Pedro Martínez de la Torre

Expediente 106/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
106/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
11/01/2017

Partes del expediente

  • Pedro Martínez de la Torre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que se tuvo por no presentada la demanda de juicio de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTISITE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:"Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis. Atento a la diligencia de ratificación que antecede, se advierte que el quejoso ****, dio cumplimiento a lo ordenado en proveídos de catorce y veintiuno de diciembre de la presente anualidad Ahora bien de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa promovió demanda de amparo en contra de la siguiente autoridad: Directora del Departamento de Asuntos Jurídicos del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Chiapas. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: La resolución de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el procedimiento administrativo PMVC/SMPAL/DAJ/234/2016, por la Directora de Asuntos Jurídicos del Honorable Ayuntamiento municipal de Venustiano Carraza, Chiapas Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; precepto que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" El citado precepto establece uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con los siguiente tópicos: Por disposición constitucional: Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. Actos que importan una violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por disposición d.7e la Ley de Amparo: Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. Actos o resoluciones que carezcan de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia (con la salvedad de que si se conoce el acto y/o procedimiento reclamado antes de que se dicte sentencia o resolución definitiva, el quejoso está obligado a agotar los medios ordinarios de defensa, si es tercero extraño por equiparación, es decir, si fue señalado como parte demandada en el juicio o procedimiento de que se trate y no ha sido debidamente emplazado). Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. Respecto de los casos de excepción aludidos, es ilustrativa, por identidad de razón, la tesis de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". En la especie, el acto reclamado se hace consistir, esencialmente, en la resolución de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el procedimiento administrativo PMVC/SMPAL/DAJ/234/2016, por la Directora de Asuntos Jurídicos del Honorable Ayuntamiento municipal de Venustiano Carraza, Chiapas, en la que se decretó que existe obstrucción de la vía pública o libre tránsito de la calle del Barrio El Herraje, en Venustiano Carranza, Chiapas, por lo que se ordenó se retire la construcción de una barda de material de ladrillo, en dicha vialidad. En contra de dicha actuación administrativa de la autoridad municipal, la parte quejosa, previamente al juicio de amparo, debió promover el juicio contencioso administrativo, en términos de lo dispuesto por el artículo 102, fracción VIII, de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas; preceptos que prescriben: "Artículo 102. El juicio contencioso administrativo, procede contra las resoluciones administrativas definitivas siguientes: (.) VIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos del Libro Primero de esta ley. (.) Para los efectos del primer párrafo de este Artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa." Conforme al citado precepto, el juicio contencioso administrativo de la Entidad es procedente, entre otros casos, en contra de resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, siempre que se trate de resoluciones definitivas, entendidas como tales las que no admiten recurso administrativo o su interposición es optativa. Establecido lo anterior, en el asunto que nos ocupa la parte quejosa combate la resolución que concluyó el procedimiento administrativo PMVC/SMPAL/DAJ/234/2016, instaurado por ataques a la vía de comunicación del Barrio El Herraje de Venustiano Carranza, Chiapas, y como tal, se le impuso como sanción que se retire la construcción de la barda de material de ladrillo, ubicada sobre la vía pública en la calle del Barrio El Herraje, en Venustiano Carranza, Chiapas. Luego, previo al amparo, el peticionario debió agotar el juicio de nulidad regulado por la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, lo que en la especie no aconteció y cuya omisión configura la improcedencia del medio de control constitucional. Causal que se estima actualizada, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 12/99, determinó que para operar la hipótesis de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de Amparo. Dicho criterio fue sintetizado en las jurisprudencias 2a./J. 115/99 y 2a./J. 116/99, de rubros: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)". "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)". En el caso concreto, se estima que la legislación local no establece mayores requisitos que la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales para conceder la suspensión de los actos reclamados. Al efecto, conviene transcribir los preceptos que regulan la suspensión en la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de los que se lee: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." Según se observa, el artículo 128 de la Ley de Amparo establece los requisitos o condiciones bajo los cuales procede el otorgamiento de la suspensión, a saber: 1. Que la solicite el quejoso. 2. Que su otorgamiento no produzca perjuicio al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público. Por su parte, el diverso 132 dispone que en los casos en que la suspensión resulte procedente pero ésta pueda ocasionar daños o perjuicios a un tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante, y que cuando dicha afectación no sea cuantificable en dinero, la garantía se fijará discrecionalmente. Finalmente, el numeral 135 establece que tratándose de la suspensión contra la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, ésta se concederá discrecionalmente y la misma surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. En contraste, la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, en su capítulo relativo a la suspensión de los actos impugnados en sede contenciosa administrativa, dispone: "Artículo 131. El demandante podrá solicitar en cualquier tiempo, desde el escrito de inicio y hasta antes de que se dicte sentencia, ante la Sala, la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, cumpliendo con los siguientes requisitos: I. Solicitarla por escrito acompañando copias de la promoción en la que solicite la suspensión y de las pruebas documentales que ofrezca, para correr traslado a cada una de las partes y una más para la carpeta de suspensión. II. Tratándose de la solicitud de la suspensión de la ejecución en contra de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, procederá la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se garantiza su importe ante la instancia competente, en alguna de las formas siguientes: a) Depósito en efectivo; b) Prenda o hipoteca; c) Embargo en bienes; o d) Fianza de compañía autorizada o de persona que acredite su solvencia con bienes raíces inscritos en el Registro Público de la Propiedad. Los fiadores deberán renunciar expresamente al procedimiento administrativo de ejecución la suspensión dejará de surtir efecto si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes al en que quede notificado el auto que la hubiere concedido. La suspensión dejará de surtir efecto si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes al en que quede notificado el auto que la hubiere concedido. III. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: a) Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso, y b) Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. Cuando los actos materia de impugnación hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y entre tanto se pronuncie la resolución que corresponda, el Magistrado Ponente podrá dictar la suspensión provisional para preservar el medio de subsistencia del particular. IV. Exponer en el escrito de solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, las razones por las cuales considera que debe otorgarse la medida y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicite. V. La suspensión se tramitará por cuerda separada, de acuerdo a las reglas de los incidentes. VI. El Magistrado Ponente, en el auto que acuerde la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, podrá decretar la suspensión provisional, siempre y cuando con ésta no se afecte al interés social, se contravenga disposiciones de orden público o quede sin materia el juicio, y se esté en cualquiera de los siguientes supuestos: a) Que no se trate de actos que se hayan consumado de manera irreparable. b) Que se le causen al demandante daños mayores de no decretarse la suspensión, y c) Que sin entrar al análisis del fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto administrativo impugnado. VII. El auto que decrete o niegue la suspensión provisional, podrá ser impugnado mediante el recurso de revisión previsto en el artículo 173 de esta Ley. VIII. En el caso en que la ley que regule el acto administrativo cuya suspensión se solicite, no prevea la solicitud de suspensión ante la autoridad ejecutora, la suspensión tendrá el alcance que indique el Magistrado Ponente o la Sala y subsistirá en tanto no se modifique o revoque o hasta que exista sentencia firme. IX. Mientras no se dicte sentencia en el juicio, la Sala podrá modificar o revocar la sentencia interlocutoria que haya decretado o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. X. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia firme favorable, la Sala ordenará la cancelación o liberación, según el caso, de la garantía otorgada. Asimismo, si la sentencia firme le es desfavorable, a petición de la contraparte o, en su caso, del tercero interesado, y previo acreditamiento que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala, ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante el Tribunal. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia ante la Sala, quien dará vista a las demás partes por un término de cinco días siguientes, en la que dictará el acuerdo que corresponda. XI. Si la solicitud de suspensión de la ejecución es promovida por la autoridad demandada por haberse concedido en forma indebida. Artículo 132. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el demandante otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Para que surta efecto la suspensión el demandante deberá otorgar la garantía que señale el Magistrado Ponente. Cuando con la suspensión puedan afectar derechos de terceros, no estimables en dinero, el Magistrado Ponente que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Artículo 133. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior, quedará sin efecto si el tercero interesado da a su vez caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al demandante en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero interesado, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el demandante." De los transcritos numerales, se advierte que la suspensión se concederá siempre que: 1. La solicite el quejoso. 2. No se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 3. No se trate de actos que se hayan consumado de manera irreparable. 4. Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. 5. Sin entrar al análisis del fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto administrativo impugnado. Asimismo, se desprende que tratándose de la ejecución de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, procederá la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se garantiza su importe ante la instancia competente, en alguna de las formas previstas por la ley. Por último, que en los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el demandante otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con ella se causen si éste no obtiene sentencia favorable, y que en caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Así, el análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que se exigen, tanto para el juicio de nulidad promovido contra los actos de las autoridades administrativas de la Entidad, como para el juicio de amparo, requisitos esencialmente iguales para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, pues sólo presentan diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio, como se demuestra a continuación: a) La Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, en su artículo 131, requiere que el actor solicite la medida suspensional y prevé que aquél podrá gozar de ese beneficio en cualquier etapa del juicio; por su parte, la Ley de Amparo exige también que el quejoso solicite expresamente la concesión de la medida cautelar y dispone en su artículo 130 que podrá solicitarse en cualquier tiempo, mientras no se dicte la ejecutoria relativa. Luego, dichos ordenamientos son coincidentes en los siguientes aspectos: En que no existe límite procesal para iniciar el trámite de la suspensión, por lo que su promoción puede llevarse a cabo en cualquier tiempo. En que el proveído correspondiente debe dictarse a partir de que se admita la demanda o de que se solicite aquella medida. En que el interesado debe solicitar la concesión de la suspensión. En que cuando la suspensión es solicitada al presentar la demanda, esto es suficiente para que la autoridad competente (Magistrado de la Sala o Juez de Distrito) se avoque a determinar si se encuentran satisfechos los supuestos para poder otorgar la medida cautelar en comento. b) La Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, dispone que para otorgarse la suspensión no debe causarse perjuicio al interés social ni contravenirse disposiciones de orden público, no debe tratarse de actos que se hayan consumado de manera irreparable, los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado deben ser de difícil reparación y, sin entrar al análisis del fondo del asunto, debe advertirse claramente la ilegalidad manifiesta del acto administrativo impugnado. Tales requisitos son esencialmente idénticos a los previstos en la Ley de Amparo, pues en dicha legislación también se contempla que la suspensión procederá siempre que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, que se decretará una vez presentada la demanda si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, y, que al resolverse sobre su otorgamiento, debe realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. Lo anterior, sin embargo, implica necesariamente que por su naturaleza el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido, aspecto de análisis previo a los enunciados requisitos de procedencia. c) La Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, estatuye que el actor debe otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la referida medida cautelar se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio respectivo, y que la misma dejará de surtir efectos si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto que la conceda; requisito que no condiciona la procedencia de la medida cautelar, sino su eficacia. Con independencia de lo anterior, dicha disposición resulta esencialmente idéntica a la prevista por los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos impugnados en el juicio contencioso administrativo, que los que establece la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar del acto reclamado. Por consiguiente, al reclamar una determinación administrativa de la autoridad municipal, por virtud de la cual se resolvió en definitiva que se retirará la construcción de la barda de material de ladrillo, ubicada sobre la vía pública en la calle del Barrio El Herraje, en Venustiano Carranza, Chiapas, previamente a acudir al juicio de amparo, el quejoso debió agotar el juicio de nulidad regulado por la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, en observancia al principio de definitividad que rige en el medio de control constitucional. Lo anterior, con independencia de haber o no optado por agotar el recurso de revisión previsto por la propia Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas -a la que remite la Ley Orgánica Municipal de la Entidad-, cuya procedencia no será estudiada por estar contemplado en el artículo 87 de dicha legislación que su interposición es optativa a la del juicio contencioso administrativo, por lo que el análisis del principio de definitividad sólo cabe respecto de este último, en relación con el cual, según se ha visto, no existe una excepción al indicado principio, al no contener la legislación en comento más requisitos para conceder la suspensión que la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 28/2011, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que a la letra establece: "INCONFORMIDAD PREVISTA EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONTRA SU RESOLUCIÓN PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Contra la resolución que decide la inconformidad prevista en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público es innecesario agotar los recursos ordinarios señalados en el artículo 74 del referido ordenamiento, esto es, el recurso de revisión o el juicio contencioso administrativo, pues el término "podrá" permite válidamente concluir que el recurso de revisión ahí establecido es optativo respecto del juicio contencioso administrativo, por tanto, el análisis del principio de definitividad sólo cabe respecto de este último, en relación con el cual existe una excepción al indicado principio al contener la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo más requisitos para conceder la suspensión que la Ley de Amparo, como lo sostuvo esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 56/2007, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.". En tal virtud, contra la resolución que decide el recurso de inconformidad previsto en la citada Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público procede el amparo indirecto sin necesidad de agotar previamente los medios ordinarios que esta Ley prevé. Sin que en la especie se advierta que se configure alguna excepción diversa al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que amerite el conocimiento inmediato de los actos reclamados en esta vía. En las relatadas consideraciones, si la parte promovente no agotó el medio de defensa ordinario establecido en la ley para combatir el acto que reclama en esta instancia constitucional, se colige que en el caso se actualizan de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el diverso 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa reiterando el domicilio señalado en el escrito de demanda y por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la ley de la materia a ****, toda vez que no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; lo anterior, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ignacio Lagunes León, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones de la titular, autorizado mediante oficio número CCJ/ST/8590/2016, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, licenciado Vicente David Burguet Franco, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo mencionado realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del tomo XXXI, de mayo de dos mil diez, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA."; asistido del Secretario que autoriza y da fe, Luis Rubén Armengol de Salazar, a quien faculta a firmar los oficios que se expidan, quien además certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y el acuerdo mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy Fe". ILL/LRAS/Pedro.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis. Atento a la diligencia de ratificación que antecede, se advierte que el quejoso ****, dio cumplimiento a lo ordenado en proveídos de catorce y veintiuno de diciembre de la presente anualidad Ahora bien de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa promovió demanda de amparo en contra de la siguiente autoridad: Directora del Departamento de Asuntos Jurídicos del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Chiapas. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: La resolución de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el procedimiento administrativo PMVC/SMPAL/DAJ/234/2016, por la Directora de Asuntos Jurídicos del Honorable Ayuntamiento municipal de Venustiano Carraza, Chiapas Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; precepto que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" El citado precepto establece uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con los siguiente tópicos: Por disposición constitucional: Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. Actos que importan una violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por disposición d.7e la Ley de Amparo: Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. Actos o resoluciones que carezcan de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia (con la salvedad de que si se conoce el acto y/o procedimiento reclamado antes de que se dicte sentencia o resolución definitiva, el quejoso está obligado a agotar los medios ordinarios de defensa, si es tercero extraño por equiparación, es decir, si fue señalado como parte demandada en el juicio o procedimiento de que se trate y no ha sido debidamente emplazado). Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. Respecto de los casos de excepción aludidos, es ilustrativa, por identidad de razón, la tesis de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". En la especie, el acto reclamado se hace consistir, esencialmente, en la resolución de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el procedimiento administrativo PMVC/SMPAL/DAJ/234/2016, por la Directora de Asuntos Jurídicos del Honorable Ayuntamiento municipal de Venustiano Carraza, Chiapas, en la que se decretó que existe obstrucción de la vía pública o libre tránsito de la calle del Barrio El Herraje, en Venustiano Carranza, Chiapas, por lo que se ordenó se retire la construcción de una barda de material de ladrillo, en dicha vialidad. En contra de dicha actuación administrativa de la autoridad municipal, la parte quejosa, previamente al juicio de amparo, debió promover el juicio contencioso administrativo, en términos de lo dispuesto por el artículo 102, fracción VIII, de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas; preceptos que prescriben: "Artículo 102. El juicio contencioso administrativo, procede contra las resoluciones administrativas definitivas siguientes: (.) VIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos del Libro Primero de esta ley. (.) Para los efectos del primer párrafo de este Artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa." Conforme al citado precepto, el juicio contencioso administrativo de la Entidad es procedente, entre otros casos, en contra de resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, siempre que se trate de resoluciones definitivas, entendidas como tales las que no admiten recurso administrativo o su interposición es optativa. Establecido lo anterior, en el asunto que nos ocupa la parte quejosa combate la resolución que concluyó el procedimiento administrativo PMVC/SMPAL/DAJ/234/2016, instaurado por ataques a la vía de comunicación del Barrio El Herraje de Venustiano Carranza, Chiapas, y como tal, se le impuso como sanción que se retire la construcción de la barda de material de ladrillo, ubicada sobre la vía pública en la calle del Barrio El Herraje, en Venustiano Carranza, Chiapas. Luego, previo al amparo, el peticionario debió agotar el juicio de nulidad regulado por la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, lo que en la especie no aconteció y cuya omisión configura la improcedencia del medio de control constitucional. Causal que se estima actualizada, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 12/99, determinó que para operar la hipótesis de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de Amparo. Dicho criterio fue sintetizado en las jurisprudencias 2a./J. 115/99 y 2a./J. 116/99, de rubros: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)". "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)". En el caso concreto, se estima que la legislación local no establece mayores requisitos que la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales para conceder la suspensión de los actos reclamados. Al efecto, conviene transcribir los preceptos que regulan la suspensión en la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de los que se lee: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." Según se observa, el artículo 128 de la Ley de Amparo establece los requisitos o condiciones bajo los cuales procede el otorgamiento de la suspensión, a saber: 1. Que la solicite el quejoso. 2. Que su otorgamiento no produzca perjuicio al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público. Por su parte, el diverso 132 dispone que en los casos en que la suspensión resulte procedente pero ésta pueda ocasionar daños o perjuicios a un tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante, y que cuando dicha afectación no sea cuantificable en dinero, la garantía se fijará discrecionalmente. Finalmente, el numeral 135 establece que tratándose de la suspensión contra la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, ésta se concederá discrecionalmente y la misma surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. En contraste, la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, en su capítulo relativo a la suspensión de los actos impugnados en sede contenciosa administrativa, dispone: "Artículo 131. El demandante podrá solicitar en cualquier tiempo, desde el escrito de inicio y hasta antes de que se dicte sentencia, ante la Sala, la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, cumpliendo con los siguientes requisitos: I. Solicitarla por escrito acompañando copias de la promoción en la que solicite la suspensión y de las pruebas documentales que ofrezca, para correr traslado a cada una de las partes y una más para la carpeta de suspensión. II. Tratándose de la solicitud de la suspensión de la ejecución en contra de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, procederá la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se garantiza su importe ante la instancia competente, en alguna de las formas siguientes: a) Depósito en efectivo; b) Prenda o hipoteca; c) Embargo en bienes; o d) Fianza de compañía autorizada o de persona que acredite su solvencia con bienes raíces inscritos en el Registro Público de la Propiedad. Los fiadores deberán renunciar expresamente al procedimiento administrativo de ejecución la suspensión dejará de surtir efecto si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes al en que quede notificado el auto que la hubiere concedido. La suspensión dejará de surtir efecto si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes al en que quede notificado el auto que la hubiere concedido. III. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: a) Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso, y b) Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. Cuando los actos materia de impugnación hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y entre tanto se pronuncie la resolución que corresponda, el Magistrado Ponente podrá dictar la suspensión provisional para preservar el medio de subsistencia del particular. IV. Exponer en el escrito de solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, las razones por las cuales considera que debe otorgarse la medida y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicite. V. La suspensión se tramitará por cuerda separada, de acuerdo a las reglas de los incidentes. VI. El Magistrado Ponente, en el auto que acuerde la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, podrá decretar la suspensión provisional, siempre y cuando con ésta no se afecte al interés social, se contravenga disposiciones de orden público o quede sin materia el juicio, y se esté en cualquiera de los siguientes supuestos: a) Que no se trate de actos que se hayan consumado de manera irreparable. b) Que se le causen al demandante daños mayores de no decretarse la suspensión, y c) Que sin entrar al análisis del fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto administrativo impugnado. VII. El auto que decrete o niegue la suspensión provisional, podrá ser impugnado mediante el recurso de revisión previsto en el artículo 173 de esta Ley. VIII. En el caso en que la ley que regule el acto administrativo cuya suspensión se solicite, no prevea la solicitud de suspensión ante la autoridad ejecutora, la suspensión tendrá el alcance que indique el Magistrado Ponente o la Sala y subsistirá en tanto no se modifique o revoque o hasta que exista sentencia firme. IX. Mientras no se dicte sentencia en el juicio, la Sala podrá modificar o revocar la sentencia interlocutoria que haya decretado o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. X. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia firme favorable, la Sala ordenará la cancelación o liberación, según el caso, de la garantía otorgada. Asimismo, si la sentencia firme le es desfavorable, a petición de la contraparte o, en su caso, del tercero interesado, y previo acreditamiento que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala, ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante el Tribunal. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia ante la Sala, quien dará vista a las demás partes por un término de cinco días siguientes, en la que dictará el acuerdo que corresponda. XI. Si la solicitud de suspensión de la ejecución es promovida por la autoridad demandada por haberse concedido en forma indebida. Artículo 132. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el demandante otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Para que surta efecto la suspensión el demandante deberá otorgar la garantía que señale el Magistrado Ponente. Cuando con la suspensión puedan afectar derechos de terceros, no estimables en dinero, el Magistrado Ponente que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Artículo 133. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior, quedará sin efecto si el tercero interesado da a su vez caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al demandante en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero interesado, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el demandante." De los transcritos numerales, se advierte que la suspensión se concederá siempre que: 1. La solicite el quejoso. 2. No se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 3. No se trate de actos que se hayan consumado de manera irreparable. 4. Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. 5. Sin entrar al análisis del fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto administrativo impugnado. Asimismo, se desprende que tratándose de la ejecución de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, procederá la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se garantiza su importe ante la instancia competente, en alguna de las formas previstas por la ley. Por último, que en los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el demandante otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con ella se causen si éste no obtiene sentencia favorable, y que en caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Así, el análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que se exigen, tanto para el juicio de nulidad promovido contra los actos de las autoridades administrativas de la Entidad, como para el juicio de amparo, requisitos esencialmente iguales para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, pues sólo presentan diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio, como se demuestra a continuación: a) La Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, en su artículo 131, requiere que el actor solicite la medida suspensional y prevé que aquél podrá gozar de ese beneficio en cualquier etapa del juicio; por su parte, la Ley de Amparo exige también que el quejoso solicite expresamente la concesión de la medida cautelar y dispone en su artículo 130 que podrá solicitarse en cualquier tiempo, mientras no se dicte la ejecutoria relativa. Luego, dichos ordenamientos son coincidentes en los siguientes aspectos: En que no existe límite procesal para iniciar el trámite de la suspensión, por lo que su promoción puede llevarse a cabo en cualquier tiempo. En que el proveído correspondiente debe dictarse a partir de que se admita la demanda o de que se solicite aquella medida. En que el interesado debe solicitar la concesión de la suspensión. En que cuando la suspensión es solicitada al presentar la demanda, esto es suficiente para que la autoridad competente (Magistrado de la Sala o Juez de Distrito) se avoque a determinar si se encuentran satisfechos los supuestos para poder otorgar la medida cautelar en comento. b) La Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, dispone que para otorgarse la suspensión no debe causarse perjuicio al interés social ni contravenirse disposiciones de orden público, no debe tratarse de actos que se hayan consumado de manera irreparable, los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado deben ser de difícil reparación y, sin entrar al análisis del fondo del asunto, debe advertirse claramente la ilegalidad manifiesta del acto administrativo impugnado. Tales requisitos son esencialmente idénticos a los previstos en la Ley de Amparo, pues en dicha legislación también se contempla que la suspensión procederá siempre que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, que se decretará una vez presentada la demanda si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, y, que al resolverse sobre su otorgamiento, debe realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. Lo anterior, sin embargo, implica necesariamente que por su naturaleza el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido, aspecto de análisis previo a los enunciados requisitos de procedencia. c) La Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, estatuye que el actor debe otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la referida medida cautelar se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio respectivo, y que la misma dejará de surtir efectos si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto que la conceda; requisito que no condiciona la procedencia de la medida cautelar, sino su eficacia. Con independencia de lo anterior, dicha disposición resulta esencialmente idéntica a la prevista por los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos impugnados en el juicio contencioso administrativo, que los que establece la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar del acto reclamado. Por consiguiente, al reclamar una determinación administrativa de la autoridad municipal, por virtud de la cual se resolvió en definitiva que se retirará la construcción de la barda de material de ladrillo, ubicada sobre la vía pública en la calle del Barrio El Herraje, en Venustiano Carranza, Chiapas, previamente a acudir al juicio de amparo, el quejoso debió agotar el juicio de nulidad regulado por la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, en observancia al principio de definitividad que rige en el medio de control constitucional. Lo anterior, con independencia de haber o no optado por agotar el recurso de revisión previsto por la propia Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas -a la que remite la Ley Orgánica Municipal de la Entidad-, cuya procedencia no será estudiada por estar contemplado en el artículo 87 de dicha legislación que su interposición es optativa a la del juicio contencioso administrativo, por lo que el análisis del principio de definitividad sólo cabe respecto de este último, en relación con el cual, según se ha visto, no existe una excepción al indicado principio, al no contener la legislación en comento más requisitos para conceder la suspensión que la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 28/2011, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que a la letra establece: "INCONFORMIDAD PREVISTA EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONTRA SU RESOLUCIÓN PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Contra la resolución que decide la inconformidad prevista en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público es innecesario agotar los recursos ordinarios señalados en el artículo 74 del referido ordenamiento, esto es, el recurso de revisión o el juicio contencioso administrativo, pues el término "podrá" permite válidamente concluir que el recurso de revisión ahí establecido es optativo respecto del juicio contencioso administrativo, por tanto, el análisis del principio de definitividad sólo cabe respecto de este último, en relación con el cual existe una excepción al indicado principio al contener la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo más requisitos para conceder la suspensión que la Ley de Amparo, como lo sostuvo esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 56/2007, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.". En tal virtud, contra la resolución que decide el recurso de inconformidad previsto en la citada Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público procede el amparo indirecto sin necesidad de agotar previamente los medios ordinarios que esta Ley prevé. Sin que en la especie se advierta que se configure alguna excepción diversa al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que amerite el conocimiento inmediato de los actos reclamados en esta vía. En las relatadas consideraciones, si la parte promovente no agotó el medio de defensa ordinario establecido en la ley para combatir el acto que reclama en esta instancia constitucional, se colige que en el caso se actualizan de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el diverso 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa reiterando el domicilio señalado en el escrito de demanda y por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la ley de la materia a ****, toda vez que no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; lo anterior, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ignacio Lagunes León, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones de la titular, autorizado mediante oficio número CCJ/ST/8590/2016, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, licenciado Vicente David Burguet Franco, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo mencionado realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del tomo XXXI, de mayo de dos mil diez, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA."; asistido del Secretario que autoriza y da fe, Luis Rubén Armengol de Salazar, a quien faculta a firmar los oficios que se expidan, quien además certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y el acuerdo mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy Fe. ILL/LRAS/Pedro.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por quien se ostenta como *****. De conformidad con el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Ahora bien, por firma autógrafa, se entiende según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: "Nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él dice". El vocablo "firma" proviene del latín firmare, cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la palabra "firma", se define como "Afirmar, dar firmeza y seguridad a una cosa" (diccionario citado). En este orden de ideas y trasladando los mencionados conceptos al campo del derecho constitucional, debe decirse que la firma consiste en asentar al pie del escrito el nombre y apellido de la persona que lo emite, en la forma en que acostumbra hacerlo, con el propósito de expresar la voluntad de las partes de ejercer un derecho. En el caso en concreto, la firma plasmada en el escrito de cuenta, es notoriamente distinta a la estampada en la demanda de amparo, como se advierte del siguiente cuadro comparativo: FIRMA DE ESCRITO DE DEMANDA FIRMA DE ESCRITO DE CUENTA En esa medida, no se tiene la certeza de que fue su voluntad presentar el escrito, pues la firma que contiene el ocurso de cuenta es notoriamente distinta a la que aparece al calce del escrito inicial de demanda. A efecto de estar en posibilidades de acordar lo procedente, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase al promovente para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional, con identificación oficial vigente y advertido de las penas en que incurre quien declara con falsedad ante autoridad, manifieste si ratifica o no la firma que calza en el escrito de cuenta e indique si la reconoce como suya, apercibido que de no hacer manifestación alguna, se dejará de acordar su petición. Tiene apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia número doscientos cincuenta y ocho, visible en la página 174, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto dicen: FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es de importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas. Notifíquese personalmente.

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