Pedro López Martínez

Expediente 395/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
395/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
13/09/2021

Partes del expediente

  • Pedro López Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.

  2. Principal

    (Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de 28 de julio de 2021 a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" Ciudad de México, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Glósese la razón de cuenta, de la que se advierte que ************ quien se ostenta como defensor de **************, ratifica el escrito por medio del cual pretendió dar cumplimiento a la prevención realizada en auto de dieciséis de junio actual, contra actos y autoridades que en la misma se precisan, sin que haya lugar a emitir pronunciamiento respecto a su contenido por las siguientes razones. Desechamiento De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, que al efecto dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En ese sentido, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, y con el diverso numeral 6o. de la ley de la materia. De conformidad con las disposiciones señaladas, el juicio de amparo, constituye un medio de control constitucional que se inicia mediante la acción de una persona por sí o en representación de persona diversa, quien alega sufrir un agravio personal y directo; esto es, por el titular de la acción o su legal representante; manifestación de la voluntad que se exterioriza, al asentar en la demanda de amparo o del documento respectivo, la firma autógrafa, o bien la firma electrónica de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo. En el caso que nos ocupa, no puede considerarse que exista voluntad de quien presentó la demanda para iniciar el juicio de amparo, toda vez que de las constancias que obran en autos, se aprecia lo siguiente: En el escrito inicial de demanda se asentó como firma de *************** quien se ostenta como defensor de ************** el rasgo legible que se muestra a continuación: Por otra parte, ante la fedataria judicial de la adscripción, al ser notificado ************ quien se ostenta como defensor de *****************, del auto del doce de julio de dos mil veintiuno, firmó con el rasgo que se advierte en la siguiente imagen: Esto es, su firma no coincide con los rasgos plasmados en el escrito inicial de demanda, toda vez que los trazos que se realizaron en su firma son notoriamente discrepantes con los plasmados en segundo término. Además, que en el escrito aclaratorio de cuenta, se asentó como firma, el siguiente rasgo: En ese sentido, de las constancias antes señaladas, se aprecia que los rasgos de las firmas asentadas en la demanda y en el escrito aclaratorio, son notoriamente distintos a la que se observa en la constancia de notificación, lo que denota una diversa forma caligráfica en su elaboración. De ahí que válidamente se puede concluir que la firma que obra en la demanda que dio origen al sumario en que se actúa, no fue plasmada por la parte quejosa de su puño y letra, ello tomando en consideración que la firma asentada en la constancia de notificación constituye un elemento indubitable, debido que fue trazada ante la fe de la Actuaria de la adscripción. En consecuencia, como se anunció con antelación, ante la ausencia de la firma del promovente de amparo *************** quien se ostenta como defensor de ***************, en el escrito inicial de demanda, implica la inexistencia de la voluntad de éste y, como consecuencia, la falta de instancia de parte agraviada; por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, y con el diverso numeral 6o. de la ley de la materia, pues no puede considerarse que exista voluntad de quien presentó la demanda para iniciar el juicio de amparo que nos ocupa. Cabe señalar que la falta de firma en el escrito de demanda no es susceptible de convalidarse en caso de que se ordenara su ratificación, habida cuenta que esa actuación no supliría la voluntad que debió plasmarse en la misma, pues la firma con valor sería la que se emitiera ante fedatario judicial, por lo que al no corresponder ésta con la asentada en el escrito inicial de demanda, implica que exista ausencia en la expresión de la voluntad al presentarla. Se afirma lo anterior, al considerarse que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa; por tanto, la ausencia de firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal respecto de quien se dice quejoso. Lo anterior, en términos de la tesis siguiente: "FIRMAS NOTORIAMENTE DIFERENTES. SUPUESTO EN EL QUE EL JUEZ PUEDE DETERMINAR SU FALSEDAD SIN EL AUXILIO DE UN PERITO. La participación del perito en el procedimiento judicial tiene como finalidad asesorar al juzgador en determinada materia que es ajena a su función preponderante, en relación con ciertos hechos que para su explicación requieren de los conocimientos especializados de aquél, a fin de que el Juez los entienda y pueda valorar correctamente. En ese sentido, cuando la cuestión consiste en determinar si existen notorias diferencias entre las firmas que calzan ciertos documentos y de la mera observación de éstos se advierte que dichos signos son claramente distintos, resulta innecesaria la opinión técnica y especializada de un experto para arribar al convencimiento de que la firma cuestionada es falsa, debido a que la participación del perito, como auxiliar de la justicia, únicamente es imperante cuando el Juez, para entender y valorar correctamente la cuestión a dilucidar, requiere de conocimientos especializados sobre determinada ciencia o arte a fin de llevar a cabo una adecuada interpretación de sus causas, efectos, significado, relaciones, valoración, etcétera; lo cual no sucede cuando para determinar la falsedad de una firma basta con un simple análisis visual, debido a las burdas diferencias existentes entre las firmas. En suma, cuando las diferencias entre las firmas cuestionadas y la indubitada pueden advertirse mediante un mero análisis visual, el Juez puede determinar su falsedad sin necesidad de contar con la opinión técnica de un experto en la materia.". Así, la falta de firma en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una omisión que hace improcedente el juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 113, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Notifíquese personalmente. ".

  3. Principal

    Ciudad de México, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Glósese la razón de cuenta, de la que se advierte que ************ quien se ostenta como defensor de **************, ratifica el escrito por medio del cual pretendió dar cumplimiento a la prevención realizada en auto de dieciséis de junio actual, contra actos y autoridades que en la misma se precisan, sin que haya lugar a emitir pronunciamiento respecto a su contenido por las siguientes razones. Desechamiento De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, que al efecto dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En ese sentido, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, y con el diverso numeral 6o. de la ley de la materia. De conformidad con las disposiciones señaladas, el juicio de amparo, constituye un medio de control constitucional que se inicia mediante la acción de una persona por sí o en representación de persona diversa, quien alega sufrir un agravio personal y directo; esto es, por el titular de la acción o su legal representante; manifestación de la voluntad que se exterioriza, al asentar en la demanda de amparo o del documento respectivo, la firma autógrafa, o bien la firma electrónica de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo. En el caso que nos ocupa, no puede considerarse que exista voluntad de quien presentó la demanda para iniciar el juicio de amparo, toda vez que de las constancias que obran en autos, se aprecia lo siguiente: En el escrito inicial de demanda se asentó como firma de *************** quien se ostenta como defensor de ************** el rasgo legible que se muestra a continuación: Por otra parte, ante la fedataria judicial de la adscripción, al ser notificado ************ quien se ostenta como defensor de *****************, del auto del doce de julio de dos mil veintiuno, firmó con el rasgo que se advierte en la siguiente imagen: Esto es, su firma no coincide con los rasgos plasmados en el escrito inicial de demanda, toda vez que los trazos que se realizaron en su firma son notoriamente discrepantes con los plasmados en segundo término. Además, que en el escrito aclaratorio de cuenta, se asentó como firma, el siguiente rasgo: En ese sentido, de las constancias antes señaladas, se aprecia que los rasgos de las firmas asentadas en la demanda y en el escrito aclaratorio, son notoriamente distintos a la que se observa en la constancia de notificación, lo que denota una diversa forma caligráfica en su elaboración. De ahí que válidamente se puede concluir que la firma que obra en la demanda que dio origen al sumario en que se actúa, no fue plasmada por la parte quejosa de su puño y letra, ello tomando en consideración que la firma asentada en la constancia de notificación constituye un elemento indubitable, debido que fue trazada ante la fe de la Actuaria de la adscripción. En consecuencia, como se anunció con antelación, ante la ausencia de la firma del promovente de amparo *************** quien se ostenta como defensor de ***************, en el escrito inicial de demanda, implica la inexistencia de la voluntad de éste y, como consecuencia, la falta de instancia de parte agraviada; por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, y con el diverso numeral 6o. de la ley de la materia, pues no puede considerarse que exista voluntad de quien presentó la demanda para iniciar el juicio de amparo que nos ocupa. Cabe señalar que la falta de firma en el escrito de demanda no es susceptible de convalidarse en caso de que se ordenara su ratificación, habida cuenta que esa actuación no supliría la voluntad que debió plasmarse en la misma, pues la firma con valor sería la que se emitiera ante fedatario judicial, por lo que al no corresponder ésta con la asentada en el escrito inicial de demanda, implica que exista ausencia en la expresión de la voluntad al presentarla. Se afirma lo anterior, al considerarse que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa; por tanto, la ausencia de firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal respecto de quien se dice quejoso. Lo anterior, en términos de la tesis siguiente: "FIRMAS NOTORIAMENTE DIFERENTES. SUPUESTO EN EL QUE EL JUEZ PUEDE DETERMINAR SU FALSEDAD SIN EL AUXILIO DE UN PERITO. La participación del perito en el procedimiento judicial tiene como finalidad asesorar al juzgador en determinada materia que es ajena a su función preponderante, en relación con ciertos hechos que para su explicación requieren de los conocimientos especializados de aquél, a fin de que el Juez los entienda y pueda valorar correctamente. En ese sentido, cuando la cuestión consiste en determinar si existen notorias diferencias entre las firmas que calzan ciertos documentos y de la mera observación de éstos se advierte que dichos signos son claramente distintos, resulta innecesaria la opinión técnica y especializada de un experto para arribar al convencimiento de que la firma cuestionada es falsa, debido a que la participación del perito, como auxiliar de la justicia, únicamente es imperante cuando el Juez, para entender y valorar correctamente la cuestión a dilucidar, requiere de conocimientos especializados sobre determinada ciencia o arte a fin de llevar a cabo una adecuada interpretación de sus causas, efectos, significado, relaciones, valoración, etcétera; lo cual no sucede cuando para determinar la falsedad de una firma basta con un simple análisis visual, debido a las burdas diferencias existentes entre las firmas. En suma, cuando las diferencias entre las firmas cuestionadas y la indubitada pueden advertirse mediante un mero análisis visual, el Juez puede determinar su falsedad sin necesidad de contar con la opinión técnica de un experto en la materia.". Así, la falta de firma en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una omisión que hace improcedente el juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 113, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Ciudad de México, doce de julio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, remitido por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, concede en San Bartolo Coyotepec, por medio del cual, devuelve diligenciado el exhorto 319/2021, de su índice, derivado del diverso 68/2021, del índice de este órgano de control constitucional. Atento a lo anterior, agréguese para que surta los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, glósese el escrito signado por Manuel Juárez Robles quien se ostentó como defensor de Pedro López Martínez, por medio del cual pretende dar cumplimiento a la prevención decretada por auto de dieciséis de junio último. En atención a ello, se aprecia a simple vista que la firma asentada en la demanda de amparo, así como en el escrito de cuenta, son notoriamente diferentes, ya que los rasgos de las firmas que los calzan no corresponden la una con la otra. En atención a lo anterior, dígase que no ha lugar a tener por desahogada la prevención realizada. Resulta ilustrativo a lo anterior, la Tesis I.12o.C.12K (10a),sustentada por los Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página dos mil ochocientos cuarenta y ocho, Tomo III, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de dos mil dieciocho, que dice: "FIRMAS NOTORIAMENTE DIFERENTES. SUPUESTO EN EL QUE EL JUEZ PUEDE DETERMINAR SU FALSEDAD SIN EL AUXILIO DE UN PERITO. La participación del perito en el procedimiento judicial tiene como finalidad asesorar al juzgador en determinada materia que es ajena a su función preponderante, en relación con ciertos hechos que para su explicación requieren de los conocimientos especializados de aquél, a fin de que el Juez los entienda y pueda valorar correctamente. En ese sentido, cuando la cuestión consiste en determinar si existen notorias diferencias entre las firmas que calzan ciertos documentos y de la mera observación de éstos se advierte que dichos signos son claramente distintos, resulta innecesaria la opinión técnica y especializada de un experto para arribar al convencimiento de que la firma cuestionada es falsa, debido a que la participación del perito, como auxiliar de la justicia, únicamente es imperante cuando el Juez, para entender y valorar correctamente la cuestión a dilucidar, requiere de conocimientos especializados sobre determinada ciencia o arte a fin de llevar a cabo una adecuada interpretación de sus causas, efectos, significado, relaciones, valoración, etcétera; lo cual no sucede cuando para determinar la falsedad de una firma basta con un simple análisis visual, debido a las burdas diferencias existentes entre las firmas. En suma, cuando las diferencias entre las firmas cuestionadas y la indubitada pueden advertirse mediante un mero análisis visual, el Juez puede determinar su falsedad sin necesidad de contar con la opinión técnica de un experto en la materia.". En ese sentido, dado que el escrito que se atiende fue presentado en la Oficialía de Partes Común del edificio Prisma, el ocho de julio último, esto es, en el segundo día del término concedido en proveído de dieciséis de junio último, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que restan TRES DÍAS HÁBILES para desahogar el requerimiento mencionado. Notifíquese personalmente.

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