Pedro Martínez Sánchez y Otros.
Expediente 81/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 28 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 81/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 15/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Pedro Martínez Sánchez y Otros.
- Virginia Noriega Ríos y Otros.
- Pedro Martínez Sánchez
- Juez Segundo de lo Familiar, del Partido Judicial de Mexicali, Baja Caliofrnia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Se declara firme el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, al no ser reucrrido. En su oportunidad archívese el presente expediente.
- Principal
Se sobresee el presente juicio fuera de audiencia, por lo que se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos.
- Principal
Se notifica a primera hora hábil, por lista en los Estrados de este Juzgado, y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación a la parte tercero interesado Gabriel Pérez Veloz, el auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de amparo 81/2017-III; que dice: "...Mexicali, Baja California, veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación de cuenta, se aprecia que constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que ************* presentó demanda de amparo, a la cual le tocó el registro 611/2017 y acompañó a la misma, copia certificada de la notificación relativa al proveído de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en autos del juicio *************/2016, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar. Del citado auto se advierte que la titular de dicho Juzgado, determinó lo siguiente: ". es así que la suscrita juzgadora encuentra que al ser un derecho de la infancia el convivir con la familia extendida dentro de la cual se encuentran los abuelos paternos, es claro que debe fomentarse ese derecho sin lesionar la dignidad de los niños, lo que implica entonces el haber demostrado la demandada en el presente juicio C. ************* la existencia de acuerdo al que llego con el padre de sus hijos C. *************, Juicio de Divorcio Necesario, promovido por la C. ************* en contra de *************, Expediente 333/2016, radicado ante el Juzgado Primero de lo Familiar de este partido Judicial, convenio obrante en autos a fojas 867 a 860, la suscrita encuentra que como abuelos y nietos se fije una convivencia por lo pronto prudente en donde puedan los niños *********** Y ********** AMBOS DE APELLIDOS **********, y sus abuelos Paternos C.C. **************** Y ****************, tener platicas en donde compartan sus experiencias y puedan mejorar su relación, para lo cual los padres de los niños ya mencionados, deben ser coadyuvantes a efecto de que los lazos efectivos de los niños con sus abuelos paternos se vean fortalecidos considerando una convivencia impuesta y por deber, no lograría ese objetivo; por lo que se establece Provisionalmente y gradual, como días y horario de convivencia a favor de los abuelos paternos ya mencionados, con relación a sus menores nietos ya referidos, los Miércoles de cada semana en el horario comprendido de las diecinueve a las veinte horas de dicho día, para llevar acabo esos encuentros, ya que conforme los niños profieran un mayor afecto con su abuela paterna se podrá ampliar la convivencia, considerando por lo pronto una hora suficiente para que puedan realizar esos encuentros...". (El énfasis es nuestro) Documental a la que se concede valor probatorio pleno por haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades legales de conformidad con lo previsto en los artículos 79, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la ley de la materia. Cobra vigencia la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice al rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Actuación, de la cual se desprende que cesaron los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo consistente en la resolución de seis de enero de dos mil diecisiete, dictada por la Juez Segundo de lo Familiar del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, con sede en esta ciudad, en el juicio sumario civil *************/2016, en la que declaró fundado el recurso de revocación interpuesto por ******************, por lo que se debe sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Al efecto, procede citar la Contradicción de tesis 26/200-PL, con registro número 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA." No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional.". En efecto, el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así las cosas, se afirma que se actualiza dicha causal de improcedencia, en virtud de que la parte quejosa hace consistir su acto reclamado en el dictado de la sentencia interlocutoria de seis de enero de dos mil diecisiete, dictada en autos del juicio sumario civil *************/2016, radicado en el Juzgado Segundo de lo Familiar, en el cual la titular de dicho juzgado declaró fundado el recurso de revocación interpuesto por ****************** y la resolutora de origen se reservó emitir el pronunciamiento respectivo en relación al régimen de convivencia entre Pedro Martínez Sánchez y los menores ************ y **************, ambos de apellidos ***************. Luego, mediante proveído de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en autos del citado juicio *************/2016, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar, la aquí autoridad responsable, resolvió lo conducente sobre el régimen de la convivencia de los menores con los aquí quejosos, señalando para días de convivencia todos los miércoles de cada semana en el horario comprendido de las diecinueve a las veinte horas y una vez que los niños profieran un mayor afecto con su abuela paterna se podrá ampliar la convivencia; lo que evidencia la cesación del acto aquí impugnado. Lo que implica que cesaron los efectos del acto reclamado, desapareciendo del mundo fáctico y jurídico, además también sus consecuencias, cesación de efectos que trajo como consecuencia la convivencia de los aquí quejosos con sus menores nietos. Con lo anterior, la esfera jurídica de la parte quejosa quedó intocada como si los actos reclamados nunca se hubiesen emitido, de ahí la actualización de la causal de improcedencia en estudio, ello, pues, se insiste, si los quejosos pretendían a través de este juicio que la Juez responsable se pronunciara a su favor respecto al régimen de convivencia solicitado y tal circunstancia ya aconteció derivado del propio curso legal del expediente de origen, es que desapareció el motivo de queja de los impetrantes. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, acorde a lo dispuesto por la fracción V del numeral 63, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I , Materia Común, de la Segunda Sala, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 732 , cuyo rubro es el siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas del treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete (foja 253 reverso). En cumplimiento al presente proveído, se gira el oficio siguiente: 18157..."; lo anterior en términos de lo dispuesto en la fracción I, inciso b, del artículo 27 de la Ley de Amparo.
- Principal
...Agréguese a los autos el oficio de cuenta, enviado por la Juez Segundo de lo Familiar, de esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al proveído de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, remite un disco versátil digital (CD), relacionado con la entrevista efectuada por la citada juez al menor Juan Carlos Martínez Pérez; lo anterior, con fundamento en el artículo 75 párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Finalmente, atendiendo la naturaleza del presente asunto, se ordena, guardar en el secreto del Juzgado, el disco versátil digital (CD), enviado por la Juez Segundo de lo Familiar...
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