Pedro Luis Luna Morelos
Expediente 48/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 48/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 17/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Pedro Luis Luna Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se sobreseyó en el juicio de amparo. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. Bajo esa tesitura, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Sánchez Pérez, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 48/2021, promovido por Pedro Luis Luna Morelos, por propio derecho, contra actos que atribuye al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. El dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno a través del Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común (fojas 2 a 12). SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. El veintidós de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 13 a 21). TERCERO. Emplazamiento al Ministerio Público. El veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno y veinticinco de febrero de dos mil veintidós. CUARTO. Emplazamiento a la parte tercero interesada. El dos de septiembre de dos mil veintidós (foja 176 bis). QUINTO. Ampliación de demanda. En auto de veinticuatro de febrero del año en curso, se tuvo por ampliada la demanda de amparo, por cuanto el diverso acto reprochado al Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos (fojas 65-68) SEXTO. Sobreseimiento fuera de audiencia. Por acuerdo de veintitrés de marzo de dos mi veintidós, este órgano federal determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio constitucional, acorde a los razonamientos ahí expresados. SÉPTIMO. Reposición del procedimiento. Inconforme con la determinación precisada en el considerando anterior, el peticionario de amparo la recurrió a través del recurso de revisión, al cual le recayó el numero 45/2022, mismo que fue resuelto en sesión de veinticuatro de junio de dos mil veintidós por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, en el que, entre otras cosas, se ordenó revocar el auto sujeto a revisión y reponer el procedimiento para los efectos precisados en la ejecutoria de mérito. OCTAVO. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 5, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. NOVENO. Audiencia Constitucional. Al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en los Acuerdos 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, respectivamente, dado que se reclaman actos atribuidos autoridades en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Se considera necesario precisarlo, en términos del numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 181810 y rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de acuerdo con el análisis íntegro de la demanda de amparo y ampliación de la misma, los actos que se reclaman son los siguiente: La omisión de acordar y notificar el auto recaído al escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, registrado con el folio 3071. El proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós, en el cual, entre otras cosas, se acuerda lo conducente en relación al escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, registrado en el folio 3071 y se tiene por no justificada la inasistencia del peticionario de amparo a la diligencia de reinstalación en su trabajo y por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en diverso acuerdo de diez de marzo de dos mil veintiuno y se tiene por terminada la relación laboral, dentro del juicio de origen 01/324/16. TERCERO. Inexistencia actos reclamados. La presidenta y secretario general del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados, aduciendo que el juicio laboral de donde emanan los mismos, se encuentra en etapa de ejecución, por lo que todo lo ahí actuado, es facultad exclusiva del presidente ejecutor. Con el informe justificado se dio vista a la parte quejosa por auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós, sin que hubiese aportado prueba para desvirtuar la negativa de la aludida autoridad, ni de las constancias que obran en el sumario constitucional se advierta alguna para desvirtuar dicha negativa. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados a la autoridad citada, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo respecto de ésta. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, Sexta Época, del Apéndice del 2000, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de los actos reclamado. Se tienen por ciertos los actos reclamados a la Presidenta Ejecutora del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado; las cuales, gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 749, con registro 1002815, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Quinta Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, materia común, página 830, de rubro y "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." QUINTO. Sobreseimiento por cuanto al acto identificado en el inciso a) del considerando segundo. Con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo, previamente al estudio de fondo del asunto, se analizarán las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de amparo de resolver los conflictos que se les plantean evitando interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, esto es, en caso de duda entre abrir o no el presente juicio en defensa de los derechos humanos que invoca la parte quejosa, por aplicación de los principios pro homine e in dubio pro actione, se debe elegir la respuesta afirmativa. Por tanto, las causales de improcedencia del juicio de amparo deben interpretarse de manera estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano; de ahí que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 61 de la Ley de Amparo, se acogerá únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión a la promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva, que condiciona la actuación de todos los poderes públicos, incluido este Juzgador. En el caso, quien resuelve advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, cabe señalar que la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada emita una determinada actuación en virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente, sea porque advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa. En ese contexto, de las copias certificadas del expediente 01/324/16 - ya valoradas- se advierte que: a) Por acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintidós, se proveyó lo conducente en relación al escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, al respecto el Tribunal responsable tuvo por no justificada la inasistencia del peticionario de amparo a la diligencia de reinstalación en su trabajo y por consiguiente, hizo efectivo el apercibimiento decretado en diverso auto de diez de marzo de dos mil veintiuno y de igual forma por terminada la relación laboral (fojas 75 a 93). b) Dicho acuerdo le fue notificado personalmente a la parte actora aquí quejoso, el catorce de febrero de dos mil veintidós, por conducto de Zayd Blas Díaz, quien dijo ser apoderado legal del aquí quejoso (foja 91). Luego entonces, al haberse dado contestación a su escrito y notificado su contenido, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, dado que se le restituyó en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica de la parte quejosa, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38, con registro digital 193758, de rubro y contenido: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley reglamentaria del juicio de amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, respecto del acto analizado en el presente considerando. SEXTO. Sobreseimiento por cuanto al acto precisado en el considerando segundo, identificado con el inciso b). En otro aspecto, no se analizará la constitucionalidad del acto reclamado, consistente en el proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós, en el que, entre otras cosas, el Tribunal tiene por no justificada la inasistencia del peticionario de amparo y por consiguiente tiene por terminada la relación laboral, toda vez que respecto del mismo oficiosamente se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, al tenor de lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". De los preceptos en cita, se derivan, en lo que interesa, dos reglas muy claras: 1. Se señala que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo emitidos fuera de juicio o después de concluido, en los siguientes supuestos: a. Contra la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; o, b. Contra la última resolución del procedimiento de remate, entendida como la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados Existiendo la posibilidad de reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante esos procedimientos que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución 2. Asimismo, se establece la procedencia del amparo indirecto contra actos emitidos dentro de juicio, cuando su ejecución sea de imposible reparación, es decir, que afecten derechos sustantivos del quejoso. Ahora bien, la regla derivada de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, consiste en admitir la procedencia del amparo contra actos dictados dentro del juicio, esto es, sin esperar a que el procedimiento culmine con el dictado de la sentencia definitiva que dirima la controversia. Dicha regla se actualiza únicamente cuando se esta´ ante un acto, cuya ejecución produzca una afectación de imposible reparación, a diferencia de lo que sucede tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, en los que es necesario esperar a la última resolución del procedimiento de ejecución o de remate. No obstante, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado un supuesto de excepción tratándose de actos emitidos en ejecución de sentencia, pues ha interpretado que si´ es procedente el amparo indirecto, entre otros, aquellos respecto de los cuales, el acto reclamado afecta derechos sustantivos de manera inmediata ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Para explicitar lo anterior, al resolver la contradiccio´n de tesis 217/2017, se remitió´ a la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, en la que se establecen diversas restricciones en relación con la impugnación de actos ejecutados después de concluido el juicio, tales como reservar la promoción del juicio de amparo exclusivamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia o del procedimiento de remate. Esto es, la fracción señalada establece en principio una regla autónoma relativa a que, en tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción V del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, dado que se estaría ante una posible afectación de imposible reparación, ello, sin que dicha aplicación por analogía permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes, como en la especie acontece. En efecto, si bien la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación esta´ prevista en la fracción V de la Ley de Amparo y se refiere a actos dentro del juicio; el Alto Tribunal ya ha establecido, que dicha regla puede extenderse a lo dispuesto en la fracción relativa a los actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, dado que existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando: a) El acto infrinja directamente derecho sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió´ la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En síntesis, señaló´ que un acto dictado en ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto, de acuerdo con lo siguiente: Que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente, esto es, de aquella resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordena el archivo definitivo del expediente; o, tratándose del procedimiento de remate, aquella resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados (regla general); y Cuando el acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia (regla de excepción). Precisado lo anterior, a juicio de este Juzgador el proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós, en el cual, entre otras cosas, el Tribunal responsable tuvo por no justificada la inasistencia del peticionario de amparo a la diligencia de reinstalación del quejoso y por consiguiente, hace efectivo el apercibimiento decretado en diverso acuerdo de diez de marzo de dos mil veintiuno y tiene por terminada la relación laboral, dentro del juicio de origen 01/324/16, no constituye una excepción a la regla general de improcedencia del amparo contra acto dictados fuera de juicio. Para evidenciar lo anterior, resulta necesario precisar los antecedentes que dieron origen al dictado del auto reclamado: Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la parte actora Pedro Luis Luna Morelos (aquí quejoso), demandó al Ayuntamiento Constitucional de Tepoztlán, Morelos (tercero interesado) diversas prestaciones, según lo manifestado por el peticionario de amparo y la responsable al momento de rendir su informe justificado (fojas 2-12 y 75-93) Seguida la secuela procesal correspondiente, en diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, la diversa responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dictó resolución en forma de laudo, en el que condenó al pago de diversas prestaciones al ayuntamiento demandado -según las manifestaciones hechas por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad en el ocurso inicial de la demanda de garantías-. Continuando con el procedimiento burocrático, ya en etapa de ejecución correspondiente, en auto de diez de marzo de dos mil veintiuno, la Presidenta Ejecutora del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, entre otras cosas, señaló las once horas del diecinueve de abril de dos mil veintiuno a fin de que tuviera verificativo la diligencia de reinstalación del peticionario de amparo, en su fuente laboral. Mediante escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, registrado en el folio 3071, el solicitante de amparo Pedro Luis Luna Morelos, por conducto de quien se ostentó como su apoderado legal Adrián Román Hernández, solicitó a la responsable fijara diversa data a la señalada en auto de diez de marzo de dos mil veintiuno, en razón de que adujó resultar positivo a Covid-19; en el mismo escrito pidió prórroga para aportar el justificante médico correspondiente, en razón de que únicamente adjuntó al escrito de referencia, copia simple de un "formato único de receta", expedido por quien refirió ser médico adscrito a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Morelos. A dicha petición recayó el proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós (acto reclamado), en el cual, entre otras cosas, la responsable tuvo por no justificada la inasistencia del peticionario de amparo a la diligencia de reinstalación en su trabajo y por consiguiente, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en diverso acuerdo de diez de marzo de dos mil veintiuno, teniendo por terminada la relación laboral, dentro del juicio de origen 01/324/16. Dicho auto fue notificado a la parte peticionaria de amparo el catorce de febrero de dos mil veintidós, el cual constituye el acto reclamado en la presente vía constitucional y que en el presente considerando se analiza. De lo anterior, es claro advertir que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues lo reclamado se trata de un acto intermedio dictado en la etapa de ejecución del Juicio burocrático 01/324/16, el cual no puede ser combatido a través de esta instancia constitucional, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución correspondiente, momento en el cual podrá reclamarse el auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós, así como las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. En efecto, lo reclamado en esta instancia constitucional debe considerarse como un acto intermedio dictado en la etapa de ejecución del juicio ordinario de origen, más no como una determinación que revista el carácter de la última resolución en la citada fase procesal, pues conforme lo establece el numeral 107, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías ante el juzgado de distrito, "contra actos de tribunales judiciales." y ".si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo.", la que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, hipótesis en las que de ninguna manera se ubica el acto analizado. El auto por el que se tuvo por no justificada la inasistencia del peticionario de amparo a la diligencia de reinstalación en su trabajo y por consiguiente, tuvo por terminada la relación laboral, resulta ser un acto de ejecución del laudo tendiente a lograr el cumplimiento de lo condenado y, por ende, no puede desvincularse de la propia ejecución. Con otras palabras, no puede considerarse al proveído de referencia, como un acto autónomo a la ejecución del laudo, porque se trata de un acuerdo dictado en el procedimiento de ejecución, lo que implica que no le sea aplicable la referida regla de excepción de procedencia del amparo indirecto. En el entendido que si bien en la ejecución forzosa del laudo el justiciable cuenta con el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así´ como en el 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes; lo cierto es que ello no hace procedente el juicio de amparo indirecto contra el acto reclamado, pues dicha resolución y sus consecuencias no afectan directamente derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son la vida, la libertad, la propiedad o la integridad personal, entre otras. En todo caso sus efectos son de naturaleza procesal o adjetiva, pues las consecuencias de la decisión de la responsable, no es de tal gravedad que impida a la quejosa el ejercicio de un derecho fundamental; lo anterior porque produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no recae sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal o procedimental, según se trate, ni lesiona bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. De ahí´ que el actuar de la autoridad laboral responsable no justifica la procedencia del amparo indirecto, pues es evidente que el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de eficacia de las resoluciones, no se ve obstaculizado con el dictado del proveído analizado en el presente considerando. Finalmente, conviene señalar que la dilación en que incurrió la responsable por no proveer en los términos legales el escrito del quejoso registrado con el folio 3071, no puede considerarse como una causa de la inasistencia del quejoso a la audiencia de reinstalación, puesto que el comprobante médico que adjuntó señala como fecha de consulta el siete de abril de dos mil veintiuno y la audiencia de reinstalación se fijó para el diecinueve de abril de dos mil veintidós; de ahí que se estime que el acuerdo reclamado no violenta de forma directa algún derecho sustantivo del quejoso, ni siquiera el derecho a la salud o al trabajo. Al respecto, sirve de apoyo la Jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, con registro 190035, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." De igual forma, estima aplicable la jurisprudencia P. /J. 108/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, consultable en el Semanario Judicial de la Federacio´n y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de dos mil once, Novena E´poca, materia comu´n, pa´gina seis, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. En las relatadas consideraciones, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto analizado en el presente considerando con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En términos similares se pronunció el Primer y Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, al resolver los amparos en revisión 103/2021 y 47/2022, fallados en sesiones de tres de febrero y veinticuatro de junio de dos mil veintidós, respectivamente, en los que analizaron actos reclamados análogos al aquí resuelto. Al respecto conviene transcribir las consideraciones fundamentales del amparo en revisión A.R. 47/2022, en el que la Superioridad señaló que -en ese caso- las violaciones aducidas contra el acto reclamado (consistente en un acuerdo que disminuyó la condena económica a la que mudo la condena de reinstalación) debían ser invocadas contra la emisión de la última determinación en la etapa de ejecución de sentencia: "No obstante lo anterior, este o´rgano pluripersonal considera que en la especie no se actualiza ninguna de las excepciones a la regla sen~aladas en los criterios que anteceden, toda vez que la afectacio´n a los derechos sustantivos que, en su caso, se llegaren a ocasionar al quejoso, no son ajenos a la cosa juzgada en el juicio generador del acto reclamado, ya que inclusive esa afectacio´n la hace derivar precisamente de ello. Se afirma lo anterior, porque la excepcio´n referida, se actualiza siempre y cuando los derechos sustantivos sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecucio´n de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolucio´n que se pretende ejecutar, con la condicio´n lo´gica de que no se pretenda impedir el cumplimiento de lo discutido y resuelto en forma definitiva; es decir, de una sentencia que ha adquirido la fuerza de una verdad legal. En efecto, la transgresio´n la hace depender del apercibimiento que hizo la autoridad responsable al demandado en caso de negarse aceptar el laudo, por tanto, al no encontrarse desvinculado de la cosa juzgada en el juicio generador del acto reclamado, es dable sostener que puede combatir las posibles afectaciones a sus derechos hasta la emisio´n de la u´ltima determinacio´n en la etapa de ejecucio´n de sentencia, la cual ha quedado definida en pa´rrafos precedentes. Sin que le asista razo´n cuando afirma que el acto reclamado en el juicio biinstancial -acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintiuno- constituye un medio preliminar para la ejecucio´n del fallo; ello es asi´, pues debe decirse que con dicho acuerdo inicio´ la etapa relativa al haber mutado la reinstalacio´n a indemnizacio´n constitucional y realiza´ndose la cuantificacio´n respectiva, ordena´ndose su cumplimiento. De ahi´ que no se trate de un acto de imposible reparacio´n como lo sen~ala en sus motivos de inconformidad, pues si adolece de la falta de cuantificacio´n de una prestacio´n en el auto de ejecucio´n y que asegura tener derecho, al derivar del juicio generador del acto reclamado, es inconcuso que podra´ combatir las violaciones que considere procedentes en la resolucio´n que determine el cumplimiento del laudo. (.)" Efectos del sobreseimiento. A causa del sobreseimiento, no es posible estudiar los conceptos de violación, los argumentos encaminados directa o indirectamente a fortalecerlos ni las tesis que la parte quejosa invocó para apoyarlos, sólo en lo que respecta al acto reclamado por el que se decreta el sobreseimiento; asimismo, no es factible analizar las manifestaciones formuladas en torno a él, aun si plantean la improcedencia del amparo en su contra. Ello es así, porque el sobreseimiento no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo y resulta irrelevante constatar si opera o no otra causa de improcedencia, pues no cambiaría el sentido del fallo. Los efectos del sobreseimiento se fundamentan en las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." y "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.", y registros electrónicos 239006 y 195744, respectivamente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 119 y 217 de la Ley de Amparo; se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de garantías promovido por PEDRO LUIS LUNA MORELOS, respecto de los actos precisados en el considerando segundo, atendiendo a los razonamientos esgrimidos en los considerandos tercero, quinto y sexto, respectivamente, de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Albalinda Guadarrama Rinconi, secretaria que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, por así permitirlo las labores del órgano jurisdiccional. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Estado procesal de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, en virtud de que mediante proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; por lo que, a la fecha, no ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las once horas con cincuenta minutos del veinte de octubre de dos mil veintidós. A lo anterior, sirve de apoyo la contradicción de tesis número 29/98.PL, entre la sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolverse la diversa contradicción de tesis 19/89, denunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el criterio que sostiene la actual Segunda Sala de este Alto Tribunal, al resolver el amparo en revisión 2639/97, que al rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DEBE EN PRINCIPIO DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDAN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Sánchez Pérez, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.Elaboró: Jorge
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente y Tercer Arbitro y por la Secretaria General ambos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Vista a las partes. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Domicilio, delegados y medios electrónicos. Sin que haya ha lugar a realizar mayor pronunciamiento en relación al domicilio, delegados y medios electrónicos que alude en su informe de cuenta, toda vez que mediante auto de veintisiete de enero de dos mi veintidós, se proveyó lo conducente. Pruebas. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 119 y 123 de la legislación de la materia, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que ofrece, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. Causal de improcedencia. Para concluir, acorde con lo estatuido por el numeral 64 de la legislación de la materia, esta sede constitucional toma conocimiento de la causal de improcedencia que hacen valer las responsables, respecto de las cuales se hará relación dentro del fallo definitivo que recaiga al presente asunto. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Sánchez Pérez, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
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