Pedro Mendoza Bermudez

Expediente 1346/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1346/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
18/12/2019

Partes del expediente

  • Pedro Mendoza Bermudez
  • Luis Mendoza Bermúdez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. PARTE QUEJOSA CUMPLE PREVENCIÓN Vista el acta de ratificación de escrito y reconocimiento de firma de diecisiete de diciembre de la presente anualidad, mediante la cual los quejosos Francisco, Luis y Pedro todos de apellidos Mendoza Bermúdez, ratificaron el contenido del escrito y reconocieron como suyas las firmas que calzan el escrito aclaratorio recibido por este juzgado el once de diciembre de la presente anualidad. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo y de las constancias relativas, se advierte que la parte quejosa reclama: ".el privarnos de la posesión que ostentamos respecto de la totalidad del bien inmueble identificado como "Lote 5 cinco, de la manzana 18 dieciocho, con casa-habitación, ubicado en el Poblado de Paramuén, Municipio de Salvador Escalante, Michoacán", sin que para ello los suscritos hayamos sido debidamente oídos en juicio o bien que se nos haya quitado el carácter de poseedores que ostentamos sobre dicho inmueble; al respecto, tenemos conocimiento fundado de que la ordenadora emitió una ORDEN DE ENTREGA DE INMUEBLE dentro del Juicio Ordinario Civil número 400/100, que sobre PETICIÓN DE HERENCIA fue tramitado por los terceros perjudicaos frente a los suscritos, respecto de la sucesión intestamentaria a bienes de nuestro extinto padre el señor LUIS MENDOZA ORNELAS, misma que se llevó a cabo con fecha 2 dos de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, mediante el ACTO DE ENTREGA DE INMUEBLE -la cual se adjunta al presente en copia simple-, misma que se realizó SIN QUE HAYAMOS SIDO DEBIDAMENTE NOTIFICADOS DE MANERA PERSONAL Y DIRECTA DE LAS INCIDENCIAS ocurridas dentro de dicho juicio en ejecución de sentencia, puesto que dentro del Juicio de Petición de Herencia, si bien es cierto les fue concedido el derecho a heredar y el derecho de acceder a una parte proporcional de la masa hereditaria, también es cierto, que primero debía llevarse a cabo la DIVISIÓN Y PARTICIÓN equitativa a todos los HEREDEROS DECLARADOS DEL SEÑOR LUIS MENDOZA ORNELAS, hecho que no ha sucedido; siendo el motivo por el acudimos ante esta autoridad federal a solicitar su amparo y protección, en virtud de que la autoridad responsable nos dio TRES DÍAS PARA DESALOJAR LA PROPIEDAD, sin embargo los quejosos y otros de nuestros hermanos ahí tenemos nuestras viviendas, con las que vivimos con nuestras familias; esposas e hijos, pues ahí siempre ha sido nuestro hogar de nuestros padres ya fallecidos.." Asimismo, que el juicio de amparo indirecto es procedente contra los actos verificados en la etapa de ejecución de sentencia, únicamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo; es decir, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien, la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Los anteriores razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia emitida por contradicción de tesis P./J. 32/2001 (9a.), de rubro y texto siguientes: "Tesis: P./J. 32/2001 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 190035 Pleno Tomo XIII, Abril de 2001 Página 31 Jurisprudencia (Común) "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 22 de febrero de 2001. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert". Por su parte, el ordenamiento en consulta no prevé ninguna excepción a esta regla genérica, pues no establece la posibilidad de que se puedan reclamar a través de este medio de control constitucional las resoluciones intermedias pronunciadas durante el periodo de ejecución tendentes a hacer efectiva la sentencia, cuestión que se justifica por el hecho de que tales actos procesales tienen como sustento una sentencia que constituye cosa juzgada, cuyo cumplimiento, por ser de interés público, no debe obstaculizarse; no obstante, también se han establecido algunas excepciones al criterio general antes aludido. Al respecto, nuestro Máximo Tribunal ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Como ejemplo de la regla de excepción antes mencionada, se puede citar la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma tiene como finalidad cuantificar la condena del juicio natural que no pudo determinarse en sentencia, y no así la ejecución de la misma, por lo que propiamente constituye un medio previo o preliminar a la ejecución de la sentencia. De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, se puede concluir que por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente el juicio de garantías indirecto cuando el acto reclamado, aún dictado en la etapa de ejecución, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. En relación al contenido de la fracción IV, del citado artículo 107 de la Ley de Amparo, y su aplicación respecto a la hipótesis que se analiza, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencias que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía dicha fracción para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, sin que dicha aplicación permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos de ejecución que entrañen violaciones procesales relevantes cometidas durante la fase ejecutiva de que se habla, como por ejemplo, un incidente de falta de personalidad o personería, que no obstante ser una violación procesal de carácter relevante, su resolución no sería impugnable a través del juicio de amparo indirecto desde luego, sino hasta que se dicte la resolución final que declara cumplida o la imposibilidad de cumplir con la sentencia. Luego, del análisis de la demanda que dio origen al presente expediente, se obtiene que la parte quejosa reclama el auto de dos de septiembre de la presente anualidad, en el cual se ordena la entrega de inmueble dentro del juicio ordinario civil número 400/2010 del índice de la autoridad responsable. De lo anterior se concluye que los actos reclamados por la parte quejosa fueron verificados dentro de la etapa de ejecución del juicio ordinario civil 400/2010, lo cual implica que se trata de actos que guardan relación directa con el procedimiento que se sigue para lograr el cumplimiento de la sentencia, dado que tienen como consecuencia que se continúe con los trámites necesarios para la efectiva ejecución de la sentencia dictada. Empero, no constituyen el acto definitivo al que se refiere el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, no son la resolución que pone fin a esa etapa, declarando cumplida la sentencia, o bien, determinando la imposibilidad material o jurídica de darle cumplimiento, ni siquiera una resolución que guarde autonomía respecto de la ejecución de sentencia. A propósito de lo anterior, puede válidamente afirmarse que el auto impugnado no es, desde luego, impugnable en el amparo, porque no constituye la 'última resolución' dictada en el procedimiento de ejecución, sino que precisamente tiende a la ejecución de la sentencia. Ahora, no se soslaya el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido literal siguiente: "Época: Novena Época Registro: 163152 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 108/2010 Página: 6 "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Contradicción de tesis 215/2009. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 de mayo de 2010. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz J. Jaimes Ramos". Sin embargo, se estima que en el caso no se reclaman actos dictados en el procedimiento de ejecución de la sentencia, a través de los cuales se afecte directamente algún derecho sustantivo, que estén desvinculados con lo resuelto en la ejecutoria que se cumplimenta, o bien, que no sean consecuencia directa y necesaria de la resolución que se pretende ejecutar, ya que como puede advertirse de la simple lectura del acuerdo reclamado, el objeto del mismo es lograr la debida orden de entrega de inmueble como consecuencia de la sentencia dictada en el juicio que sobre petición de herencia promovido en contra de los aquí quejosos y en el cual resultaron condenados a entregar el inmueble materia del litigio. Sin que sea obstáculo para lo anterior el hecho de que los promoventes refieran que no fueron oídos en juicio, toda vez que de su escrito aclaratorio refieren que la demanda de origen fue enderezada en su contra y que incluso el dieciséis de junio de dos mil once se dirigió instructivo a ellos notificándoles la resolución de segunda instancia, lo cual se corrobora de las copias que al efecto acompaño, de cuyo contenido incluso se evidencia que previamente habían tenido conocimiento del citado juicio 400/2010 y que incluso Pedro Mendoza Bermúdez había solicitado con antelación la protección constitucional mediante el juicio de amparo 238/2012, del índice de este juzgado. En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia señalada al inicio de este apartado. Se invocan por identidad jurídica, por las razones que contienen, los siguientes criterios: "Época: Novena Época Registro: 204367 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Septiembre de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/27 Página: 435 "EJECUCION DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Amparo en revisión 218/91. Adolfo Esteban Leyva Bathory. 5 de junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 155/93. Mercedes Martínez Rivera. 27 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 23/95. Bernardo Téllez Meneses y otro. 25 de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 227/95. Bernardo Castillo Aguayo. 10 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 382/95. Carmen Cahuantzi Vázquez y otro. 9 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca". Época: Décima Época Registro: 2001059 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro X, Julio de 2012, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: VI.2o.C. J/6 (10a.) Página: 1515 "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga." SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 272/2007. Hilda Torres Gómez. 15 de febrero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: Crispín Sánchez Zepeda. Amparo en revisión 63/2011. Sergio Peregrina Ponce de León. 28 de abril de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretaria: María del Rocío Chacón Murillo. Amparo en revisión 104/2011. Jesús Morales Contreras. 6 de mayo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: Crispín Sánchez Zepeda. Amparo en revisión 278/2011. Julio Jesús Moctezuma Yano y otro. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretaria: María del Rocío Chacón Murillo. Amparo en revisión 115/2012. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. "Época: Novena Época Registro: 196894 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a. VIII/98 Página: 230 "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." Amparo en revisión 1211/97. Francisco J. Rodríguez Martínez. 10 de octubre de 1997. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Juan José Franco Luna". Época: Novena Época Registro: 184221 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Junio de 2003 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 29/2003 Página: 11 "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías. " Contradicción de tesis 74/2002-PS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 21 de mayo de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez. Tesis de jurisprudencia 29/2003. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintiuno de mayo de dos mil tres. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 215/2009, de la que derivó la tesis jurisprudencial P./J. 108/2010 de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Esta tesis contendió en la contradicción 282/2009 que fue declarada sin materia por el Tribunal Pleno, toda vez que sobre el tema tratado existe la tesis P./J. 108/2010. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por PEDRO, FRANCISCO Y LUIS todos de apellidos MENDOZA BERMÚDEZ, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Pátzcuaro, Michoacán, y otra autoridad. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6310/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    POR MEDIO DE LISTA notifico a la parte promovente lo siguiente: Morelia, Michoacán, doce de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el escrito aparentemente signado por los promoventes Pedro, Francisco y Luis todos de apellidos Mendoza Bermúdez, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención realizada mediante proveído de cinco de diciembre del año en curso; sin embargo, de dicho ocurso se advierte que la firma que lo calza difiere a simple vista con la que obra estampada en el escrito inicial de demanda. En tal virtud, requiérase a Pedro, Francisco y Luis todos de apellidos Mendoza Bermúdez, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado de este proveído, comparezca ante el personal de este juzgado en hora y día hábil, con identificación oficial para que manifieste si ratifica en todas y cada una de sus partes el escrito de cuenta y si reconoce como suya la firma que lo calza; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el ocurso con el que se da cuenta. Lo anterior, previamente advertido de la responsabilidad que para el caso de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el amparo, prevé para la promovente el artículo 261, fracción II, de la Ley de Amparo, el cual dice lo siguiente. "Capítulo III Delitos Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: [.] II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. [.]" Se invoca en apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido literal siguiente: Tesis: 3a. 24 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 207437 Tercera Sala Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989 Página 385 Jurisprudencia (Común) "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas. Contradicción de tesis 9/88. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 8 de marzo de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: Julio César Vázquez Mellado G." El criterio jurisprudencial que aparece citado, se invoca aún y cuando hubiere sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que trata; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. En el entendido de que, en caso de ser ratificado el escrito de referencia, este juzgado estará en aptitud de ordenar de oficio la práctica y desahogo de la prueba pericial en grafoscopía y caligrafía, a fin de verificar si la firma que calza el escrito de cuenta y el de la demanda corresponden a la firma del promovente, ello en atención a que constituye una práctica reiterada que los abogados o terceras personas signen los escritos falsificando la firma de los directos quejosos. Sirve de apoyo a los anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 59/2017 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del texto y rubro siguientes: Época: Décima Época Registro: 2014436 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 09 de junio de 2017 10:15 h Materia(s): (Constitucional, Común) Tesis: 2a./J. 59/2017 (10a.) "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada. Contradicción de tesis 338/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y Primero en Materia Civil del Sexto Circuito. 19 de abril de 2017. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. Es necesario hacerle del conocimiento al promovente, que en términos de los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la ley de materia, facultan a este órgano jurisdiccional que en cualquier etapa del procedimiento de amparo se le debe dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos que podrían ser constitutivos de alguno de los delitos previstos en la Ley de Amparo, como podría ser el caso de que se conduzca con falsedad ante el presente juicio de amparo, y ratifique como suya una firma que no fue emitida de su puño y letra. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis derivada de la contradicción 204/2016, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: Tesis: P./J. 13/2017 (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2014917 Pleno Publicación: viernes 18 de agosto de 2017 10:26 h Ubicada en publicación semanal Contradicción de tesis (Jurisprudencia (Común)) "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Contradicción de tesis 204/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de febrero de 2017. Unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Luis Mauricio Rangel Argüelles. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Y FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda de amparo promovida por Pedro Mendoza Bermúdez y otros, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán y otras autoridades, anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número VIII-1346/2019. PREVENCIÓN. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con apoyo en el artículo 114, en relación con el diverso 108, fracción IV, y 110, todos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente hábil al en que quede debidamente notificada de este auto, por escrito bajo protesta de decir verdad aclare su demanda, sobre lo siguiente: 1. Para que bajo protesta de decir verdad narre los antecedes completos del acto reclamado, esto es, lo acontecido desde la presentación de la demanda que dio origen al juicio ordinario civil 400/2010, toda vez que los quejosos refieren ser parte demandada dentro del mismo. 2. Asimismo, deberán señalar bajo protesta de decir verdad, si fueron emplazados a dicho juicio y si dieron contestación o comparecieron al juicio ordinario civil 400/2010. Hágase saber a los promoventes que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda y aclaratorio afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, como los datos que se le solicitan con antelación, esa conducta se encuentra tipificada como delito por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual refiere lo siguiente: "Capítulo III Delitos Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la visa, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales y; [.]".. 3. Para que aclaren si al señalar que no fueron debidamente notificados de las incidencias, se refieren únicamente al hecho de que no se les notificó el tramite relativo a la ejecución de la sentencia, o en específico a qué incidencias o actuaciones se refiere en concreto. 4. Para que, de su escrito aclaratorio acompañe las copias necesarias para correr traslado a todas las partes, debiendo tener en consideración que se requiere una para cada autoridad responsable, una para cada tercero interesado, dos para los cuadernos incidentales y una para el Agente del Ministerio Público adscrito. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente del amparo, que para el caso de no cumplir con lo requerido o no hacer manifestación del impedimento que para ello tenga, dentro del término que se le concede, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Asimismo, se le tiene designando como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Luis Pérez Hernández, y únicamente para oír y recibir notificaciones a la diversa persona que señala, toda vez que de la búsqueda que se realizó en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que no cuentan con cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho, hasta en tanto, acrediten que se encuentran facultados para ejercer dicha profesión. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente.

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