Pedro Manuel Galindo Carrillo

Expediente 334/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 27 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
334/2016
Año
2016
Actuaciones
27
Última actuación
12/08/2016

Partes del expediente

  • Pedro Manuel Galindo Carrillo
  • Procurador General de Justicia del Estado de México.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; doce de agosto de dos mil dieciséis. El estado procesal del presente juicio de amparo, evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. Este expediente es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo General Conjunto referido), pues se sobreseyó en este asunto. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados (punto vigésimo, inciso III). 4. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Israel Díaz Reyna, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; cuatro de julio de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada el catorce de junio de dos mil dieciséis, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal y las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Irma Zoraida Campos Navarro, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veinte de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a costa del quejoso Pedro Manuel Galindo Carrillo, copia simple de la audiencia constitucional y sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En el entendido que quien se presente, deberá exhibir una copia simple de su identificación oficial vigente, para ser certificada y glosada a los autos para debida constancia legal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Israel Díaz Reyna, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 334/2016-III; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el once de marzo de dos mil dieciséis (foja 2) ante la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México y turnada en esa data a este Juzgado Segundo de Distrito, Pedro Manuel Galindo Carrillo por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: "AUTORIDADES RESPONSABLES. a) Procurador General de Justicia del Estado de México. b) Dirección General Jurídica y Consultiva y Secretaria de la Comisión de Honor y Justicia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. c) Director General Jurídico y Consultivo y Secretario de la Comisión de Honor y Justicia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. d) Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. e) Director de despliegue Regional de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México f) Director de Operaciones de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. g) Coordinador de Investigación y Análisis de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México h) Director de Enlace administrativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. i) Director de Recursos Administrativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. j) Director General de recursos humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. k) Unidad de Control y Servicios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. 1) Unidad de Control y Servicios con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. m) Coordinador de Planeación y Administración de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. n) Subdirectora de Administración de personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México." "LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME A la autoridad mencionada en el inciso b) ye) le reclamamos: * La emisión o dictado de la RESOLUCIÓN del Director General Jurídico y Consultivo y Secretario de la Comisión de Honor y Justicia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México de fecha DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE en la que se determinó SEPARAR DE FORMA DEFINITIVA DEL CARGO DE AGENTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL PEDRO MANUEL GALINDO CARRILLO, es decir al hoy quejoso y de la cual fui sabedor el día uno del mes de Marzo del año dos mil quince. A las autoridades mencionadas en los incisos a), d), e), f), g), h), i), j), k), 1), m), n) les reclamamos: * El cumplimiento que se pretende dar a dicha resolución administrativa emitida por el Director General Jurídico y Consultivo y Secretario de la Comisión de Honor y Justicia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México de fecha DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE en la que se determinó SEPARAR DE FORMA DEFINITIVA DEL CARGO DE AGENTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL PEDRO MANUEL GALINDO CARRILLO así como la ejecución de tomar los medios materiales y administrativos para poder realizar dicha determinación." SEGUNDO. Derechos humanos violados. El quejoso señaló como derechos humanos violados los protegidos por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 6). TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Recibida la demanda en este Juzgado de Distrito, se registró con el juicio de amparo indirecto 334/2016-III; el catorce de marzo de este año, se previno a la parte quejosa, posteriormente en auto de veintinueve del mismo mes y año (foja 52), se admitió; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y, se señaló hora y día para la audiencia constitucional. Por auto de cinco de abril de dos mil dieciséis, se dejó de tener con el carácter de autoridades responsables a las denominadas por el quejoso como "Dirección General Jurídica y Consultiva y Secretaría de la Comisión de Honor y Justicia; Director de Enlace Administrativo; Director de Recursos Administrativos y Director de Recursos Humanos, todos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México". Asimismo, mediante auto de veintiocho de abril de este año, se tuvo por ampliada la demanda de amparo respecto de la autoridad responsable Comisión de Honor y Justicia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Acontecido lo anterior, previos diferimientos, la audiencia constitucional se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama actos que se ejecutan dentro de la jurisdicción donde este juzgado de Distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de garantías y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el quejoso reclama: a) La emisión o dictado de la RESOLUCIÓN del Director General Jurídico y Consultivo y Secretario de la Comisión de Honor y Justicia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México de fecha DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE en la que se determinó SEPARAR DE FORMA DEFINITIVA DEL CARGO DE AGENTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL PEDRO MANUEL GALINDO CARRILLO, es decir al hoy quejoso y de la cual fui sabedor el día uno del mes de Marzo del año dos mil quince. b) El cumplimiento que se pretende dar a dicha resolución administrativa emitida por el Director General Jurídico y Consultivo y Secretario de la Comisión de Honor y Justicia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México de fecha DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE en la que se determinó SEPARAR DE FORMA DEFINITIVA DEL CARGO DE AGENTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL PEDRO MANUEL GALINDO CARRILLO así como la ejecución de tomar los medios materiales y administrativos para poder realizar dicha determinación." Asimismo, en su escrito aclaratorio presentado el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, solicitó se tuvieran como actos reclamados los siguientes: * La ILEGAL NOTIFICACIÓN del inicio del proceso administrativo número CHJ/PN/29/2015 iniciado por el Director General Jurídico y Consultivo y Secretario de la Comisión de Honor y Justicia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México de la cual BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD no sabemos la fecha en que se inicio dicho procedimiento, solo somos sabedores de que en fecha DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS Mil QUINCE se emitió una resolución en la cual se determinó "...SEPARAR DE FORMA DEFINITIVA DEL CARGO DE AGENTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL PEDRO MANUEL GALINDO CARRILLO ...", es decir al hoy quejoso y de la cual fui sabedor el día uno del mes de Marzo del año dos mil dieciséis. * La ILEGAL NOTIFICACIÓN de la RESOLUCION ADMINISTRATIVA dentro del procedimiento número CHJ/PN29/2015 iniciado por el Director General Jurídico y Consultivo y Secretario de la Comisión de Honor y Justicia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México de la cual fuimos sabedores en fecha DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS Mil QUINCE se emitió una resolución en la cual Solo sabemos se determinó "...SEPARAR DE FORMA DEFINITIVA DEL CARGO DE AGENTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL PEDRO MANUEL GALINDO CARRILLO ...", es decir al hoy quejoso y de la cual fui sabedor el día uno del mes de Marzo del año dos mil dieciséis. * El cumplimiento que se pretende dar a dicha resolución administrativa emitida por el Director General Jurídico y Consultivo y Secretario de la Comisión de Honor y Justicia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México de fecha DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE en la que se determinó SEPARAR DE FORMA DEFINITIVA DEL CARGO DE AGENTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL PEDRO MANUEL GALINDO CARRILLO así como la ejecución de tomar los medios materiales y administrativos para poder realizar dicha determinación. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Director de Despliegue Regional de la Comisaría General de la Policía Ministerial (denominación correcta); Director de Operaciones; Coordinador de Planeación y Administración; Procurador General de Justicia; Comisario General de la Policía Ministerial y Subdirectora de Administración de Personal, todos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa aportara prueba fehaciente alguna en la audiencia constitucional para desvirtuar tales manifestaciones. Ahora, dicha negativa correspondía desvirtuarla al agraviado, en razón de que es principio general del derecho que los actos negativos no son materia de prueba, por lo que en este caso se arroja la carga respectiva a los agraviados, en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuyo texto previene que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción; en la especie, la existencia de los actos reclamados, que por tratarse de hechos positivos es posible probarlos; razón por la cual debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En consecuencia, es claro que en el caso concreto, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado, que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia publicada en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 917818, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Por su parte, la Comisión de Honor y Justicia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, aceptó la existencia del acto reclamado y remitió copia certificada del procedimiento administrativo CHJ/PA/29/2015. QUINTO. Por otro lado, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá sobreseerse el juicio de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Ahora, la autoridad responsable Comisión de Honor y Justicia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en el oficio de cuenta, manifestó que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, para lo cual remitió copia certificada del acuerdo de dos de junio de dos mil dieciséis y escrito de diecisiete de marzo del mismo año, en el juicio administrativo 8728/2016. Ahora, el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)" Conforme al contenido de dicho precepto, para que se actualice la improcedencia del juicio por ese motivo es necesario que se configuren las condiciones siguientes: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa, contra el acto de autoridad por el cual solicita el amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se encuentre en trámite cuando se resuelva el juicio de amparo; y; c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto reclamado en el juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo.". En esas condiciones, se debe considerar que el citado acto reclamado en la presente vía constitucional no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que mediante escrito de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, Pedro Manuel Galindo Carrillo, interpuso contra la resolución de dieciocho de diciembre de dos mil quince, dictada en el procedimiento administrativo CHJ/PA/29/2015, juicio administrativo ante la Quinta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, quien al haberse declarado incompetente y ordenar remitirla a la Primera Sala Regional del citado Tribunal, quien después de haber aceptado la competencia planteada, admitió la demanda el dos de junio de dos mil dieciséis y se señaló fecha de audiencia para el trece de julio de dos mil dieciséis, constancias a las que se les ha concedido valor probatorio pleno, por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los numerales 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Concerniente al primer requisito que ha sido señalado en el inciso a), se acredita plenamente ya que Pedro Manuel Galindo Carrillo, quejoso en el presente asunto, promovió juicio de nulidad en contra de la resolución de dieciocho de diciembre de dos mil quince, dictada por el Comisión de Honor y Justicia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, dentro del procedimiento administrativo CHJ/PA/29/2015. De lo anterior, es incuestionable que en el presente asunto y en aquél juicio de nulidad se reclama de la autoridad mencionada el mismo acto, circunstancia por la cual se encuentra acreditado el requisito que se analiza. Ahora, relativo al segundo punto, se considera que en la especie también se acredita, toda vez que el medio de defensa interpuesto por la aquí quejosa (juicio de nulidad) fue admitido por la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. En efecto, del juicio de nulidad de marras se aprecia que se combate la resolución de dieciocho de diciembre de dos mil quince, de la cual emana el acto reclamado, el cual fue admitido mediante acuerdo dictado el dos de junio de dos mil dieciséis, por la Magistrada de la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. Por otro lado, respecto del tercer requisito, debe decirse que se encuentra probado en el sumario, en virtud que mediante la finalidad de la interposición del juicio de nulidad hecho valer por el aquí quejoso, en contra de la resolución de dieciocho de diciembre del año pasado, que por esta vía se impugna, es para que se revoque o modifique la resolución impugnada. Ahora, queda corroborado que el recurso de que se trata (juicio de nulidad), es idóneo para obtener las prestaciones planteadas y al mismo tiempo puede conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad respecto del cual el quejoso argumenta lesiona sus intereses. En ese orden de ideas, se llega a la convicción de que en el caso concreto, éste órgano de control constitucional no puede resolver la cuestión jurídica sometida a consideración, al haberse impugnado el mismo acto por el propio afectado a través de un recurso ordinario; por ende, no pueden ventilarse simultáneamente diversos medios de impugnación respecto de la misma materia precisamente porque el objetivo principal de la hipótesis que se analiza es evitar que culminen con resoluciones contradictorias. Apoya esta determinación, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con registro 288609, Tomo VI, página 49, de contenido: "RECURSOS PENDIENTES. El juicio de amparo es improcedente contra los autos respecto de los cuales existan, pendientes de resolución, ante los tribunales ordinarios, recursos que tengan por objeto confirmar, revocar o enmendar dichos fallos, para evitar que puedan existir dos resoluciones contradictorias en el mismo asunto.". De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis pronunciada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con registro 353421, Tomo LXI, página 494, que refiere: "RECURSOS ORDINARIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN, COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, no exige para la improcedencia del juicio de garantías, como la fracción XV del mismo precepto, que el medio de defensa hecho valer contra el acto reclamado, tenga la virtud de suspender los procedimientos de ejecución, sino que es suficiente que se esté tramitando, ante los tribunales ordinarios, un recurso o medio de defensa legal interpuesto por el quejoso.". Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por Pedro Manuel Galindo Carrillo. Por todo lo anterior, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte inconforme. Las manifestaciones precedentes cobran aplicación en la jurisprudencia VI. 1o. J/23, publicada en la página 252 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, Materia Común, Octava Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo se resuelve: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Pedro Manuel Galindo Carrillo, contra las autoridades, por los actos y motivos expuestos en la parte considerativa de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza y da fe.

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