Pedro López Antonio
Expediente 951/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 951/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Pedro López Antonio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
PRAL.951/2021.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que lo hubiese hecho. 1.1 Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 1.2. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento alguno respecto al plazo de diez días que tenían las diversas partes procesales para interponer algún recurso, pues en la referida sentencia se sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, ningún agravio les genera el sentido de esa determinación. Se invoca como apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 2. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo del expediente. Como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14 15 (interpretado contrario sensu) y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino (depurable). Toda vez que en diverso acuerdo de seis de septiembre de este año se decretó de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado por la parte quejosa; con fundamento en el artículo 18, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por similitud jurídica, así como atendiendo las especificaciones previstas en el punto 7.4 del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal", se precisa que este juicio de amparo es depurable; por tanto, una vez transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de la fecha en que se ordena su archivo (nueve de noviembre de dos mil veintiuno), procédase a lo dispuesto en el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del acuerdo mencionado. 5. Archivo reciente. Se comunica a las partes que, en atención a lo dispuesto en el artículo 18 del multicitado acuerdo, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Instrucción a la Secretaría. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda referida en el apartado que antecede (depurable). Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se hizo constar en el auto de admisorio, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 7. Anotaciones. Hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.951/2021.MESA-6 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las once horas con seis minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, estando presente el juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, Ponciano Velasco Velasco; ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico. Acto seguido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la misma, por lo que el secretario hace relación de las constancias que existen en el expediente electrónico, entre las que se encuentran: 1) escrito de demanda, 2) auto admisorio de seis de septiembre de este año y 3) los informes justificados rendidos por las autoridades responsables: a) fiscal General del Estado de Oaxaca (por conducto del director de asuntos jurídicos), b) agente del Ministerio Público de la Mesa Siete de Robo de Vehículos, y c) titular de la Coordinación de las Mesas Especiales de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto. Además, CERTIFICA: I. Que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en el auto admisorio. II. Que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público de la Mesa VIII adscrita a Robo de Vehículos, no ha rendido el informe justificado que le fue solicitado en acuerdo de seis del actual. A lo anterior se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. III. Respecto de la certificación que antecede, relativa a la falta de informe justificado de la referida autoridad responsable; se precisa que se proveerá lo relativo en la fase considerativa de esta sentencia. A continuación, se abre el periodo probatorio; por lo que en este acto se recibe la documental que remitieron las autoridades responsables, consistente en: Boleta de libertad de seis del actual signada por el agente del Ministerio Público de la Mesa Siete Especial de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, por la que instruyó al coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones dejar en inmediata libertad dentro de la carpeta de investigación 29203/FDAI/UERV/2021, al aquí quejoso Pedro López Antonio. Documental que, conforme a lo dispuesto en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se desahoga dada su propia y especial naturaleza y se tomará en cuenta en la consideración respectiva; al no existir alguna otra probanza que desahogar, se cierra este periodo. Enseguida, se abre el periodo de alegatos, y se hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho por escrito o a través de algún medio electrónico, pues no se tiene registro de que hayan promovido ante la Oficialía de partes común, buzón judicial o en el correo institucional; por ello, se cierra este periodo; se declaran vistos los autos y se procede a dictar la sentencia correspondiente. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 951/2021; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito recibido el seis de septiembre de dos mil veintiuno por la secretaria de guardia este órgano jurisdiccional, Pedro López Antonio, a quien en el contexto de esta sentencia se le denominará quejoso, promovió juicio de amparo contra actos del fiscal General del Estado de Oaxaca, y otras autoridades; que hizo consistir en: (Imagen escaneada). Acto que estimó violatorio del derecho fundamental contenido en los artículos 1, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de seis de septiembre de este año se admitió la demanda de amparo, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente corresponde; de igual manera, se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; por lo que una vez integrado el expediente, se llevó a cabo la audiencia, en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 49 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales números 45/2016 y 46/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, por tratarse de un asunto listo para dictar sentencia, en el que se reclama un acto de naturaleza penal, además de que las autoridades responsables tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y exacta del acto reclamado, el cual se hace consistir en la detención fuera de procedimiento; como así lo ilustra la tesis del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". TERCERO. Certeza del acto reclamado. El a) fiscal General del Estado de Oaxaca (por conducto del director de asuntos jurídicos), b) agente del Ministerio Público de la Mesa Siete de Robo de Vehículos, y c) titular de la Coordinación de las Mesas Especiales de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, al rendir su informe justificado negaron el acto que se les reclama. Sin embargo, de su contenido se advierte la existencia del mismo, toda vez que refirieron que el aquí quejoso y otro fueron puestos a disposición de la agente del Ministerio Público de la Mesa Siete, Especial de Robo de Vehículos, adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, como probables responsables en la en la comisión del delito de robo especificado equiparado (motocicleta), y delitos contra la salud, cometido en perjuicio patrimonial de quien resulte víctima y la sociedad; iniciándose por dichos hechos la carpeta de investigación 29203/FDAI/UERV/2021. Asimismo, que a las veinte horas con diez minutos del seis del actual se dejó en inmediata libertad al quejoso Pedro López Antonio, en virtud de que la agente del Ministerio Público citada no solicitó prisión preventiva como medida cautelar en términos de los artículos 16, 21, de la Constitución Federal y 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el propietario de la motocicleta manifestó terminar el procedimiento relativo con una salida alterna con el referido quejoso. Por tanto, con dichas manifestaciones se desvirtúa la negativa de las autoridades responsables y se tiene por cierto el acto que se les reclama. Es aplicable, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Julio de 1994, materia Común, página 391. "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". El d) agente del Ministerio Público de la Mesa VIII adscrita a Robo de Vehículos, no rindió su informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, debe presumirse cierto el acto reclamado, consistente en la detención fuera de procedimiento. CUARTO. Estudio de la causa de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse la procedencia de la acción de amparo, por ser de orden preferente sobre aquel aspecto, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, conviene precisar que la improcedencia en el juicio de amparo debe entenderse como una institución por virtud de la cual el juzgador se encuentra impedido para establecer si los actos reclamados son inconstitucionales o no; es decir, la actualización de una causal provoca en el resolutor una limitación para el estudio y pronunciamiento de la cuestión de fondo que importa a la litis constitucional sujeta a su potestad, la cual, como ya se dijo, debe analizarse aun de oficio, pues constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente. Así, respecto del acto reclamado consistente en la detención fuera de procedimiento del quejoso Pedro López Antonio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. El numeral invocado en primer término, en lo conducente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" De la lectura del artículo y fracción transcritos se advierte que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia de éste, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al interpretar el texto del artículo 73, fracción XVI, de la anterior Ley de Amparo, que es idéntico al antes transcrito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por cesación de efectos del acto reclamado, radica en que es ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tales razonamientos encuentran sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 193758, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En efecto, la improcedencia invocada se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En el caso, conforme a las constancias que obran en autos, específicamente en la boleta de libertad de seis de este mes y año, misma que adquiere valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, se puede advertir que el aquí quejoso estuvo detenido desde las veintitrés horas del cuatro de septiembre de este año y quedó en libertad a las veinte horas con diez minutos del seis del actual, ya que la agente del Ministerio Público de la Mesa Siete, Especial de Robo de Vehículos, adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, no solicitó prisión preventiva como medida cautelar en términos de los artículos 16, 21, de la Constitución Federal y 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el propietario de la motocicleta manifestó terminar el procedimiento relativo con una salida alterna con el referido quejoso. Por tanto, las autoridades responsables dejaron de intervenir en la detención que se les atribuyó, ya que si bien es cierto que la parte quejosa estuvo detenida, también lo es que, como se expuso, fue puesta en libertad el mismo día en que promovió este juicio de amparo. Así que al haber quedado en libertad Pedro López Antonio, cesaron los efectos de la señalada detención que sufrió. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia señalada, se sobresee en este juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Finalmente, es importante mencionar que el sobreseimiento impide emprender el análisis de alguna cuestión de fondo planteada; atento a la tesis 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Registro 394465, del texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional al resolver el asunto, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por el quejoso Pedro López Antonio, contra los actos reclamados al: a) fiscal General del Estado de Oaxaca (por conducto del director de asuntos jurídicos), b) agentes del Ministerio Público de las Mesas Siete y Ocho de Robo de Vehículos, y c) titular de la Coordinación de las Mesas Especiales de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto; en términos de los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.951/2021.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Agréguese el oficio signado por el fiscal General del Estado de Oaxaca (por conducto del director de asuntos jurídicos), mediante el cual rinde su informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba las documental que anexó la citada responsable a su oficio de cuenta, misma que será valorada en el momento procesal oportuno. Con lo anterior, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. 1.2. Delegados. Se tiene al fiscal General del Estado de Oaxaca designando como delegados de su parte a las personas que menciona en el oficio de cuenta, en términos del numeral 9º, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, titular juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.951/2021.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Informes de suspensión. Agréguense los oficios signados por: a) el fiscal General del Estado de Oaxaca (por conducto del director de asuntos jurídicos), b) agente del Ministerio Público de la Mesa Ocho de Robo de Vehículos, y c) titular de la Coordinación de las Mesas Especiales de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto; atento a su contenido, con fundamento en el numeral 126 de la Ley de Amparo, se les tiene informando las determinaciones adoptadas con relación a la suspensión de plano concedida a la parte quejosa; asimismo, que el directo quejoso fue puesto en libertad a las veinte horas con diez minutos del seis del actual; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Informes justificados. Agréguense los oficios de las autoridades marcadas en los incisos b) y c), mediante los cuales rinden su informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia respectiva. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas las documentales que anexaron las citadas responsables a sus oficios de cuenta, respectivamente, mismas que serán valoradas en el momento procesal oportuno. Con lo anterior, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Delegados, domicilio, correo electrónico y número telefónico. Se tiene al fiscal General del Estado de Oaxaca designando como delegados de su parte a las personas que menciona en el oficio de cuenta, en términos del numeral 9º, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene al titular de la Coordinación de las Mesas Especiales de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su informe, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 28, fracción I, de dicha ley. También, con fundamento el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo se ordena notificar las subsecuentes determinaciones a esta última autoridad a través del correo electrónico que proporcionó en el oficio de cuenta; de igual manera, deberá tomarse nota del número telefónico que indicó, a fin de confirmar las comunicaciones oficiales que al efecto se envíen por dicho medio. Lo anterior, hágase del conocimiento del (la) actuario(a) adscrito a este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes
- Pedro García Villegas1156/2017
- Pedro Gómez Soledad430/2021
- Pedro Gonzalez Díaz1347/2017
- Pedro Hernández Altamirano202/2022
- Pedro Hernández Luis703/2019
- Pedro Lauro Francisco26/2021
- Pedro López Santiago407/2023
- Pedro Lucas Sanromán275/2021
- Pedro Luis Jiménez Hernández591/2021
- Pedro Luis Vásquez Ocaña152/2019
- Pedro Luna Pacheco1019/2022
- Pedro Mancilla Ramírez5/2022