Pedro Luis Mejia Loredo

Expediente 601/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 15 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
601/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
03/10/2019

Partes del expediente

  • Pedro Luis Mejia Loredo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    SE DECLARA QUE EL AUTO QUE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA CAUSÓ ESTADO. SE ORDENA ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO CONCLUIDO SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN CINCO AÑOS SIN QUE SEA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. EL INCIDENTE ORIGINAL ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. EL INCIDENTE DUPLICADO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN SEIS MESES. GLÓSESE A LOS MISMOS COPIA DE ESTE ACUERDO.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta suscrito por la Coordinadora General de la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí, por medio del cual, en atención a lo solicitado en proveído de cinco de septiembre del año en curso, designa como defensores públicos a favor del quejoso Pedro Luis Mejía Loredo, a Arturo Guadalupe Jiménez Camacho e Iván Pedraza Ochoa; en consecuencia, túrnense los autos al Actuario Judicial adscrito a fin de que se constituya en las instalaciones de la citada Defensoría, para que requiera a los referidos profesionistas, y en el acto de la diligencia, manifiesten si aceptan o no el cargo conferido, o lo hagan dentro de los tres días siguientes a la legal notificación de este proveído en las instalaciones de este órgano jurisdiccional. Téngasele señalado el domicilio que indica, a efecto de que los defensores designados reciban notificaciones, salvo que una vez aceptado y protestado el cargo indiquen uno diverso. Notifíquese; y personalmente a Arturo Guadalupe Jiménez Camacho e Iván Pedraza Ochoa.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos se advierte que transcurrió el plazo otorgado al quejoso por auto de veintiséis de agosto del año en curso, a efecto de que designara un asesor jurídico que fungiera en este asunto como su representante, sin que al efecto lo haya hecho; en consecuencia, gírese oficio al Titular de la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí, con el objeto de que proporcione el nombre de un asesor que asista al quejoso Pedro Luis Mejía Loredo, en la comprensión de lo resuelto en este asunto y, de ser el caso, cuide sus intereses, acompañándole para su mayor conocimiento copia autorizada de la demanda de amparo. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. Una vez designado el profesionista de mérito, se procederá a hacerle saber el cargo conferido a su favor. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta remitido vía correo electrónico institucional por el Gestor del Centro Integral de Justicia Penal, Sala Sede San Luis Potosí, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado por auto de diecinueve de agosto del año en curso, informa que Omar de Jesús Ilizaliturri Guzmán, al veintiuno de agosto de la presente anualidad no ha aceptado y protestado el cargo conferido por Pedro Luis Mejía Loredo (aquí quejoso); asimismo, que el último defensor que representó los intereses de éste fue el licenciado José Octaviano Aguilera Calderón (defensor que promovió el presente juicio de amparo). En tal virtud y toda vez que el quejoso, al encontrarse actualmente privado de su libertad y recluido en el Centro de Reinserción Social Número Uno "La Pila", en esta ciudad, dicha circunstancia lo coloca en un grupo vulnerable, puesto que la calidad de interno en el referido centro de reclusión le impide enfrentar, por lo menos en forma directa, las etapas que se susciten con la tramitación del presente juicio constitucional. En consecuencia, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, requiérase al quejoso para que en el acto de la notificación del presente proveído, por conducto del actuario judicial de la adscripción, o dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contado a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación de este auto, designe un licenciado en derecho que funja en este asunto como su representante, para que en términos del artículo 12 de la Ley de la materia, lo asesore en el presente juicio y realice las gestiones legales que considere procedentes a efecto de garantizar una adecuada defensa en este juicio constitucional. Apercibido que de no hacer manifestación al respecto dentro del término concedido, este órgano jurisdiccional procederá a designarle alguno. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 43/2019 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja". Misma que es aplicable al caso, en términos del criterio contenido en la última parte de la diversa jurisprudencia 2a./J. 139/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 391, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Décima Época, Materia Común, registro 2010625, que dice: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA OBLIGATORIEDAD DE SU APLICACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY DE AMPARO, SURGE A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El análisis sistemático e integrador de los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 215 a 230 de la Ley de Amparo, 178 y 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 19/2013 (*) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permite establecer que la jurisprudencia es de aplicación obligatoria a partir del lunes hábil siguiente al día en que la tesis respectiva sea ingresada al Semanario Judicial de la Federación, en la inteligencia de que si el lunes respectivo es inhábil, será de aplicación obligatoria a partir del día hábil siguiente. Tal conclusión atiende a un principio de certeza y seguridad jurídica en tanto reconoce que es hasta la publicación de la jurisprudencia en dicho medio, cuando se tiene un grado de certeza aceptable respecto a su existencia. Lo anterior, sin menoscabo de que las partes puedan invocarla tomando en cuenta lo previsto en la parte final del artículo 221 de la Ley de Amparo, hipótesis ante la cual el tribunal de amparo deberá verificar su existencia y a partir de ello, bajo los principios de buena fe y confianza legítima, ponderar su aplicación, caso por caso, atendiendo a las características particulares del asunto y tomando en cuenta que la fuerza normativa de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación proviene de la autoridad otorgada por el Constituyente al máximo y último intérprete de la Constitución." Notifíquese; y personalmente al quejoso.

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