Pedro Luis Vera Valle
Expediente 971/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 971/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Pedro Luis Vera Valle
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio 224/2019-B signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en la queja 326/2018 del índice de dicho órgano colegiado en la que se declaró infundado el recurso de queja interpuesto por Pedro Luis Vera Valle, contra el proveído de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 33 a 42), en el que se desechó la demanda de amparo de que se trata. Acúsese de recibo. Archívese como asunto concluido, hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 9478/2018, a través del cual la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, comunica que ese tribunal tramitó el recurso de queja interpuesto por ***********, contra el proveído de veintiséis de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, origen de estos autos, radicándolo bajo el número de toca 326/2018 de su índice.
- Principal
Agréguese el ocurso signado por la parte quejosa **********, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de veintiséis de noviembre del año en curso (fojas 33 a 42), en el que se desechó la demanda origen de estos autos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, infórmese a la superioridad que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. En virtud de lo anterior, remítase el escrito original de expresión de agravios y copia del mismo al Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Séptimo Circuito en turno, a través de su Oficina de Correspondencia Común, con sede en Boca del Rio, Veracruz, así como testimonio certificado del expediente en que se actúa para su resolución.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por xxxxxxxxxx, contra actos de la senadora Gricelda Valencia de la Mora y otras autoridades. Fórmese expediente. Regístrese con el número de amparo 971/2018-VII, en el Libro Uno de Juzgado relativo al índice de juicios de amparo. Realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el suscrito advierte la actualización de causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación.De lo anterior, se advierte que las iniciativas de adición y reforma de los aludidos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se encuentran en la primera etapa del proceso legislativo; esto es, la iniciativa, tal y como se advierte de la propia demanda de amparo y de las publicaciones de la Gaceta del Senado de cuatro, once y dieciocho de octubre, así como el seis y ocho de noviembre, todas del año dos mil dieciocho y la lista de iniciativas a nivel constitucional publicada en la página de internet de la cámara de diputados http://www.diputados.gob.mx. Por tanto, los actos reclamados, al ser solo iniciativas de adición y reforma, y encontrarse en la primera etapa del proceso legislativo, es inconcuso que aún no tienen la naturaleza de normas generales, habida cuenta que ello acontece una vez concluido el proceso legislativo (promulgación y su publicación); y que dichas normas hayan entrado en vigor. Consecuentemente, se configura plenamente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción I, ambas de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu. No se deja de mencionar que el proceso legislativo puede llegar a contar con vicios los cuales pueden purgarse por la actuación posterior del Congreso y del propio Presidente de la República. En la inteligencia que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los actos que integran el proceso legislativo -incluyendo la iniciativa de leyes y decretos-, constituye una unidad indisoluble para efectos de su análisis por el juzgador de amparo al otorgar, en conjunto, vigencia a la ley. Pero tal afirmación del Alto Tribunal se hace en el contexto que las iniciativas de leyes o decretos sí pueden ser impugnadas a través del juicio de amparo, como parte del proceso legislativo, siempre y cuando formen parte de una norma que haya sido discutida, aprobada, sancionada, publicada y vigente. No siendo ocioso recordar que incluso dentro de la vacatio legis la propia Corte determinó la improcedencia del amparo. Robusteciendo con ello su imposibilidad de impugnación hasta su entrada en vigor. Sin que pueda estimarse que tales actos reclamados -iniciativas-, puedan ubicarse en la fracción II del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues, como ya se dijo, esas acciones no pueden considerarse actos administrativos, sino que forman parte del proceso de emisión de las normas generales (contemplados en la fracción I de dicho numeral), que no pueden ser sometidas a análisis de forma independiente a través del juicio que se promueve al tratarse de una facultad soberana del Poder Legislativo y ello pudiera implicar la invasión de esferas entre poderes. En consecuencia, es claro que el juicio de amparo promovido contra tales actos no se encuentra dentro de los supuestos de procedencia del amparo indirecto. Aunado a lo anterior, se estima pertinente hacer mención que en términos de los artículos 107, fracción I, constitucional y 107, fracción I, de la Ley de la Materia, el acceso al juicio de amparo, se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (ya jurídico, ya legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica de los quejosos. Dicho interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero que tampoco se identifica con el interés genérico de la sociedad, como ocurre con el interés simple. Para que exista un interés legítimo, se requiere una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Sin que en el presente caso se estime necesario hacer el análisis relativo a la existencia o no de ese interés para acceder al juicio dado que resulta evidente la actualización de la causal de improcedencia invocada en líneas anteriores. Asimismo, por lo que hace a las últimas dos iniciativas, identificadas con los números 4 y 5, se advierte además la causa de improcedencia que especifica la fracción I del artículo 61 de la Ley de Amparo, al encontrarse encaminadas adicionar o reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por consiguiente, al ser notorio, indudable y manifiesto que se actualizan las causales de improcedencia señaladas a lo largo de este proveído, dado que lo reclamado no es susceptible de ser impugnado en la vía constitucional por los motivos expuestos en esta resolución, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda constitucional. Se llega a la anterior determinación sin dejar de observar que los temas planteados en las iniciativas reclamadas, en caso de prosperar, incidirían en el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, dadas las explicaciones anteriores, no existe una aproximación para hacer consideración alguna relativa a presupuestos procesales, como pudiera ser un impedimento, la personalidad o legitimación, etcétera, dado que mientras no concluya el proceso legislativo iniciado por las mismas, en modo alguno puede estimarse afectación al Poder Judicial de la Federación (de actualizarse la existencia de una norma que vulnere su independencia), pues se tiene la absoluta convicción que lo reclamado constituye actividad soberana del Poder Legislativo. Como del mismo modo el Poder Ejecutivo y Judicial cuentan con facultades soberanas en las que los otros poderes no pueden incidir. Es pertinente señalar que el desechamiento de la demanda presentada de ninguna manera implica denegación de justicia ni genera inseguridad jurídica. La obligación de los órganos jurisdiccionales no es tramitar y resolver de fondo todos los asuntos sometidos a su consideración. Esta se ciñe a la posibilidad de cualquier persona de acudir a los tribunales a presentar su demanda. A la que habrá de darse el trámite acorde a las formalidades del procedimiento. Dentro de las cuales el legislativo contempló las causales de improcedencia y sobreseimiento. Por lo que cuando un órgano jurisdiccional considera acreditada una de ellas y desecha una demanda o sobresee en un juicio, imparte justicia. Así quien presentó su demanda tuvo acceso a ella sin menoscabo alguno, ya que el acceso a la justicia no implica que necesariamente quien promueve debe obtener un resultado favorable a sus intereses. Estimar lo contrario desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico. Por otro lado, no se deja de mencionar que el lenguaje utilizado por el promovente no es aceptable al dirigirse a un órgano integrante del Poder Judicial de la Federación, pues debe evitar manifestaciones como: "Es este, el planteamiento central de procedencia que muy respetuosamente le formulo, y confió (sic) en que no evada su responsabilidad jurídica queriendo resolver en un sentido que le permita no abordar el estudio que postulo, para que se delegue a un Tribunal Colegiado de Circuito" [.] Y para evitar que usted evada su responsabilidad, desde este momento le solicito que haga un pronunciamiento expreso sobre estos planteamientos, ello en ejercicio de nuestro derecho de petición, consagrado en el artículo 8 constitucional." [.] Y desde este momento, le planteó (sic) que no acepto la contestación a este argumento con una estrategia "legaloide" de su parte, que implique que ello no está aconteciendo en este momento o que no es inminente, y que por ello, debe desestimar mi reclamo; pues reitero que el acto que reclamo es en sí mismo dañoso desde el momento en que permite una eventual ley que quita independencia a los juzgadores federales, y esta exposición a mis derechos humanos es suficiente para que usted se deshaga de formulismos que obstaculizan mi derecho humano, y efectivamente lo tutele." Se trata de afirmaciones subjetivas que no abonan a la propuesta o planteamiento, mucho menos al respeto a las instituciones ante las que promueve, pretendiendo denostar a esta autoridad en caso de que no comparta sus criterios, cuando la responsabilidad de los titulares e integrantes de los órganos del Poder Judicial de la Federación se asume plenamente al emitir todas y cada una de sus decisiones. Resta decir que de insistir en ese actuar, este órgano jurisdiccional podría imponerle una medida disciplinaria prevista en el artículo 236, fracción I, en relación con el 259, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, consistente en multa de cincuenta a mil días de salario mínimo general vigente, en términos de lo que se señala en el apartado relativo a la Unidad de Medida y Actualización.
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