Pedro Luis Suárez Ramón
Expediente 736/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 736/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Pedro Luis Suárez Ramón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el nueve de marzo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a PEDRO LUIS SUÁREZ RAMÓN; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Luego, en el presente asunto se ordenó abrir cuadernillo de sigilo con la finalidad de no vulnerar los datos personales del tercero interesado, por lo anterior, dése vista con el sentido de este acuerdo en el cuaderno relativo, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, devuélvase al Juez Segundo de Control de la Región Judicial Seis de Comalcalco, Tabasco, un disco en formato DVD de audio y video, que envió como anexo a su informe justificado, constancia que se manejó por cuerda separada. ??????? Notifíquese.
- Principal
En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con cinco minutos del nueve de marzo de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio de amparo 736/2020-4, promovido por Pedro Luis Suárez Ramón. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el juez de distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o, transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las constancias que el Juez Segundo de Control de la Región Judicial Seis de Comalcalco, Tabasco, consistentes copia simple de las actas mínimas de la audiencia inicial de formulación de imputación y continuación de audiencia en su fase de vinculación a proceso de veintitrés y veintisiete de mayo de dos mil veinte emitidas en la carpeta administrativa 47/2020, en el que se vinculó a proceso al quejoso Pedro Luis Suárez Ramón, las cuales obran glosadas en autos, y un disco versátil digital DVD, el cual contiene registro de audio y video de las referidas audiencias, el cual se encuentra resguardado en la mesa de trámite de este juzgado para su consulta. Al respecto el juez de distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tiene por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 736/2020-4, promovido por Pedro Luis Suárez Ramón, contra actos del Juez Segundo de Control de la Región Judicial Seis de Comalcalco, Tabasco, y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintiséis de agosto de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en esa misma fecha en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a éste órgano jurisdiccional el día siguiente, Pedro Luis Suárez Ramón, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. JUEZ SEGUNDO DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL SEIS DE COMALCALCO, TABASCO. 2. DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE COMALCALCO, TABASCO. ACTOS RECLAMADOS El auto de vinculación a proceso dictado por la juez responsable el veintisiete de mayo de dos mil veinte, dentro de la carpeta administrativa 47/2020, de su índice, en contra del quejoso Pedro Luis Suárez Ramón, como probable responsable en la comisión del delito de pederastia, previsto y sancionado en el artículo 327 del Código Penal del Estado de Tabasco, en agravio de la víctima de identidad reservada con las iniciales A.R.D.S.V. representada por Jesús Benito de los Santos Ventura. SEGUNDO. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA E IMPUGNACIÓN DE LA MISMA. En proveído de veintiocho de agosto de dos mil veinte fojas 13 a 21, se registró la demanda de amparo bajo el expediente 736/2020-4 y este juzgado federal desechó de plano la demanda de amparo presentada por Pedro Luis Suárez Ramón, lo cual fue impugnado por el referido quejoso a través del recurso de queja mismo que por razón de turno le correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia de Penal del Decimo Circuito, bajo el expediente 60/2020, de su índice. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El uno de diciembre de dos mil veinte fojas 64 a 69 de autos, se tuvo por recibido el oficio signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, mediante el cual anexó copia autorizada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 60/2020 de su índice, en la que en su único punto resolutivo declaró fundado el recurso de queja interpuesto contra el proveído de veintiocho de agosto de dos mil veinte, a fin de que este juzgado dejara sin efecto el auto de desechamiento de la demanda de amparo y se pronunciara nuevamente sobre su admisión. Por lo que en atención a lo anterior, se admitió a trámite la demanda de que se trata, se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. En proveído de uno de diciembre de dos mil veinte, dictado en el cuadernillo de sigilo, se ordenó el emplazamiento de la menor víctima de identidad protegida con las iniciales A.R.D.S.V. representada por Jesús Benito de los Santos Ventura, en su carácter de tercero interesado. Por otra parte, el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se realizó el emplazamiento del tercero interesado Fiscal del Ministerio Público adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Villa Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco foja 89. Posteriormente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Tabasco, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que el acto que se reclama a la autoridad responsable pudiera tener ejecución dentro de la circunscripción territorial en que se ejerce jurisdicción. Además, el suscrito está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1, fracción II del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917 Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: El auto de vinculación a proceso dictado por la juez responsable el veintisiete de mayo de dos mil veinte, dentro de la carpeta administrativa 47/2020, de su índice, en contra del quejoso Pedro Luis Suárez Ramón, como probable responsable en la comisión del delito de pederastia, previsto y sancionado en el artículo 327 del Código Penal del Estado de Tabasco, en agravio de la víctima de identidad reservada con las iniciales A.R.D.S.V. representada por Jesús Benito de los Santos Ventura. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. El Juez Segundo de Control de la Región Seis de Comalcalco, Tabasco, y el Director del Centro de Reinserción Social de esa misma localidad, rendir sus respectivos informes justificados, admitieron la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las constancias que anexó la primera de las mencionadas a su informe justificado consistente en copia autorizada de las actas mínimas de la audiencia inicial de formulación de imputación y continuación de audiencia en su fase de vinculación a proceso de veintitrés y veintisiete de mayo de dos mil veinte emitidas en la carpeta administrativa 47/2020, en el que se vinculó a proceso al quejoso Pedro Luis Suárez Ramón, las cuales obran glosadas en autos, y un disco versátil digital DVD, el cual contiene registro de audio y video de las referidas audiencias, y a las que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que además, hayan sido objetadas su autenticidad. Con relación a la justipreciación de las videograbaciones indicadas, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 10a. sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia del texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. A) AUDIENCIA INICIAL DE FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN. De la reproducción de la videograbación proporcionada por la responsable, se desprende que el veintitrés de mayo de dos mil veinte, a las diez horas con cuarenta minutos, la Juez de Control de la Región Judicial Número Seis de Comalcalco, Tabasco llevó a cabo la audiencia de referencia en la carpeta 47/2020. De ella se obtiene que: Fueron identificadas las partes comparecientes fiscales, asesor jurídico, imputado y defensor particular; El inculpado fue informado sobre sus derechos; quien designó al defensor particular, el cual aceptó y protestó el cargo conferido; El imputado solicitó se mantuvieran en reserva sus datos personales; Previa solicitud diez horas con cuarenta y cuatro minutos y siguientes, el fiscal formuló imputación en contra del ahora quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 327 del Código Penal para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de la menor de identidad reservada, de iniciales A.R.D.S.V. Al respecto, de lo verbalizado por el Ministerio Público se advierte que hizo del conocimiento del inculpado de la existencia de la aludida carpeta de investigación en la que obran datos de prueba de los que se desprende que en tres diversos días del mes de noviembre de dos mil dieciocho cuando el imputado vivía en la calle Miguel Hidalgo y Gregorio Méndez de Villa Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco, junto con la víctima y la madre de la citada menor, cuando era de noche y la víctima de entre ocho y nueve años de edad dormía, el activo le bajó su ropa interior, le acarició su zona genital y luego le metió uno de sus dedos en su vagina sintiendo dolor por dicho acto, siendo que el imputado la amenazaba que si no se dejaba realizar dichos actos no la dejaría ver televisión y le pegaría a su hermanita y a su madre. Aunado a ello, el fiscal le hizo saber que los hechos que se le imputan están previstos y sancionados como delito de pederastia, previsto en el artículo 327, párrafo segundo, 8° fracción I, 9 y 10, párrafo segundo y 13 Bis Fracción I, del Código Penal para el Estado de Tabasco; que en cuanto a su participación, se le considera como autor material directo, que su conducta es dolosa porque quiso y aceptó su realización, y respecto del grado de ejecución consideró que era de consumación instantánea, en términos de los numerales 8 fracción I, 9, 10 y 13 bis del Código Penal para el Estado de Tabasco, respectivamente. También hizo de su conocimiento que depusieron en su contra el padre de la víctima Jesús Benito de los Santos Ventura, la víctima menor de edad de identidad reservada, de iniciales A.R.D.S.V y la testigo Joana Cristhel Córdova Castillo. Hecho lo anterior, la juez preguntó al inculpado si deseaba declarar y le hizo saber los derechos que al respecto tiene (diez horas con cuarenta y seis minutos, siendo que el imputado se abstuvo en declarar. El Ministerio Público solicitó se vinculara a proceso al ahora quejoso (diez horas con cuarenta y siete minutos), para lo cual, previa explicación que la juez realizó al respecto para conocimiento del imputado, verbalizó los siguientes datos de prueba: Denuncia de Jesús Benito de los Santos Ventura, padre de la menor víctima de identidad reservada con las iniciales A.R.D.S.V, de treinta de abril de dos mil diecinueve; Acta de nacimiento de la menor de identidad reservada, con iniciales A.R.D.S.V, cn fecha de nacimiento treinta y uno de enero de dos mil ocho; Entrevista de la víctima menor de edad de identidad reservada, de iniciales A.R.D.S.V de dos de mayo de dos mil diecinueve; Entrevista de la testigo Joana Cristhel Córdova Castillo, concubina del padre de la menor de edad de identidad reservada A.R.D.S.V. de seis de mayo de dos mil diecinueve; Dictamen médico lesiones, examen genital, paragenital, extragenital y examen región anal de la menor víctima de identidad reservada, con iniciales A.R.D.S.V., emitido el dieciocho de mayo de dos mil diecinueve, suscrito el médico legista Alejandra Ramírez Paredes adscrita a la Fiscalía de Cozumel, Quintana Roo; Dictamen psicológico de la menor víctima de identidad reservada, con iniciales A.R.D.S.V., de diez de mayo de dos mil diecinueve, suscrito la perito psicóloga Diana Ingrit Chávez Zarate; Hecho lo anterior, a pregunta de la juez, el inculpado solicitó que se resolviera su situación jurídica dentro del término de ciento cuarenta y cuatro horas nce horas con cinco minutos por lo que la responsable señaló las diez horas del veintisiete de mayo de dos mil veinte para la continuación de la audiencia relativa. Al tratarse el delito de pederastia el que se le imputa al imputado la juez en forma oficiosa impuso medida cautelar de prisión preventiva. B) AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO. De la videograbación de la audiencia de mérito, se advierte que en la fecha y hora precitada, se llevó a cabo la audiencia referida, en la que se desprende que, previa identificación de las partes comparecientes, la juez preguntó a la defensa del indiciado si tenían pruebas que aportar a lo cual la defensa verbalizó que tenía una prueba de su parte la cual deseaba incorporar a la carpeta de investigación consistente en una nota periodística de veintisiete de mayo de dos mil veinte, publicada por el periódico El Sol de Tabasco, en el que aparece el nombre y fotografía del imputado, siendo que en esa nota se informa que existe controversia porque los hechos fueron denunciados en el estado de Quintana Roo por un delito diferente al cual ahora se le imputa, por lo cual se le concedió el uso de la voz al fiscal acusador y asesoría jurídica, quienes se opusieron a la admisión del citado medio de prueba, seguidamente, la juez de control tuvo por desahogada la misma, para ser tomada en cuenta en el momento procesal correspondiente. A continuación, el Fiscal acusador reiteró su solicitud de vinculación a proceso del imputado solicitado en la audiencia de veintitrés de mayo de dos mil veinte. diez horas con quince minutos. Asimismo, la asesora manifestó estar de acuerdo con las manifestaciones expuestas por el Fiscal acusador y solicitó se vinculara proceso al indiciado. Luego, la juez responsable concedió el uso de la voz a la defensa para que ejerciera su derecho de réplica, respecto a la solicitud de imputación a proceso expuesto por el fiscal acusador quien consideró que se encontraban acreditados los requisitos establecido en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en el hecho y la probable participación del imputado Diez horas con quince minutos. A continuación la juez responsable dictó auto de vinculación a proceso en contra de Pedro Luis Suárez Ramón, por los hechos que la ley señala como delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 327 del Código Penal para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de la menor de identidad reservada, de iniciales A.R.D.S.V. diez horas con dieciséis minutos. Lo anterior por considerar que se encontraban satisfechos los requisitos de los artículos 19 constitucional, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al haber formulado imputación el fiscal; porque el inculpado tuvo oportunidad de declarar, lo cual se reservó; y obran datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. Para ello, se apoyó en los datos de prueba verbalizados por la representación social, a los cuales les concedió valor probatorio en términos de los numerales 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, la responsable estimó que los datos de prueba verbalizados por el fiscal son suficientes para establecer que el inculpado es quien probablemente cometió los hechos que se le atribuyen, esto es, que es el autor material directo de los mismos, consistente en que en tres diversos días del mes de noviembre de dos mil dieciocho cuando el imputado vivía en la calle Miguel Hidalgo y Gregorio Méndez de Villa Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco, junto con la víctima y la madre de la citada menor, cuando era de noche y la víctima de entre ocho y nueve años de edad dormía, el activo le bajó su ropa interior, le realizó tocamientos en su zona genital y luego le metió uno de sus dedos en su vagina sintiendo dolor por dicho acto, siendo que el imputado la amenazaba que si no se dejaba realizar dichos actos no la dejaría ver televisión y le pegaría a su hermanita y a su madre. En relación a los argumentos de la defensa respecto al dato de prueba verbalizado consistente en la nota periodística publicada por el periódico El Sol de Tabasco la juez consideró que resultaba competente para conocer del proceso en virtud de que los hechos verbalizados por la Fiscalía acontecieron en la calle Miguel Hidalgo y Gregorio Méndez, Villa Tecolutilla, Comalcalco, en ciertas épocas de noviembre de dos mil dieciocho, que consistieron en frotamientos, tocamientos y posteriormente la introducción de uno de los dedos del imputado en la vagina de la víctima menor de edad, siendo que estos hechos encuadran en la figura delictiva contemplada en el artículo 327 del Código Penal del Estado de Tabasco. Además, que la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, declaró su incompetencia para conocer de los hechos denunciados ante ella porque éstos no acontecieron en aquélla demarcación; por tanto, declinó la referida competencia a favor de la Fiscalía del Estado de Tabasco, quien se declaró competente para conocer de los hechos denunciados por el padre de la víctima menor de edad. En cuanto a su participación, la juez consideró al inculpado como autor material directo, que su conducta es dolosa porque quiso y aceptó su realización y respecto del grado de ejecución consideró que era de consumación permanente, en términos de los numerales 8 fracción I, 9, 10 y 13 bis del Código Penal del Estado de Tabasco, respectivamente. Finalmente, previa petición del fiscal, la juez estableció como plazo de cierre de la investigación dos meses diez horas con cuarenta y seis minutos. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, mismos que se tienen por reproducidos en este apartado, por no ser necesaria su transcripción, atento a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Amparo. Al respecto, se cita la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de dos mil diez, Novena Época, de rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. En ese tenor, el impetrante de amparo aduce que el acto reclamado viola los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. a) Al respecto sustancialmente refiere que la juez de oralidad viola el su perjuicio el principio de legalidad, seguridad jurídica, derechos de audiencia, ya que emitió argumentos carentes de fundamentación y motivación. b) Considera que los datos de prueba no acreditan que tuvo participación en el hecho imputado, ya que no se acreditó la probabilidad de ser autor de la comisión del hecho imputado. c) Le afecta que el juzgador haya tomado en cuenta la petición de vinculación a proceso en su contra por el delito de pederastía cuando en principio la carpeta administrativa fue iniciada por el Fiscal investigador de Cozumel, Quintana Roo, ante quien se denunciaron hechos constitutivos del delito de abuso sexual previsto y sancionado en el artículo 129, párrafo segundo, del Código Penal de esa entidad, quien posteriormente declinó la referida carpeta administrativa por cuestión de territorio, siendo que el Fiscal de Villa Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco, al radicar la referida causa realizó la reclasificación del delito no obstante que el código punitivo de esta entidad en sus artículos 156 y 157, también prevé el delito de abuso sexual, sin que el fiscal haya fundado y motivado porque procedía a la investigación del delito de pederastía. d) Que le agravia que la juez no haya observado que en el caso se haya cumplido los requisitos establecidos en el artículo 19 constitucional, en razón de que no se dio fe ni se acreditó la existencia respecto del lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos delictivos, el tiempo y circunstancias de su ejecución; además, no se estableció la fecha exacta del acontecimiento de tales hechos, lo cual lo deja en estado de indefensión, al presumir su probable responsabilidad; además, no expuso las razones o circunstancias o causas por las que consideró que esas pruebas justifican la existencia de los elementos del delito y además omitió precisar lo que se obtenía de cada prueba para demostrar su participación en la comisión del hecho, de ahí que resulta insuficiente que la juez sostenga que con la suma de los medios de convicción que obran en la causa penal, permitan integrar la prueba circunstancial necesaria para hacer probable su responsabilidad. e) Alega que la responsable al tomar en cuenta el dato de prueba consistente en la denuncia de treinta de abril de dos mil diecinueve viola en su contra las formalidades del procedimiento por el hecho de que no esté debidamente acreditada la identidad de la persona que emitió la referida denuncia en su contra, ya que al comparecer ante la Fiscalía de Cozumel, Quintana Roo no se identificó con ningún medio de prueba que demostrara que se trataba del padre de la víctima menor de edad. f) Alega que la responsable violó las formalidades del procedimiento al haber otorgado valor probatorio a los datos de prueba consistentes en el dictamen pericial medico de lesiones, examen genital, paragenital, extragenital, examen de región anal de dieciocho de mayo de dos mil diecinueve y dictamen psicológico de diez de mayo de dos mil diecinueve, ya que éstos no fueron ratificados por sus signantes, por lo que resultan imperfectas y no tienen alcance legal alguno; por tanto, la responsable viola en su contra los principios de seguridad jurídica y derecho al debido proceso. Finalmente, se duele del valor probatorio otorgado por la juez responsable a los aludidos dictámenes periciales al no haber sido ratificados por sus signantes por lo que resultan ser pruebas imperfectas. Dichos argumentos resultan infundados por las razones que más adelante se exponen. A fin justificar la anterior postura, cabe señalar que el caso que nos ocupa, se atendieron las formalidades esenciales del procedimiento, salvaguardando con ello el derecho fundamental de debido proceso tutelado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que instituye: Artículo 14 Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, analizó los numerales 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que introducen el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, el cual se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. La oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio, se constituye en un instrumento de relevancia primordial puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios que se enlistan a continuación: Publicidad: Es el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal; éste sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. Contradicción: Consagra el derecho del procesado a que se le informe desde su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, de los hechos que se le imputan y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa; que se le reciban los testigos y demás datos pertinentes que ofrezca en su favor y a impugnar u objetar los datos existentes en la carpeta de investigación y los que sean ofrecidos en su contra. Permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defensa, respectivamente. Concentración: Tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones. Continuidad: Se refiere a limitar las interrupciones del proceso. Inmediación: Implica que todas las audiencias se desarrollarán en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. Además de que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. Al respecto, el artículo 20 de la Constitución Política Federal, estable lo siguiente: Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Como se dijo, el suscrito considera que en el caso se encuentran satisfechas las formalidades esenciales del procedimiento del que deriva el acto reclamado. Así es; de la reproducción de la videograbación remitida por el juez de control, se advierte que las audiencias de veintitrés y veintisiete de mayo de dos mil veinte, se desarrollaron de manera oral. Asimismo, se desprende que las aludidas audiencias fueron públicas y que en todo momento se salvaguardó el derecho de contradicción del imputado, al ser informado de los hechos que se le atribuyen y los datos de prueba propuestos por el Ministerio Público, teniendo la oportunidad de objetarlos y aportar los propios. También se observa que el debate procesal se realizó en dos audiencias, en atención a que el inculpado solicitó que su situación jurídica se resolviera en el término de ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que se cumplió con el principio de concentración. De igual forma, se atendió al principio de continuidad, aun cuando en la audiencia de veintitrés de mayo de dos mil veinte, se decretó un receso, pues éste está permitido por el segundo párrafo del artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De la misma manera, las audiencias se realizaron conforme al principio de inmediación, ya que la juez que estuvo a cargo fue la misma en ambas. En igual tenor, de las referidas audiencias se advierte que se observaron los lineamientos establecidos por los artículos 307 al 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es: Concurrieron a la misma el Ministerio Público, la asesor jurídico, el imputado y su defensor particular designado; Se informó al inculpado y ofendidas sus derechos constitucionales y legales; Se hizo saber al imputado que no podía negarse a proporcionar su completa identidad, debiendo responder las preguntas que se le dirigieran con respecto a ésta y se le exhortó para que se condujeran con verdad; Se le preguntó al inculpado si era su deseo proporcionar sus datos en voz alta o si prefería que éstos fueran anotados por separado y preservados en reserva, optando por esto último; Se formuló la imputación en la que el Ministerio Público expuso al imputado el hecho que le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de su intervención, así como el nombre de su acusador; Se dio oportunidad de declarar al inculpado, derecho al cual se abstuvo de ejercer; Al realizar la representante social la solicitud de vinculación a proceso del imputado, se le explicó en qué consistía esta, así como los momentos en los cuales podía resolverse la misma; Se otorgó la oportunidad a la defensa para que contestara la aludida solicitud; S cuestionó al imputado si deseaba que se resolviera sobre su vinculación a proceso en esa audiencia, dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicitaba la ampliación de dicho plazo; Al respecto, el inculpado, asesorado de su defensor, solicitó se resolverá sobre su situación jurídica en el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, lo cual se hizo así; Después se dictó el auto de vinculación a proceso; y, Se definió el plazo para el cierre de la investigación. De ahí que se colija por este juzgador que en el caso se cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento. Por otra parte, se considera que el acto reclamado se encuentra suficientemente fundado y motivado. En efecto, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.] El precepto trascrito contiene el derecho fundamental a la legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, de rubro y texto: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Consideraciones similares informan la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, empero resulta inaplicable al caso, mientras que la indebida motivación se actualiza cuando la autoridad expresa razones para emitir su acto, pero éstas no se adecuan a la hipótesis normativa, o bien, ésta se interpreta en forma errónea. Ahora bien, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso que los objetivos del Sistema Penal Acusatorio son: Determinar la verdad real, histórica o procesal; Determinar la existencia de un hecho típico; Identificar a su autor; Lograr el esclarecimiento de los hechos; Resolver el conflicto suscitado entre las partes, protegiendo al inocente y procurando que el culpable no quede impune; Lograr efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; Aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales; Dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos; y, Facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. En la ejecutoria de mérito también se precisa que en el sistema acusatoria adversarial se modifican los estándares probatorios en términos del tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A del 20 del Pacto Federal, para quedar en los términos siguientes. Se determina la no formalización de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Se impide al juzgador del proceso oral revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada con el fin de evitar que se prejuzgue, y mantener la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el Agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Bajo las reglas del sistema en cita, al emitir una orden de aprehensión o resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el juez de control a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Por ende, el Máximo Tribunal del país sostuvo que el estándar probatorio cambió, aduciendo que en la etapa preliminar o de investigación sólo se requiere que el ministerio público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. Aunado a ello, conforme a lo dispuesto por la fracción III del apartado A del reformado artículo 20 constitucional, en la etapa de investigación tales datos de prueba no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. En ese contexto, el suscrito considera que la resolución reclamada se encuentra suficientemente fundada y motivada. En efecto, la juez de control se apoyó en los numerales 19 de nuestra Carta Magna, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y expuso las razones por las que estimó se reunían los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso. Para ello refirió que los datos de prueba verbalizados por el Ministerio Público, le permitían establecer que se había cometido un hecho que la ley señala como delito el cual identificó como pederastia, que refirió está previsto y sancionado en el artículo 327 del Código Penal para el Estado de Tabasco. Asimismo, consideró que los datos de prueba eran suficientes para establecer que el imputado realizó los hechos que se le atribuyen o participó en su ejecución. Ahora bien, el primer párrafo del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Del referido precepto constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a los últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su realización. El aludido texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos precitados, de las expresiones comprobar por establecer y cuerpo del delito por hecho que la ley señala como delito las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. Acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí como sucede en el sistema mixto, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado cuerpo del delito, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de su descripción típica, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si aquél quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Las anteriores consideraciones fueron sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 24/2019 10a., publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, de rubro AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En consonancia con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. Los anteriores requisitos y presupuestos se consideran satisfechos en el presente asunto, como se evidenciará enseguida. El primer requisito previsto por el numeral 316 del código precitado, se considera colmado porque en la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación contra Pedro Luis Suárez Ramón, por su probable intervención en la comisión de un hecho que la ley señala como delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 327, del Código Penal para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de la menor de identidad reservada, de iniciales A.R.D.S.V. En la audiencia se observa que la representación social hizo referencia a los hechos atribuidos, esto es, que en tres diversos días del mes de noviembre de dos mil dieciocho cuando el imputado vivía en la calle Miguel Hidalgo y Gregorio Méndez de Villa Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco, junto con la víctima y la madre de la citada menor, cuando era de noche y la víctima de entre ocho y nueve años de edad dormía, el activo le bajó su ropa interior, le realizó tocamientos en su zona genital y luego le metió uno de sus dedos en su vagina sintiendo dolor por dicho acto, siendo que el imputado la amenazaba que si no se dejaba realizar dichos actos no la dejaría ver televisión y le pegaría a su hermanita y a su madre. De igual forma, se desprende de la audiencia en cuestión, que el fiscal hizo saber al inculpado que los hechos que se le imputan están previstos y sancionados como delito de pederastia, en el artículo 327 del Código Penal para el Estado de Tabasco; que en cuanto a su participación, se le considera como autor material directo, que su conducta es dolosa porque quiso y aceptó su realización, y respecto del grado de ejecución consideró que era de consumación instantánea, en términos de los numerales 8 fracción I, 9, 10 y 13 bis del Código Penal para el Estado de Tabasco, respectivamente. También hizo de su conocimiento que depuso en su contra la víctima de identidad protegida con las iniciales A.R.D.S.V. El segundo requisito que se hubiere otorgado la oportunidad al imputado de declarar, también fue observado por la responsable, ya que se aprecia que la juez responsable le hizo de su conocimiento al imputado sobre el derecho que tenía a declarar y se le informó de las consecuencias de hacerlo o de guardar silencio. El tercer requisito se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, se considera cumplido. En efecto, en la audiencia se advierte que la juez de control expuso que con los datos de prueba verbalizados, se establecía el hecho referido por el Ministerio Público que en tres diversos días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, el inculpado introdujo uno de sus dedos en la vagina de la víctima menor de entre ocho y nueve años de edad), mismo que la ley señala como delito de pederastia, previsto sancionado por el artículo 327, del Código Penal para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de la menor de identidad reservada, de iniciales A.R.S.D.V. En ese tenor, se estima que existen datos de prueba suficientes con los que se puede razonablemente establecer la probable participación del imputado, aquí quejoso, en la comisión de los hechos en cuestión, particularmente con: Denuncia de Jesús Benito de los Santos Ventura, padre de la menor víctima de identidad reservada con las iniciales A.R.D.S.V, de treinta de abril de dos mil diecinueve; de la cual se desprende que la menor vive con su madre y que cuando ésta fue a visitarlo a donde actualmente vive que es en Cozumel, Quintana Roo, la menor le contó que en tres diversos días del mes de noviembre de dos mil dieciocho cuando el imputado vivía en la calle Miguel Hidalgo y Gregorio Méndez de Villa Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco, junto con la víctima y la madre de la citada menor, cuando era de noche y la víctima de entre ocho y nueve años de edad dormía, el activo le bajó su ropa interior, le realizó tocamientos de su zona genital y luego le metió uno de sus dedos en su vagina sintiendo dolor por dicho acto, siendo que el imputado la amenazaba que si no se dejaba realizar dichos actos no la dejaría ver televisión y le pegaría a su hermanita y a su madre. Acta de nacimiento de la menor de identidad reservada, con iniciales A.R.D.S.V.; de la que se desprende que nació el treinta y uno de enero de dos mil ocho, por lo cual, en la fecha en que sufrió la agresión en su contra era menor de catorce años. Dictamen médico lesiones, examen genital, paragenital, extragenital y exámen región anal de la menor víctima de identidad reservada, con iniciales A.R.D.S.V., emitido el dieciocho de mayo de dos mil diecinueve, suscrito la médico legista Alejandra Ramirez Paredes adscrita a la Fiscalía de Cozumel, Quintana Roo; de cual se desprende que respecto al estudio ginecológico de la menor concluyó que la víctima presenta himen bilabial con un orificio de 0.5 centímetros en el diámetro del mismo. Dictamen psicológico de la menor víctima de identidad reservada, con iniciales A.R.D.S.V., de diez de mayo de dos mil diecinueve, suscrito la perito psicóloga Diana Ingrit Chávez Zarate; del cual se desprende la existencia de afectación del estado emocional de la víctima derivado del hecho narrado y presentó indicadores y sintomatología compatibles con personas compatible con víctimas que han vivido algún tipo de abuso y agresión sexual. Entrevista de la víctima menor de edad de identidad reservada, de iniciales A.R.D.S.V de dos de mayo de dos mil diecinueve; de la que se desprende que en tres diversas ocasiones del mes de noviembre de dos mil dieciocho, en la noche cuando ella dormía, en el domicilio ubicado en la calle Miguel Hidalgo y Gregorio Méndez de Villa Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco, el imputado le bajó su ropa interior, le realizó tocamientos tocó su zona genital y luego le metió uno de sus dedos en su vagina sintiendo dolor por dicho acto, siendo que el imputado la amenazaba que si no se dejaba realizar dichos actos no la dejaría ver televisión y le pegaría a su hermanita y a su madre. Entrevista de la testigo Joana Cristhel Córdova Castillo, concubina del padre de la menor de edad de identidad reservada A.R.D.S.V. de seis de mayo de dos mil diecinueve; de la que se desprende que fue la persona a quien en principio la referida víctima le hizo de su conocimiento de los hechos denunciados, consistentes en que el activo fue la persona quien estando en el domicilio ubicado en la calle Miguel Hidalgo y Gregorio Méndez de Villa Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco, el imputado le bajó su ropa interior, le realizó tocamientos tocó su zona genital y luego le metió uno de sus dedos en su vagina y la amenazó que si no se dejaba realizar dichos actos no la dejaría ver televisión y le pegaría a su hermanita y a su madre. Datos de prueba de los que se obtiene que Pedro Luis Suarez Ramón, fue identificado como la persona que probablemente en tres diversos días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, realizó el acto sexual en contra de una víctima menor de entre ocho y nueve años de edad de identidad protegida con las iniciales A.R.D.V.S. También se considera jurídicamente correcta la apreciación de la responsable en cuanto a la probable intervención del imputado en la comisión del hecho considerado como delito. Ello porque los antecedentes de la investigación propuestos por el Ministerio Público, arrojan datos de prueba que establecen que existe la probabilidad de que el imputado realizó el hecho señalado por la ley como delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 327, del Código Penal para el Estado de Tabasco. En efecto, la juez de control ponderó los datos de prueba aportados por la representación social al formular la imputación y solicitar la vinculación a proceso, pues de los mismos se obtiene que el inculpado ejecutó el acto sexual en contra de la víctima menor de edad de identidad protegida con las iniciales A.R.D.V.S. Sobre el particular, conviene reiterar que tratándose de un auto de vinculación a proceso, el estándar probatorio es menor y basta que exista la probabilidad de que el imputado haya participado en la comisión de los hechos que se le atribuyen, esto es, no se requiere que se demuestre plenamente, ya que esto sólo es exigible al dictarse sentencia. Por lo que en esta fase del proceso penal en cuestión, se considera que los medios de investigación propuestos resultan idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió. De ahí que se pueda colegir razonablemente que el inculpado, aquí quejoso, probablemente realizó de manera directa el hecho que se le imputa, mismo que es considerado instantáneo porque su consumación se agotó en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos. Conducta que es dolosa, pues sabía que es contrario a la ley introducir uno de sus dedos en el cuerpo de la víctima menor, de entre ocho y nueve años, sin que se alegara por las partes alguna excluyente de incriminación o una causa de extinción de la acción penal. Cabe destacar que de la videograbación de las audiencias en cuestión, no se aprecia que el quejoso o su defensa hayan incorporado y verbalizado datos de prueba que desvirtuaran los hechos imputados. Sin que obste a lo anterior, que la defensa haya verbalizado la nota periodística publicada por el diario El Sol de Tabasco, sin embargo, de sus manifestaciones se advierte que no controvirtió los hechos materia de la imputación formulada por el Fiscal del Ministerio Público, sino que con dicho dato pretendió que se le continuara el procedimiento penal por el diverso delito de abuso sexual previsto y sancionado en el artículo 327 Código Penal del Estado de Tabasco; y además, planteó que el juez responsable era incompetente para conocer de la carpeta de investigación, de ahí que se puede concluir que la parte quejoso no verbalizó datos de prueba que desvirtuaran los hechos imputados. De igual forma, respecto del cuarto requisito, la responsable señaló que de lo expuesto en la audiencia no se advertía que se actualizara alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. De lo anterior se puede colegir que fue jurídicamente correcto el proceder de la juez de control, pues se advierte que su análisis no contraviene las reglas de la sana crítica y la lógica, en virtud de que los datos de prueba proporcionan indicios razonables y suficientes,-al menos hasta ese estadio procesal-, para informar sobre la existencia del hecho que la ley señala como delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 327 del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio de la menor de identidad reservada, de iniciales A.R.D.V.S. Datos de prueba de los que se puede establecer que en el año dos mil dieciocho, en tres ocasiones, cuando el inculpado estaba en el interior del domicilio ubicado en la calle Miguel Hidalgo y Gregorio Méndez de Villa Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco, en su carácter de pareja de la madre de la víctima, ejecutó el acto sexual vaginal en contra de la menor víctima de identidad reservada con las iniciales A.R.D.V.S. de entre ocho y nueve años de edad, lo que consistió en que el indiciado introdujo uno de sus dedos en la vagina de la víctima menor de edad, (según el dato de prueba verbalizado por la fiscal, consistente en la entrevista de la víctima menor de edad de identidad protegida A.R.D.V.S., en las que el fiscal refirió que el imputado era pareja de la madre de la víctima). En ese orden de ideas, éste juzgador estima que los argumentos planteados por el quejoso resultan infundados. Se estima lo anterior, porque como ya quedó precisado con anterioridad, el quejoso le fue garantizado debidamente su derecho de defensa en virtud de que fue asistido por el defensor particular, quien se impuso con oportunidad de la carpeta de investigación y realizó manifestaciones a favor de su representado en contestación a la solicitud de auto de vinculación a proceso formulada por el Fiscal, además de que la defensa solicitó auto de no vinculación a proceso a favor de su defendido, se le otorgó copia certificada de la audiencia inicial, siendo además, notificado de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso y de cierre de investigación, de ahí que se evidencia que no se violó su derecho de defensa adecuada. Asimismo, son infundados los agravios del quejoso identificados en el inciso a) y b), en relación a que como ya quedó analizado el acto reclamado sí se encuentra debidamente fundada y motivado, en virtud de que contrariamente a lo argumentado por el impetrante los datos de prueba sí acreditan para el dictado del auto de vinculación a proceso, la autoría del quejoso en la comisión del hecho que se le imputa; en razón de que como ya se expuso con anterioridad, la juez responsable estimó que los datos verbalizados por el fiscal responsable eran suficientes para establecer que el aquí quejoso fue quien probablemente cometió los hechos denunciados por la víctima menor de edad y por tanto resulta ser el autor material del hecho ilícito anteriormente especificado. Lo anterior es así, en virtud de que la juez consideró que con los datos de pruebas las cuales valoró en forma libre, lógica, integral y armónica le permitió concluir que el ahora quejoso fue la persona que probablemente cometió el hecho delictivo tipificado por la norma penal como pederastia cometido en contra de la víctima menor de edad, quien en la fecha de la comisión del hecho contaba con la edad de entre ocho y nueve años; además, estimó que del dictamen pericial medico lesiones, examen genital, paragenital, extragenital y examen región anal de la menor víctima de identidad reservada, con iniciales A.R.D.S.V., se advertía que la víctima presenta himen bilabial con un orificio de 0.5 centímetros en el diámetro del mismo; asimismo, del dictamen en materia de psicología se advertía que el estado emocional de la víctima menor de edad derivó de la agresión sexual cometido en su contra. Sin que la parte quejosa haya ofrecido datos de prueba para desvirtuar los datos verbalizados por el fiscal acusador. De igual forma, resulta infundado el agravio identificado con el incido c) en razón de que la juez responsable, al valorar el dato consistente en la nota periodística publicada por el diario El Sol de Tabasco, consideró que el hecho denunciado por la víctima consistente en la introducción del imputado de uno de sus dedos en la vagina de la víctima menor de edad sí reúne los elementos del tipo penal que establece el artículo 327 Código Penal del Estado de Tabasco; además de que no controvirtió los hechos imputados por el Fiscal del Ministerio Publico, sino que con dicho dato verbalizado la defensa pretendía que se continuara el procedimiento penal en contra de su defendido por el delito de abuso sexual. Así también, la responsable expuso que resultaba competente para conocer de los hechos denunciados ante el Fiscal de Cozumel, Quintana Roo, en razón de que los hechos ocurrieron en la calle Miguel Hidalgo y Gregorio Méndez de Villa Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco; y además, porque aquélla fiscal declinó su competencia para conocer del asunto en favor del ahora fiscal acusador; finalmente, la facultad de ejercer la acción persecutora en una facultad propia del fiscal consignante por el o los delitos que considere realizados; lo anterior, de acuerdo con lo establecido en la fracción XVI del artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de ahí que resultan infundados sus motivos de disenso. Finalmente, resultan infundados los agravios identificados con los incisos d), e) y f), en virtud de que contrariamente a lo alegado por el quejoso, el juez responsable al realizar la valoración libre, lógica, integral y armónica le permitió concluir que el ahora quejoso fue la persona que probablemente cometió el hecho que se le imputa donde quedaron establecidos el tiempo y circunstancias de su ejecución. De ahí que, sus argumentos con los cuales pretende se le resten valor probatorio a los datos de prueba verbalizados por la fiscalía, ya que considera que éste no acreditó la existencia del lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos delictivos, no existe la ratificación de los dictámenes periciales verbalizados y se omitió de corroborar con plenitud la identidad de la persona que realizó la denuncia de los hechos en su calidad de padre de la víctima. Al respecto, se reitera que resultan infundados dichos motivos de disenso, ya que en esta etapa procesal únicamente se toman en cuenta los datos de prueba verbalizados por el fiscal acusador y los datos que en su caso ofrezca la parte imputada respecto de los hechos imputados, ya que la valoración de pruebas es una actividad propia de la etapa de juicio oral, además de que la parte quejosa no exhibió prueba alguna para controvertir los datos de prueba de la fiscalía; ya que únicamente ofreció el dato de prueba consistente en una nota periodística publicada por el diario El Sol de Tabasco, con la cual pretendió establecer la incompetencia del juzgador y que los hechos imputados eran constitutivos del diverso delito de abuso sexual, sin que controvirtiera el señalamiento directo que en su contra hizo la víctima del delito y demás pruebas en las que se funda la imputación en su contra. De ahí que no le asista la razón al impetrante de amparo. No pasa inadvertido que la parte quejosa apoya sus conceptos de violación en la tesis de jurisprudencia 1a./J.139/2005, 9ª Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 162 Tomo XXII, Diciembre de 2005, de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. así como en la diversa tesis de jurisprudencia VI.3o.A./ J/13, 9ª Novena Época, emitido por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1187, Tomo XV, Marzo de 2002, de rubro GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES. de igual forma la tesis aislada XXII.2o, 10 P, emitida por el Segundo tribunal Colegiado de Vigésimo Segundo Circuito, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1815, Tomo XIX, Mayo de 2004, de rubro PRUEBA CIRCUNSTANCIAL O INDICIARIA EN MATERIA PENAL. SÓLO DEBE HACERSE USO DE ELLA CUANDO EXISTAN HECHOS ACREDITADOS QUE SIRVAN PARA PRESUMIR LA EXISTENCIA DE OTROS Y NO PARA SUPLIR LA INSUFICIENCIA DE PRUEBAS QUE PUEDAN RESULTAR CARENTES DE VERACIDAD EN PERJUICIO DEL REO.; finalmente, la Jurisprudencia 1a.7J 141/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 2103, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, de rubro PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL PROCESO PENAL. SU ALCANCE. Sin embargo, las mismas resultan inaplicables por las consideraciones anteriormente establecidas; además que la tercera de las mencionadas, al ser una tesis aislada, conforme a lo establecido por el artículo 217 de la Ley de Amparo dicho criterio no es de observancia obligatoria; la primera, segunda y cuarta invocadas, se consideran que son compatibles su aplicación con lo determinado en el presente asunto, en virtud de que se verificó que la autoridad responsable se haya ajustado al principio de legalidad al valorar los datos de prueba con los cuales estimó que se cometió un hecho imputado como delito, además que se declararon infundados los agravios expuestos por el quejoso. Sin que pase inadvertido para el suscrito el hecho de que hasta ésta fecha la menor víctima tercero interesado de identidad protegida con las iniciales A.R.D.S.V. representada por Jesús Benito de los Santos Ventura, no haya sido emplazado al presente juicio de amparo, en virtud que el sentido de la presente resolución no le causa ningún perjuicio, ya que no es contraria a sus intereses legales. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia: P./J. 46/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 396, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Junio de 1997, Novena Época, que establece: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EMPLAZAMIENTO DE POSIBLES TERCEROS INTERESADOS. SU FALTA NO PROVOCA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE QUE LA SENTENCIA QUE SE DICTE NO SERÁ CONTRARIA A SUS INTERESES. Encontrándose una controversia constitucional en estado de resolución y advirtiéndose de su estudio que no se llamó a juicio a posibles terceros interesados, no procede reponer el procedimiento si de su análisis se desprende que el sentido de la resolución que se dicte no será contrario a sus intereses y, por ende, no les causará agravio alguno; además, a nada práctico conduciría y únicamente retardaría el procedimiento y la resolución del asunto. Así como, la Tesis del Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 2008, Página 45, Novena Época, de rubro y texto siguiente: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. Por las anteriores consideraciones y fundamentos, se niega al quejoso el amparo y protección de la justicia federal. Apoya lo anterior, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, con número de registro 231142, localizable en la página 186, tomo I, segunda parte-1, enero-junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INFUNDADOS. Los conceptos de violación son infundados cuando con los argumentos de carácter jurídico que se invocan en ellos, no se demuestra que los fundamentos del acto reclamado sean violatorios de garantías individuales. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de uno de diciembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Pedro Luis Suárez Ramón, en contra de los actos reclamados y autoridades referidas en el resultando primero, por las razones y fundamentos precisados en el considerando correspondiente de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación de cuenta, se desprenden que en el cuaderno de sigilo derivado del presente expediente, se pronunció un acuerdo de fecha uno de diciembre de dos mil veinte, en el cual se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada de identidad reservada, a través del despacho 55/2020-4, con número de orden 230/2020, del índice de este Juzgado, dirigido al Juez de Distrito en turno en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, mismo que fue remitido por vía interconexión el tres de diciembre pasado, encontrándose en vías de ser diligenciado; lo que se hace constar para los efectos legales procedentes. Por tanto, a fin de dar tiempo a lo anterior y no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
- Principal
MESA 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; súmese a los autos para que obre como corresponda la constancia de notificación por videoconferencia de nueve de febrero actual, efectuada por la Actuaria de la adscripción con el quejoso PEDRO LUIS SUÁREZ RAMON, de la que se advierte en cumplimiento al proveído de ocho de febrero actual, ratifica el escrito de tres de febrero actual y reconoce como suya la firma que obra en el mismo. Por lo anterior, súmese a los autos el escrito signado por el quejoso PEDRO LUIS SUAREZ RAMON, mediante el cual revoca el cargo conferido a los licenciados Edel González Moscoso y José Jesús García Frías y el domicilio señalado en la demanda de amparo. Asimismo, designa como nuevo autorizado a Juan Antonio López Aquino y como domicilio de su parte para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones, el ubicado en la Avenida Universidad, número 491, interior sin número, colonia Casa Blanca, segunda sección, Centro, Tabasco. Por lo anterior, téngase como nuevo autorizado a la persona que menciona, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud, de que éste no cuenta con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; en cuanto al nuevo domicilio, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Finalmente, en relación al número telefónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento del mismo, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carece de eficacia jurídica para los efectos de citas y notificaciones. Notifíquese.
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