Pedro Luis Valdez Rivas
Expediente 439/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 439/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Pedro Luis Valdez Rivas
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de abril de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Pedro Luis Valdez Rivas, contra actos del Juez Segundo de lo Familiar de esta ciudad, con cinco copias y un anexo que acompaña; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 439/2022-VIII. Examinada la demanda de amparo, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional; y, por tanto de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma, en atención a las consideraciones siguientes. En efecto, de los términos de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la determinación de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, dictada en el incidente de desocupación promovido en el juicio de tramitación especial 1529/2020, a través de la que resolvió revocar el auto de dieciséis de febrero del presente año y negó acordar de conformidad la solicitud efectuada por el aquí quejoso en el sentido de que se suspendiera el procedimiento. Pues bien, la suscrita considera que respecto de dicho acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Luego, como el acto aquí reclamado consiste en la determinación de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, dictada en el incidente de desocupación promovido en el juicio de tramitación especial 1529/2020, a través de la que el Juez responsable resolvió revocar el auto de dieciséis de febrero del presente año y negar la solicitud efectuada por el aquí quejoso en el sentido de que se suspendiera el procedimiento. Este órgano jurisdiccional estima que la determinación reclamada no es un acto de ejecución irreparable, pues sólo surte efectos procesales, pero no afecta derechos sustantivos, de ahí la improcedencia del juicio de amparo que se promueve en su contra, debido a que de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del artículo 107, antes mencionado, el juicio de amparo bi-instancial será improcedente cuando no exista el elemento perjuicio y de existir este, tenga el carácter de reparable, lo que ocurre en el caso, ya que si la parte quejosa obtiene sentencia definitiva favorable a sus intereses, esa violación desaparecería de la realidad sin dejar huella en su esfera jurídica, y en caso contrario, la misma, es susceptible de impugnarse y ser reparada en el amparo directo, que haga valer al momento de resolverse el juicio de origen. Como corolario a lo anterior, se insiste en que el acto reclamado únicamente insta la relación procesal que deberá continuar el aquí quejoso en su carácter de demandado, pero no trastoca derechos como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera. En consecuencia, como se dijo, dado que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos del quejoso, no es de imposible reparación, y por ende, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve ante este Juzgado de Distrito, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Armando Ramírez Rodríguez, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a Carlos Ernesto Castellanos Ocejo, toda vez que su cédula profesional no se encuentra registrada en el referido sistema computarizado. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, UN AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acuerdo: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de abril de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios de cuenta signados por el Síndico del Ayuntamiento, Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal, todas ellas del Municipio de Villa Hidalgo, San Luis Potosí, mediante los cuales solicitan sea subida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que se encuentren en posibilidad de consultarla vía electrónica, a lo cual se les hace saber a las precitadas responsables que la ejecutoria de referencia se encuentra debidamente vinculada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y se autorizó la consulta electrónica del expediente al usuario que proporcionaron para tal efecto. Asimismo, de conformidad con el numeral 9 de la ley de la materia, téngase como delegada de las autoridades responsables en comento a la persona que refiere. Por otro lado, del diverso oficio de cuenta, se tiene a las autoridades responsables Ayuntamiento, Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal, todas ellas del Municipio de Villa Hidalgo, San Luis Potosí dando contestación al auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, e informando lo relativo al control de gasto público municipal del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós del Ayuntamiento de Villa Hidalgo, S.L.P., y la cantidad disponible presupuestal en la partida respectiva a indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos, para efectuar el pago a los quejosos y así dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Precisando que esa cantidad no está disponible materialmente, debido a la ministración mensual que realiza la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. En ese sentido, con su contenido y anexos dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, corriéndole traslado con copia autorizada de los mismos, para que manifieste lo que a su derecho convenga sobre dichos señalamientos, así como la junta de aveniencia que proponen las autoridades ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Una vez que transcurra dicho plazo, se acordará lo procedente en derecho. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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