Pedro Mena Ortiz y Otros.
Expediente 378/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 378/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Pedro Mena Ortiz y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintidós. Informa responsable. Agréguese a los autos el oficio de la responsable, presidente ejecutor de la Junta Especial número dos de la local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que dice informar lo relativo al cumplimiento de la sentencia; únicamente para que obre como corresponda, toda vez que el treinta de junio de dos mil veintiuno se dictó sentencia en la que se sobreseyó el juicio de amparo 378/2021, la que causó ejecutoria el veintiséis de julio siguiente, sin que se le requiriera cumplimiento alguno al respecto. Tal circunstancia, hágasele de su conocimiento, mediante oficio que al efecto se le gire, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL.378/2021.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión contra la sentencia autorizada el treinta de junio del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido 1) Ignacio López Montesinos, 2) Pedro Mena Ordaz, 3) Normita Cayetano Salvador, 4) Alma Patricia Pérez Jarquín y 5) Margarita Vázques Barroso, pues transcurrió del doce al veintitrés de julio de dos mil veintiuno, sin que la parte quejosa interpusiera ese medio de impugnación. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Sin que se realice pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades responsables, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, toda vez que se dictó sentencia de sobreseimiento, sin que exista auto alguno por el que se hubiere concedido la suspensión de oficio y de plano, por lo que este expediente es destruible; así, será resguardado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 7. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, con las facultades otorgadas por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de doce de julio de dos mil veintiuno, comunicado por el secretario técnico de dicha Comisión mediante oficio CCJ/ST/2658/2021, de la misma fecha; y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL.378/2021.MESA-1 Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo 378/2021; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el quince de abril de dos mil veintiuno (fojas 2 a 7) en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en este municipio, remitido el dieciséis siguientes, por razón de turno a este órgano jurisdiccional, 1) Ignacio López Montesinos, 2) Pedro Mena Ordaz, 3) Normita Cayetano Salvador, 4) Alma Patricia Pérez Jarquín y 5) Margarita Vázques Barroso, por conducto de su apoderado legal, licenciado Otilio Reyes Silva, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados y autoridad responsable siguiente: a) La negativa de despachar mandamiento de ejecución de pago y embargo contra la parte demandada, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; b) La negativa de tomar medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez en el proceso, principios previstos en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. c) La negativa de desarrollar el proceso laboral en los términos señalados en la Ley Federal del Trabajo. d) La falta de administración de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atribuidos al presidente ejecutor de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo en el libro de gobierno y admisión. Por auto de fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno (fojas 9 a 12) se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 378/2021 y se admitió a trámite, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó el informe justificado respectivo, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y se citó a las partes para la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza laboral, y la omisión se atribuye a una autoridad con residencia en la ciudad de Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Personalidad el promovente del amparo. En términos del artículo 11 de la Ley de Amparo quedó demostrada la personalidad de Otilio Reyes Silva, como apoderado legal de los actores, aquí quejosos, 1) Ignacio López Montesinos, 2) Pedro Mena Ordaz, 3) Normita Cayetano Salvador, 4) Alma Patricia Pérez Jarquín y 5) Margarita Vazques Barroso, con la copia del acuerdo de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, emitida en el expediente 501/2013(2), del índice de la responsable, que anexó con la demanda de amparo (foja 8). Tercero. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que de la demanda de amparo y constancias de autos se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa y por los que se realizará el análisis relativo, son: a) La negativa de despachar mandamiento de ejecución de pago y embargo contra la parte demandada, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; b) La negativa de tomar medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez en el proceso, principios previstos en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. c) La negativa de desarrollar el proceso laboral en los términos señalados en la Ley Federal del Trabajo. Atribuidos al presidente ejecutor de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. La quejosa también destaca como acto reclamado, la falta de administración de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, se estima que esa calificación no constituye un verdadero acto reclamado, sino que se relaciona con los derechos fundamentales y conceptos de violación que estima la parte quejosa se actualizan por los actos reclamados; por lo que, ante la obligación que tiene este órgano jurisdiccional de resolver la verdadera cuestión planteada, tales argumentos se abordarán, de ser procedente el juicio, como parte de los conceptos de violación y no como actos destacados. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. La responsable, auxiliar de la Junta Especial dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, actuando como presidente ejecutor, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos que se le atribuyen (foja 20). Al respecto, señaló que el veinte de abril de dos mil veintiuno dictó el acuerdo relativo a la petición cuya abstención reclama la parte quejosa. Sin embargo, su negativa su desvirtúa, ya que parte de la premisa de que contestó la petición de la parte quejosa, pero ello fue el veinte de abril de este año, con posterioridad a la fecha en la que se presentó la demanda de amparo -quince de abril del año en curso-, en la que subsistía la omisión reclamada; por lo que se tiene por cierto el acto que se le atribuye. Y como justificado de su informe remitió copia del proveído de referencia, deducida del juicio laboral 501/2013 (2). Quinto. Causal de improcedencia. La improcedencia es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por lo que su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos de los actos reclamados. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; .." De la interpretación del citado precepto se puede advertir que la cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Por lo que al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si la violación nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, registro 212413, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar un escrito de demanda en la vía ordinaria y del informe justificado remitido por ésta, se advierte que el acuerdo cuya omisión se impugnó se dictó después de promovido el juicio constitucional, entonces procede sobreseer en éste con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y no en términos de la fracción IV del propio numeral 63 (inexistencia del acto). Lo anterior, pues al presentarse la demanda de amparo aún no se dictaba el acuerdo respectivo, por lo que sí existía la omisión reclamada, la cual cesó en sus efectos ya iniciado el juicio con el dictado del proveído correspondiente". De las constancias remitidas en copia certificada por la auxiliar de la Junta Especial número dos de la Local Conciliación y Arbitraje del Estado, actuando como presidente ejecutor, a las que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documentos públicos, se advierte que: 1º En el juicio laboral 501/2013 (2), que promovieron 1) Ignacio López Montesinos, 2) Pedro Mena Ordaz, 3) Normita Cayetano Salvador, 4) Alma Patricia Pérez Jarquín y 5) Margarita Vazques Barroso, la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dictó laudo el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete (foja 3). 2º Mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veinte el apoderado legal de los actores, aquí quejosos, solicitó al presidente ejecutor de dicha Junta despachara mandamiento de ejecución de pago y embargo (foja 49). 3º El quince de abril de dos mil veintiuno los actores promovieron demanda de amparo contra la negativa a) de despachar mandamiento de ejecución de pago y embargo contra el demandado, b) de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez en el proceso y c) de desarrollar el proceso laboral en los términos señalados en la Ley Federal del Trabajo (fojas 2 a 7). 4º Por acuerdo dictado el veinte de abril de dos mil veintiuno el auxiliar de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, actuando como presidente ejecutor, determinó que no era procedente despachar mandamiento de ejecución de pago y embargo, considerando que el demandado es un organismo público descentralizado, por lo deberían estarse a lo acordado en esa fecha, por el que tuvo a diversas autoridades informando respecto de los actos y trámites para cumplir con el laudo, así como del requerimiento que les realizó para que se cubriera el pago al que fue condenada la parte demandada (foja 21). 5º El veintidós de junio de dos mil veintiuno acordó la promoción presentada por la apoderada legal de la parte demandada y la requirió para que exhibiera la respuesta dada por el director Financiero de esa dependencia, en su caso, la cantidad correspondiente a cada uno de los actores (foja 48). Ahora, es de precisarse que el juicio laboral del que emanan los actos reclamados se encuentra en la etapa de ejecución. Así también, la parte quejosa afirmó en la demanda de amparo que la autoridad responsable había sido omisa en acordar la promoción presentada el tres de agosto de dos mil veinte y que, como consecuencia de ello, se negaba a dictar el mandamiento de ejecución de pago y embargo contra la parte perdidosa en ese juicio laboral; por lo que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la responsable dictara el acuerdo relativo y emitiera mandamiento de ejecución de pago o embargo, así como las determinaciones o acuerdos necesarios para lograr el cumplimiento del laudo y hacer efectivo el pago de la condena (foja 3). Por lo anterior, deben atenderse los actos reclamados en la forma planteada en la demanda de amparo, así como de la etapa en la que se sitúan los actos reclamados dentro del juicio laboral y, en el caso, se estima que cesaron los efectos de dichos actos, pues se extinguió la violación al derecho fundamental que pudo haberse cometido y las cosas volvieron al estado que tenían antes de esa vulneración, ya que el presidente ejecutor responsable emitió el acuerdo respectivo y continúa con la ejecución del laudo, al emitir los requerimientos respectivos. Ello, no obstante que la petición de la parte quejosa no hubiere sido acordada conforme a lo que solicitó, esto es, que la responsable emitiera el mandamiento de ejecución de pago y embargo contra la parte perdidosa, porque el artículo 8º constitucional contempla que la autoridad sólo está obligada a dar respuesta por escrito y en breve término al gobernado, pero no a resolver en determinado sentido; atento, además, a la tesis de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 171484 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: XV.3o.38 A Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 2519 Tipo: Aislada DERECHO DE PETICIÓN. LA AUTORIDAD SÓLO ESTÁ OBLIGADA A DAR RESPUESTA POR ESCRITO Y EN BREVE TÉRMINO AL GOBERNADO, PERO NO A RESOLVER EN DETERMINADO SENTIDO. La interpretación del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite sostener que a toda petición escrita de los gobernados a una autoridad, debe recaer una respuesta por escrito y en breve término, a fin de evitar que ignoren la situación legal que guarda aquélla; empero, el derecho de petición no constriñe a la autoridad a resolver en determinado sentido, sino sólo a dar contestación por escrito y en breve término al peticionario. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO". En el entendido de que contra dicha respuesta que se le dio a la parte actora procede el recurso de revisión ante la Junta Especial número dos de la Local Conciliación y Arbitraje del Estado, como lo establece el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo; por tanto, era innecesario darle vista con la misma para que ampliara la demanda de amparo contra ese proveído. En consecuencia, conforme con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo. Se invoca en apoyo la tesis de datos de localización, rubro y texto siguientes: "DENEGACION DE JUSTICIA, CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO QUE LA CONSTITUYE". Si el quejoso reclama en el amparo, el acto consistente en la violación del artículo 17 constitucional, por haber dictado el Juez, con demora, el proveído relativo a una petición que le hizo, debe estimarse que cesaron los efectos de ese acto, desde el momento en que se proveyó a la misma petición, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con la fracción III, 74 de la misma ley". El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por 1) Ignacio López Montesinos, 2) Pedro Mena Ordaz, 3) Normita Cayetano Salvador, 4) Alma Patricia Pérez Jarquín y 5) Margarita Vázques Barroso, contra: a) La negativa de despachar mandamiento de ejecución de pago y embargo contra la parte demandada, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; b) La negativa de tomar medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez en el proceso, principios previstos en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. c) La negativa de desarrollar el proceso laboral en los términos señalados en la Ley Federal del Trabajo. Atribuidos al presidente ejecutor de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. En términos del considerando quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hoy treinta de junio de dos mil veintiuno, en que las labores del Juzgado lo permitieron. Conste.
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NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Número de expediente: 378/2021 Acuerdo: PRAL.378/2021.MESA-1 Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo 378/2021; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el quince de abril de dos mil veintiuno (fojas 2 a 7) en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en este municipio, remitido el dieciséis siguientes, por razón de turno a este órgano jurisdiccional, 1) Ignacio López Montesinos, 2) Pedro Mena Ordaz, 3) Normita Cayetano Salvador, 4) Alma Patricia Pérez Jarquín y 5) Margarita Vázques Barroso, por conducto de su apoderado legal, licenciado Otilio Reyes Silva, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados y autoridad responsable siguiente: a) La negativa de despachar mandamiento de ejecución de pago y embargo contra la parte demandada, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; b) La negativa de tomar medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez en el proceso, principios previstos en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. c) La negativa de desarrollar el proceso laboral en los términos señalados en la Ley Federal del Trabajo. d) La falta de administración de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atribuidos al presidente ejecutor de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo en el libro de gobierno y admisión. Por auto de fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno (fojas 9 a 12) se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 378/2021 y se admitió a trámite, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó el informe justificado respectivo, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y se citó a las partes para la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza laboral, y la omisión se atribuye a una autoridad con residencia en la ciudad de Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Personalidad el promovente del amparo. En términos del artículo 11 de la Ley de Amparo quedó demostrada la personalidad de Otilio Reyes Silva, como apoderado legal de los actores, aquí quejosos, 1) Ignacio López Montesinos, 2) Pedro Mena Ordaz, 3) Normita Cayetano Salvador, 4) Alma Patricia Pérez Jarquín y 5) Margarita Vazques Barroso, con la copia del acuerdo de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, emitida en el expediente 501/2013(2), del índice de la responsable, que anexó con la demanda de amparo (foja 8). Tercero. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que de la demanda de amparo y constancias de autos se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa y por los que se realizará el análisis relativo, son: a) La negativa de despachar mandamiento de ejecución de pago y embargo contra la parte demandada, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; b) La negativa de tomar medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez en el proceso, principios previstos en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. c) La negativa de desarrollar el proceso laboral en los términos señalados en la Ley Federal del Trabajo. Atribuidos al presidente ejecutor de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. La quejosa también destaca como acto reclamado, la falta de administración de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, se estima que esa calificación no constituye un verdadero acto reclamado, sino que se relaciona con los derechos fundamentales y conceptos de violación que estima la parte quejosa se actualizan por los actos reclamados; por lo que, ante la obligación que tiene este órgano jurisdiccional de resolver la verdadera cuestión planteada, tales argumentos se abordarán, de ser procedente el juicio, como parte de los conceptos de violación y no como actos destacados. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. La responsable, auxiliar de la Junta Especial dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, actuando como presidente ejecutor, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos que se le atribuyen (foja 20). Al respecto, señaló que el veinte de abril de dos mil veintiuno dictó el acuerdo relativo a la petición cuya abstención reclama la parte quejosa. Sin embargo, su negativa su desvirtúa, ya que parte de la premisa de que contestó la petición de la parte quejosa, pero ello fue el veinte de abril de este año, con posterioridad a la fecha en la que se presentó la demanda de amparo -quince de abril del año en curso-, en la que subsistía la omisión reclamada; por lo que se tiene por cierto el acto que se le atribuye. Y como justificado de su informe remitió copia del proveído de referencia, deducida del juicio laboral 501/2013 (2). Quinto. Causal de improcedencia. La improcedencia es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por lo que su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos de los actos reclamados. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; .." De la interpretación del citado precepto se puede advertir que la cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Por lo que al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si la violación nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, registro 212413, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar un escrito de demanda en la vía ordinaria y del informe justificado remitido por ésta, se advierte que el acuerdo cuya omisión se impugnó se dictó después de promovido el juicio constitucional, entonces procede sobreseer en éste con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y no en términos de la fracción IV del propio numeral 63 (inexistencia del acto). Lo anterior, pues al presentarse la demanda de amparo aún no se dictaba el acuerdo respectivo, por lo que sí existía la omisión reclamada, la cual cesó en sus efectos ya iniciado el juicio con el dictado del proveído correspondiente". De las constancias remitidas en copia certificada por la auxiliar de la Junta Especial número dos de la Local Conciliación y Arbitraje del Estado, actuando como presidente ejecutor, a las que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documentos públicos, se advierte que: 1º En el juicio laboral 501/2013 (2), que promovieron 1) Ignacio López Montesinos, 2) Pedro Mena Ordaz, 3) Normita Cayetano Salvador, 4) Alma Patricia Pérez Jarquín y 5) Margarita Vazques Barroso, la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dictó laudo el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete (foja 3). 2º Mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veinte el apoderado legal de los actores, aquí quejosos, solicitó al presidente ejecutor de dicha Junta despachara mandamiento de ejecución de pago y embargo (foja 49). 3º El quince de abril de dos mil veintiuno los actores promovieron demanda de amparo contra la negativa a) de despachar mandamiento de ejecución de pago y embargo contra el demandado, b) de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez en el proceso y c) de desarrollar el proceso laboral en los términos señalados en la Ley Federal del Trabajo (fojas 2 a 7). 4º Por acuerdo dictado el veinte de abril de dos mil veintiuno el auxiliar de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, actuando como presidente ejecutor, determinó que no era procedente despachar mandamiento de ejecución de pago y embargo, considerando que el demandado es un organismo público descentralizado, por lo deberían estarse a lo acordado en esa fecha, por el que tuvo a diversas autoridades informando respecto de los actos y trámites para cumplir con el laudo, así como del requerimiento que les realizó para que se cubriera el pago al que fue condenada la parte demandada (foja 21). 5º El veintidós de junio de dos mil veintiuno acordó la promoción presentada por la apoderada legal de la parte demandada y la requirió para que exhibiera la respuesta dada por el director Financiero de esa dependencia, en su caso, la cantidad correspondiente a cada uno de los actores (foja 48). Ahora, es de precisarse que el juicio laboral del que emanan los actos reclamados se encuentra en la etapa de ejecución. Así también, la parte quejosa afirmó en la demanda de amparo que la autoridad responsable había sido omisa en acordar la promoción presentada el tres de agosto de dos mil veinte y que, como consecuencia de ello, se negaba a dictar el mandamiento de ejecución de pago y embargo contra la parte perdidosa en ese juicio laboral; por lo que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la responsable dictara el acuerdo relativo y emitiera mandamiento de ejecución de pago o embargo, así como las determinaciones o acuerdos necesarios para lograr el cumplimiento del laudo y hacer efectivo el pago de la condena (foja 3). Por lo anterior, deben atenderse los actos reclamados en la forma planteada en la demanda de amparo, así como de la etapa en la que se sitúan los actos reclamados dentro del juicio laboral y, en el caso, se estima que cesaron los efectos de dichos actos, pues se extinguió la violación al derecho fundamental que pudo haberse cometido y las cosas volvieron al estado que tenían antes de esa vulneración, ya que el presidente ejecutor responsable emitió el acuerdo respectivo y continúa con la ejecución del laudo, al emitir los requerimientos respectivos. Ello, no obstante que la petición de la parte quejosa no hubiere sido acordada conforme a lo que solicitó, esto es, que la responsable emitiera el mandamiento de ejecución de pago y embargo contra la parte perdidosa, porque el artículo 8º constitucional contempla que la autoridad sólo está obligada a dar respuesta por escrito y en breve término al gobernado, pero no a resolver en determinado sentido; atento, además, a la tesis de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 171484 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: XV.3o.38 A Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 2519 Tipo: Aislada DERECHO DE PETICIÓN. LA AUTORIDAD SÓLO ESTÁ OBLIGADA A DAR RESPUESTA POR ESCRITO Y EN BREVE TÉRMINO AL GOBERNADO, PERO NO A RESOLVER EN DETERMINADO SENTIDO. La interpretación del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite sostener que a toda petición escrita de los gobernados a una autoridad, debe recaer una respuesta por escrito y en breve término, a fin de evitar que ignoren la situación legal que guarda aquélla; empero, el derecho de petición no constriñe a la autoridad a resolver en determinado sentido, sino sólo a dar contestación por escrito y en breve término al peticionario. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO". En el entendido de que contra dicha respuesta que se le dio a la parte actora procede el recurso de revisión ante la Junta Especial número dos de la Local Conciliación y Arbitraje del Estado, como lo establece el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo; por tanto, era innecesario darle vista con la misma para que ampliara la demanda de amparo contra ese proveído. En consecuencia, conforme con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo. Se invoca en apoyo la tesis de datos de localización, rubro y texto siguientes: "DENEGACION DE JUSTICIA, CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO QUE LA CONSTITUYE". Si el quejoso reclama en el amparo, el acto consistente en la violación del artículo 17 constitucional, por haber dictado el Juez, con demora, el proveído relativo a una petición que le hizo, debe estimarse que cesaron los efectos de ese acto, desde el momento en que se proveyó a la misma petición, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con la fracción III, 74 de la misma ley". El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por 1) Ignacio López Montesinos, 2) Pedro Mena Ordaz, 3) Normita Cayetano Salvador, 4) Alma Patricia Pérez Jarquín y 5) Margarita Vázques Barroso, contra: a) La negativa de despachar mandamiento de ejecución de pago y embargo contra la parte demandada, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; b) La negativa de tomar medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez en el proceso, principios previstos en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. c) La negativa de desarrollar el proceso laboral en los términos señalados en la Ley Federal del Trabajo. Atribuidos al presidente ejecutor de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. En términos del considerando quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hoy treinta de junio de dos mil veintiuno, en que las labores del Juzgado lo permitieron. Conste.
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