Pedro Leonel Constantino Ojeda
Expediente 821/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 821/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Pedro Leonel Constantino Ojeda
Actuaciones
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta[n] los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado[s] al artículo 3° de la Ley de Amparo, el [los] documento[s] de cuenta, a través del [los] cual[es] comunica que se aceptó la competencia planteada por este Juzgado dentro del juicio de amparo 821/2022; en atención a ello, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno respectivo, y archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se trata de una incompetencia y no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente.
- Principal
Regístrese en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 821/2022- V-B. Pronunciamiento sobre competencia. En razón de lo antes expuesto, es procedente analizar la cuestión relativa a la competencia del órgano jurisdiccional que, en su caso, debe conocer de la demanda de amparo. Precisado lo anterior, a fin de establecer la competencia del conocimiento del presente asunto, se estima pertinente transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del artículo de referencia se advierten los supuestos para determinar la competencia de los juzgados de distrito, a saber: a) Por regla general, la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Excepcionalmente, cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones; así, la competencia la determina el lugar de presentación de la demanda y; c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se presente la demanda respectiva. Con respecto de los supuestos de competencia señalados en el inciso a), cabe hacer la aclaración siguiente: a) En relación con aquellos del lugar donde el acto deba tener ejecución, deben considerarse como tales los que no han sido ejecutados y, en virtud de sus circunstancias particulares, se llegue a la conclusión de que dichos actos reclamados habrán de tener efectos y llevarse a cabo en lugar de su ejecución. b) Que los actos que traten de ejecutarse en determinado lugar son aquellos donde dicha ejecución comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla, pero que, sin embargo, no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud de que del conjunto de los actos tendentes a consumar el acto no fue posible producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad; pero estos tendrán ejecución en la jurisdicción de otro juzgado de Distrito. c) El lugar en donde se haya ejecutado es aquel en donde tal ejecución ya fue consumada y, por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada la competencia del juzgador dentro de la jurisdicción en la que se llevó a cabo el acto reclamado; empero, el supuesto en comento, puede dar cabida a dos tipos de actos con base en sus efectos. 1) Actos de tracto sucesivo: son aquellos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. 2) Actos que se consuman pero que sus efectos se prolongan en el tiempo: como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados se consuman en una sola ocasión y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse. De lo anterior, se advierte que lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera es que en esta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la procedencia de las otras exige esta ejecución; y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse materialmente, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a los supuestos en que pueda llevarse a cabo, pero solo hace mención a que esto se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución material en dos distritos diferentes. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama: [A]CTO RECLAMADO.- La ilegal Resolución dictada con fecha 28 de Septiembre de 2022, emitida por el C. Juez del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huatusco, Veracruz, por medio de la cual se dicta en mi contra AUTO DE FORMAL PRISIÓN, como probable responsable del delito de Homicidio en Riña, dentro de los autos de la Causa Penal número 1097/2021 del índice de la Responsable; mismo que me fuera notificado con fecha 4 de Octubre del presente año, por la Responsabl[e]. [Énfasis añadido]. Establecido lo anterior, la regla que interesa para fijar la competencia de este órgano de control constitucional, es aquella que opera tratándose de actos que requieren ejecución material en un sola jurisdicción o unívoca, en la que debe atenderse al lugar de residencia de la autoridad que conoce del proceso penal, en virtud de que se trata de actuaciones que afectan el procedimiento y las decisiones que en éste se llevan a cabo; esto es, el debate probatorio y argumentativo respecto del auto de vinculación a proceso se ejecutan en la demarcación del juzgado que conoce del proceso -Huatusco, Veracruz-, ya que las consecuencias del proceso penal serán resentidos en dicha localidad (Huatusco), lugar en el que este órgano de control constitucional no ejerce jurisdicción, sino que resultan competentes para conocer los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; consecuentemente, conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgados de Distrito, este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer del presente asunto; por lo que, se ordena remitir la demanda de amparo que dio origen a este asunto, al Juez de Distrito en el Estado en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, para que, previos los trámites de ley, si así lo estima procedente, se avoque al conocimiento del caso. Lo anterior al considerar que los efectos del auto de bien preso tienen materialidad, puesto que el imputado se encuentra a disposición del juez de la causa, con base en el lugar donde se lleva el proceso penal, en virtud de que atendiendo a la naturaleza de dicho acto reclamado, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez del proceso al que el imputado está sometido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido y datos de localización siguientes: COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. Consecuentemente, con fundamento con lo que establecen los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo tercero, del Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgados de Distrito; es inconcuso que el suscrito juzgador, carece de competencia legal para conocer de la presente de manda de amparo; por lo que resultan competentes para conocer los Juzgados de Distritos en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. Por tanto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y remítase el expediente relativo al juicio de amparo, formado con la demanda original y las copias que anexó, al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en Turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando atentamente que una vez que obre lo anterior en su poder se sirva enviar el correspondiente acuse de recibo mediante el cual comunique si acepta o no la competencia. En el entendido que no se provee respecto a la suspensión solicitada, dado que en el caso en particular no se está en el supuesto que establece el numeral 48 de la ley reglamentaria del juicio de amparo, ya que los actos reclamados no se encuentran contemplados dentro de la hipótesis establecida en el artículo 15 de la citada legislación. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Ahora bien, toda vez que el impetrante de amparo señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, los cuales técnicamente no constituyen un domicilio para tal efecto, en términos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado; por tanto, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la ley en cita, realícensele las subsecuentes, incluso las personales, por lista de acuerdos. Asimismo, se tiene[n] y como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] Nadia James Sobac, Josué Contreras Álvarez y Luis Edgar Herrera Cerón, en virtud de contar con cédula debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.
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