Pedro Medrano Castrillon

Expediente 1166/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1166/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
13/02/2023

Partes del expediente

  • Pedro Medrano Castrillon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra el auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, donde se sobreseyó, fuera de audiencia, el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni valor histórico y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, quien resuelve califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Agréguese como antecedente el oficio y anexo de cuenta signado por la Encargada de la Administración Postal Parque Central, con sede en esta ciudad, en virtud de que mediante proveído de veinticuatro de enero del presente año, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo. Lo anterior, de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.spm

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio y anexo de cuenta; en atención a su contenido, téngase al Juez de Ejecución de Penas competente, del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, dando cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional, para lo cual remite copia certificada de las constancias relativas a la resolución emitida el veintitrés de los actuales en la carpeta de ejecución ******************** de su índice. Ahora bien, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional, en específico del oficio y anexo de cuenta, se evidencia de manera manifiesta, notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI 61 de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En principio, es necesario precisar que los efectos de un acto reclamado, cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo o bien resarce la omisión que se le atribuye y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho transgredido. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Por consiguiente, la improcedencia de mérito está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la quejosa en el pleno goce del derecho transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. En ese sentido, se considera que sí se acreditan los supuestos de la causal de improcedencia, toda vez que en el presente asunto el quejoso ********************, reclama a las autoridades responsables la violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no resolver la audiencia donde se discuta sobre el otorgamiento o no de algún beneficio. Sin embargo, dicho acto reclamado ya quedó sin efecto al momento en que las autoridades responsables se pronunció sobre la omisión reclamada, pues de las constancias que adjuntó al oficio de cuenta, remitió copia certificada de la resolución de veintitrés de los actuales en la carpeta de ejecución ******************** de su índice. En efecto, de esas constancias se aprecia que en la carpeta de ejecución ********************, del índice del Juez de Ejecución responsable, el veintitrés de enero del presente año, concedió la libertad condicionada sin monitoreo electrónico en favor del aquí quejoso ********************, en términos del artículo 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, hasta el seis de julio de dos mil veinticuatro, decretándose la inmediata libertad, con relación a dicha carpeta de ejecución. Del contenido de lo anterior se aprecia que la autoridad responsable, con posterioridad de la presentación del escrito de la demanda (dieciséis de diciembre de dos mil veintidós) que dio origen al presente juicio, subsanó la omisión reclamada al dictar la resolución en la carpeta de ejecución ******************** en la que determinó concede la libertad condicionada sin monitoreo electrónico al quejoso ********************; por ello, la omisión reclamada quedó sin efectos al momento en que se subsanó por parte de la autoridad responsable, es decir, al momento en que se concedió el beneficio de libertad condicionada a la parte quejosa. Por lo que, se acredita la hipótesis de la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, ya que se justifica la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la quejosa, como si se hubiere concedido el amparo solicitado. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 193758, del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual al ser su estudio de orden público, procede el sobreseimiento, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, conforme lo dispone el numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal aludido. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, a foja doscientos diez, Novena Época, cuyo contenido es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Solamente resulta necesario precisar que, para decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, antes de celebrar la audiencia constitucional, resulta imperante que se actualice una causa de sobreseimiento que no pueda ser desvirtuada, aun cuando las partes ofrezcan pruebas; es decir, debe ser tal su materialización, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad. Las causas de improcedencia que dan origen al sobreseimiento fuera de audiencia, deben ser manifiestas, notorias e indudables, pues de lo contrario el juzgador estaría obligado a pronunciarse sobre la cuestión de fondo, concediendo o negando la protección constitucional solicitada, hipótesis que se actualizan en el presente caso, pues si la parte quejosa reclamó la omisión para resolver la audiencia donde se discuta sobre el otorgamiento o no de algún beneficio, y las autoridades responsable ya se pronunciaron sobre la omisión reclamada; lo anterior obviamente dejó de tener efectos jurídicos el acto reclamado. A mayor abundamiento, cabe precisar que si hubiere resultado fundada en la sentencia la pretensión de la parte quejosa, se haría nugatorio lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, pues no habría que restablecer ni que reintegrarle a la demandante de garantías, ya que fue restituido en el pleno goce del derecho humano violado. En ese sentido, las violaciones constitucionales que pudiesen derivar del acto que se reclama en esta instancia constitucional, no pueda ser analizados al haber dejado de incidir en la esfera jurídica del peticionario, en virtud de que cesaron los efectos del acto reclamado, lo cual da margen a que se actualice en la especie la citada causal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386 del tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En tales circunstancias, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 63, fracción V, del invocado ordenamiento. En tales condiciones, se deja sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese por lista electrónica, personalmente al quejoso y mediante oficios a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Visto el correo electrónico que contiene el informe de cuenta, previo a acordar lo conducente, se especifica que dichas constancias tienen valor probatorio pleno, a pesar de que se recibieron al correo electrónico oficial del juzgado, pues se certificó la hora y fecha de la recepción, así como la autoridad que lo remitió; lo anterior, por identidad de las razones que informa la tesis I.3o.P.41 P (10a.), publicada en el Seminario de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dieciséis, del rubro: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO." Establecido lo anterior, agréguense a los autos el correo de cuenta, y respecto a su contenido se provee lo conducente: Se tiene a la autoridad responsable, Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, con sede en Aquiles Serdán, Chihuahua, rindiendo el informe justificado; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese por lista electrónica.- Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.spm

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