Pedro Manuel Mavil Martínez
Expediente 930/2016 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 1 actuación registrada, la última del 25 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 930/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 25/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Pedro Manuel Mavil Martínez
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Toda vez que la Secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional certificó la hora y fecha de recepción del oficio y anexos de cuenta, así como la procedencia del mismo, otórguesele valor probatorio, con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al de la materia. En ese tenor, téngase por recibido el oficio signado por la Directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales de la Coordinación de Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a su contenido, se comunican los datos solicitados: 1.- Antecedentes, desarrollo procesal y estado actual de este expediente: 1) *********, promovió demanda de amparo reclamando a las diverasas autoridades responsables los siguientes actos: a) De la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz: La omisión de tramitar los recursos necesarios para constituir el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas para el Estado. b) Del Gobernador Constitucional y del Congreso del Estado de Veracruz: La omisión de propuesta presupuestaria, así como su falta de aprobación, respecto a la asignación de recursos financieros en el Presupuesto de Egresos del Estado para los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciséis, para la creación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas para el Estado, en términos de los artículo 95, fracción I, y sexto transitorio, de la Ley número 308 de Víctimas para el Estado de Veracruz. c) De la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito: El oficio ********* de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, ya que ante la omisión legislativa señalada en el punto anterior, la autoridad en cita, le negaba el apoyo económico que le fue solicitado en su carácter de víctima directa. 2) Por razón de turno correspondió a este órgano jurisdiccional el conocimiento de la demanda de amparo promovida por el quejoso antes citado, por lo que por auto de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 34- 36), se formó el juicio 930/2016 y se previno al impetrante de amparo a efecto que manifestara, bajo protesta de decir verdad, los hechos y abstenciones que le constaran y que constituyeron los antecedentes de los actos reclamados; cumpliendo con dicha prevención en acuerdo de veintiséis de octubre de ese año (fojas 57-58), por lo que se admitió a trámite su demanda. Seguida la secuela procesal, mediante autos de dieciocho y veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 131 y 135), entre otros aspectos, se tuvo a las autoridades responsables rindiendo sus respectivos informes. Asimismo, por auto de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 161-164), se requirió a la parte quejosa a efecto que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto de la autoridad Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en relación con el acto consistente en la propuesta de asignación presupuestal dentro del presupuesto de egresos para cada ejercicio fiscal; por lo que mediante acuerdo de treinta de diciembre de dicho año (foja 189-190) se tuvo al quejoso ampliando su demanda de amparo en los términos antes expuestos y se requirió a esa autoridad informe justificado siendo omisa en rendir el mismo. Asimismo, se observa que el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia constitucional (foja 208), siendo el veinticuatro de abril de dicho año en que se dictó sentencia (fojas 209 a 218), en la que sobreseyó el amparo solicitado. Luego, mediante auto de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete (foja 238) causó ejecutoria la sentencia antes indicada, por lo que se ordenó el archivo del referido juicio de amparo. 2.- Síntesis de los razonamientos jurídicos relevantes y el sentido de la sentencia, así como la fecha en que éstas fueron notificadas: Mediante sentencia de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete (fojas 209 a 218), se sobreseyó el amparo solicitado, como se advierte en el considerando tercero, cuarto y quinto de dicha resolución, a saber: TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos que se reclaman a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, dado que así lo manifestaron en su informe justificado, sin que el quejoso haya desvirtuado dicha manifestación, a pesar que le correspondía la carga de la prueba (foja 133). Además, tomando en consideración que las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general no son objeto de prueba, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, que los diversos numerales 95, fracción I1 y sexto transitorio de la Ley Número 308 de Víctimas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave2, establecen que corresponde al Ejecutivo del Estado realizar la propuesta de asignación presupuestal dentro del presupuesto de egresos de cada ejercicio para efectos de integrar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para el Estado de Veracruz; monto que debe aprobarse anualmente por el Congreso del Estado; de ahí que, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, no se encuentra facultada para llevar a cabo trámite alguno a efecto de obtener los recursos para constituir el referido Fondo de Ayuda. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio respecto del acto y autoridad mencionados en este considerando. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman del Gobernador Constitucional y Congreso, ambos del Estado de Veracruz, así como a la Comisionada Presidente de Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito, pues no obstante que la primera de dichas autoridades fue omisa en rendir su informe justificado; y las restantes, negaron la existencia del mismo(fojas 70 a 86, 127 y 128); lo cierto es que los actos que se les atribuyen deben declararse como ciertos, toda vez que por una parte, del análisis integral del informe rendido por el Congreso el Estado se evidencia que tanto dicha autoridad como el Gobernador del Estado, efectivamente, han incurrido en la omisión legislativa que se les atribuye; y por otra, también quedó acreditada la existencia del oficio ********* de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, que se reclama de la Comisionada Presidente de Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito, en la que señaló que dicha institución no cuenta con un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Resulta aplicable al caso la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, consultable en la página 15, Volumen 181-186, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materia Común que dice: ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACION SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equiparse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido". Además, con el referido oficio *********; así como con lo establecido en los Decretos números 319 y 623 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para los ejercicios fiscales 2015 y 2016, respectivamente, los cuales están publicadas en un medio de difusión oficial como lo es la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, por lo que no están sujetos a prueba, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código 1 Artículo 95. El Fondo se integrará con lo siguiente: I. El monto que apruebe anualmente el Congreso del Estado en el Presupuesto de Egresos de la entidad; (.). 2 SEXTO. Para efectos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para el Estado de Veracruz, el Ejecutivo del Estado realizará la propuesta de asignación presupuestal dentro del presupuesto de egresos para cada ejercicio fiscal, en términos de la Ley de la materia. Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se constata que efectivamente, en dichos Presupuestos de Egresos no se aprobó monto alguno a efecto de crear el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas para el Estado. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencial 370, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 4060, del Tomo II, Novena Época, Apéndice 1917-Septiembre 2011, del rubro y texto siguientes: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. IMPOSIBILIDAD DE CONCRETIZAR LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL CONCESIÓN DEL AMPARO. Como se indicó, en el caso se reclama la omisión legislativa consistente en la falta de propuesta presupuestaria, así como su falta de aprobación, respecto a la asignación de recursos financieros en el Presupuesto de Egresos del Estado para los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciséis, a efecto de crear el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas para el Estado, que se atribuyó al Gobernador Constitucional y al Congreso, ambos del Estado de Veracruz. Además, del oficio ********* de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, signado por la Comisionada Presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito, con el cual, con motivo de la omisión legislativa precisada, le fuera negado al quejoso el apoyo económico que solicitara en su carácter de víctima directa, con cargo al Fondo de Ayuda de referencia, dado que éste no existe. Actos respecto de los cuales opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 77 del mismo ordenamiento, interpretado en sentido contrario y 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Federal, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho." Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: II.- Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda (...)". La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo transcrita, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, lo cual se debe a que el legislador no podía establecer en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional, de modo que para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que en la especie es ciertamente justificada puesto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, entre los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo ordenado en el numeral 77, de la ley de la materia. Por otra parte, debe decirse que el constituyente estructuró el juicio de amparo como un medio de control constitucional plenamente coercitivo sobre los actos de autoridad, dado que sus efectos no se limitan a identificar que un acto de autoridad sea contrario a la norma suprema, como un mero estudio sin resultados prácticos, sino que pretende lograr la restitución del orden que la Constitución Federal establece. Ese fin esencial de esta institución se refleja en el propio texto del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuya fracción II, se indica que los efectos de una sentencia concesoria emitida en el juicio de amparo, serán los de amparar y proteger a quien promovió la instancia; lo que se robustece con lo dispuesto en la fracción XVI de dicho numeral, en el que se indican una serie de medidas tendentes a obtener de las responsables el cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Por su parte, el legislador ordinario estableció en la Ley de Amparo la forma en que deben materializarse los efectos de una sentencia que conceda la protección de la Justicia de la Unión, determinando que el objeto de la concesión del amparo es restituir al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano que se trate y a cumplir, por su parte, lo que tal derecho exige. Las precisiones anteriores ponen de relieve la verdadera finalidad del juicio de amparo como institución garante del orden constitucional, lo que en definitiva revela que cuando es legalmente imposible restituir al gobernado en el goce del derecho humano violado o cuando la concesión del amparo no tiene esa consecuencia connatural, entonces, con fundamento en los artículos 77 (aplicado en sentido contrario) y 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, la instancia respectiva debe declararse improcedente, pues ninguna utilidad se obtiene al reconocerse que un acto de autoridad es contrario a los derechos humanos, si no se logra con ello una finalidad práctica. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia P./J. 90/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, Tomo VI, Diciembre de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 197245, que se cita a continuación: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Ahora bien, la solicitante de amparo reclama del Gobernador del Estado de Veracruz, la falta de propuesta presupuestaria, y por ende, la falta de aprobación, por parte del Congreso del Estado, respecto a la asignación de recursos financieros en el Presupuesto de Egresos del Estado para los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciséis, para la creación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas para el Estado, en términos de los artículos 95, fracción I, y sexto transitorio, de la Ley número 308 de Víctimas para el Estado de Veracruz; lo cual derivó, en que mediante oficio CP/CEAIVD/047/2016 de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, signado por la Comisionada Presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito, le fuera negado al quejoso el apoyo económico que solicitara en su carácter de víctima directa, con cargo al Fondo de Ayuda de referencia, dado que éste no existe. Por otra parte, de los Decretos números 319 y 623 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para los ejercicios fiscales 2015 y 2016, respectivamente, los cuales se invocan como hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se advierte que efectivamente, en dichos Presupuestos de Egresos no se aprobó partida alguna a efecto de crear el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas para el Estado. Ahora, el hecho consistente en que los Presupuestos de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para los ejercicios fiscales 2015 y 2016, no se haya aprobado partida presupuestaria alguna a efecto de crear el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas para el Estado, constituye una omisión legislativa. Sobre este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 588/2012, sostuvo que el juicio de amparo en contra de una omisión legislativa resulta improcedente, pues de otorgarse la protección constitucional al impetrante de amparo, el efecto sería obligar a la autoridad legislativa a reparar la omisión, dando efectos generales a la ejecutoria, lo cual implicaría la creación de una norma, que constituye una prescripción general, abstracta y permanente, que vincularía no sólo al solicitante de amparo y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada, lo que evidentemente riñe con el principio de relatividad que rige el juicio de amparo, establecido en el artículos 107, fracción II, constitucional, conforme al cual la sentencia que en éste se dicte será siempre tal, que sólo se ocupe de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin que pueda tener efectos generales, lo que impide que una hipotética concesión de la protección federal reporte algún beneficio al quejoso, dado que no puede obligarse a la autoridad legislativa a reparar esa omisión, esto es, a legislar, porque esto sería tanto como pretender dar efectos generales a la ejecutoria, ya que la reparación constitucional implicaría la creación de una ley que, por definición, constituye una regla de carácter general, abstracta e impersonal. Además, no es obstáculo a lo anterior, la circunstancia que el artículo 107, fracción II, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos generales, toda vez que esa declaración debe emitirse en un procedimiento específico por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que sea posible adoptar una decisión de tal naturaleza en un caso concreto; máxime que el procedimiento para la declaratoria general de una norma se refiere a normas existentes y no a omisiones legislativas. Por otra parte, tampoco se soslaya que el artículo 103, fracción I, constitucional , establezca que los Tribunales de la Federación conocerán de toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, ya que dicho precepto no contempla la posibilidad que puedan reclamarse omisiones legislativas, dado que opera la limitante prevista en el referido artículo 107, fracción II, párrafo primero, en el sentido de que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales. Apoya al criterio anterior, por similitud jurídica, la tesis IX.1o.5 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 2620, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro 2004534, de rubro y texto siguientes: OMISIONES LEGISLATIVAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RELATIVA A DESTINAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, UNA PARTIDA PARA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS. El presupuesto de egresos de la Federación ordena el gasto público mediante la distribución y asignación del erario; por ende, la reparación de la omisión de destinar una partida para el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, no se limitaría a asignar una cantidad de dinero para éste, pues ello implicaría una redistribución de recursos, mediante la realización de un acto legislativo con características generales, abstractas y permanentes, lo que es legalmente imposible mediante el juicio de amparo, por lo que éste es improcedente contra dicha omisión legislativa, conforme al artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado a contrario sensu". Asimismo, la tesis 2a. VIII/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1164, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, de rubro y texto siguientes: OMISIÓN LEGISLATIVA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El precepto constitucional citado, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, dispone que las sentencias pronunciadas en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, de donde deriva que respecto de dichas sentencias aún prevalece el principio de relatividad, dado que no pueden tener efectos generales. En congruencia con lo anterior, en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, es improcedente el juicio de amparo contra una omisión legislativa, pues de concederse la protección constitucional al quejoso, el efecto sería obligar a la autoridad legislativa a reparar la omisión, dando efectos generales a la ejecutoria, lo cual implicaría la creación de una ley, que constituye una prescripción general, abstracta y permanente, que vincularía no sólo al promovente del amparo y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada. No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el artículo 107, fracción II, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos generales, toda vez que esa declaración debe emitirse en un procedimiento específico por parte de este Alto Tribunal, sin que sea posible adoptar una decisión de tal naturaleza en un caso concreto; máxime que el procedimiento para la declaratoria general de una norma se refiere a normas existentes y no a omisiones legislativas. Por otra parte, tampoco es obstáculo que el artículo 103, fracción I, constitucional, establezca que los Tribunales de la Federación conocerán de toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, ya que dicho precepto no contempla la posibilidad de que puedan reclamarse omisiones legislativas, dado que opera la limitante prevista en el referido artículo 107, fracción II, párrafo primero, en el sentido de que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales." De esta manera, resulta evidente que existe imposibilidad jurídica para que, en su caso, puedan concretizarse los efectos de una eventual concesión de amparo, respecto de la omisión legislativa consistente en la falta de propuesta presupuestaria, así como su falta de aprobación, respecto a la asignación de recursos financieros en el Presupuesto de Egresos del Estado para los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciséis, a efecto de crear el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas para el Estado, que se atribuyó al Gobernador Constitucional y al Congreso, ambos del Estado de Veracruz; como respecto del oficio ********* de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, signado por la Comisionada Presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito, con el cual, con motivo de la omisión legislativa precisada, le fuera negado al quejoso el apoyo económico que solicitara en su carácter de víctima directa, con cargo al Fondo de Ayuda de referencia, al no existir éste; puesto que con la posible concesión de amparo, se le otorgarían efectos generales a la ejecutoria, lo que resulta contrario al principio de relatividad que impera en el juicio de amparo. Apoya al criterio anterior, la jurisprudencia 2a./J. 36/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1060, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro 2000584, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD. La técnica del juicio de amparo permite desarrollar un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, con el propósito de visualizar si la restitución del quejoso en el goce del derecho violado se podría alcanzar, pues carecería de lógica y sentido práctico el análisis del acto reclamado, si anticipadamente se logra prever que la declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, como ocurre cuando se advierte que si se concede la protección federal, sus efectos vulnerarían normas o principios rectores del juicio de amparo, casos en los cuales la acción intentada resulta improcedente. En tales términos, si el juzgador observa que la sentencia estimatoria que llegara a dictar tendría efectos más allá del caso concreto enjuiciado y, por tanto, generales, ello provoca la improcedencia del juicio en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 76 y 80 (este último interpretado en sentido contrario), de ese mismo ordenamiento y con el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, y de acuerdo con el artículo tercero transitorio del propio decreto de reformas), en tanto que la decisión de inconstitucionalidad beneficiaría también a sujetos distintos del quejoso, situación que provocaría transgresión al principio de relatividad que rige el dictado de las sentencias de amparo, lo que a su vez implicaría que la restitución en el goce del derecho violado llegara al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar". De igual forma, la tesis sustentada también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 58, Volumen 145-150, Tercera Parte, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Registro 237751, que dice: AMPARO, PROCEDENCIA DEL. REQUIERE QUE LA SENTENCIA PRODUZCA EFECTOS EN EL ACTO RECLAMADO, CON QUE SE OBTENGA EL RESPETO DE INTERESES JURIDICOS DEL QUEJOSO. En acatamiento del artículo 80 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia de este Alto Tribunal, que con el número 174, página 297, puede consultarse en la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, para que un juicio de amparo resulte procedente es menester que la sentencia que en él llegare a pronunciarse pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto combatido en dicho juicio sea de carácter positivo; o que sea factible obligar a la autoridad responsable, si el acto reclamado constituye una abstención, a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a que se cumpla lo que tal garantía exija, ya que el juicio constitucional debe tener siempre una finalidad práctica y no servir para realizar una actividad meramente especulativa. De aquí que proceda contra leyes solamente cuando, por ser éstas autoaplicativas, la determinación de su inconstitucionalidad pueda dar por resultado la no aplicación de sus disposiciones; o cuando, por no serlo, ya hayan sido aplicadas, sea factible la privación de efectos inconstitucionales del acto de aplicación". No obsta a lo anterior, el criterio invocado por el quejoso consistente en la tesis I.4o.A.24 K (10a.), de rubro: "INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN LEGISLATIVA. ELEMENTOS QUE DEBEN ACREDITARSE PARA SU CONFIGURACIÓN", emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 2005186, toda vez que se trata de un criterio aislado, por lo que el mismo no resulta vinculante para éste órgano jurisdiccional, aunado a que debe imperar el principio de relatividad de las sentencias a que hace referencia el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución General, lo que se ve corroborado con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que se ha hecho referencia en párrafos precedentes, que resuelve la cuestión efectivamente planteada en la litis constitucional, en la que se hizo un pronunciamiento concreto respecto de la procedencia del juicio de amparo contra una omisión legislativa. Por lo expuesto, dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Federal, procede sobreseer en el presente juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, respecto de los actos reclamados precisados en el considerando segundo, incisos 2) y 3), de este fallo. Decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo, resulta innecesario abordar el estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada bajo el número 509, consultable en la página 335, del tomo VI, parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Séptima Época, que cuyo rubro y texto son: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". La referida sentencia fue notificada personalmente a la parte quejosa el veintiséis de abril de dos ml diecisiete (fojas 228-230), y las autoridades responsables el veinticinco de los mismos mes y año (223- 226). 3.- Informe si en el expediente en mención se realizaron manifestaciones en relación con la transgresión de los derechos a la vida, integridad personal y el derecho humano a la mujer a una vida libre de violencia en perjuicio de *********, derivado de la falta de debida diligencia del Estado en la investigación de su secuestro. Asimismo, si se realizaron investigaciones bajo los estándares de enfoque de género establecidos como obligación internacional en la Convención Bélem Do Pará. NO 4.- Si el peticionario refirió la vulneración al derecho de acceso a la justicia, garantías y protección judiciales, en virtud del presunto incumplimiento al deber de diligencia del Estado y el retraso injustificado en las investigaciones de los hechos de secuestro y homicidio de *********, así como en las realizadas a funcionarios estatales por la desaparición de su cuerpo; además, por la supuesta falta de imparcialidad e independencia en las decisiones e investigaciones adoptadas en virtud de las irregularidades en la inhumación de los restos de la víctima. NO, sin embargo del escrito de demanda y anexos (fojas 2-32) se advierte que los actos que reclamó en esta instancia fueron con motivo del homicidio de *********, toda vez que como ya ha quedado expuesto en líneas anteriores, el quejoso señalaba omisiones por parte de a las autoridades responsables a efecto de brindarle el apoyo que necesitaba como víctima indirecta. 5.- Si la parte peticionaria señaló la violación a su derecho a la reparación integral de daño. Sí. 6.- Si se manifestaron transgresiones a los derechos a la verdad y a la integridad física y mental en perjuicio de ********* y su familia, derivado de la falta de investigaciones que esclarecieran el asesinato y la presunta violencia sexual en perjuicio de ********* , el ocultamiento de información sobre la aparición de su cuerpo, y la posterior desaparición de sus restos. No. 7.- Cualquier información u observación que estime pertinente para integrar la postura del Estado mexicano en el presente asunto y que éste relacionada con los hechos narrado. Ninguna. Aunado a la información antes solicitada, remítase copia certificada del expediente en que se actúa para los fines legales correspondientes a cualquiera de los siguientes correos electrónicos: dgdhigai@correo.cjf.gob.mx e informes_dgdhigai@correo.cjf.gob.mx, y agréguese a los autos la constancia de envío respectiva. Adicionalmente, se toma nota del diverso correo columba.gomez.godinez@correo.cjf.gob.mx que precisa, para los efectos legales conducentes. Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
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