en autos, se advierte que el Titular de la Subdelegación Pachuca, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, emitió copias certificadas: 1. Del oficio 139101920110/MCI/0044/2021 de tres de febrero del año en curso dirigido al quejoso en el cual se hizo de su conocimiento el restablecimiento de su registro patronal a partir del catorce de octubre de dos mil veinte; asimismo, lo requririó para que compareciera al departamento de Afiliación Vigencia de dicha institución a efecto de tramitar su certificado digital, de dicho oficio fue debidamente notificado el accionante según firma que obra en el mismo el doce de febrero del año en curso. 2. Del diverso 139101920110/MCI/0064/2021 de la misma fecha dirigido al Departamento Afiliación Vigencia, también suscrito por la autoridad responsable, por medio del cual solicita el restablecimiento del registro patronal B6914919109 con efectos retroactivos a partir del catorce de octubre de dos mil veinte. Esto es, el limpetrante, al incoar el juicio constitucional, lo hizo por considerar que los actos reclamdos eran violatorios de derechos; sin embargo, dejaron de existir, toda vez que la responsable emitió posteriormente dos oficios en los cuales determinó el restablecimiento del registro patronal del quejoso y como consecuencia la de sus trabajadores con efectos retroactivos a partir del catorce de octubre de dos mil veinte. De ahí que se considere que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es aplicable en la especie la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, que establece: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la ley de Amparo. Dicho de otro modo, es evidente que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que se persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus consecuencias jurídicas; por ello, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de los actos reclamados dado que ya no están surtiendo sus efectos y que, además, no dejaron huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, se pone de relieve la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta manifiesta e indudable, en tanto que, no obstante que se continuara con el procedimiento y se celebrara la audiencia constitucional, no resultaría factible formarse una convicción diversa; ello con independencia de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis 26/2002-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En estas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales. Finalmente, se deja sin efecto las diez horas con dieciséis minutos del siete de mayo de dos mil veintiuno, fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. DELEGADOS Y DOMICILIO PROCESAL. De igual forma, téngase a la autoridad en mención designando como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona y designando como domicilio procesal el ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 4604, fraccionamiento El Palmar II, Fracción II, en esta ciudad, código postal 42088, lugar en el que se le notificará mediante oficio de conformidad con lo establecido en el numeral 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE USUARIOS. Como lo solicita la autoridad responsable se autoriza la consulta electrónica del presente expediente, en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, a los usuarios Irvinggadri y marortiz, no así del diverso usuario lic.moises.contreras, dado que al habilitar su registro en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, aparece la leyenda: "No se encontró registro del nombre del usuario ingresado". ...M-VI

  3. Principal

    ...Previo aviso, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa, y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el proveído y/o resolución de doce de abril de dos mil veintiuno, a través del cual se determina: INFORME JUSTIFICADO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta; en atención a su contenido, se tiene al Titular de la Subdelegación Pachuca, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, rindiendo informe justificado con relación a la ampliación de demanda. Por tanto, visto el informe de mérito y las constancias que obran en el expediente, se acuerda: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. De las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional, toda vez que sobreviene una causal de improcedencia, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, en consecuencia se decreta fuera de audiencia el sobreseimiento en el presente asunto. Lo anterior, porque los efectos de los actos reclamados han cesado. En efecto el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.) Dicho precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo deviene improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado; es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso. Para que se actualicen los presupuestos de esta causal de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable; puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al amparista en el goce de sus derechos violados; por lo cual, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido. Así, puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al impetrante en el goce de los derechos violados. En ese orden de ideas, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de derechos fundamentales, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, cuyos rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, una vez analizados todos los datos que se desprenden de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente sumario, se advierte que el quejoso solicitó la protección de la Justicia Federal, contra un acto de la Delegación Estatal y del Titular de la Subdelegación Pachuca, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Hidalgo, que hizo consistir en:  La cancelación y baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de su registro patronal número B6914919109, y como consecuencia la de sus trabajadores, así como el oficio 139101920110/MCI/1083/2020, el cual ordenó dicha baja. Sin embargo, del contenido de las constancias que obran en autos, se advierte que el Titular de la Subdelegación Pachuca, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, emitió copias certificadas: 1. Del oficio 139101920110/MCI/0044/2021 de tres de febrero del año en curso dirigido al quejoso en el cual se hizo de su conocimiento el restablecimiento de su registro patronal a partir del catorce de octubre de dos mil veinte; asimismo, lo requririó para que compareciera al departamento de Afiliación Vigencia de dicha institución a efecto de tramitar su certificado digital, de dicho oficio fue debidamente notificado el accionante según firma que obra en el mismo el doce de febrero del año en curso. 2. Del diverso 139101920110/MCI/0064/2021 de la misma fecha dirigido al Departamento Afiliación Vigencia, también suscrito por la autoridad responsable, por medio del cual solicita el restablecimiento del registro patronal B6914919109 con efectos retroactivos a partir del catorce de octubre de dos mil veinte. Esto es, el limpetrante, al incoar el juicio constitucional, lo hizo por considerar que los actos reclamdos eran violatorios de derechos; sin embargo, dejaron de existir, toda vez que la responsable emitió posteriormente dos oficios en los cuales determinó el restablecimiento del registro patronal del quejoso y como consecuencia la de sus trabajadores con efectos retroactivos a partir del catorce de octubre de dos mil veinte. De ahí que se considere que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es aplicable en la especie la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, que establece: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la ley de Amparo. Dicho de otro modo, es evidente que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que se persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus consecuencias jurídicas; por ello, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de los actos reclamados dado que ya no están surtiendo sus efectos y que, además, no dejaron huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, se pone de relieve la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta manifiesta e indudable, en tanto que, no obstante que se continuara con el procedimiento y se celebrara la audiencia constitucional, no resultaría factible formarse una convicción diversa; ello con independencia de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis 26/2002-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En estas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales. Finalmente, se deja sin efecto las diez horas con dieciséis minutos del siete de mayo de dos mil veintiuno, fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. DELEGADOS Y DOMICILIO PROCESAL. De igual forma, téngase a la autoridad en mención designando como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona y designando como domicilio procesal el ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 4604, fraccionamiento El Palmar II, Fracción II, en esta ciudad, código postal 42088, lugar en el que se le notificará mediante oficio de conformidad con lo establecido en el numeral 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE USUARIOS. Como lo solicita la autoridad responsable se autoriza la consulta electrónica del presente expediente, en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, a los usuarios Irvinggadri y marortiz, no así del diverso usuario lic.moises.contreras, dado que al habilitar su registro en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, aparece la leyenda: "No se encontró registro del nombre del usuario ingresado". ...M-VI

  4. Principal

    SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SE REPROGRAMA. Visto el estado procesal de autos, se advierte que se encuentran señaladas las diez horas con dieciséis minutos del uno de abril de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, de conformidad con la Circular 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno dicho organo declaró como días no laborables el treinta y uno de marzo, así como uno y dos de abril, todos de esta anualidad. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora programadas para la audiencia en cita, y en su lugar se fijan las diez horas con dieciséis minutos del siete de mayo de dos mil veintiuno....M-VI

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