Pedro Mendoza Gómez

Expediente 1310/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1310/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
12/06/2023

Partes del expediente

  • Pedro Mendoza Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, doce de junio de dos mil veintitrés. Por recibido vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por********************autorizado de la parte quejosa, en contra del auto de once de octubre de dos mil veintidós, dictada en el amparo número 1310/2022-IV, del índice de este Juzgado Federal, al que le fue asignado el recurso de queja 184/2023.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa, del que se aprecia que se encuentra debidamente integrado, por tanto, dese cumplimiento a lo ordenado en proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós, en relación al recurso de queja, interpuesto por ********************, autorizado de la parte quejosa, en contra del auto de once de octubre de dos mil veintidós. En consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativas del Vigésimo Primer Circuito en Turno, con residencia en Acapulco, Guerrero, copia certificada de las constancias respectivas, así como el escrito original de agravios de la interposición del recurso de queja.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, once de octubre de dos mil veintidós. Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por Pedro Mendoza Gómez, por propio derecho; contra actos de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", como juicio de amparo indirecto 1310/2022-IV fórmese expediente impreso y electrónico. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones de deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e improcedencia la desechará de plano." indudable de Así, del análisis integro de la demanda de garantías, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia, cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P/J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro. "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En la especie, a juicio del suscrito se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el arábigo 107, fracción IV. Interpretada a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo, que prevén: "Articulo 61. El juicio de amparo de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Articulo 107 El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Como quedó precisado, el acto reclamado se hace consistir en los autos de treinta y uno de mayo, trece de junio y quince de junio de dos mil veintidós, proveídos que la parte quejosa considera que vulneran sus derechos, dado que la autoridad responsable Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, les requiere nuevamente el cumplimiento de la sentencia y ha sido omisa en aplicar medios de apremio a la parte demandada como parte de la ejecución de la sentencia dictada en el expediente TCA/SRCH/158/2015. Ahora, para fijar el alcance de la causal de improcedencia mencionada con anterioridad, conviene tener presente que la emisión de un determinado acto de autoridad, tratándose de actos meramente jurisdiccionales, conlleva una afectación en la esfera jurídica de una de las partes en la contienda que la legitima para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que invalide el acto relativo, por estimarlo violatorio de sus garantías y derechos. No obstante, siendo el juicio de amparo un medio de control de derechos fundamentales, cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica de un gobernado que acuda a solicitar el amparo, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ha establecido diversos mecanismos que condicionan la procedencia de dicha vía. De lo transcrito, se aprecia para lo que interesa, que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales administrativos dictados después de concluido el juicio, siempre y cuando se actualicen las siguientes hipótesis. * Que sea la última resolución dictada en la etapa de ejecución, definida como la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento y la que ordena el archivo definitivo del expediente; pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. * La última resolución dictada en el procedimiento de remate, entendida como la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes embargados, pudiéndose reclamar las violaciones cometidas a la largo de ese procedimiento. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y uno, tomo XIII, abril de dos mil uno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 190035, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA JU EXPRESIÓN "ULTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requiso tiene como finalidad de conformidad, con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimento total de la sentencia o se declara la imposibilitad material o jurídica para darle cumplimento, de acuerdo con dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente" En efecto de lo antes transcrito se advierte que el juicio de amparo indirecto, será procedente únicamente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de la sentencia, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien tratándose de procedimiento de remate la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega del bien inmueble rematado, pudiendo reclamarse hasta ese momento todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hayan dejado sin defensa a la parte quejosa. En ese entendido, se advierte que si el acto reclamado no constituye la última resolución que en forma definitiva aprueba o reconoce el cumplimento total de lo condenado en el juicio natural o declara la imposibilidad material jurídica para darle cumplimiento, no sería procedente el amparo, de acuerdo al segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. En el caso, es preciso reiterar que el quejoso reclama diversos proveídos dictados en el expediente TCA/SRCH/158/2015, del índice de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justica Administrativa del Estado de Guerrero de fecha treinta y uno de mayo, trece de junio y quince de junio de dos mil veintidós, en el que la responsable emitió acuerdo en el que no hace efectivos los apercibimientos decretados ni hacer ordena el procedimiento de ejecución forzosa; sólo requiere nuevamente a la parte demandada y los apercibe nuevamente. Sin embargo, el acto que se reclama, desde luego no constituye la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución y mucho menos en la etapa de remate, y por ende, en su contra es improcedente el presente juicio de amparo. Lo anterior se sostiene, pues basta la lectura de los autos que constituyen el acto aquí reclamado, dictado en el expediente TCA/SRCH/158/2015, para percatarse que se trata de determinaciones emitidas en fase de ejecución, por medio del cual la autoridad responsable Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, no hace efectivos los apercibimiento decretados a efecto de lograr la ejecución de la sentencia, por ende, es evidente que este juicio resulta improcedente, pues el acto reclamado no constituye la resolución final del procedimiento de la ejecución, sino que se dictó dentro del mismo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia VI.20. J/27, emitida por Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página cuatrocientos treinta y cinco, tomo II, septiembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 204367, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Máxime que, a través del proveído en cuestión, no se ha declarado la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a la sentencia de origen para que, en su caso, este juicio de amparo resulte procedente, de lo que se colige, que el referido acto reclamado tampoco implica una determinación que obstaculice el cumplimiento de la cosa juzgada -como el levantamiento del embargo y tampoco constituye la negativa o abstención por parte del tribunal responsable que genere una irreparabilidad, que ocurre, por ejemplo, cuando la autoridad se abstiene o se niega a continuar con el procedimiento de ejecución, paralizándolo lo cual no sucede en el caso concreto. En ese orden, se concluye que los razonamientos vertidos llevan a sostener que el presente juicio de amparo resulta improcedente contra los autos de treinta y uno de mayo, trece de junio y quince de junio del año en curso, dado que no se afectan derechos sustantivos distintos a la materia del cumplimiento de la sentencia y esos aspectos podrán ser controvertidos hasta en tanto se dicte la resolución final en esa fase ejecutiva, conjuntamente con las demás violaciones que la parte interesada estime le causan perjuicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Supremo Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, registro 163152, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del articulo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogia la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Pues bien, en atención a lo relatado, en el caso se surte plena e indubitablemente la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionado con la fracción IV, del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, lo que amerita DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de garantías que nos ocupa en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones el que indican los promoventes en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ramón Almonte Borja, Enrique Ibarra Ruiz, Sergio Toscano Noriega, Santiago Ibarra Ruiz, Noé Narváez Magaña, Homero Torres Cortes, Nancy Palmira Almonte Mejía, José Ignacio Jara Pineda, José Manuel Mejía Abundis, Juan Ramsés Marín Guzmán, Ernesto Almonte Borja, Luis Pérez López, y Pedro Antonio Villanueva Escobar, por estar acreditados para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho de los Juzgados y Tribunales Federales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Luis Donaldo Almonte Mejía, Horacio Torres Cortes y Ramón Almonte Mejía, por no contar con el anterior requisito. En ese mismo tenor, como lo solicita el promovente, se le tiene señalando el correo electrónico almonte_notificaciones@hotmail.com, así como el número telefónico 7471079439, para recibir notificaciones y acuerdos; por tanto, se instruye al actuario adscrito para que las notificaciones las realice mediante el correo electrónico en comento, debiendo confirmar su recepción y asentar la razón respectiva. Asimismo, sin que haya lugar a tenerle señalando a la persona que menciona para comparecer vía electrónica en el presente juicio, toda vez de que no proporciona el nombre del usuario, a efecto de darle acceso al expediente electrónico del presente juicio. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. Lo anterior queda supeditado a las gestiones pertinentes que realice la referida quejosa, establecidas en el artículo 6° del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al modelo de atención presencial basado en citas (generación del código QR). USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Se exhorta a las partes para que de ser posible, opten voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de considerarlo, propongan formas especiales y expeditas de contacto mediante las cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales (correo electrónico, mensajería instantánea, etc.). Además, se hace saber a la autoridad responsable que en caso que desee incorporarse al directorio con los correos electrónicos institucionales de las autoridades de los órdenes federal y local y este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de notificarle por esa vía, podrá realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx y comunicarlo desde luego a este Juzgado de Distrito. Se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Finalmente, se instruye al actuario judicial adscrito que de existir imposibilidad para entregar cualquiera de los oficios que deriven del presente acuerdo, por encontrarse suspendidas las labores, levante razón correspondiente y una vez reanudadas sin previo acuerdo, realice la entrega de dichas comunicaciones.

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