Pedro López Guzman

Expediente 738/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 23 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
738/2018
Año
2018
Actuaciones
23
Última actuación
12/12/2019

Partes del expediente

  • Pedro López Guzman
  • Director General del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno Y Municipios de Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no se inconformó en contra del proveído de cinco de noviembre del año en curso, mediante el cual este Juzgado declaró cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el presente asunto; en consecuencia, en términos de los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por conforme la determinación aludida. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual se sobreseyó, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por otra parte, se advierte que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional solicitada, acorde con al segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el original del cuaderno incidental, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías, al antedicho Centro. Por otro lado, en términos de la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, una vez que transcurran seis meses a partir de que se dictó la interlocutoria respectiva, procédase a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el Director General de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, remitió diversas constancias en apoyo a su informe justificado; en consecuencia, devuélvanse las copias certificadas de mérito a la citada autoridad, por no ser necesaria su retención. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A LA PARTE QUEJOSA. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo no mayor a noventa días, recoja el documento que fue exhibido en el presente juicio, y en caso de no hacerlo en el plazo señalado, podrá ser transferido de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, A LA QUEJOSA, EL AUTO DE DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no se inconformó en contra del proveído de cinco de noviembre del año en curso, mediante el cual este Juzgado declaró cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el presente asunto; en consecuencia, en términos de los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por conforme la determinación aludida. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual se sobreseyó, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por otra parte, se advierte que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional solicitada, acorde con al segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el original del cuaderno incidental, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías, al antedicho Centro. Por otro lado, en términos de la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, una vez que transcurran seis meses a partir de que se dictó la interlocutoria respectiva, procédase a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el Director General de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, remitió diversas constancias en apoyo a su informe justificado; en consecuencia, devuélvanse las copias certificadas de mérito a la citada autoridad, por no ser necesaria su retención. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A LA PARTE QUEJOSA. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo no mayor a noventa días, recoja el documento que fue exhibido en el presente juicio, y en caso de no hacerlo en el plazo señalado, podrá ser transferido de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la razón actuarial que antecede, de la cual se advierte que el Actuario Judicial de la adscripción, notificó el proveído de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, a Jesús Antonio Rodríguez Gutiérrez, quien no forma parte del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, constitúyase el Actuario adscrito, a fin de que notifique el auto de mérito al quejoso PEDRO LÓPEZ GUZMÁN para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. CUMPLIMIENTO Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo legal de tres días hábiles, concedido a la parte quejosa, en auto de veintitrés de octubre del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado al fallo protector. En consecuencia, se procederá a determinar, si la cumplimentación de que se trata, se encuentra apegada a los lineamientos señalados en la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro 192174, cuyos rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Por sentencia de doce de febrero de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa PEDRO LÓPEZ GUZMÁN, para el efecto de que las autoridades responsables en el ámbito de sus facultades cumplieran con lo siguiente: ".a) Desincorporen de la esfera jurídica del quejoso, la aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, hasta en tanto sean reformados o derogados mediante algún acto legislativo. b) Devuelvan las cantidades que con base en ellos le han sido descontadas del monto de su pensión a partir del veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho (acto reclamado -foja 14-), identificados con los conceptos 53 y 76, relativos al Servicio Médico y Reserva Técnica." Por su parte, la Delegada de las autoridades señaladas como responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta localidad, mediante oficio recibido en este Juzgado Federal el veintidós de octubre del año en curso, remitió copia certificada de los cheques 0016867 y 0086355, entregados al quejoso Pedro López Guzmán, manifestando que dio cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional en el presente expediente. En tal virtud, SE TIENE POR CUMPLIDA SIN EXCESO NI DEFECTO LA SENTENCIA DE AMPARO PRONUNCIADA EN EL PRESENTE EXPEDIENTE. En términos de lo establecido por los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, notifíquese a la parte quejosa el presente proveído, hágase de su conocimiento que cuenta con el término de quince días hábiles, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo para expresar lo que a sus intereses convenga.

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