Pedro Lopez Hernandez
Expediente 98/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 98/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pedro Lopez Hernandez
Actuaciones
- Principal
MESA II A "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción I, del citado Acuerdo General, y atendiendo a que la demanda de garantías origen de este juicio se desechó, el presente expediente es destruible, después de cinco años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto en el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Comuníquese a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, no obstante que la parte promovente solicitó se le realizaran las notificaciones derivadas de este asunto en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, atento a lo acordado supralíneas, se comisiona al Actuario en turno de este Juzgado, para que de acuerdo al calendario de fechas programadas, se constituya en las instalaciones que ocupa el Centro de Reinserción Social Número Tres, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en busca de PEDRO LÓPEZ HERNÁNDEZ, hecho que sea, le notifique el presente acuerdo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA II A "... Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por PEDRO LÓPEZ HERNÁNDEZ, contra actos de Juez del Juzgado de Ejecución de Sanciones Itinerante del Estado de Puebla y otra autoridad; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 98/2018. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: "IV.- ACTO RECLAMADO: Señalo como acto reclamado LA NEGATIVA DEL C. JUEZ DEL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES ITINERANTE DEL ESTADO DE PUEBLA de otorgarme el beneficio de Libertad Anticipada en su modalidad de Remisión Parcial de Pena en su acuerdo de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, tal como lo prevé el abrogado Código de Procedimientos Penales del Estado de Puebla, en su numeral 525 bis." Debido a lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso artículo 17, del propio ordenamiento legal; causal que desde luego, es manifiesta e indudable. Los preceptos legales en cita disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los normativos transcritos, se aprecia que el amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, contra aquéllos que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que prevé la ley para tal efecto, siendo que el término general para la presentación de la demanda de amparo es de quince días (hábiles) contados a partir de que surta efectos, conforme a la ley del acto la notificación del acto o resolución, de que se haya tenido conocimiento de éstos o de que el quejoso se haya ostentado sabedor de los mismos; término genérico respecto del cual deben excluirse los actos limitativamente establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Entonces, como ya se precisó en el presente asunto, el acto reclamado lo constituye el acuerdo dictado el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, en el expediente 376/2013/JESI, del Juzgado de Ejecución de Sentencias Itinerante del Estado de Puebla, en el que se le niega el beneficio de libertad anticipada en su modalidad de remisión parcial de la pena. Asimismo, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento del acuerdo aludida el cinco de diciembre pasado, según su propia manifestación, bajo protesta de decir verdad, la cual reviste el carácter de una confesión, en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y que hace prueba plena de conformidad con los numerales 199 y 200 del mismo ordenamiento legal; lo que significa que el término para promover el juicio de amparo contra ese tipo de actos, es el genérico de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, al no encuadrarse en alguno de los casos de excepción que prevé el citado precepto. (...) Por tanto, es inconcuso que ante la existencia de prueba plena en cuanto a la fecha del conocimiento del acto reclamado, se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso numeral 17 de la ley de la materia. En efecto, el mencionado acto de autoridad reclamado por el accionante del amparo, no se trata de una norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición; no es una sentencia definitiva en un proceso penal, que imponga pena de prisión; ni se controvierten actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; tampoco, se impugna algún acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese contexto, al haberse establecido que a la parte quejosa le fue notificada del acuerdo reclamada el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, y conforme a la ley de la materia, surtió efectos el seis siguiente siguiente, es evidente el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, para presentar la demanda de amparo contra aquella determinación, transcurrió del siete de diciembre de dos mil diecisiete al doce de enero de dos mil dieciocho, con exclusión de los días nueve, diez, dieciséis y diecisiete de diciembre citado, seis y siete de enero actual, por ser sábados y domingos, así como el dieciocho de diciembre al dos del actual en virtud del periodo vacacional de la autoridad responsable. Por consiguiente, al haberse recibido la demanda que dio origen a este juicio constitucional el veintitrés de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, como se advierte en la impresión del sello fechador que obra en la foja cinco, es indudable que su presentación se hizo en forma extemporánea, lo que actualiza la causal de improcedencia invocada, pues, como ya se explicó, el acto aquí reclamado no se encuentra dentro de aquellos que de manera limitativa, constituyen una excepción a la regla genérica de quince días para promover el juicio, al no ser un acto que afecte la libertad del quejoso fuera de procedimiento. (...) En consecuencia, con base en los artículos 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17, 18 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por PEDRO LÓPEZ HERNÁNDEZ, al actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora, no obstante que la parte promovente solicita se le realicen las notificaciones derivadas de este asunto en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, atento a lo acordado supralíneas, se comisiona al Actuario en turno de este Juzgado, para que de acuerdo al calendario de fechas programadas, se constituya en las instalaciones que ocupa el Centro de Reinserción Social Número Tres, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en busca de PEDRO LÓPEZ HERNÁNDEZ, hecho que sea, le notifique el presente acuerdo. Téngase al promovente señalando como autorizado para recibir notificaciones a la persona que refiere. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos personales de las partes, al acceso, rectificación y cancelación de ellos, así como manifestar su oposición de hacerse públicas las sentencias ejecutorias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Federal, y los diversos numerales 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha Ley, señálese a las partes, el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a que se publiquen sus nombres y datos personales; en la inteligencia que la falta de oposición expresa, conlleva su aceptación para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente, para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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