Pedro Mendoza Galeana

Expediente 991/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
991/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
18/09/2019

Partes del expediente

  • Pedro Mendoza Galeana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso -, a través del cual pretende cumplir con el requerimiento que se le hizo en proveído de nueve de septiembre pasado, ahora bien, con apoyo en lo establecido por el precepto legal 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el precepto legal 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6º, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo, prescribe lo siguiente: "El Órgano Jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto legal, autoriza al Suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable (por identidad) la Jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Por su parte, el precepto 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento legal, textualmente señala: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Así tenemos, que el precepto legal 6° de la Ley de la materia, establece: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De donde se desprende el principio de instancia de parte agraviada, relativa a que el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que reclama, pudiendo hacerlo por sí o a través de su representante, apoderado o defensor, y que en tal sentido, la firma o huella dactilar del promovente es una formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito en el procedimiento judicial, ya que la firma sirve para dar autenticidad al mismo, puesto que es la manifestación de la voluntad del promovente; luego entonces, en la demanda de cuenta se observa que ésta fue presentada en línea, y carece de la firma electrónica FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), así como por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y dado que la firma electrónica es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; por cuyo motivo, debe entenderse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6° ya citado, propiamente no existe tal manifestación del quejoso, pues los escritos presentados en línea, deben de contener la firma electrónica por el interesado; por ende y de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto legal citado en el cuerpo de este proveído, y a la luz del artículo 113 de la propia Ley, SE DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata, por las razones expuestas y porque en el caso concreto la demanda de amparo no se promueve en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, único supuesto de excepción en el que no es requerida la firma electrónica, de conformidad con el último párrafo del artículo 3° del citado ordenamiento legal. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia publicada en la Décima Época, Registro: 2019715, del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Página: 79 del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE QUE EN LO CONDUCENTE SE ACORDO "...Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso -, a través del cual pretende cumplir con el requerimiento que se le hizo en proveído de nueve de septiembre pasado, ahora bien, con apoyo en lo establecido por el precepto legal 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el precepto legal 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6º, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo, prescribe lo siguiente: "El Órgano Jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto legal, autoriza al Suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable (por identidad) la Jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Por su parte, el precepto 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento legal, textualmente señala: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Así tenemos, que el precepto legal 6° de la Ley de la materia, establece: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De donde se desprende el principio de instancia de parte agraviada, relativa a que el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que reclama, pudiendo hacerlo por sí o a través de su representante, apoderado o defensor, y que en tal sentido, la firma o huella dactilar del promovente es una formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito en el procedimiento judicial, ya que la firma sirve para dar autenticidad al mismo, puesto que es la manifestación de la voluntad del promovente; luego entonces, en la demanda de cuenta se observa que ésta fue presentada en línea, y carece de la firma electrónica FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), así como por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y dado que la firma electrónica es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; por cuyo motivo, debe entenderse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6° ya citado, propiamente no existe tal manifestación del quejoso, pues los escritos presentados en línea, deben de contener la firma electrónica por el interesado; por ende y de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto legal citado en el cuerpo de este proveído, y a la luz del artículo 113 de la propia Ley, SE DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata, por las razones expuestas y porque en el caso concreto la demanda de amparo no se promueve en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, único supuesto de excepción en el que no es requerida la firma electrónica, de conformidad con el último párrafo del artículo 3° del citado ordenamiento legal. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia publicada en la Décima Época, Registro: 2019715, del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Página: 79 del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido..." NOTIFICACIONES QUE SE LE HACE POR LISTA DE CONFORMIDAD A LO ORDENADO EN DIVERSO AUTO DE FECHA ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION III Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, once de septiembre de dos mil diecinueve. Como del estado que guardan los presentes autos, específicamente de la demanda de amparo, en la que en la parte final donde se encuentra la firma del quejoso, se aprecia que dice: "Acapulco, Guerrero a 28 de agosto de 2019", y en el proemio de la misma se advierte lo siguiente: "designando como domicilio procesal el ubicado en calle -y puerto", y en el apartado de los hechos, el marcado con el número 1 manifiesta que: "El día 27 de septiembre del año en curso, fui informado por mi cuñado que al parecer, a mi domicilio se habían presentado elementos de la Policía Ministerial aparentemente para ejecutar una orden de aprehensión supuestamente librada por un juez del Estado de Michoacán"; en consecuencia, se ordena efectuar la notificación del proveído de nueve de septiembre pasado, así como los subsecuentes, por medio de lista, que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional, con apoyo en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto.

  4. Principal

    CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA DE LOS AUTOS DE FECHAS NUEVE Y ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE QUE EN LO CONDUCENTE SE ACORDO "... Vista la demanda de amparo promovida por - por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Michoacán y otras autoridades; regístrese como prevención en el libro de juicios de amparo que se lleva de control en este Juzgado con el número II-991/2019-1, previo admitirla, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y, No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda [.]". Atendiendo a lo establecido en dicho precepto y a fin de estar en condiciones de acordar lo conducente en atención al principio de seguridad jurídica que rige el juicio de amparo, procurando la celeridad en el procedimiento en términos del artículo 17 constitucional y, además, con fundamento en los numerales 108, fracción V, 114, fracciones I y II, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y apercibido de la responsabilidad en que incurre en caso de manifestar hechos falsos, precise lo siguiente: La fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, toda vez que manifiesta fue el veintisiete de septiembre del año en curso. En la inteligencia que de no cumplir con las prevenciones formuladas, se admitirá la demanda de amparo únicamente por los diversos actos reclamados consistentes en la orden de presentación o detención librada en su contra. En el entendido de que la prevención precisada en párrafos precedentes, deberá desahogarse por el quejoso, por tratarse de un acto personalísimo. Como sustento de lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número 1a./J. 50/2014 (10a.), sustentada por Primera Sala, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 210, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. También deberá exhibir tantas copias sean necesarias de su escrito aclaratorio, dado que el mismo tiene el propósito de subsanar las omisiones anotadas por lo que no puede desvincularse y analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. ". Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad y por autorizadas para ese efecto e imponerse de los autos a las personas que refiere en términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados -, virtud a que como se desprende de la certificación que antecede, tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. MORELIA, MICHOACÁN, once de septiembre de dos mil diecinueve. Como del estado que guardan los presentes autos, específicamente de la demanda de amparo, en la que en la parte final donde se encuentra la firma del quejoso, se aprecia que dice: "Acapulco, Guerrero a 28 de agosto de 2019", y en el proemio de la misma se advierte lo siguiente: "designando como domicilio procesal el ubicado en calle -y puerto", y en el apartado de los hechos, el marcado con el número 1 manifiesta que: "El día 27 de septiembre del año en curso, fui informado por mi cuñado que al parecer, a mi domicilio se habían presentado elementos de la Policía Ministerial aparentemente para ejecutar una orden de aprehensión supuestamente librada por un juez del Estado de Michoacán"; en consecuencia, se ordena efectuar la notificación del proveído de nueve de septiembre pasado, así como los subsecuentes, por medio de lista, que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional, con apoyo en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto..." NOTIFICACIONES QUE SE LE HACE POR LISTA DE CONFORMIDADA A LO ORDENADO EN DIVERSO AUTO DE FECHA ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION III Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.

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