Pedro Martinez Cruz
Expediente 476/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 476/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pedro Martinez Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA V ... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente sería destruible, después de tres años. Sin embargo, en términos de lo dispuesto en el capítulo del Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, específicamente en el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano" atendiendo a que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, este expediente ES DEPURABLE, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 476/2022 (...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en por autoridades administrativas con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama: Autoridades responsables Actos reclamados Síndico Municipal de San Pedro Atoyac, Jamiltepec, Oaxaca. La orden de detención verbal y privación de la libertad. Negativa de conceder la libertad al quejoso al no existir ningún procedimiento en su contra. Incomunicación. Todas las consecuencias de hecho y de derecho de los actos reclamados. Comandante de la Policía Municipal de San Pedro Atoyac, Jamiltepec, Oaxaca. La ejecución material de dichas determinaciones. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De la lectura del informe justificado de las autoridades responsables, se advierte la negativa de la incomunicación reclamada por el quejoso ya que refirieron que éste, desde que fue detenido estuvo en contacto con sus familiares. Lo anterior, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna que desvirtuara dicha negativa, razón por la cual, por inexistencia de la incomunicación reclamada a las autoridades responsables, ES PROCEDENTE SOBRESEER EN EL JUICIO, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 284, consultable en la página doscientos treinta y seis, del Tomo VI, Materia Común, Sexta Época, del Apéndice dos mil, bajo el rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados, las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados restantes que se traducen en la detención del aquí quejoso. Certeza que se corrobora con las constancias remitidas en apoyo al informe con justificación; documentales que en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en materia de amparo, resultan suficientes para corroborar la existencia de dichos actos, y a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de dichos preceptos, al ser expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus facultades. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, se actualiza la causal de improcedencia de cesación de efectos del acto reclamado, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Del contenido literal del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo indirecto será improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dicha causal de improcedencia se actualizará cuando, además de que la autoridad responsable deje insubsistentes los actos reclamados, con ello también sean destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, de una manera tal, que no exista huella de la invasión de la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Así lo dispuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por reiteración 2a./J.59/99, con número de registro 193758, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Conforme a la citada jurisprudencia, el juicio de amparo será improcedente cuando se hubiese dejado insubsistente el acto o actos reclamados, y las violaciones también hayan quedado insubsistentes, como si el amparo se hubiese concedido. En el caso, de las constancias remitidas por las autoridades responsables al rendir sus informes justificados, a las que se les otorgó valor probatorio pleno en líneas que anteceden, se advierte que el quejoso fue privado de su libertad en San Pedro Atoyac, Jamiltepec, Oaxaca, a las diez horas con cuarenta minutos del veintiséis de abril del año en curso, con motivo de una sanción administrativa, dado que se encontraba en estado de ebriedad y bajo los influjos de estupefacientes, causando disturbios que alteraron el orden público en la calle de Miguel Hidalgo sin número, Barrio Grande, en la citada población, motivo por el cual fue puesto a disposición del Síndico Municipal de esa población, para compurgar un arresto administrativo. Y de la certificación de veintisiete de abril de dos mil veintidós, se infiere que la Síndica Municipal de San Pedro Atoyac, Jamiltepec, Oaxaca, hizo constar que siendo las veintidós horas con cuarenta minutos de esa fecha, se ordenó la liberación del quejoso por haber cumplido con su arresto. Bajo ese contexto, es posible afirmar que han cesado los efectos de la detención reclamada por el quejoso, pues como se evidenció, fue puesto en libertad el veintisiete de abril del año en curso; por lo que las cosas regresaron al estado que tenían antes de la violación constitucional. No pasa desapercibido que posterior a su liberación, el veintiocho de abril del actual, el quejoso fue privado de su libertad por la Policía Municipal de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, en cumplimiento a una orden del Juez de Control de la Costa, para ser presentado a una audiencia de imputación, y luego, fue trasladado al Centro Penitenciario Varonil de Tlacolula, Oaxaca, derivado de su probable responsabilidad en un delito de homicidio calificado con ventaja. Sin embargo, mediante notificación de cuatro de mayo del año en curso, la ejecutora del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Pinotepa Nacional, Oaxaca, notificó al directo quejoso el auto de dos de mayo de dos mil veintidós -en el que se le previno para que formulara la ampliación respecto del Comandante de la Policía Municipal de Santiago Pinotepa Nacioal, Oaxaca, en términos del artículo 108 de la ley de Amparo-, y lo apercibió que de no hacerlo, se tendría por no presentada la ampliación. Sin que el quejoso aclarara su escrito de ampliación, por lo que mediante auto de veintitrés de los corrientes, se tuvo por no presentada dicha ampliación. Aunado a que la detención realizada por dicha autoridad derivad de una orden judicial que es ajena a la litis de este juicio. En consecuencia, dada la actualización de la causa de improcedencia de cesación de efectos, prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, respecto de la detención reclamada, procede SOBRESEER EN EL JUICIO, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ... contra actos del Síndico y Comandante de la Policía Municipal de San Pedro Atoyac, Jamiltepec, Oaxaca, por las razones apuntadas en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo concedido en auto de dos de mayo actual, al quejoso Pedro Martínez Cruz, sin que cumpliera con el requerimiento formulado por este Juzgado en el mencionado acuerdo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la ampliación de la demanda de amparo. En atención a ello, en este juicio de amparo, únicamente se resolverá respecto de los actos reclamados en su demanda primigenia, que a continuación se precisan. AUTORIDADES RESPONSABLES 1.- Síndico Municipal de San Pedro Atoyac, Jamiltepec, Oaxaca. 2.- Comandante de la Policía Municipal de San Pedro Atoyac, Jamiltepec, Oaxaca. ACTOS RECLAMADOS - La orden de detención verbal y privación de la libertad. - Incomunicación. - La ejecución material y cumplimiento de la orden verbal de detención. - La ejecución material de la orden de incomunicación. - Todas las consecuencias de hecho y de derecho de los actos reclamados. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio firmado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Pinotepa Nacional, Oaxaca, ya que en auto de dos de mayo actual, se tuvo por recibido dicho oficio y anexos vía correo electrónico y se acordó respecto de su contenido. CÚMPLASE.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes
- Pedro Luis Morlet Sanchez884/2019
- Pedro Lule Gaspar570/2022
- Pedro Mancera Vasquez O Pedro Mancera Nolasco29/2022
- Pedro Marin Damian1271/2017
- Pedro Martinez Araiza826/2019
- Pedro Martinez Cruz977/2022
- Pedro Martinez Felix618/2013
- Pedro Martinez Wong655/2020
- Pedro Mayolo Galvan Guerrero78/2021
- Pedro Mejia Caballero344/2020
- Pedro Mendoza Vega630/2020
- Pedro Merlin Garcia62/2017