Pedro Mendoza Rodriguez

Expediente 1214/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1214/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
05/01/2022

Partes del expediente

  • Pedro Mendoza Rodriguez
  • T. M. T.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; cinco de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargado del despacho por vacaciones del Titular, por el que solicita se habilite la consulta electrónica del juicio de amparo del que deriva el presente sumario constitucional y se envíe copia del oficio dirigido a la Oficialía de Partes Común de este Decimoctavo Circuito, por el que se le remitió dicho asunto, ello con la finalidad de equilibrar las cargas laborales. En consecuencia, como lo solicita el oficiante y con fundamento en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020, se instruye a la Oficial Judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) a efecto de que realice las gestiones necesarias y se habilite el consulta del presente sumario constitucional, a fin que el juzgado homólogo pueda consultar las actuaciones del presente asunto vía electrónica, a través del aludido sistema. Asimismo, remítase la copia de la misiva que refiere; lo anterior, hágase del conocimiento del ocursante, mediante el oficio que se gire vía interconexión, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, por el que acusa recibo del juicio de amparo 1214/2021, del que deriva el presente cuaderno de antecedentes e informa que se avocó al conocimiento de dicho sumario constitucional, mismo que radicó con el número 33/2021 de su índice, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes; asimismo, solicita se remitan constancias de notificación respecto a la resolución interlocutoria de dos de diciembre de dos mil veintiuno. Homólogo solicita se remitan acuses. Asimismo, en obvio de mayores dilaciones procesales remítase el acuse respectivo en relación a las misivas 37301/2021 y 37302/2021, solicitado por el homólogo, previa copia que se deje en el cuaderno de antecedentes respectivo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Archivo de expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE CUADERNO DE ANTECEDENTES COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino de cuaderno de antecedentes. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 20, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se trata de un cuaderno de antecedentes, por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental. Destrucción del cuaderno de antecedentes. En ese sentido, una vez cumplidos seis meses a partir del presente proveído, destrúyase el presente cuaderno de antecedentes dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 20 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 del Acuerdo General 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, así como a su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en el estado y residencia indicados; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación con el punto de acuerdo 120/2021, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos; se ordenó enviar el original de este juicio de amparo, a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, para que por su conducto se remitiera al citado órgano jurisdiccional el presente juicio de amparo 1214/2021, promovido por ****, por propio derecho, y en representación de sus menores hijos de iniciales *****, así como dos tomos de pruebas y los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente asunto. En consecuencia, se ordena notificar la presente determinación a las partes, así como que se realicen las anotaciones relativas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y se incluya el presente asunto en el acta circunstanciada a que hace referencia el punto de acuerdo en mención, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Incidental

    Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1214/2021; y, R E S U L T A N D O: Primero. Solicitud de suspensión. En cumplimiento a lo ordenado en el expediente principal, mediante acuerdo de once de octubre de dos mil veintiuno, se aperturó el presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1214/2021, promovido por ******, por propio derecho, y en representación de sus menores hijos de iniciales *****, contra actos del Juez Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado y otra autoridad. Segundo. Tramite de incidente de suspensión. Como se ordenó en el cuaderno principal, por acuerdo de once de octubre de dos mil veintiuno, se formó por duplicado el incidente de suspensión, se pidió a las autoridades responsables rindieran su informe previo, se proveyó lo conducente sobre la suspensión provisional y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia incidental; la cual, previo diferimiento, se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. Precisión de los actos reclamados. Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados en esencia son: a). Acuerdo de fecha diez de septiembre de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio de origen 242/2020, del índice de la responsable Juez Sexto Familiar de Primera Instancia de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial. b) La falta de notificación personal del auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de origen 242/2020. c). La omisión de la responsable de permitir el acceso al expediente de origen 242/2020, del índice de la responsable. d). Las consecuencias jurídicas del acto reclamado señalado en el inciso a), que se traduce en que el quejoso haga entrega de los menores de iniciales T.M.T. y C.M.T., a la aquí tercera interesada. Segundo. Existencia del acto reclamado. Ahora bien, de los informes rendidos, se advierte que la: Juez y Actuario ambos adscritos al Juzgado Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado. Aceptaron el acto reclamado, esto, en razón de que el Actuario adscrito a dicho Juzgado, manifestó en su oficio de cuenta el deseo de adherirse al informe previo rendido por la Titular del Juzgado citado, por tanto dicha afirmación se extiende al Actuario de dicha adscripción. Tercero. - Improcedencia de la medida cautelar. Precisado lo anterior, es momento de verificar la procedencia de la medida cautelar que se solicita, y en ese sentido, este Juzgado concluye que respecto al acto precisado en el inciso a), lo procedente es negar la medida cautelar, toda vez que le reviste el carácter de consumado, dado que ya se llevó a cabo al momento de su emisión, asimismo, por regla general, contra ese acto es improcedente conceder la suspensión definitiva, en virtud a que va contra la naturaleza misma de la suspensión, cuya finalidad es conservar la materia del amparo, y evitar que el acto reclamado se siga ejecutando. Apoya esa negativa la tesis de jurisprudencia II.3o J/37, visible en la página 51, Tomo VI, Febrero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSUMADOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo" Respecto de los actos reclamados precisado en los incisos b) y c), lo procedente es negar la medida cautelar. Lo anterior, toda vez que el acto de autoridad es la manifestación externa y unilateral de la voluntad del Estado, ejecutada por un órgano competente, que se realiza con la intención de producir consecuencias jurídicas y suele clasificarse, según su naturaleza y efectos que produce, en positivos, negativos y omisiones. Los de carácter positivo son aquellos que se traducen en un "hacer" o en la ejecución de una determinación, en tanto que los negativos se caracterizan porque la autoridad se rehúsa a hacer o conceder a la parte quejosa su petición, mientras que las omisiones son aquellas que se materializan en una abstención de "hacer" de la autoridad responsable. Ahora, por regla general no ha lugar a otorgar la medida suspensional contra actos negativos, pues implicaría tener efectos restitutorios lo cual es propio de la sentencia; y si bien en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo pudiera concederse la medida para restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, ante la apariencia del buen derecho; en el caso no se considera conducente, como se determinara a continuación. En principio, es necesario dar noticia de las consideraciones expuestas en la ejecutoria que originó la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 en la que la Primera Sala del alto tribunal explicó que existen varios tipos de actos reclamados, los que, atendiendo a su naturaleza, pueden ser positivos, declarativos o negativos. Señaló que la naturaleza omisiva de los actos no es el factor que determina la concesión o negativa de la medida cautelar, pues ello dependerá de la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, para posteriormente analizar si se deben mantener las cosas en el estado en que se encuentran, o bien, si es necesario una tutela anticipada del derecho violado mientras dura el juicio. Indicó que el párrafo segundo del artículo 147 de la Ley de Amparo no se debe entender como una condición que permita o proscriba la suspensión en función de que el acto sea calificado como omisivo, sino como un elemento que define el tipo de medida suspensiva que se requiere, precisamente, ante ese carácter, esto es, las consecuencias que puedan producir ese tipo de actos serán consideradas casuísticamente para decidir si las cosas se deben mantener en el estado que se encuentran, o bien, si es posible restituir provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. Afirmó que lo relevante para la concesión de la suspensión radica en que no exista una imposibilidad jurídica o material para otorgar la suspensión, lo cual no obtiene un resultado distinto en función de la naturaleza - omisiva o no- del acto reclamado. En consecuencia, sostuvo que la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar si la medida suspensiva debe consistir en el mantenimiento de las cosas en su estado actual o si se debe restituir provisionalmente en el goce de un derecho violado, pero no para establecer si aquélla resulta procedente, pues lo importante para que la suspensión sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios se puedan actualizar momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. De las consideraciones expuestas surgió la jurisprudencia 1a./J. 70/2019, publicada en la página 286, Libro 73, diciembre de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que establece: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Así, de lo antes reseñado se desprende que en la ejecutoria previamente analizada, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 70/2019, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resolvió que en todos los asuntos en que se reclame un acto de omisión se debe conceder necesariamente la suspensión, sino que únicamente definió que el carácter, ya sea positivo, negativo u omisivo, de los actos reclamados no trasciende en la viabilidad de otorgar dicha medida cautelar, por lo que se debe verificar que los efectos suspensorios se puedan actualizar momento a momento y que no exista un impedimento jurídico o material que la haga improcedente, como sería que la concesión agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Asimismo, en la citada ejecutoria, la Primera Sala del alto tribunal no analizó la procedencia de la suspensión tratándose de una simple omisión, sino que los actos que dieron origen a los criterios materia de la contradicción fueron la abstención de pago de una pensión periódica que había sido ordenada en una sentencia y la abstención de restablecimiento del servicio de suministro de energía eléctrica, pese a que la reconexión había sido ordenada por la Procuraduría Federal del Consumidor. Esto último resulta relevante en la medida en que los actos omisivos que dieron origen al estudio realizado por el alto tribunal tenían como nota distintiva que se trataban de conductas omisivas respecto de una prestación continuada o de un derecho cuyo cumplimiento requiere un actuar continuado por parte de la autoridad, mas no único, razón por la cual se justificaba la procedencia de la medida cautelar con efectos restitutorios provisionales, dado que los efectos suspensorios se actualizaban momento a momento. Lo que no ocurre con la falta de notificación personal respecto al auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de origen 242/2020; ni con que no se permita al aquí peticionario de amparo el acceso al expediente de origen 242/2020 del índice de la responsable, en este supuesto, basta una sola actuación de la autoridad para restituir el derecho transgredido; de ahí que, al no poder distinguir a la suspensión de la concesión del amparo, se actualiza un impedimento jurídico para el otorgamiento de la medida cautelar. Luego, lo relevante del caso radica en que si se concede la medida cautelar para el efecto de que sea notificado el citado auto y se permita el acceso al expediente de origen 242/2020, es evidente que se dejaría sin materia el juicio, por lo que existe un impedimento jurídico para restablecer provisionalmente al quejoso en su prerrogativa afectada, motivo por el cual, como se dijo es improcedente la concesión de la medida cautelar. Ahora bien, respecto a las consecuencias jurídicas precisadas en el inciso d), que se traduce en que el quejoso haga entrega de los menores de iniciales T.M.T. y C.M.T., a la aquí tercera interesada, es necesario verificar si se reúnen los requisitos que impone el artículo 128 de la Ley de Amparo: 1.- Que haya sido solicitada por la parte quejosa. El primero de ellos fue colmado, toda vez que en el escrito de demanda fue solicitada la suspensión. El segundo, no se satisface, puesto que, con la concesión de la medida cautelar se infringirían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social. En consecuencia, lo procedente es negar la suspensión definitiva que solicita la parte quejosa, pues con la concesión de la medida cautelar, se infringirían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, habida cuenta que a través de dicha medida tomada por el juez del conocimiento en los acuerdos reclamados, por el momento se estima que se busca lograr un desarrollo armónico e integral de los menores, el cual no puede impedirse sin justa causa y, en el caso, al ser consecuencia de una determinación jurisdiccional sometida al conocimiento de un juzgador familiar, se tiene la presunción de que dicho mandamiento ha sido otorgado tomando en cuenta los elementos específicos que fueron allegados al sumario. Aunado a que de las constancias que allegó la autoridad responsable Juez Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, se advierte lo siguiente: 1.- La audiencia de presentación de los menores de iniciales T.M.T. y C.M.T., de fecha diez de septiembre de dos mil veintiuno, por la cual, el responsable hizo constar la comparecencia de la parte demandada (tercera interesada), así como la incomparecencia del aquí quejoso, y que no presentó a los menores citados, no obstante de encontrarse notificado, por lo que decretó las medidas provisionales siguientes: -Guarda y custodia provisional de los menores a favor de su progenitora, decretando el depósito de los mismos en el domicilio de ésta. -Pensión alimenticia en favor de los menores por la suma de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.). -Se requirió a la parte actora, aquí quejosa, la entrega de los menores a su progenitora, autorizando el auxilio de la fuerza pública. -Se requirió al quejoso, no se acerque al domicilio de la demandada donde serían depositados los menores. 2.- Diligencia de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en el que la parte demandada con el uso de la fuerza pública se constituyeron en el domicilio del quejoso, sin obtener resultados favorables. 3.- Proveído de cuatro de octubre del año en cuso, en que se tuvo a la perito psicóloga designada por la parte demandada, manifestando que el quejoso no se presentó a sus evaluaciones psicológicas. 4.- Escrito presentado por el quejoso el dieciséis de noviembre del presente año, en el que revocó a sus abogados patronos. 5.- Diligencia de dieciséis de noviembre último, relativa a la audiencia de pruebas y alegatos, en que se hizo constar la incomparecencia del quejoso. De lo anterior, puede advertirse que el Juez de origen emitió dicha determinación buscando el mayor beneficio para los menores de iniciales T.M.T. y C.M.T.. Sirve de apoyo a o anterior la tesis: II.3o.C.13, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, correspondiente a la Novena Época, Registro 179166, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, página 1798, cuyo rubro y texto exponen: "SUSPENSIÓN. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES, SALVO QUE CONCURRAN CONDICIONES ESPECIALES Y QUE DE NO CONCEDERSE SE PERJUDIQUE EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 124, fracción III, de la Ley de Amparo se deduce que la teleología de la suspensión descansa en impedir que con el acto reclamado se causen o puedan causar perjuicios de difícil reparación, y para concederla el Juez de amparo puede calificar y estimar la existencia del orden público con relación a una ley. Así, el artículo 4o. de la Carta Magna consagra el interés superior del niño, el cual también está previsto en la Convención de los Derechos del Niño, en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en algunas legislaciones que rigen los derechos de los menores en los Estados de la Federación, este principio es concebido como la institución a través de la cual se procura el desarrollo pleno e integral del infante proporcionándole los cuidados y asistencia necesarios para lograrlo. De tal manera que para decretar la medida suspensional debe atenderse al principio aludido y a las leyes que lo regulan, pues ambos aspectos atañen al interés social y al orden público y, por tanto, la resolución que determina sobre la guarda y custodia de los menores podría ser o no susceptible de suspenderse, dado que tal situación se presume generada al amparo de ese principio rector en cuya observancia está interesada la sociedad; de ahí que para resolver sobre la medida que nos ocupa, el juzgador de amparo deberá atender a las condiciones específicas de cada caso en particular vigilando, sobre todo, que se respete el principio de interés superior del niño, en concordancia con los requisitos que para la suspensión establece la Ley de Amparo." Lo anterior con la finalidad de salvaguardar el interés superior de los menores, así como en pro de su bienestar y su sano desarrollo, de conformidad con el artículo 4o. Constitucional, así como con los numerales 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 17 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Orienta la anterior determinación el criterio emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA TRATÁNDOSE DE CUSTODIA DE MENORES. PARA CONCEDERLA O NEGARLA DEBE ATENDERSE AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. De lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación con los párrafos sexto a noveno del artículo 4o. constitucional, se obtiene que para valorar si se satisfacen los requisitos para conceder la suspensión definitiva, consistentes en no seguir perjuicio al interés social ni contravenir disposiciones de orden público, o no causar daños y perjuicios de imposible reparación, en casos de custodia de menores de edad, el Juez de Distrito debe inclinarse por el mayor beneficio para el interés superior del menor. De esta manera, concederá la medida cautelar, si la situación de los menores sin la ejecución de los actos reclamados representa mayores garantías para sus intereses y, el surtimiento de los efectos del acto reclamado genera mayores riesgos para su bienestar y desarrollo; y debe negarla, si con el mantenimiento de las cosas en el estado en que se encuentran, se produce algún grado de riesgo para tal bienestar y desarrollo. Lo anterior, considerando que la sociedad ha manifestado su permanente interés en que se proporcionen a los niños los satisfactores, los cuidados y la asistencia necesarios para lograr su crecimiento y desarrollo pleno, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, el cual se ha erigido en interés superior de la Nación, en la legislación mexicana y en la normatividad del orden internacional, por lo que, si el interés superior tutelado por distintas normas jurídicas de orden público radica en dirigir todas las acciones, programas y decisiones de las autoridades, y de los gobernados inclusive, en pro del bienestar y mejor desarrollo familiar y social de la niñez, es inconcuso que los tribunales competentes para conocer y decidir sobre la suspensión de los actos reclamados en el juicio de garantías, deben obrar en igual sentido, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 138 y 146 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. - Se niega la suspensión definitiva a ****, por propio derecho, y en representación de sus menores hijos de iniciales ***, de los actos precisados en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos y fundamentos expuestos en el mismo. Notifíquese.

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