Pedro Manuel Jiménez Jiménez
Expediente 2230/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2230/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Pedro Manuel Jiménez Jiménez
Actuaciones
- Principal
En atención a lo informado en la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual transcribe el proveído dictado el catorce de diciembre del presente año, en el juicio 1585/2022 de su estadística, del que se desprende que dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del juicio de amparo indirecto 2230/2022, del cual emana el cuaderno de antecedentes en que se actúa, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archivando el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el presente cuadernillo, ya que encuadra en la hipótesis del artículo 21, incisos i) y j), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte y con apoyo en lo señalado en el Capítulo 8, en particular en el apartado 8.1.2, numerales 9 y 10, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto del citado año, al tratarse de un cuaderno de antecedentes derivado de un returno, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos de lo antes señalado. Lo anterior, toda vez que en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que son considerados como expedientes auxiliares, entre otros, los cuadernos de antecedentes; y que respecto a las incompetencias y returnos, una vez que el órgano jurisdiccional comunique que aceptó la competencia se procederá a su destrucción. Por lo anterior, se requiere al Actuario Judicial adscrito, encargado de las notificaciones del presente expediente, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones que obran en el expediente físico. Finalmente, se ordena dejar a disposición del Juzgado oficiante, de manera permanente el expediente electrónico relativo al juicio de derechos fundamentales del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
En atención a lo informado en la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo indirecto 2174/2022 de su índice, promovido por Daniel Rodríguez Jiménez apoderado legal de *********, - personalidad que acredita en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, tal y como se corrobora de la copia simple del proveído de veintiuno de agosto de dos mil trece del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco- contra actos del Gobernador del Estado de Tabasco y otras autoridades, por considerar que este Juzgado Federal debe conocer del mismo, por razón de turno, con motivo de que los actos reclamados provienen del mismo expediente laboral, de conformidad con el artículo 46, fracción II del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial, en el sistema de recepción, registro y turno de asuntos y las consultas de turno. En consecuencia, toda vez que el acto que se combate en el presente juicio de amparo indirecto atribuido a la autoridad ejecutora Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y el que fue impugnado en el diverso 1667/2022, de la estadística de éste órgano jurisdiccional, el cual es la misma autoridad, guardan relación, al haber sido promovidos por Pedro Manuel Jiménez Jiménez, contra actos derivados del expediente laboral de origen 134/2016, del índice del Tribunal responsable, con el fin de aprovechar el conocimiento previo y evitar sentencias contradictorias, con fundamento en los artículos 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los diversos numerales 38 y 48 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, este órgano de control constitucional se avoca al conocimiento del citado asunto. Acúsese de recibo. Oficio a la oficina de correspondencia común. Ahora, tomando en consideración que el Juzgado ocursante remitió el juicio de amparo indirecto 2174/2022 de su estadística, sin que haya hecho del conocimiento de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco; en consecuencia, a efecto de realizar el registro y la compensación en el sistema de turno, envíese atento oficio al que se anexe copia del oficio y demanda de cuenta, a fin de que se obtengan los datos respectivos y remita a este órgano jurisdiccional la papeleta correspondiente.?????????? Lo anterior, a fin de mantener el equilibrio en las cargas de trabajo entre los órganos jurisdiccionales, del Acuerdo General sin número emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, específicamente en su artículo 460. Aspectos generales. ?Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 2230/2022-V-2. ?Genérese el expediente respectivo. Observación Hágase del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo establecido por el numeral 263, y el transitorio sexto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos por Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, el presente sumario se tramitará de forma electrónica, y únicamente se incorporarán al expediente físico aquellos documentos recibidos por esa vía. Incompetencia Ahora, previo a acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, este órgano de control constitucional debe seguir los lineamientos establecidos en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en un sentido congruente con todos sus elementos, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las manifestaciones que generen oscuridad o confusión, se precisa como acto reclamado el siguiente: Del Gobernador, Secretario de Gobierno y Congreso, todos del Estado de Tabasco: La iniciativa, promulgación y publicación del artículo 120 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, mediante decreto 0064 de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa. Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, el Auxiliar del Presidente: La aplicación del artículo 120 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco al dictar el acuerdo de doce de agosto de dos mil veinte, notificado el diez de febrero de dos mil veintidós, en el cual declaró la caducidad del expediente laboral 736/2013, de su índice. Ahora, del análisis al acto reclamado se desprende que el quejoso reclama el artículo 120 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco mediante decreto 0064 de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa, pues considera que con su aplicación originó que se decretara la caducidad del expediente laboral de origen. Cabe precisar que las normas aplicativas pueden ser reclamadas en el juicio de amparo por su sola vigencia y por virtud de un acto concreto de aplicación, lo anterior debido a que por su naturaleza pueden causar una afectación de derechos en esos dos momentos. Mientras que las normas de naturaleza heteroaplicativa pueden reclamarse sólo cuando existe un acto concreto de aplicación, debido a que ese el único momento en que causan afectación de derechos. Apoya lo anterior, la jurisprudencial P.J. 55/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en ei?????????????Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IV, julio de 1997, página 5, registro 198200, de rubro y texto: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Así, de su contenido, se advierte que el precepto reclamado no causa un perjuicio a la parte quejosa con su sola entrada en vigor, porque no es de naturaleza autoaplicativa, sino que constituye una norma heteroaplicativa, ya que esta fue publicada el publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa, pues no fue reclamado con motivo de un acto concreto de aplicación, sino que fue impugnado por su vigencia, en su carácter de autoaplicativa Establecido lo anterior, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en cuanto al acto reclamado consistente en el acuerdo de doce de agosto de dos mi veinte, emitido en el expediente 736/2013 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, en el cual se decretó la caducidad del aludido sumario, atento a que éste no es susceptible de impugnarse en el juicio de amparo en la vía indirecta, pues se trata de una resolución que pone fin a la controversia de origen, cuya competencia, como a continuación se justifica, corresponde en amparo directo al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad. El artículo 170 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni?????????????constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas." Del citado precepto, se desprende que el juicio de amparo directo procede en los siguientes supuestos: a) Cuando se reclame una sentencia definitiva o laudo, o; b) Cuando el acto reclamado sea una resolución que ponga fin al juicio. Ahora, como se expuso en la transcripción anterior, el artículo 170 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de derechos humanos cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. Por su parte, el párrafo segundo del citado precepto legal, establece que, se entenderán por resoluciones definitivas las que decidan el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Bajo esa óptica, el acto reclamado en esta instancia consiste en el acuerdo de doce de agosto de dos mi veinte, emitido en el expediente 736/2013 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, en el cual se decretó la caducidad del aludido sumario, se trata de una resolución que puso fin al juicio sin decidir en lo principal; en consecuencia, es evidente que la resolución combatida no debe reclamarse en amparo indirecto, sino en la vía directa. En tales condiciones, este órgano de control constitucional carece de competencia legal por razón de la vía para conocer y resolver el presente asunto, respecto a la indicada resolución, lo cual corresponde al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad. Cobra aplicación al caso, la tesis I. 1o. A. J/15, relativa a la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 87, tomo IX, marzo de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario a la letra, dice: "COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el magistrado instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será al Tribunal Colegiado en pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del a quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P 2a./J.?????????????? 97/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo III, página 2401, registro 2020358, de rubro y texto: "CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. PROCEDE SU ANÁLISIS EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DECLARARLA DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA Y DE JALISCO). De acuerdo con los artículos 96 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla y 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios (este último en su texto vigente antes y después de la reforma publicada en el Periódico Oficial local el 30 de mayo de 2017), el tribunal declarará la caducidad a petición de parte interesada o de oficio; en el primer supuesto, la declaración derivará de la petición de la parte a quien interese el decretamiento de dicha figura, y en el segundo, con motivo del cercioramiento oficioso, previo al dictado del laudo, de que no ha operado la caducidad, lo cual llevará a declarar su existencia cuando se estime consumada. De ese modo, si bien la declaración de la caducidad por parte de la autoridad puede tener origen en la petición de parte, ello no exime al tribunal laboral de analizar si se actualiza o no previamente al dictado del laudo correspondiente, para así tener plena certeza de que no existe algún impedimento técnico para emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, por lo que si aquél no se pronunció oficiosamente sobre la caducidad, ni alguna de las partes la hizo valer, implícitamente se tiene por determinado que no se actualiza la caducidad por inactividad procesal. En tal virtud, en vía de amparo directo es posible analizar conceptos de violación donde se combata como violación a las leyes del procedimiento en términos de los artículos 171 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, la omisión del tribunal de pronunciarse oficiosamente respecto de la actualización de la caducidad, pues el laudo combatido aún no está elevado a la categoría de cosa juzgada al ser objeto del juicio constitucional, por lo que no existe impedimento técnico que, por preclusión, obstaculice su planteamiento vía conceptos de violación, máxime si se tiene en cuenta que no sería procedente combatir la omisión de declarar la caducidad a través del amparo indirecto, por no tratarse de un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos. De ese modo, cuando la legislación que rige el acto prevea que la caducidad del procedimiento laboral se declarará a instancia de parte o de manera oficiosa por el tribunal, sí será posible analizar en el juicio de amparo directo todo lo concerniente a dicha figura procesal, independientemente de que las partes no la hicieran valer en el juicio de origen y de que el tribunal no la analizara oficiosamente." Asimismo, en lo conducente y por similitud de razón, la tesis III.4o.T.56 L (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo III, página 1792, registro 2022184, de rubro y texto: "CADUCIDAD EN EL PROCESO LABORAL BUROCRÁTICO EN EL ESTADO DE JALISCO. PARA SU ESTUDIO EN AMPARO DIRECTO DEBEN PROPORCIONARSE LOS ELEMENTOS BÁSICOS QUE PERMITAN AL TRIBUNAL COLEGIADO SU ANÁLISIS. El artículo 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, vigente al treinta de mayo de dos mil diecisiete, establece que la caducidad en el proceso se actualizará cuando cualquiera que fuere su estado, no se haya efectuado algún acto procesal, ni promoción durante un término mayor de seis meses, a excepción de estar pendiente el desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del tribunal, o de recibirse informes o copias certificadas que hayan sido solicitadas, por lo que a petición de parte o de oficio, el tribunal deberá declarar la caducidad cuando se estime consumada. En este sentido, para que el Tribunal Colegiado de Circuito pueda analizar dicha figura jurídica en amparo directo, como una violación procesal que el tribunal de origen no atendió de oficio, es imprescindible que la quejosa, al ser la parte patronal y no gozar de la suplencia de la queja, precise los elementos básicos en que se sustenta, como: a) el acto procesal con el que dio inicio el plazo mayor a seis meses; b) el acto procesal o la fecha con la que se constate que transcurrió el lapso previsto por la norma; y, c) la trascendencia en su perjuicio al resultado del laudo, en términos del artículo 174 de la Ley de Amparo, en donde exponga que de haberse estudiado la caducidad no se hubiera dictado laudo condenatorio en su contra. En ese contexto, considerando lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO y, en consecuencia, el mismo deberá???????? remitirse al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad; al que se considera legalmente competente, para que se pronuncie al respecto, solicitándole, el acuse de recibo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. Es aplicable, por identidad de los preceptos de la Ley de Amparo derogada y la vigente, la tesis 2ª. CCXI/2001, publicada en la página 41, tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "COMPETENCIA. NO SE UBICA DENTRO DEL SUPUESTO EN QUE ESTÁ PROHIBIDO PROMOVERLA POR EL JUEZ DE DISTRITO A UN SUPERIOR, SI AQUÉL ESTIMA QUE LA DEMANDA DE GARANTÍAS DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA DE AMPARO DIRECTO. Del análisis relacionado de lo dispuesto en los artículos 47, 49 y 55 de la Ley de Amparo, se desprende que el último de éstos no contiene una prohibición en el sentido de que el Juez de Distrito declare su incompetencia si estima que un Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del asunto, dado que el numeral 49 citado permite tal hipótesis, cuando del examen de la demanda de garantías el Juez de Distrito advierta que se trata de un caso en el que el acto reclamado lo constituye alguno de los que señala el artículo 44 de la ley citada, sino que el impedimento a que alude el señalado numeral 55 se refiere al caso en que el superior del Juez Federal, con apoyo en el artículo 47 indicado, ya haya determinado que es incompetente para conocer del asunto y que corresponde conocer de él al juzgador, ya que si éste no la aceptara y devolviera los autos, estaría planteando a su superior una cuestión contenciosa de competencia, aspecto que sí prohíbe el referido artículo 55." En tal virtud, fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda. Domicilio del quejoso y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos1 a nombre de los que se menciona en el escrito de demanda, en razón a que por el momento no hay constancia que los acredite como licenciados en derecho o abogados y no tener registradas su cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogado. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, 1 En términos del artículo 24 de la Ley de Amparo.?????? adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Se expone lo anterior, a efecto de que las partes proporcionen a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización de la consulta del expediente electrónico, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además deberán solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Autorización y habilitación al personal del Juzgado. Se autoriza a los secretarios y actuarios, adscritos a este órgano de control constitucional, para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos. Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, considerándose como información reservada la señalada en el artículo 13 de la Ley Federal en comento. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.
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