Pedro Martínez Cruz

Expediente 1253/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1253/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/10/2022

Partes del expediente

  • Pedro Martínez Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, de cuyo contenido se advierte que se admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso *****, en contra del proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio, al que le fuera asignado el número de recurso de queja penal 319/2022. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dos de septiembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios de cuenta signados por el Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud, con residencia en esta ciudad; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, de la autoridad oficiante, con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales. Asimismo, con fundamento en el artículo 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se tiene como sus delegados a los que designa en el oficio de cuenta. Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Visto el escrito y anexos de cuenta presentado por *****, por propio derecho, contra actos de los Coordinadores Regionales de la *****. DESECHAMIENTO Ahora, del análisis detallado de la demanda de amparo de cuenta, se advierte que la misma resulta improcedente, atento a las consideraciones siguientes; los artículos 113, 61, fracción XIV, 17 y 18 de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general entenderá consentida la norma general sino se promueve contra ella el ampro dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquel al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá entenderse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa del Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme la ley del acto, la notificación al quejoso el acto reclamado o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Entonces, de una interpretación armónica de normas jurídicas trascritas se advierte, que el juicio de amparo es improcedente, cuando se consienta tácitamente el acto reclamado al ocurrir alguna de las hipótesis para computar el plazo legal de quince días que se tiene para la presentación de la demanda de amparo: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Sobre esa base, se tiene que dichas hipótesis se excluyen entre sí y no guardan relación alguna; lo que revela la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del amparo se computa a partir del día siguiente en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos. En el caso, se arriba a la consideración que se actualiza la hipótesis marcada con el inciso b), en relación al plazo para la promoción del juicio de amparo, que se computa desde el día siguiente al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. En efecto, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la ilegal o nulidad de las actas de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, así como la diversa de veintiocho de abril de dos mil veintidós, levantadas ante la Coordinadora CRAC-PC, residente en Espino Blanco, Municipio de Malinaltepec, Guerrero. Entonces, el plazo de quince días para que promoviera el juicio de amparo inició el veinte de mayo y culminó el nueve de junio de dos mil veintiuno, descontados que fueron los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de mayo, cinco y seis de junio de dos mil veintiuno, por ser días inhábiles. Como se advierte del siguiente recuadro: MAYO 2021 L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 JUNIO 2021 L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 19 de mayo de 2021. Tiene conocimiento del acto. 20 de mayo de 2021. Inicia el cómputo. 9 de junio de 2021. Fenece el término. Cobra aplicación al caso la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo 193-198 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." Entonces, si el quejoso presentó la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad hasta el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, tal como se advierte de la boleta y sello respectivo que obran a fojas 1 de autos, es evidente que no se presentó dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, porque el promovente tenía como último día, para presentar la demanda el nueve de junio de dos mil veintiuno, en virtud de no encontrarse en ninguno de los supuestos de excepción que contempla dicha norma. Por tanto, su demanda resulta extemporánea y en consecuencia, consintió el acto reclamado de manera tácita, es decir, el acta de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, así como la diversa de veintiocho de abril de dos mil veintidós, levantadas ante la Coordinadora CRAC-PC, residente en Espino Blanco, Municipio de Malinaltepec,, Guerrero. Además de lo anterior, cabe destacar que antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo planteada, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El quejoso Pedro Martínez Cruz, reclama de los Coordinadores Regionales de la CRAC-PC Silvestre Castro Agustín, Plácido Dolores Gálvez, Bonifacio Flores Gálvez y Abel González Cabrera, y de otra autoridad, lo siguiente: A).- DE LAS ORDENADORAS: Reclamo la ilegal o nulidad del acta de fecha 19 de mayo del año 2021, levantada ante la coordinadora CRAC-PC, con domicilio ubicado en *****, ya que bajo coacción, violencia y tortura fui obligado a firmarla cediendo todos mis bienes inmuebles a esta policía comunitaria. Así también la ilegal o nulidad del acta de fecha 28 de abril de 2022, levantada ante la coordinadora CRAC-PC, con domicilio ubicado en carretera ****, ya que bajo coacción, violencia y tortura fui obligado a firmarla." B).- DE LAS EJECUTORAS reclamo el desalojo realizado en mi bien inmueble ubicado en domicilio conocido." No obstante, el suscrito juzgador advierte que en el presente asunto también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los artículos trascritos se advierte que la misma norma indica, que se entiende por autoridad la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en jurisprudencia, que el acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, surge de relaciones de supra a subordinación (entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden púbico y del interés social, caracterizadas por la imperatividad, coercitividad y unilateralidad), en contraposición a las relaciones de coordinación (entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, requiriendo de la intervención de los tribunales ordinarios para, en su caso, resolver las controversias suscitadas entre las partes). Encuentra aplicación la jurisprudencia 2a./J.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 161133, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, materia común, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." La jurisprudencia resulta aplicable, no obstante de referirse a la Ley de Amparo anterior, porque en esencia, no se contrapone al sentido de la Ley de Amparo actual, en términos del artículo Sexto transitorio, del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Por tanto, en el caso, los Coordinadores Regionales de la ****, no resultan ser autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo, dado que no tienen una relación de supra a subordinación con la parte quejosa, porque de acuerdo a lo manifestado por el impetrante con ellos firmó una cesión de derechos de todos sus bienes inmuebles ubicados en la aludida comunidad, y lo que pretende es su nulidad, por carecer de legalidad al haber sido coaccionado, lo cual tendría que ser materia de un juicio contradictorio, en donde ofrezca pruebas a fin de corroborar los hechos que adujo, pero no a través de la acción constitucional. Entonces, es de concluirse que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, lo que obliga a desechar de plano la demanda de amparo propuesta, con apoyo en lo dispuesto por el diverso numeral 113 de la propia ley, por su notoria improcedencia. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18 y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda; y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, toda vez que cuenta con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otro lado, en acatamiento al artículo 2º de citado Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que de ser posible y de así considerarlo, continúen con la tramitación del juicio en línea. Asimismo, se exhorta a las partes a efecto de que proporcionen algún medio electrónico de contacto (por ejemplo correo electrónico o Whatsapp), a fin de realizar las notificaciones correspondientes. Se ordena al Actuario Judicial adscrito realice la notificación del presente proveído vía electrónica, con independencia de los medios acostumbrados. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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