Pedro Martín Sánchez Alvarez

Expediente 981/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 23 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
981/2020
Año
2020
Actuaciones
23
Última actuación
14/01/2022

Partes del expediente

  • Pedro Martín Sánchez Alvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Ciudad de México, a catorce de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de impugnar el pronunciamiento de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que ha causado estado el auto por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Por recibido el escrito signado por el quejoso, por medio del cual, manifiesta su inconformidad con el cumplimiento del fallo protector que nos ocupa; por lo que se procede a resolver con las constancias de autos para determinar si se cumple la ejecutoria de amparo, sin dejar de considerar las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en el ocurso de cuenta. En ese orden de ideas, del estado procesal de los presentes autos, se advierte que el dos de diciembre de dos mil veintiuno, se declaró que causó ejecutoria la sentencia de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictada por este juzgado, en la que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: [.] En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación en estudio, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que el Director de Responsabilidades en Asuntos Internos de la Guardia Nacional, emita una nueva resolución, en la que siguiendo los lineamientos precisados en la presente sentencia, de manera congruente, emite contestación al escrito presentado por el quejoso el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho. En el entendido que la autoridad responsable cuenta con la facultad expedita de allegarse y tomar en consideración los medios de convicción que estime necesarios, a efecto de emitir la respuesta correspondiente. Derivado de lo anterior, para dar cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable debe: ? Emitir una nueva resolución, en la que siguiendo los lineamientos precisados en la presente sentencia, de manera congruente, dé contestación al escrito presentado por el quejoso el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho. Ahora bien, mediante oficio recibido el diez de diciembre del año en curso, el Director General de Responsabilidades en Asuntos Internos de la Guardia Nacional, remitió el diverso oficio GN/UAI/DGRAI/2621/2021 de ocho de diciembre del año en curso, mediante el cual, se dio respuesta al escrito de petición de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, por el cual solicitó se informara el resultado del expediente B2552442-2017, documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y cuyo contenido es el siguiente: En ese orden de ideas, este órgano judicial estima colmados los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que la autoridad haya incurrido en exceso o defecto, en razón de que acreditó haber dado puntual cumplimiento al fallo protector en sus términos, por lo que se concluye que la quejosa ha sido restituida en el pleno goce de sus derechos violados, por lo tanto, con fundamento en los artículos 192, 196 y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA la ejecutoria de amparo. Sin que sea el caso analizar la legalidad de dicha resolución, toda vez que este órgano judicial se encuentra impedido para analizar dicha circunstancia por no ser materia de la ejecutoria de mérito, aunado a que la concesión del amparo no vincula en forma alguna a la responsable a proveer favorable a los intereses del solicitante del amparo; por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente, impiden que en el procedimiento de ejecución del fallo protector, se Diana Laura Mireles Ramírez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ae.c0 09/01/22 13:41:05 TRÁMITE 5 JUICIO DE AMPARO P- 981/2020- VIII puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la misma, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la contestación emitida por la autoridad. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia número 2ª./J. 1/2001, de rubro y datos de localización siguientes: INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. (Registro: 190356, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, Enero de 2001, página: 203) Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones realizadas por la quejosa referentes a que dicha respuesta es parcial, incongruente y ambigua, pues de la lectura del oficio GN/UAI/DGRAI/2621/2021 de ocho de diciembre del año en curso, se advierte que se pronunció sobre la solicitud presentada por la parte quejosa, toda vez que contrario a lo manifestado por esta en el escrito de cuenta, la autoridad informó que dicho expediente se concluyó por improcedente por acuerdo de uno de agosto de dos mil dieciocho, por no haber encontrado elementos probatorios para deslindar responsabilidades, lo que sin prejuzgar sobre su legalidad, constituye una respuesta congruente con lo solicitado, en contra de la cual, de estimarlo pertinente, se encuentra en aptitud de interponer los medios de defensa legales que estime pertinentes, pues como se expuso, este órgano judicial se encuentra impedido para analizar dicha circunstancia por no ser materia de la ejecutoria de mérito. Notifíquese y vía electrónica al quejoso. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a diez de diciembre de dos mil veintiuno. Se agrega a los autos el oficio signado por el Director General de Responsabilidades en Asuntos Internos de la Guardia Nacional, a través del cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia de las constancias con las cuales aduce haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, toda vez que cuenta con acceso al expediente electrónico, se da vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad oficiante de haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, apercibido que en caso de no hacerlo así, este Juzgado de Distrito en el momento procesal oportuno, procederá a hacer el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243.) Notifíquese y vía electrónica al quejoso. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno. Atento a lo anterior y considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil tres prevén: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se Diana Laura Mireles Ramírez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ae.c0 09/01/22 13:41:05 TRÁMITE 3 JUICIO DE AMPARO P- 981/2020- VIII determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley invocada, que prevén: Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. Precisado lo anterior y toda vez que en la sentencia de amparo de ocho de octubre de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: ".En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación en estudio, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que el Director de Responsabilidades en Asuntos Internos de la Guardia Nacional, emita una nueva resolución, en la que siguiendo los lineamientos precisados en la presente sentencia, de manera congruente, emite contestación al escrito presentado por el quejoso el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho...." En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE al Director de Responsabilidades en Asuntos Internos de la Guardia Nacional, para que en el término de TRES DÍAS, dada la naturaleza de los actos a realizar, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos precisados. En el entendido que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibida la autoridad requerida que, en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acato a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada ley, y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis se impondrá a las personas físicas que ostentan el cargo de las autoridades requeridas una multa por ciento cincuenta días de la unidad de medida actualizada vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirá copia certificada de los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese y vía electrónica al quejoso. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

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