Pedro Martín Peña Velez

Expediente 1140/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 20 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1140/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
09/02/2023

Partes del expediente

  • Pedro Martín Peña Velez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Queda notificada la parte quejosa por medio de lista del auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, al no haber comparecido a notificarse de manera personal.

  2. Principal

    1. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Tramitación Masiva de Casos de Palaú, Coahuila de Zaragoza, ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. 2. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: La omisión de dar contestación a sus escritos presentados el siete y quince de septiembre, ambos del año en curso. La protección constitucional se concedió para los efectos siguientes: Efectos de la concesión de amparo. Se concede la protección constitucional a Pedro Martín Peña Vélez, para el efecto de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Tramitación Masiva de Casos de Palaú, con sede en Palaú, Coahuila de Zaragoza, realice lo siguiente: i) De respuesta de inmediato por escrito y de manera congruente a los escritos presentados por la parte quejosa el siete y quince de septiembre del año en curso, respectivamente. ii) Notifique a la parte quejosa dicha respuesta. 3. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Tramitación Masiva de Casos de Palaú, Coahuila de Zaragoza, remitió constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional; documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. Con ello, mediante proveído de dieciocho de enero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días expresara lo que a su derecho conviniera y al respecto, a través del escrito de cuenta, realiza diversas manifestaciones. 3.1 Primer efecto. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en cumplimiento a la sentencia constitucional, emitió acuerdo el diez de enero de dos mil veintitrés, en el que dio respuesta a las solicitudes presentadas por la parte quejosa, relativas a que se decrete el no ejercicio de la acción penal, justificando su solicitud en los numerales 255 con relación al 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En dicho acuerdo, expuso que no se cumplieron los requisitos para decretar el no ejercicio de la acción penal, toda vez que contaba con los datos necesarios para determinar que existe la comisión de un hecho delictivo, mismos que han sido y serán expuestos dentro de las audiencias necesarias en la causa penal 640/2022, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de la Región Carbonífera, a razón de que el veinte de agosto del dos mil veintidós, solicitó a esa autoridad judicial llevar a cabo audiencia inicial de formulación de imputación en contra del quejoso Pedro Martín Peña Vélez, por el delito de despojo y robo en cuantía mayor por haberse cometido en vehículo automotor, misma que fue acordada de conformidad el veinticinco de agosto de dos mil veintidós; es decir, dicha autoridad investigadora antes de que el inculpado (aquí quejoso) realizara esa solicitud, ya había peticionado el ejercicio de la acción penal. Además, explicó que el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se llevó a cabo audiencia de formulación dentro de la citada causa penal en la que compareció dicho quejoso y estuvo asistido por sus defensores particulares Marco Antonio Limón Regalado y Ulises Paredes Villarreal. Asimismo, en la diversa audiencia de veintiuno de octubre de ese mismo año, se expusieron por parte de su defensa argumentos relacionados con su escrito de siete de septiembre de dos mil veintidós; sin embargo, reiteró la solicitud de vinculación a proceso, y la Juez del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de la Región Carbonífera, consideró que existían datos suficientes que permitían establecer que se había cometido el delito y que existía la probabilidad de que había sido realizado por Pedro Martín Peña Vélez; por lo que, estableció en dicho acuerdo que se continuaran con las investigaciones necesarias hasta el esclarecimiento de los hechos que dieron origen a la referida causa penal, actuando bajo el ordenamiento del artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás relativos. 3.2 Segundo efecto. La determinación en comento, se notificó en la misma fecha, por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, el licenciado Ulises Paredes Villarreal. 4. Manifestaciones en torno al cumplimiento. Sin que en el caso sean conducentes las manifestaciones realizadas por el autorizado de la parte quejosa en su escrito de cuenta, a través de las cuales alega que el cumplimiento realizado por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Tramitación Masiva de Casos de Palaú, con sede en Palaú, Coahuila de Zaragoza, no da cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que señala, en esencia, que no basta con dictar el acuerdo ni decir que se no se cumple con los requisitos para decretar el no ejercicio de la acción penal para dar cumplimiento. Así también, argumenta que la responsable no fundó y motivo dicha respuesta, por lo que insiste que no se dio cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Lo anterior en razón de que, como ya se dijo en párrafos precedentes, la protección constitucional se concedió únicamente para que la autoridad responsable diera contestación por escrito de manera congruente a los escritos presentados el siete y quince de septiembre del año en curso, génesis del acto reclamado, en los que solicitó que se decretara el no ejercicio de la acción penal, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 255 con relación al 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como notificarle dicha contestación a la parte quejosa. Por tanto, la autoridad responsable tenía libertad de decisión para responder como lo hizo, en virtud de que no se le dio un lineamiento específico sobre el sentido en que debía emitir su determinación, pues única y exclusivamente se impuso que fuera por escrito de manera congruente y que a su vez le sea notificada dicha respuesta. Máxime que, como quedó asentado en párrafos anteriores, antes de que el inculpado realizara las aludidas solicitudes, la autoridad investigadora responsable ya había realizado el ejercicio de la acción penal en contra del quejoso Pedro Martín Peña Vélez. Aunado a que, aún y cuando en la audiencia de juicio oral celebrada dentro de la causa penal 640/2022, instruida en su contra, el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, fueron expuestos por parte de su defensa argumentos relacionados con su escrito de siete de septiembre de dos mil veintidós, la Juez del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de la Región Carbonífera, consideró que existían datos suficientes que permitían establecer que se había cometido el delito y que existía la probabilidad de que había sido realizado por Pedro Martín Peña Vélez. 5. Decisión. En consecuencia, del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 6. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 7. Valoración. Toda vez que se concedió la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 181 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 8. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que, concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 9. Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial. 10. Incidente de suspensión. En virtud de que, en el presente asunto se formó por separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno incidental.

  3. Incidental

    1. Archivo del asunto. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que con esta fecha se remitió al archivo el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión; además, en el cuaderno del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 2. Valoración. Toda vez que se concedió la suspensión definitiva en el presente incidente de suspensión, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 3. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.

  4. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio y anexo, que remite la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Tramitación Masiva de Casos de Palaú, Coahuila de Zaragoza, a través del cual informa lo relativo al cumplimiento dado al fallo protector. 1.1 Acuerdo. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, toda vez que la información a que alude, así como las constancias que acompaña, ya fueron proporcionadas a este expediente, y mediante proveído de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, se acordó lo conducente.

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