Pedro Mauricio Couoh Poot

Expediente 982/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
982/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
19/10/2022

Partes del expediente

  • Pedro Mauricio Couoh Poot

Actuaciones

  1. Principal

    :. I. Juez de Distrito acusa de recibo de oficios. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio con número de registro 17241 firmado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, por el cual informa que por proveído de trece de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 973/2022-III del índice del juzgado de su adscripción, la titular de dicho órgano jurisdiccional aceptó el turno propuesto por este juzgado federal y se avocó al conocimiento del presente sumario. II. Se ordena remitir promoción. Por otro lado, visto el estado que guardan los autos y de las constancias que integran el presente cuaderno de antecedentes, se advierte que obra las promociones con números de registros 16589 y 16590, suscritas por la 1] Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal del Estado en el Quintana Roo, Especializado en Juicio Orales y 2] Actuario de su adscripción, de las cuales se reservó proveer por auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, hasta en tanto la homóloga federal informara la determinación que adoptara en cuando al returno planteado en el presente juicio, lo cual ya acoteció; por tanto, se ordena su remisión a la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, previa fotocopia sin certificar que obre en autos; para los efectos legales a que haya lugar. III. Se ordena archivo de expediente. Por lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. Finalmente, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, por ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, inciso a), del citado acuerdo general, lo que podrá realizarse una vez transcurrido el término de seis meses a que se refiere el artículo mencionado del acuerdo antes citado.

  2. Principal

    :. Agréguense a los autos para que obren como correspondan las promociones de cuenta a través de las cuales las autoridades responsables 1] Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal del Estado en el Quintana Roo, Especializado en Juicio Orales y 2] Actuario de su adscripción, rinden su informe respecto de la suspensión de plano decretada en autos, de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales correspondientes; asimismo, se reserva poner dichos informes a la vista de la parte quejosa hasta en tanto se tenga conocimiento de la determinación adoptada por la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, respecto al turno propuesto en este juicio de amparo.

  3. Principal

    . I. Informa imposibilidad de remitir constancias Agréguese a los autos, la promoción de cuenta remitida por el Notario Público Número Cincuenta y Siete del Estado de Quintana Roo, con residencia en Kantunilkin, mediante la cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, informa que se encuentra impedido de remitir las constancias solicitadas consistentes en: i) Escritura pública ***, de dieciséis de agosto de dos mil trece, del protocolo de la Notaría Pública Número Cincuenta y Siete del Estado de Quintana Roo, con residencia en Kantunilkin; y, ii) Escritura pública ****, de seis de diciembre de dos mil trece, del protocolo de la Notaría Pública Número Cincuenta y Siete del Estado de Quintana Roo, con residencia en Kantunilkin. Lo anterior, -en suma- toda vez que en términos de la ley de notariado solamente puede expedir copias certificadas de documentos que tenga a la vista o expedir nuevos testimonios de las escrituras otorgadas, previamente cubiertos los honorarios notariales en términos del arancel vigente. Ahora, el segundo párrafo del artículo 2° de la Ley de Amparo, establece que a falta de disposición expresa, se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho, a saber: "Artículo 2o. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta Ley. A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho." En ese contexto, los artículos 79 y 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, prevén: "ARTICULO 79.- Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, establecidas en relación con las partes." "ARTICULO 90.- Los terceros están obligados, en todo tiempo, a prestar auxilio a los tribunales, en las averiguaciones de la verdad. Deben, sin demora, exhibir documentos y cosas que tengan en su poder, cuando para ello fueren requeridos. Los tribunales tienen la facultad y el deber de compeler a los terceros, por los medios de apremio más eficaces, para que cumplan con esta obligación; pero, en caso de oposición, oirán las razones en que la funden, y resolverán sin ulterior recurso. De la mencionada obligación están exentos los ascendientes, descendientes, cónyuges y personas que deban guardar secreto profesional, en los casos en que se trate de probar contra la parte con la que estén relacionados." De los preceptos legales en cuestión, es posible advertir que, con el fin de conocer la verdad, se otorgó la facultad al juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. También, que los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, establecidas en relación con las partes. Aunado a lo anterior, se dispuso la obligación de los terceros de prestar auxilio a los tribunales, en las averiguaciones de la verdad, para lo cual, deben, sin demora, exhibir documentos y cosas que tengan en su poder, cuando para ello fueren requeridos. En este sentido, se estableció la facultad y el deber de los tribunales, de compeler a los terceros, por los medios de apremio más eficaces, para que cumplan con esta obligación; pero, en caso de oposición, oirán las razones en que la funden, y resolverán sin ulterior recurso, salvo que se trate de ascendientes, descendientes, cónyuges y personas que deban guardar secreto profesional, en los casos en que se trate de probar contra la parte con la que estén relacionados, a quienes se exentó de esa obligación. Al respecto, es necesario destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 12/2008-PS, dio solución a la cuestión sometida a consideración de este Tribunal. De las consideraciones abordadas en la contradicción de tesis en comento, es posible obtener, en lo que interesa, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dispuso -esencialmente- que de la interpretación armónica de los artículos 78, 150, 151 y 152, de la Ley de Amparo [vigente hasta abril de dos mil trece] y los diversos 79, 81, 86 y 90, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que el juzgador de amparo tiene la facultad -que deberá ejercer de manera fundada y motivada- de requerir a cualquier persona, cualquier cosa o documento, a efecto de conocer la verdad, utilizando si es necesario los medios de apremio más eficaces y los particulares tienen la correlativa obligación de atender a tales requerimientos. Que esa facultad tiene ciertos requisitos y limitaciones, que son: La primera deriva del Código Federal de Procedimientos Civiles, según el cual, los ascendientes, descendientes, cónyuges y personas que deban guardar el secreto profesional, no están obligados a exhibir documentos que tengan en su poder en auxilio de los tribunales en las averiguaciones de la verdad; y por correlación, los tribunales no tienen la facultad ni el deber de compelerlos para que los entreguen. En segundo lugar, la solicitud de los documentos que obren en poder de los particulares está sujeta a las reglas específicas que rigen los juicios de amparo, en donde el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, destacando que en las sentencias sólo se tomarán en consideración las pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad, de modo que no podrán requerirse a los particulares documentos que no tengan relación con los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, o que no se relacionen con el acto reclamado. Que si se tiene la pretensión de que el Juez formule un requerimiento solicitando la cooperación de los particulares que poseen determinados documentos, debe hacerse valer antes de la audiencia. Previamente al requerimiento al particular de los documentos que obran en su poder y que fueron ofrecidos como prueba por una de las partes, el juzgador federal deberá analizar y acordar fundada y motivadamente sobre la pertinencia de tales medios probatorios; para, en su caso, hacer el requerimiento correspondiente, y deberá ajustarse a los términos establecidos en el artículo 152 [de la Ley de Amparo], de aplicación analógica, atendiendo al principio de que cuando existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición. La posibilidad de que el Juez de Distrito requiera a los particulares a fin de que aporten documentos que obren en su poder y que fueron ofrecidos como prueba por las partes en el juicio de amparo, no implica necesariamente que deba hacerlo siempre que esto le sea solicitado, sino que debe valorar la pertinencia de dicho medio de convicción en relación con el caso que se presenta. Esas consideraciones, se encuentran inmersas en la ejecutoria que dio origen a la tesis de jurisprudencia que a continuación se cita: "Registro digital: 167072 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 28/2009 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Junio de 2009, página 251 Tipo: Jurisprudencia REQUERIMIENTO JUDICIAL A PARTICULARES. PROCEDE PARA QUE EXHIBAN LOS DOCUMENTOS QUE OBREN EN SU PODER Y QUE FUERON OFRECIDOS COMO PRUEBA POR LAS PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación armónica de los artículos 78, 150, 151 y 152 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 79, 81, 86 y 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la Ley citada en primer término, se advierte que el sistema normativo que rige la materia probatoria en el juicio de garantías permite el requerimiento judicial a particulares para que exhiban los documentos que obren en su poder y que fueron ofrecidos como prueba por las partes, en tanto que dicho medio probatorio no encuadra en la absolución de posiciones, existe en la Ley, y en sí mismo no puede considerarse contra la moral o el derecho. De manera que dicho requerimiento procede cuando los documentos de que se trate tengan relación con los hechos que pretenden probarse y con la existencia y constitucionalidad del acto reclamado, y además formen parte del acervo existente, a partir del que la autoridad responsable emitió su acto. Así, previa solicitud de la parte oferente realizada antes de la audiencia constitucional, y del acuerdo en el que decida sobre su pertinencia, el juzgador de amparo puede efectuar fundada y motivadamente el mencionado requerimiento, valiéndose incluso de los medios de apremio más eficaces, sujetándose, en su caso, a lo establecido en el artículo 152 de la Ley de Amparo, aplicable por analogía; sin perjuicio de que, una vez analizado el tipo y contenido de la información de que se trata, de considerarlo procedente reserve su contenido." Cabe señalar, que si bien el precedente en cuestión analiza el tópico bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada en abril de dos mil trece, lo cierto es que las disposiciones comprendidas en los artículos analizados y lo previsto en el artículo 121 de la Ley actual, no se contrapone, de ahí que sea aplicable al caso, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio del ordenamiento de la materia vigente. II. Se requieren constancias. En ese tenor, toda vez que las citadas documentales se consideran necesarios para resolver lo que en derecho corresponda en el presente asunto, a fin de contar con la totalidad de las constancias vinculadas con el acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 75, párrafo tercero, 237, fracción I, 259 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérasele por última ocasión antes de imponer la multa al Notario Público Número Cincuenta y Siete del Estado de Quintana Roo, con residencia en Kantunilkin, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo: ? Remita fotocopia certificada legible (debidamente foliada, rubricada, entresellada y signada por el funcionario público facultado para dicho cotejo) de las escrituras consistentes en: i) Escritura pública ****, de dieciséis de agosto de dos mil trece, del protocolo de la Notaría Pública Número Cincuenta y Siete del Estado de Quintana Roo, con residencia en Kantunilkin; y, ii) Escritura pública ***, de seis de diciembre de dos mil trece, del protocolo de la Notaría Pública Número Cincuenta y Siete del Estado de Quintana Roo, con residencia en Kantunilkin. En tal entendido no es necesario expida un nuevo testimonio de las citadas escrituras públicas, pues bastara para ello que las copias certificadas se obtengan de su protocolo, al cual puede tener acceso para tenerlo a la vista. Con el apercibimiento que, de no hacerlo, se le impondrá multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de acuerdo con lo establecido en los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Federal, así como en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

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