Pedro Mateo Gracida
Expediente 1100/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1100/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pedro Mateo Gracida
- Candy Violeta Mateo Gracida y Otros.
Actuaciones
- Principal
*PRAL. 1543/2014 MESA AMP. 5-B Oaxaca de Juárez, Oaxaca a diecisiete de agosto de dos mil quince. Agréguese a los autos los dos escritos de EVA RIVERA ORTIZ, en representación de la Sucesión Testamentaria a bienes del extinto Juan Alfonso Valbuena Marquéz, parte tercera interesada en este juicio de amparo; en atención a su contenido, se acuerda: Respecto al primero de los ocursos de cuenta, con número de registro 28190; con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley, en términos de su artículo 2º, y 17 de la Constitución Federal, expídasele a su costa, la copia simple de las constancias que refiere; teniéndosele por autorizados para recibirla a las personas que indica, previa identificación y razón de entrega que se deje en autos. Por otra parte, en cuanto al segundo de dichos escritos, con número de registro 28189, previa copia que se deje en autos, en su oportunidad, una vez que esté integrado este asunto para su envió al Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa de este Circuito, en razón al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, remítasele dicho escrito. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Notificacion para la parte quejosa Número de expediente: 1100/2015 Acuerdo: *PRAL. 1100/2015 MESA AMP. 2-A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a treinta y uno de julio de dos mil quince. Con la demanda de amparo presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el día de hoy y recibida en este órgano jurisdiccional, en igual fecha, promovida por GABRIEL ANTONIO ABDALÁ BERZUNZA, en su carácter de representante legal de los menores 1) CANDY VIOLETA MATEO GRACIDA y 2) PEDRO MATEO GRACIDA, contra un acto del juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 1100/2015 y, al respecto, se provee: En atención a que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa precisa como acto reclamado, el siguiente: "El auto de fecha 07 de julio de 2015, dictado en el proceso penal 3/2012". Por tanto, el acto reclamado en la demanda de amparo de cuenta no afecta en forma directa e inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, toda vez que se trata de un acuerdo (07 de julio de 2015), por medio del cual se declararon infundados los agravios formulados por la parte recurrente, aquí quejosa, a través del recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil quince, dictado por el juez responsable, al tener impedimento legal para hacer comparecer a juicio al testigo Mario Federico Chávez Sosa (no fue localizado), a fin de desahogar la prueba de careos procesales; quien ordenó dar vista a la defensa de los encausados para que manifestaran lo que a sus derechos convinieran; pues sólo constituye una actuación de mero trámite en la substanciación de un asunto de carácter penal; lo que no irroga a la parte quejosa un agravio de imposible reparación, ya que el acto reclamado sólo tiene como consecuencia la afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal y no sustantiva, tales como la circunstancia de que se tenga la necesidad de seguir un juicio con las cargas procesales que a su parte corresponden y sus consecuencias. Ello es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; por lo que puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Dicha interpretación se encuentra contenida en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de seis de junio de dos mil catorce, registro UIS 2006589, con el rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En tales condiciones, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 172, de dicha ley, SE DESECHA, DE PLANO, la demanda de amparo promovida por GABRIEL ANTONIO ABDALÁ BERZUNZA, en su carácter de representante legal de los menores 1) CANDY VIOLETA MATEO GRACIDA y 2) PEDRO MATEO GRACIDA. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número IV.3o.111 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página 489, febrero de 1995, Octava Época, de rubro y tenor siguientes: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio." Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio y autorizados para recibir notificaciones los que indica en su escrito de demanda. En otro aspecto, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, segundo párrafo, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los diversos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que las resoluciones que se dicten en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Y que tienen el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria que en su caso se llegue a dictar, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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