Pedro Loera Gonzalez

Expediente 900/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
900/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
01/09/2022

Partes del expediente

  • Pedro Loera Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    De la certificación de cuenta y del estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo que la ley concede a las partes para inconformarse con la determinación a través de la cual se declaró cumplido el fallo protector, sin que realizaran manifestación al respecto. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, realícense las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DEPURACIÓN. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    Del estado procesal de autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió por acuerdo doce de julio de dos mil veintidós, a efecto de desahogar la vista respecto del cumplimiento que la autoridad responsable adujo dar a la ejecutoria de amparo. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronunciará respecto al cumplimiento aludido, con base en lo siguiente: Acciones con las que se colman los lineamientos dictados en la sentencia de amparo; por tanto, es dable concluir que la autoridad responsable tomó en consideración los alcances ordenados en el fallo protector. Sobre esa base, se considera que se han cumplido los efectos para los cuales se concedió el amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, debe tenerse por cumplida la sentencia dictada, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se reserva pronunciarse sobre el destino del expediente de amparo, hasta en tanto transcurra el plazo a que se refiere el artículo 202 de la ley de la materia. Notifíquese por lista física y electrónica; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, doce de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede se provee: Se da vista con cumplimiento a ejecutoria. Agréguese a las presentes actuaciones de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, el comunicado y anexo, suscrito por el Presidente Auxiliar de la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, mediante el cual desahoga el requerimiento efectuado por este órgano de control constitucional en auto de uno de julio de dos mil veintidós, en relación con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con dichas constancias por el término de TRES DÍAS contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que exprese lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que en caso de no realizar manifestación alguna, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese por lista física y electrónica; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE NOTIFICA A LA TERCERA INTERESADA *** , LA RESOLUCIÓN DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: VISTOS, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo ***; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, turnado el veinticinco siguiente a este Juzgado Decimoquinto, *** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y las autoridades que se precisan a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES: NO. DE ORDEN AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME PROMOCIÓN 1 JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO DE CULIACÁN, SINALOA CIERTO 15429 2 NOTARIO **** TITULAR DE LA NOTARIA *** DE CULIACÁN, SINALOA OMISO --- ACTO RECLAMADO: "[.] Titular de la Notaria **** de Culiacán, Sinaloa, quien emitió la Escritura Pública de número ***. [.] Del Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito de Culiacán Sinaloa, dentro del expediente ****, por la falta de llamamiento a juicio, notificación o emplazamiento, asimismo, la inminente ejecución ya que no se dio de forma voluntaria con la sentencia definitiva dictada en autos del juicio natural de origen, tomando en consideración que jamás fui debidamente ni legalmente llamada al juicio de origen [.]" Acto que estimó violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó registrar la demanda bajo el número *** y se admitió a trámite; fue solicitado a las autoridades responsables su informe justificado; asimismo, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley para el efecto de que formulara los alegatos que a su representación corresponde; se emplazó a juicio a la parte tercera interesada Dessetec Desarrollo de Sistemas, Sociedad Anónima de Capital Variable. AMPLIACIÓN DE DEMANDA. Por auto de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa, ampliando la demanda de amparo contra el auto y autoridad siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: NO. DE ORDEN AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME PROMOCIÓN 1 ACTUARIO ADSCRITO, AL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. (DENOMINACIÓN CORRECTA) CIERTO 20806 ACTO RECLAMADO: "[.] las diligencias de emplazamiento y cédulas realizadas por el C. ****Actuario Notificador (.) de fecha 11 once y 12 doce de junio del año 2012 dos mil doce, en mi domicilio ubicado en la avenida **** #***, Fraccionamiento ****, **** (.) al Juez Sexto. la sentencia dictada de fecha 13 de septiembre del año 2012 [.]" Acto que estimó violatorio de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, fue señalada fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actuaciones realizadas dentro de un juicio civil, ejecutadas en la demarcación geográfica en la que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como cuestión inicial es menester precisar los actos reclamados en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Del examen integral de la demanda se obtiene que el acto reclamado consiste en: Del Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa y Actuario adscrito al Juzgado Tercero de lo Civil de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco: 1. El emplazamiento practicado el doce de junio de dos mil doce, por medio del exhorto ****, radicado ante el Juzgado de Primera Instancia de Trigésimo Primer Partido Judicial de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, (actualmente denominado Juzgado Tercero de lo Civil del Trigésimo Primer Partido Judicial de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco) girado dentro de las actuaciones del juicio civil sumario hipotecario ****, del índice del Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito de Culiacán Sinaloa; y, como consecuencia, todo lo actuado con posterioridad incluyendo la sentencia de trece de septiembre de dos mil doce. Del Notario **** Titular de la Notaria ****de Culiacán, Sinaloa: 2. La escritura pública número 3106, realizada ante la fe del Notario **** de Culiacán, Sinaloa. TERCERO. Verificación de existencia del acto reclamado. Acto cierto. El Juez y Actuario responsables, al rendir su informe de ley, aceptaron la existencia de lo reclamado; lo que se corrobora con las constancias que allegaron relativas al expediente ****, que por su carácter de documentales públicas adquieren el valor probatorio pleno a que se refieren los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. Por su parte, el Notario *** Titular de la Notaria ***de Culiacán, Sinaloa, fue omiso en rendir su informe justificado, pese a estar debidamente notificado desde el uno de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que en términos del artículo 117 de la ley de la materia, se le tiene por presuntivamente cierto el acto que de él se reclama. CUARTO. Estudio de la procedencia del juicio de amparo. Causas de inviabilidad actualizadas. El artículo 62 de la Ley de Amparo impone la obligación para el juzgador federal, previo abordar el análisis de fondo, de estudiar las causas de inviabilidad de la acción constitucional que en su caso hagan valer las partes o aquellas que advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Notario Público, no es autoridad para efectos del juicio de amparo. En relación al acto señalado en el punto 2, el cual se le atribuye al Notario ****Titular de la Notaria **** de Culiacán, Sinaloa, de oficio se aprecia que opera la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y último párrafo, así como el 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]. "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" De los artículos transcritos se advierte que es autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligaciones, asimismo, señala que los particulares tendrán dicha calidad cuando realicen actos equivalentes de autoridad. Los preceptos referidos fueron motivo de análisis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 174/2015, en la que se sostuvo, entre otras consideraciones, que las características que deben ostentar los actos realizados por particulares con calidad de autoridad, son los siguientes: "1) sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y 3) que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad." Efectivamente, en esa ejecutoria la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación refirió lo siguiente: ".Ahora bien, es importante tener en cuenta que la presente contradicción de tesis debe resolverse a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, que dio lugar a las modificaciones sufridas, entre otros, por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de fortalecer el juicio de amparo 'a partir de la eliminación de tecnicismos y formalismos extremos que han dificultado su accesibilidad y, en consecuencia, su ámbito de protección'. En la exposición de motivos de la iniciativa relativa se destacó la importancia de precisar en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que el juicio de amparo protege a las personas no sólo contra actos de autoridad, sino también contra actos de particulares. Al respecto, se señaló: Estas bases constitucionales se deberán desarrollar en la Ley de Amparo en cuyo texto deberá enfatizarse que a través del juicio de garantías se protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares, ya sea que se promueva en forma individual o conjuntamente por dos o más personas, elaborando así el concepto de afectación común, el que resulta básico para la operatividad de la protección de los derechos sociales. En ese sentido se reconoce la posibilidad de que los particulares violen derechos cuando tengan a su cargo la prestación de servicios públicos o de interés púbico, o bien, cuando actúen en ejercicio de funciones públicas, transformando de esta forma la protección en una protección sustantiva y no puramente formal. Lo así previsto por el Constituyente Reformador de la Constitución, se ve reflejado en los artículos 1° y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que son del tenor siguiente: [.] Cabe mencionar que del proceso legislativo que dio origen a la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se desprende que al desarrollar las bases constitucionales establecidas por el Constituyente Reformador de la Constitución para ampliar el ámbito de protección del juicio de amparo, el legislador ordinario destacó que 'el concepto de autoridad debe modificarse', entre otras razones, porque 'hoy en día, en materia de derechos humanos, la vulneración más importante de tal derechos (sic) no sólo proviene del Estado, sino también proviene de la actuación de los particulares en determinadas circunstancias. Señaló que lo anterior, de modo alguno implica desconocer las vías ordinarias previstas para la solución de conflictos entre particulares ni la exigencia de agotarlas antes de acudir al juicio de amparo, sin embargo, precisó, 'siempre existirán actos que puedan llegar de manera directa al amparo cuando los particulares estén en una situación de supra-subordinación y sin medios de defensa que permitan solventar su pretensión. Por tal motivo, el legislador ordinario determinó que los particulares tendrán el carácter de autoridad cuando 'sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que objetivamente se define en la fracción II (del artículo 5.°) y cuya potestad o función deriva de una norma general y abstracta', de modo tal que su reconocimiento, como tal 'dependerá del planteamiento realizado por el quejoso y la posibilidad de evaluar, por el tribunal, el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales. Así, se puede decir que, de conformidad con lo previsto en los artículos 1.°, último párrafo, y 5.°, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, los actos de particulares tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando crean, modifican o extinguen una situación jurídica de forma unilateral y obligatoria, siempre que su actuación esté prevista en una norma general y afecte directamente algún derecho fundamental, o bien, omite dictar el acto que de realizarse produciría tal afectación, lo que deberá valorarse por el tribunal de amparo. Debe destacarse que el concepto de los particulares que actúan con carácter de autoridad, ha sido materia de pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su trabajo jurisprudencial, sobre todo al referirse a los alcances de la 'responsabilidad estatal'. Ejemplo de ello resulta la sentencia dictada en el *****, en el cual determinó que 'la responsabilidad estatal también puede generarse por actos de particulares en principio no atribuibles al Estado', toda vez que las 'obligaciones erga omnes que tienen los Estados de respetar y garantizar las normas de protección, y de asegurar la efectividad de los derechos, proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan en la obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales'. Sin embargo, dicha responsabilidad estatal, en el caso de actos realizados por particulares no es ilimitada, sino debe entenderse acotada a que exista 'conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo', es decir, debe atenderse a 'las circunstancias particulares de cada caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía'. De todo lo anteriormente transcrito, se concluye que a la luz del nuevo alcance del concepto de 'autoridad' para efectos del juicio de amparo, no resulta posible que se reclamen todos los actos de particulares que pudieran dar lugar a una violación de derechos fundamentales, sino sólo aquellos homologables a los de autoridad y que tengan su origen en una norma general. En este contexto, el particular que actúa con carácter de autoridad se ubica en una situación de supra a subordinación respecto de un gobernado, con lo cual, dicha relación se reviste del imperio similar al de la fuerza pública, entendiendo ésta no como un poder coactivo material, en consecuencia, tiene un carácter estatal similar al de la actuación de una entidad pública, misma que tiene como base una autorización de carácter legal. En este orden de ideas, al actuar el particular como un ente con poder público, se encuentra constreñido a la observancia de los derechos fundamentales en un plano jurídico subjetivo, en consecuencia, los actos que fueran realizados sin apego a los derechos humanos pueden ser materia de reclamo a través del juicio de amparo, el cual resulta ser el medio de control constitucional idóneo para que los gobernados puedan impugnar los actos de autoridad estatal, o sus equivalentes, que estimen violatorios de su esfera jurídica.. " La ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a. /J. 127/2015 de rubro y contenido siguiente: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN LOS CASOS EN QUE CALCULAN, RETIENEN Y ENTERAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PORQUE ACTÚAN COMO AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA1 . Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 423/2014, determinó que de acuerdo con el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1) sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y 3) que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Sobre esa base, cuando el notario público por disposición legal calcula, retiene y entera el impuesto sobre adquisición de inmuebles, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en virtud de que no actúa de manera unilateral y obligatoria sino en cumplimiento de las disposiciones que le ordenan la realización de esos actos, de donde se entiende que actúa como auxiliar del fisco. Ello no implica desconocer que esos actos pueden ser considerados como la aplicación de una norma general para efectos de la promoción del juicio de amparo." Bajo ese contexto y con base en las consideraciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima que, en el caso, a la mencionada fedataria público que firmó la escritura pública ****, ordenada en la contienda natural no le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ello es así porque el notario público al protocolizar la escritura pública sólo autentifica y da forma a los instrumentos donde constan los actos, hechos o negocios jurídicos que celebran las partes que en ellos intervienen, razón por la cual no impone disposición normativa ni modifica situación jurídica de manera unilateral ni afecta la esfera legal de las partes, pues es el acto, hecho o negocio jurídico protocolizado el que, en sí mismo, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas y el que, en su caso, podría causar perjuicio a las partes que intervienen. Sostienen lo anterior las tesis siguientes: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE AL REDACTAR Y APROBAR ESCRITURAS2 . En la exposición de motivos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, que modificó los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoció la posibilidad de que los particulares violen derechos fundamentales cuando tengan a su cargo la prestación de servicios públicos o de interés público; sin embargo, aun cuando los notarios públicos ejercen funciones de orden público, no tienen, en su calidad de particulares, el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, de la ley de la materia, porque si bien al redactar y aprobar escrituras deben observar determinadas reglas, entre ellas la relativa a dejar acreditada la personalidad de quien comparezca en representación de una persona, la omisión en que pudieran incurrir no es un acto equivalente a los de autoridad, en virtud de que no actúan unilateral, imperativa y coercitivamente, es decir, desde una posición de supra a subordinación, al margen del concurso de voluntades de las partes contratantes, sino a petición de éstas, de manera que la voluntad de los gobernados no se encuentra supeditada al acto jurídico que se plasmó en el instrumento público relativo, de forma que tuvieran la obligación inexorable de acatarlo, lo que significa que las funciones que los fedatarios realizan no están previstas en una norma general que les otorgue facultades para actuar como una autoridad del Estado, esto es, que les permita dictar, ordenar o ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas concretas." "NOTARIO PÚBLICO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL AMPARO, DADO QUE CARECE DE FACULTADES PARA CREAR, MODIFICAR O EXTINGUIR SITUACIONES JURÍDICAS EN FORMA UNILATERAL Y OBLIGATORIA3 . El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece la norma que regula las notas características del acto de autoridad, en cuanto crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, así como también identifica como autoridad a los particulares cuyas funciones estén determinadas por una norma general que los faculte para realizar actos equivalentes a aquellos que afecten derechos en términos de esta fracción. En ese sentido, la intervención de un notario en la elaboración de una escritura, no le otorga la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, porque no dicta, ordena, ni ejecuta un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que únicamente da fe y protocoliza el acto de la autoridad judicial. Esto es, la objetiva posibilidad legalmente prevista de que un ente del gobierno o un particular puedan ser considerados como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, deriva de la naturaleza y características propias del acto que emiten u omiten, pues no sólo debe tener las cualidades específicas señaladas de unilateralidad y obligatoriedad, sino que también deben trascender o impactar en la esfera jurídica del gobernado, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas o fácticas, siempre que esa posibilidad para el particular derive de una facultad expresa conferida por normas generales. En esas condiciones, si bien es cierto que aunque el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece que para los efectos de la propia ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la citada fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, también lo es que el notario público no se encuentra en ese supuesto, pues lo que se reclama de éste es cualquier acto tendente a tirar la escritura del inmueble materia del juicio de origen, lo que implica que únicamente dará fe del acto de adjudicación, con lo cual da la forma de escritura pública a ese acto, para efecto de su inscripción; pero no actúa por sí y ante sí, de manera unilateral, para afectar la esfera jurídica de la quejosa, máxime que de los artículos 11 y 12 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal se advierte que los notarios públicos son sólo auxiliares de la administración de justicia, así como que están obligados a prestar sus servicios profesionales cuando para ello fueren requeridos por las autoridades, por los particulares o en cumplimiento de resoluciones judiciales." Por tanto, al no revestirle el carácter de autoridad responsable al Notario ****Titular de la Notaria *** de Culiacán, Sinaloa, se determina que en la especie se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que se sobresee en el presente juicio constitucional, en términos del numeral 63, fracción V de la propia ley, en contra del acto y la autoridad precisada en el presente considerando. QUINTO. Antecedentes relevantes del caso. 1. Mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil once, el Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, admitió en la vía civil sumaria hipotecaria, la demanda instaurada por ***, como apoderado legal de *** ***, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien a su vez era administrador y apoderado legal de ***, *** en contra de la hoy quejosa ****, a la que se asignó el número de expediente ****. Asimismo, se ordenó el emplazamiento de la demandada - quejosa- por exhorto enviado al Juez de Primera Instancia del Ramo Civil en Turno, del Distrito Judicial de Tlajomulco. 2. Por acuerdo de doce de mayo de dos mil doce, el Juez de Primera Instancia Trigésimo Primer Partido Judicial, radicó el exhorto ****, y ordenó el emplazamiento de la parte demandada. 3. El doce de junio de dos mil doce, previo citatorio, en lo que es materia de estudio en este juicio, el secretario **** adscrito al entonces Juzgado de Primera Instancia del Trigésimo Primer Partido Judicial, practicó en forma personal el emplazamiento de la demandada **** (diligencia que constituye el acto reclamado), por conducto de **** quien dijo ser hijo de la demandada -quejosa-. 4. Seguido el juicio en sus etapas procesales, previa declaración en rebeldía a la parte demandada -hoy quejosa-, se dictó sentencia el trece de septiembre de dos mil doce, en la que se condenó a la quejosa al pago de la suerte principal, intereses ordinarios y moratorios, así como gastos y costas, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se sacaría en remate en almoneda pública el inmueble sobre el que pasa el gravamen hipotecario. 5. En acuerdo de once de septiembre de dos mil quince, se reconoció a ****, por conductor de sus apoderados legales ****, como parte actora en el sumario de origen; ello en virtud de la celebración de un contrato de cesión de derechos litigiosos, con la actora principal ****, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario en el fideicomiso identificado con el número ****. 6. Seguido el juicio por sus diferentes etapas procesales, el veinte de febrero de dos mil diecinueve, se adjudicó el bien inmueble ubicado en lote ***, manzana ***, calle Milán ***, colonia ****, de ***, a favor de ****. 7. Auto de doce de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual quedó firme la adjudicación del bien inmueble citado, a favor de la parte actora -tercera interesada, requiriendo a la parte demandada ****, la entrega de las escrituras, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así, se haría en su rebeldía. 8. En proveído de veintisiete de enero de dos mil veintidós, previa declaración en rebeldía a la parte demandada, se ordenó el lanzamiento con auxilio de la fuerza pública en contra de la ahora quejosa, y se ordenó poner el inmueble antes citado en posesión de ****. Hasta aquí los antecedentes que informan la litis constitucional que se decide. La determinación señalada en el punto 3, constituye el acto reclamado. QUINTO. Estudio de fondo. Al no existir causa de improcedencia que hagan valer las partes o se advierta de oficio, se emprende el examen del fondo de la controversia planteada a la luz de los conceptos de violación. Ahora bien, atento a la materia del juicio, conviene tener en cuenta algunas premisas en torno a la figura del tercero extraño a juicio, para efectos del amparo. El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho de audiencia el cual implica que todo gobernado, previo a cualquier acto de autoridad que pudiera tener por objeto privarlo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o de derechos, debe tener oportunidad razonable de defenderse en juicio. Las formalidades esenciales del procedimiento constituyen las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en todo proceso, sea jurisdiccional o administrativo, a fin de garantizar la adecuada defensa del gobernado, previamente al acto privativo de sus derechos fundamentales. La primera y más importante de esas formalidades esenciales del procedimiento y, además, requisito indispensable para que puedan desarrollarse las demás, es la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. En el proceso jurisdiccional esa primera formalidad se denomina generalmente emplazamiento. La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar que su falta o defectuosa práctica, constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Precisamente por la importancia y trascendencia que tiene el emplazamiento es que, por un lado, las leyes procesales lo regulan detalladamente al establecer las formalidades de que debe estar investido y, por otro, la falta de apego a esas formalidades trae como consecuencia su nulidad. En este marco se inscribe la institución de lo que la jurisprudencia se ha encargado de denominar tercero extraño a juicio por equiparación, que se identifica con la persona que, al ser parte en una contienda o controversia, no fue llamada a ella o bien, habiéndolo sido, el llamado resultó defectuoso, de modo que el gobernado queda en estado de indefensión al respecto por encontrarse impedido para desarrollar adecuadamente la defensa de sus intereses, cuestión que, como tema fundamental, alega en el juicio de amparo. En la misma línea se encuentra el tercero extraño en estricto sentido, pero a diferencia del anterior, éste es ajeno a cualquiera de las partes procesales involucradas en la controversia o juicio, y, no obstante, se ve afectado en su esfera de derechos por virtud del mismo. En ese supuesto, el perfecto tercero extraño en comento acude al amparo con la finalidad de que se respeten sus derechos que no tienen por qué verse afectados en una contienda en la que, como se refirió, no es parte. Puntualizado lo que antecede, se toma en cuenta que la quejosa acude al juicio constitucional como tercera extraña por equiparación pues combate el emplazamiento al juicio hipotecario de origen, donde es demandada. En el capítulo de actos reclamados y en los conceptos de violación la quejosa señala, en esencia, que se transgrede la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucionales pues, aduce, no fue debidamente emplazado al juicio de origen, lo que trajo como consecuencia que no pudiera comparecer a defender sus derechos. Es fundado el concepto de violación sintetizado, suplido en su exposición deficiente, de conformidad con el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, por lo que es suficiente para conceder el amparo y protección solicitados. Primero, es necesario puntualizar que en el presente asunto, procede suplir la queja deficiente, en virtud de que se reclama el emplazamiento de la aquí quejosa en el juicio natural, en términos de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 190656 y rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL" La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha conceptualizado al emplazamiento como un acto procesal de significativa importancia en toda controversia de carácter judicial o administrativo, dado que constituye el medio virtud del cual se hace del conocimiento del demandado la existencia de una demanda instaurada en su contra, proporcionándole la posibilidad legal para que oportunamente pueda apersonarse y producir su contestación. De lo que se colige, que es mediante este acto procedimental que las autoridades jurisdiccionales cumplen en un proceso, con el derecho de audiencia consagrado en el artículo 14 de la constitución federal4 . Por consiguiente, en toda controversia jurisdiccional en la que se practique esta diligencia procesal, existe la presunción legal de que en ella se cumple con el derecho fundamental citado, dado que por su conducto se da inicio al derecho que tiene todo demandado de ser oído y vencido en un juicio, pues para condenar legalmente a uno o varios sujetos al pago o cumplimiento de una obligación derivada de una relación jurídica de cualquier índole, constituye requisito indispensable que se observe estrictamente ese derecho público subjetivo. De lo expuesto, se deduce que mediante esta diligencia, el órgano jurisdiccional establece la relación jurídica procesal que vincula a las partes contendientes durante un juicio, de ahí su trascendencia, pues es el acto personalísimo que vincula al demandado a comparecer ante un juzgador a defender los derechos que a su parte le asistan en relación con una pretensión de su contraparte, por tanto, su respeto constituye observancia a su derecho de defensa; y la transgresión o incumplimiento a las normas que rigen la forma en que deberá llevarse a cabo, constituye una violación al derecho fundamental de audiencia. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia que se cita a continuación: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."5 En lo que interesa, la diligencia de emplazamiento de la demandada, aquí quejosa, ****, en lo conducente, establece: "DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO [.] ****, ciendo (sic) las 17:00 horas del 12 doce de junio del año 2012 dos mil doce, el Secretario del Juzgado de Primera Instancia Trigésimo Primer Partido Judicial, Licenciado **** acompañado de **** me constituí en la finca marcada con el número ***de la calle Avenida ***, Fraccionamiento **** de esta Municipalidad, domicilio señalado por la parte actora a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por resolución de fecha 14 de diciembre del 2011 dos mil once (.) y cerciorado previamente de ser el domicilio habitual de la parte demandada **** por así acordarlo con la numeración y nomenclatura de la calle, además por así habérmelo manifestado bajo protesta de decir verdad una persona mayor de edad, quien dice llamarse **** y dice ser hijo y si se identifica con credencial de elector folio número ****, expedido por el Instituto Federal Electoral. Acto continúo, procedo a entender la Diligencia con la persona que me atiende, identificándome con la persona con la credencial expedida por el Consejo General del Poder Judicial del Estado de Jalisco a nombre del suscrito y que me acredita el nombramiento de Secretario consiguientemente le hago saber el motivo de la presente diligencia haciendo de su conocimiento: I. Nombre del Servidor Público que dictó la resolución a cumplimentar Licenciado *** Juez Sexto de Primera Instancia der lo Civil de Culiacán, Sinaloa. II. Juicio Civil Sumario Hipotecario, expediente ****. III. Breve relación de la resolución que se notifica: adjunto copia simple de la misma pronunciada con fecha: 14 de diciembre del año 2011. IV. Día y hora en que se hace la notificación; lo que queda establecido al inicio de la presente acta.-------- V. Nombre de la persona en poder de quien se deja: quedó asentado en líneas precedentes ----- Y bien enterado que es de la misma, le hago saber el motivo de la presente diligencia y lo emplazo haciéndole entrega de las copias de la demanda, documentos fundatorios, así como de la cédula de notificación, haciéndole saber que tiene un término de 07 siete más 05 cinco días hábiles para comparecer al juzgado Sexto Civil de Culiacán, Sinaloa a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibido que de no hacerlo se le tendrá por presuncionalmente confeso de los hechos de la demanda y el juicio seguirá en su rebeldía. (.) No firma porque así me indicó su mama ----conste. Es importante resaltar que en relación con el emplazamiento, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en la ejecutoria que derivó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.), que cuando una ley procesal establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, ello implica que, a través de la exigencia de tal formalidad - entrega de copias de los documentos que se adjuntan a la demanda-, la legislación procesal busca que se observen las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, de debido proceso y de certeza jurídica. Asimismo, que la finalidad de que al practicarse el emplazamiento se corra traslado con la copia de los documentos que la parte actora adjuntó a su demanda, no es otra que la de garantizar que la persona emplazada tenga conocimiento cierto y completo, no sólo de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la actora sustenta su acción; a fin de estar en condiciones de contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Precisó que, entre los documentos que se adjuntan a la demanda y con los que las normas procesales ordenan que se corra traslado a la parte enjuiciada, suelen encontrarse los documentos base de la acción, como son contratos, convenios o títulos de crédito, por mencionar algunos. Indicó que es a partir de esos documentos que se adjuntan a la demanda que la parte demandada adquiere conocimiento pleno y cierto de aquella información que le permitirá ejercer su derecho a la defensa. En efecto, señala dicha Sala, en un procedimiento jurisdiccional, la información que permite a la enjuiciada ejercer adecuadamente su derecho de defensa, a través de la contestación de demanda, se obtiene: a) Del auto admisorio que ordena el emplazamiento; b) De la demanda; y, c) De los documentos que se adjuntan a la demanda. En consecuencia, estableció que si, por ejemplo, el notificador no corriera traslado con copia del contrato base de la acción o con algún convenio modificatorio de éste que se adjuntó a la demanda, la parte enjuiciada no podría establecer con la certeza suficiente para formular excepciones y defensas si existe legitimación en la causa, si operó o no la prescripción de la acción, si el derecho procede en menor medida que lo reclamado o si el órgano jurisdiccional es competente o no. De igual modo, expuso que si el actuario no corriera traslado con copias de otras documentales que también se adjuntan al ocurso inicial, como son aquéllas con las cuales el promovente acredita la representación (personalidad) que aduce tener, el enjuiciado no estaría en aptitud de oponer una excepción de falta de legitimación en el proceso. Determinó que con los ejemplos citados, es factible poner en relieve que la formalidad del emplazamiento consistente en correr trasladado con las copias de los documentos que se adjuntan al escrito de demanda, tiene por objeto el permitir al emplazado acceder, de forma cierta, a aquella información que le permitirá ejercer plenamente su derecho a la defensa. Por tanto, concluyó que si al practicar el emplazamiento el actuario no certifica que corrió traslado con las copias de los documentos que el actor adjuntó a la demanda, o bien, en la certificación que asienta en el acta relativa no se establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado, no es factible concluir que la diligencia de emplazamiento cumplió su objetivo constitucional de hacer saber de manera cierta al demandado aquella información que le permitirá ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. Que cuando el actuario, al practicar el emplazamiento, sólo certifica que corrió traslado con las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda, sin precisar cuáles son éstos, no permite al enjuiciado tener certeza respecto a que la información que obtiene de las copias con las que se le corrió traslado es consistente con la que se desprende de los documentos que se adjuntaron a la demanda, menos aún si está completa. Así como que la finalidad legal y constitucional del emplazamiento a juicio no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora; sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la actora sustenta su acción; a fin de estar en posibilidad real de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que estime necesarias para su defensa. Que es por esas razones que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando, al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, precisa o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Asimismo, precisó que tal formalidad en el emplazamiento (consistente en que el actuario certifique en el acta que entregó copias de traslado de los documentos que se adjuntaron a la demanda y describa, precise o indique cuáles son tales documentos) no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado. Además, que por encima de la comodidad del fedatario público que practica el emplazamiento se encuentra la obligación de los órganos jurisdiccionales de respetar y garantizar los derechos de audiencia, defensa, debido proceso, legalidad y certeza jurídica de las partes del proceso judicial. Tal jurisprudencia es de los datos de identificación, rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado.". En el caso, es conveniente acudir a las normas que rigen el procedimiento sumario civil, a efecto de determinar si establecen como formalidad para la práctica de la diligencia de emplazamiento, la entrega de copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta. Los artículos 90, 91 y 268 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, son del tenor literal siguiente: "Artículo 90. A todo escrito inicial de demanda o contestación, bien sea principal, incidental o de cualquiera otra índole, deberán acompañarse necesariamente el documento o documentos en que la parte interesada: I.- Acredite o justifique la personalidad, personería o representación con que se ostenta y reclama; y si comparece como apoderado de una persona moral, el documento o los documentos con que acredite la existencia de su representada y que la persona que le confirió el mandato o poder tiene facultades para ello; II.- Funde su derecho y los hechos constitutivos de sus acciones, excepciones o defensas. Si no los tiene a su disposición, designará el archivo o lugar en que se encuentren los originales o si éstos obran en poder de terceros y si son propios o ajenos. Se entenderá que el interesado tiene a su disposición los documentos y deberá acompañarlos obligatoriamente a su escrito inicial, siempre que existan los originales en un protocolo o archivo público del que pueda pedir y obtener copias autorizadas de ellos. "Artículo 91. También deberá acompañarse a todo escrito inicial de demanda o contestación principal, incidental o de cualquier otra índole, copia simple del escrito y de los documentos cuando haya de correrse traslado a la contraria. Sí los documentos excedieren de cincuenta fojas, quedarán en la secretaría para que se instruyan de ellos las partes y sólo subsistirá la obligación de presentar copia del escrito.--- Cuando no se presentaren las copias a que se refiere el párrafo anterior, se mandará prevenir al promovente que presente las copias omitidas dentro de un término no mayor de tres días. Transcurrido dicho término sin presentarlas, la autoridad responsable tendrá por no interpuesta la demanda." "Artículo 268. Presentada la demanda con los documentos y copias a que se refiere el Capítulo Tercero del Título Segundo, de este Código se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, emplazándolas para que la contesten dentro de ocho días, si el juicio fuere ordinario y dentro de cinco si fuera sumario." Del análisis armónico y sistemático de las porciones normativas transcritas se desprende que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, sí establece como formalidad para la práctica de la diligencia de emplazamiento de la parte demandada dentro de un juicio sumario civil, el entregar copias de traslado del ocurso inicial y demás documentos que se adjuntan a éste. Bajo esas condiciones, se determina que la diligencia realizada el doce de junio de dos mil doce, no cumplió con sus formalidades de ley, por lo que resulta ilegal el emplazamiento practicado a la aquí quejosa dentro del juicio natural, en razón de que el diligenciario responsable fue omiso en precisar o establecer cuáles fueron los documentos exhibidos con la demanda y con los que asentó que les corrió traslado; pues únicamente se limitó a indicar: ".lo emplazo haciéndole entrega de las copias de la demanda, documentos fundatorios, así como de la cédula de notificación, haciéndole saber que tiene un término de 07 siete más 05 cinco días hábiles para comparecer al juzgado Sexto Civil de Culiacán". Ahora, una vez vistas las constancias del juicio de origen se advierte que la parte actora en su escrito de demanda, allegó al juicio de origen copia certificada de: 1. La escritura pública *** (****) a fin de acreditar su personalidad. 2. Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago Identificado con el número ***. 3. Testimonio de la escritura pública **** (****) de una Poder General para Pleitos y Cobranzas. 4. Escritura Pública *** (****) de un contrato de compraventa, contrato de apertura de crédito y otorgamiento de garantía hipotecaria. 5. Acta de certificación de hechos. 6. Contrato de Prestación de Servicios; y, 7. Contrato de estados de cuenta. Sin que se tenga certeza plana que el actuario hubiera hecho entrega de dichas constancias. Ante dicha omisión y acorde a la jurisprudencia referida en líneas precedentes, si los artículos 90, 91 y 268 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco establece como formalidad del emplazamiento en un juicio civil, el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo interpretado de conformidad con el artículo 14 constitucional, debe concluirse que dicho emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando, al realizar la certificación en el acta relativa, el diligenciario responsable indica, precisa o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado, lo que, se insiste, en la especie no aconteció. En otras palabras, en el acta de emplazamiento a la demandada ***, no se indicó cuáles fueron los documentos con que se corrió traslado y fueron exhibidos junto con la demanda (antes reseñados) que dio origen al juicio natural, ni tampoco se describieron. Consecuentemente, ante la omisión destacada, no se permitió a la enjuiciada en alusión, tener certeza respecto a que la información que se obtiene de las copias con las que se le corrió traslado (indicadas en el acta respectiva como "CON LAS COPIAS SIMPLES DE LEY DE LA DEMANDA, COPIAS SIMPLES DE LOS DOCUMENTOS FUNDATORIOS Y COPIAS SIMPLES DEL(OS) AUTO(S) QUE ORDENA(N), DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS CON SU ORIGINAL" es consistente con la que se desprende de los documentos que se adjuntaron a la demanda, menos aún si están completos. Y, como se hizo notar en párrafos precedentes, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento a juicio no es la de proporcionar a la parte demandada cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la parte actora, sino que ese propósito consiste en que tal enjuiciada tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino también de los documentos en los cuales la actora sustenta su acción, a fin de que esté en posibilidad real de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que estime necesarias para su defensa. Por tanto, en la diligencia de emplazamiento de la demandada, no se cumplieron los extremos de los artículos 90, 91 y 268 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Consecuentemente, dicho llamado a juicio deviene ilegal, pues no se cumplieron con los requisitos a que está sujeto, transgrediéndose en perjuicio de la quejosa, el derecho fundamental al debido proceso, contenido en el artículo 14 de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, al inobservar las formalidades esenciales del procedimiento. Apoyan lo anterior las jurisprudencias siguientes: "EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL. El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional; por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia, por consiguiente, en el caso de que se trate de varios demandados con un mismo domicilio y la diligencia se efectúa por separado con cada uno de ellos y se elaboran actas distintas o por separado, si en éstas se advierte que tal citación se practicó a la misma hora y el mismo día, es ilegal dado que se trata de un vicio en dicho emplazamiento considerándose como la violación procesal de mayor magnitud que transgrede la garantía de audiencia, independientemente de la fe pública de que goza el actuario, diligenciario o notificador que llevó a cabo dicha diligencia, ya que la fe pública del funcionario que la practicó no desvanece el vicio que contiene ese acto procedimental."8 "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no y sí, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia."9 En consecuencia, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, concesión de mérito que se hace extensiva a los actos de ejecución y que como consecuencia se reclaman en esta instancia10. En virtud de la concesión decretada, se considera innecesario estudiar los restantes conceptos de violación, puesto que la materia relativa a éstos, también quedará insubsistente con motivo de la concesión decretada en la presente resolución, además, en nada variaría el sentido de ésta. SEXTO. Efectos de la sentencia de amparo. A fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, el amparo y la protección de la Justicia Federal se otorga para el efecto de que el Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, lleve a cabo lo siguiente:  Deje insubsistente todo lo actuado de manera posterior al emplazamiento de la peticionaria al juicio civil sumario *** practicado el doce de junio de dos mil doce, vía exhorto ****, y sus consecuencias; pues solo así, se podrían restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación de la garantía de audiencia, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 77 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 1, 61, 63, 73 a 75 y 77 a 78, todos de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Sobresee en el juicio de amparo respecto del acto atribuido al Notario **** Titular de la Notaria **** de Culiacán, Sinaloa, por los razonamientos expuestos en el considerando cuarto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ****, contra el emplazamiento practicado en el juicio civil sumario *** del índice del Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán practicado el doce de junio de dos mil doce, vía exhorto ***, así como todo lo actuado con posterioridad. El amparo se concede para los efectos precisados en el último considerando. Notifíquese personalmente.

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