Pedro Magaña San Roman
Expediente 252/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 252/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/03/2019
Partes del expediente
- Pedro Magaña San Roman
Actuaciones
- Principal
Declaración de estado. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de cinco días para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja .......... se declara que la citada determinación HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes...........háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese este expediente como concluido......... Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, trece de marzo de dos mil diecinueve. Recepción de la demanda. Vista la razón de cuenta con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese el expediente físico así como el electrónico, al cual correspondió el registro 252/2019. Fundamento: Artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pronunciamiento respecto de la procedencia del juicio de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es el acuerdo dictado el **********, por el Juzgado Vigésimo Primero de Primera Instancia de la Ciudad de México, en el juicio ordinario civil **********, en el que derivado de la solicitud presentada por el hoy quejoso, consistente en la devolución del contrato de compraventa que celebró en su carácter de comprador del bien inmueble ubicado en **********, se le restringió la devolución, en virtud de que en dicho juicio no se ha dictado la sentencia definitiva, pues se encuentra suspendido el trámite judicial. Igualmente, se observa que el auto que por esta vía reclama, proviene de un juicio ordinario civil, relativo a la acción de nulidad de contrato, instaurado por ********** (tercera interesada), en contra de ********** (ahora quejoso) y ********** En consecuencia, queda claro que el quejoso es parte formal y material en el procedimiento de donde deriva el acto reclamado, pues tiene el carácter de demandado. Y que la determinación reclamada es un decreto, lo anterior toda vez que es una simple determinación de trámite, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México). En esas condiciones, este juzgado considera que en el presente asunto, se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo . En virtud de que dicho precepto establece que es improcedente el juicio de amparo contra aquéllos actos en los que la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Tal precepto refiere uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo como lo es el de definitividad, el cual consiste en que, al ser el juicio constitucional un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Sustenta lo anterior por las razones que la informan, la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, con registro electrónico 187,016, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL" En efecto, en el presente caso, la parte quejosa incumplió con el principio de definitividad para los efectos del juicio de amparo, al no haber agotado el recurso de revocación que pudo hacer valer en contra del acuerdo dictado el **********, medio de impugnación que se encuentra establecido en los artículos 684 y 685 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México). Ahora bien, la revocación es el recurso ordinario que tiene por objeto la modificación total o parcial de una resolución judicial. Dentro de las diversas clases de resoluciones judiciales que pueden ser objeto de impugnación mediante el recurso de revocación se encuentran los siguientes: 1) Los decretos siempre pueden ser impugnados a través del recurso de revocación, de conformidad con los artículos 684 y 686 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México); y 2) Los autos dictados en primera instancia que no sean apelables ni recurribles en queja, y en los que la ley no los declare expresamente inimpugnables o sujetos sólo al recurso de responsabilidad. Acorde con lo anterior, se estima que es procedente el recurso de revocación contra todo tipo de resoluciones emitidas en los procedimientos civiles, cuando no sea admisible la apelación en contra de la resolución definitiva. Dicho sea de paso, en el caso resulta aplicable la tesis emitida por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil cuyo rubro señala: "RECURSO DE REVOCACIÓN EN EL JUICIO CIVIL. PROCEDE CONTRA TODO TIPO DE RESOLUCIONES, EXCEPTO LA DEFINITIVA, SIN DISTINCIÓN ENTRE AUTOS PREPARATORIOS, PROVISIONALES O DEFINITIVOS (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO)". Por tanto, al ser un decreto el acuerdo reclamado, previamente a la promoción del presente juicio de amparo indirecto, la parte quejosa debió agotar el medio de defensa ordinario que la ley concede, como resulta ser el recurso de revocación previsto en los artículos 684 y 685 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en acatamiento al principio de definitividad. Cabe precisar que incluso, como lo ha sostenido el Más Alto Tribunal de la Nación, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación, esta imposibilidad no genera por sí misma una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo epígrafe y contenido señala: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". Y al no haberse interpuesto dicho medio de impugnación a través del cual pudiera haber sido modificada o revocada la determinación que constituye el acto reclamado, deviene improcedente la presente demanda de amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 41/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 189,125, del rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES." Máxime que en la especie no se actualiza ninguna de la excepciones a que hace referencia la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. Fundamento: Artículos 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda, ubicado en "**********". Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por otro lado, en caso de que las partes deseen que les sean practicadas notificaciones por vía electrónica, deben solicitarlo expresamente, señalando el nombre de usuario correspondiente. Autorizados Téngase como autorizado en términos amplios a **********, por tener registrada su cédula en el Registro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, como lo solicita la parte quejosa, se otorga autorización para la consulta vía internet del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a **********, con el nombre de usuario "**********", con el que fue registrado para tal efecto. Fundamento: Artículos 3, párrafo quinto y 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 62 y 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto llevar a cabo las notificaciones que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, en caso de que sean informados de que las partes en el juicio pueden ser emplazados o notificados en domicilios distintos, deberán constituirse en el inmueble que para tal efecto les sea proporcionado. Fundamento: Artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Notificaciones En el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla (por ejemplo, si la persona con quien se entiende la diligencia manifiesta no conocer a la persona buscada, si el inmueble designado está desocupado, entre otros posibles supuestos), se faculta al actuario de la adscripción para que dicha notificación se practique (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado. Ello en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Fundamento: Jurisprudencia 1a./J. 20/2008, con número de registro 169,843, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES". Por otro lado, en caso de que las partes deseen que les sean practicadas notificaciones por vía electrónica, deben solicitarlo expresamente, señalando el nombre de usuario correspondiente. Fundamento: Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 79, 80 y 87 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Reproducción fotostática y medios electrónicos para la obtención y consulta de determinaciones Hágase del conocimiento de la parte quejosa que, en caso de requerirla, queda autorizada la expedición de copia de la presente determinación y demás actuaciones y/o constancias en el juicio, previa comparecencia y recibo que se deje en autos por quien tenga facultades para ello (es decir, realizar la solicitud). También quedan a la vista los presentes autos a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Fundamento: Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tesis aislada I.1o.A.23 K (10a.), con número de registro 2,008,986, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Igualmente, por lo que respecta a la parte quejosa, dígase que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. Fundamento: Artículos 62, 77, 78, 87, 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Transparencia y datos personales Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Fundamento: Artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 21, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracciones V, XI y XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 69, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales. Notifíquese; personalmente la parte quejosa.
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