Pedro Lorenzo Vásquez López y Otros.

Expediente 1442/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1442/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
05/11/2015

Partes del expediente

  • Pedro Lorenzo Vásquez López y Otros.
  • Pedro Lorenzo Vásquez López

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V A Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas hubiesen interpuesto recurso de revisión en contra del proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA V A Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, para que surta sus efectos legales correspondientes, con el cual se da vista a las partes para su conocimiento. En otro aspecto, de las constancias que obran en autos, las que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que PEDRO LORENZO VÁSQUEZ LÓPEZ y LORENZO VÁSQUEZ LÓPEZ, reclamaron del Juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, y Actuario de su adscripción encargado del expediente 116/14, la negativa de dar debido y cabal cumplimiento al acuerdo de dieciséis de junio de dos mil quince, dictado en el expediente penal 116/2014, que tuvo por interpuesto el recurso de apelación contra el auto de formal prisión, relativo a que se remitiera al Tribunal Superior de Justicia del Estado, el aludido expediente para la substanciación de dicho recurso (foja 8). La juez responsable al rendir su informe justificado, aceptó parcialmente el acto reclamado por el quejoso, agregando que mediante oficios 5213 y 2514, de veinticinco de agosto de dos mil quince, y presentados el uno de octubre del presente año, en la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, fueron remitidos los testimonios del expediente 116/2014, al tribunal de segunda instancia. En la especie, contra el acto reclamado, se surte el motivo de improcedencia establecido en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía individual violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. En este tenor, se determina que, en el caso, han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que el juez responsable remitió copia certificada de los acuses de recibo de los oficios 5213 y 2514, de veinticinco de agosto de dos mil quince, con sello de recibido de uno de octubre del presente año, de la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de los que aparece fueron remitidos los testimonios del expediente 116/2014 del índice del Juzgado de lo Penal de Etla, Oaxaca, para la substanciación del recurso de apelación que hicieron valer en dicho asunto los aquí quejosos PEDRO LORENZO VÁSQUEZ LÓPEZ y LORENZO VÁSQUEZ LÓPEZ (fojas 25 y 26); omisión de la que se dolían tales quejosos; por lo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2ª./J.59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAR DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Desde luego, cabe puntualizar que el sentido de esta determinación comprende el acto atribuido al Actuario del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, pues las constancias antes analizadas también demuestran la cesación de efectos del acto omisivo que se le atribuye. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MESA V A. Notificación personal por lista. (Quejosos) Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, para que surta sus efectos legales correspondientes, con el cual se da vista a las partes para su conocimiento. En otro aspecto, de las constancias que obran en autos, las que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que PEDRO LORENZO VÁSQUEZ LÓPEZ y LORENZO VÁSQUEZ LÓPEZ, reclamaron del Juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, y Actuario de su adscripción encargado del expediente 116/14, la negativa de dar debido y cabal cumplimiento al acuerdo de dieciséis de junio de dos mil quince, dictado en el expediente penal 116/2014, que tuvo por interpuesto el recurso de apelación contra el auto de formal prisión, relativo a que se remitiera al Tribunal Superior de Justicia del Estado, el aludido expediente para la substanciación de dicho recurso (foja 8). La juez responsable al rendir su informe justificado, aceptó parcialmente el acto reclamado por el quejoso, agregando que mediante oficios 5213 y 2514, de veinticinco de agosto de dos mil quince, y presentados el uno de octubre del presente año, en la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, fueron remitidos los testimonios del expediente 116/2014, al tribunal de segunda instancia. En la especie, contra el acto reclamado, se surte el motivo de improcedencia establecido en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía individual violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. En este tenor, se determina que, en el caso, han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que el juez responsable remitió copia certificada de los acuses de recibo de los oficios 5213 y 2514, de veinticinco de agosto de dos mil quince, con sello de recibido de uno de octubre del presente año, de la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de los que aparece fueron remitidos los testimonios del expediente 116/2014 del índice del Juzgado de lo Penal de Etla, Oaxaca, para la substanciación del recurso de apelación que hicieron valer en dicho asunto los aquí quejosos PEDRO LORENZO VÁSQUEZ LÓPEZ y LORENZO VÁSQUEZ LÓPEZ (fojas 25 y 26); omisión de la que se dolían tales quejosos; por lo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2ª./J.59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAR DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Desde luego, cabe puntualizar que el sentido de esta determinación comprende el acto atribuido al Actuario del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, pues las constancias antes analizadas también demuestran la cesación de efectos del acto omisivo que se le atribuye. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    MESA V A Vista la demanda de amparo promovida por PEDRO LORENZO VÁSQUEZ LÓPEZ y LORENZO VÁSQUEZ LÓPEZ, contra actos del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, y otra autoridad, por violación a sus derechos fundamentales; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de que se trata; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1442/2015. Tramítese sin incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, se otorga a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional, la intervención correspondiente por lo que entréguesele una copia simple de la demanda. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, para la celebración de la audiencia constitucional. Solicítese informe justificado a las autoridades responsables, el cual deberán rendir dentro del término de quince días hábiles siguientes al en que reciban el oficio, para lo cual, deberán acompañar en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo, de no hacerlo en sus términos, de conformidad con el precepto 260, fracción II, en relación con el 238 del ordenamiento invocado, se impondrá a la omisa, una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. En términos del artículo 64 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento, así mismo, informen si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, en términos del precepto 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Por otra parte, toda vez que el Agente del Ministerio Público que intervino en el expediente penal del que proviene el acto reclamado no fue señalado como autoridad responsable, de conformidad con los preceptos 5º, fracción III, inciso e) y 116 de la Ley de Amparo, emplácesele a juicio en su carácter de tercero interesado, por lo que mediante oficio remítasele una copia simple del escrito de demanda. Se reserva proveer respecto del emplazamiento a diverso tercero interesado hasta en tanto obre el informe de la responsable ordenadora y se pueda advertir su existencia. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se admiten como pruebas de la parte quejosa las documentales que acompaña, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Por otra parte, con apoyo en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones personales el que indican en la demanda y por autorizadas para tal efecto, a las personas que precisan, en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional.

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