Pedro Marcelino Santiago Hernández
Expediente 382/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 382/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pedro Marcelino Santiago Hernández
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo vigente en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para los efectos legales correspondientes se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: Tiene relevancia documental, en virtud de que se ubica en los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado. En su oportunidad deberá conservarse en su totalidad en el archivo histórico y de relevancia documental; y procédase a la digitalización de la demanda y sentencia respectiva. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno correspondiente. De conformidad con lo establecido en el punto décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su total conservación en el archivo histórico y de relevancia documental. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido en este Juzgado de Distrito, por cuestión de guardia, el dieciséis de abril de dos mil diecisiete, Pedro Marcelino Santiago Hernández por medio de Rogelio Villegas Sotres demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados al comisario calificador en turno de la Policía Estatal, con residencia en Santa María Coyotepec, Oaxaca, consistentes medularmente en: El arresto administrativo inconmutable derivado del programa denominado alcoholímetro. La ejecución de tal acto. Actos que estima violatorios de los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Federal. SEGUNDO. En proveído de dieciséis de abril del año en curso, este juzgado Federal registró la demanda de garantías y concedió al quejoso la suspensión de plano de los actos reclamados, ordenando la ratificación de la misma, lo que aconteció en esa propia fecha -folios 4 a 6-. TERCERO. En auto de diecinueve de abril pasado se admitió la demanda y se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo con el resultado del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo disponen los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6°, 37, 107, 108, 124 y relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. SEGUNDO. En esta parte se destaca que la jurisprudencia que se cite en esta sentencia, aun cuando haya sido integrada bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, seguirá siendo aplicable para resolver este asunto, pues ello lo permite el artículo sexto transitorio de la Ley de la materia publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, siempre y cuando no contravenga tal ordenamiento jurídico. TERCERO. El encargado de la comisaría calificadora del segundo turno de la Policía Estatal, negó el acto reclamado -folio 15-; sin embargo, la existencia del mismo se colige de las manifestaciones que realizó, así como de la constancia que anexó a su informe justificado, pues de ellas se aprecia que el peticionario del amparo fue puesto a su disposición para cumplir el arresto inconmutable de veinticuatro horas que le fue impuesto por el director general de la Policía Vial Estatal, por conducir un vehículo en estado de ebriedad. Por tal razón, se presume cierto el acto que se le atribuye. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 391, Tomo XIV-Julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". CUARTO. La procedencia del juicio de control constitucional es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, se actualiza la causa del improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5° fracción II, párrafo primero, y 108 fracción III, del ordenamiento legal invocado, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios". En efecto, de la constancia que anexó a su informe justificado el encargado de la comisaría calificadora del segundo turno de la Policía Estatal -folio 17-, a la que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se colige que en la resolución dictada el dieciséis de abril del año en curso, en el expediente SSPO/DGPVE/DT/CPD/1321/2017, el Director de la Policía Vial del Estado, impuso al impetrante un arresto administrativo de veinticuatro horas, por conducir un vehículo en estado de ebriedad. De igual forma, se colige que mediante auto de diecinueve de abril del presente año, en cumplimiento a la jurisprudencia número 112/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO, CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA LA ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA", se requirió expresamente al quejoso para que manifestara, dentro del plazo de tres días contados a partir de su legal notificación, si era su deseo señalar como autoridad responsable al director de la Policía Vial Estatal, toda vez que de actuaciones se advertía que él había ordenado tal determinación; auto que le fue notificado por lista que se publicó para tal efecto el veinte de abril del actual -folio 9 vuelta-, sin que hubiera manifestado nada al respecto, por lo que en la audiencia constitucional se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, ordenándose resolver este juicio en los términos planteados en el escrito de demanda. De lo anterior se colige que, al haber señalado al quejoso como acto reclamado el arresto administrativo inconmutable emitido en su contra, aduciendo que éste fue ilegal, lo correcto era que señalara como responsable a la mencionada ordenadora, a fin de juzgar la constitucionalidad de dicho acto. De ahí que al no haberlo designado, no obstante que se le requirió para ello, la consecuencia es que se hace jurídicamente imposible examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de su acto, puesto que no se le llamó a juicio y, por tanto, no fue oída en su defensa, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5°, fracción II, párrafo primero, y 108 fracción III, todos de la Ley de Amparo, que conduce a sobreseer en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en el ordinal 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo. Los argumentos que preceden encuentran sustento en la jurisprudencia VI.2o. J/205 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página: 468, Tomo II, Octubre de 1995, Materia(s): Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 93 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 73, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el epígrafe y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída". El sobreseimiento decretado se hace extensivo al acto de ejecución atribuido al comisario calificador del segundo turno dependiente de la Policía Estatal, al no haberse reclamado por vicios propios. No se soslaya considerar, el hecho de que en términos del artículo 79, fracción VI de la Ley de Amparo, procede suplir la deficiencia cuando se advierta que se actualiza contra la parte quejosa una violación evidente de la ley que la haya dejado sin defensa; sin embargo, dicha suplencia únicamente se circunscribe a la deficiencia de los conceptos de violación expresados en la demanda de garantías o en los agravios que se hagan valer en los recursos que establece la ley de la materia, pero sin llegar al extremo de introducir en la litis a una autoridad que no fue señalada como responsable. QUINTO. Como consecuencia del sentido de este fallo, quedan expeditas las facultades de la autoridad responsable para ejecutar el arresto inconmutable decretado contra el aquí quejoso, del que deberá descontarse el tiempo que estuvo detenido hasta que obtuvo la libertad como consecuencia de la suspensión de plano concedida en este juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso Pedro Marcelino Santiago Hernández contra los actos reclamados al comisario calificador en turno de la Policía Estatal, con residencia en Santa María Coyotepec, Oaxaca, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Quedan expeditas las facultades de la autoridad responsable para ejecutar el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el licenciado José Alberto García Torres, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, en funciones de juez de Distrito, en términos del artículo 43, párrafo segundo, en relación con el 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de marzo de dos mil diecisiete, por licencia médica del titular, quien actúa con el licenciado Ricardo Mendoza García, secretario que autoriza y da fe.RICARDO MENDOZA GARCÍAquince de mayo de dos mil diecisiete
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Agréguense los oficios de cuenta que suscribe el Encargado de la Comisaría Calificadora del Segundo Turno de la Policía Estatal, mediante los cuales, con el primero, informa el cumplimiento que dio a la suspensión de plano otorgada a favor del quejoso Pedro Marcelino Santiago Hernández, para los efectos legales consiguientes; y, con el diverso, rinde su informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, con fundamento en el diverso 119 de la invocada ley, se tiene como pruebas documentales las que anexa la responsable, las que se tienen por desahogadas en razón de su propia naturaleza. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; en su atención, téngase informando que en cumplimiento al Acuerdo General número 2/2017, se levantó el emplazamiento decretado en el toca relativo al recurso de revisión interpuesto el juicio de amparo que dio origen al cuaderno de antecedentes en que se actúa, fue turnado a ponencia, y en su oportunidad se dictara la resolución correspondiente. NOTIFÍQUESE.
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