Pedro Leiva Hernández

Expediente 2194/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2194/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
09/06/2022

Partes del expediente

  • Pedro Leiva Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Por tanto, este órgano de control constitucional considera que lo realizado por la responsable, cumple con todos los efectos del fallo protector y, por ende, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DICTADA EN ESTE JUICIO, sin que exista exceso o defecto en el cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dado los lineamientos de la sentencia y el análisis de las constancias remitidas, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento.

  2. Principal

    DÉSE VISTA AL QUEJOSO PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS, CONTADO A PARTIR DEL SIGUIENTE AL EN QUE SURTAN SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO, MANIFIESTEN LO QUE A SU INTERÉS LEGAL CONVENGA, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE

  3. Principal

    AGRÉGUESE A LOS AUTOS DEL PRESENTE ASUNTO, EL OFICIO DE CUENTA, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR

  4. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 2194/2021; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad, el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, y que por turno correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Pedro Leiva Hernández, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican: "[.] IV. ACTO RECLAMADO: El incumplimiento u omisión de dictar el laudo que resuelva en definitiva el juicio seguido en el expediente número 246/2018, relativo al procedimiento especial previsto en el artículo 892 de la Ley Federal del Trabajo. [.]" SEGUNDO. Trámite. En proveído de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de que se trata, la cual se registró en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 2194/2021; se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, y se citó para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se verificó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1º, fracción I, 37 y 107, todos de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y de acuerdo al análisis integral de la demanda de amparo así como de las constancias de autos, se advierte que el acto destacado, que se tilda de inconstitucional es el siguiente: La omisión de dictar laudo en el expediente laboral 246/2018. TERCERO. Certeza del acto reclamado. De los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I, III y IV, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador, apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. En el caso a estudio, se tiene por cierto el acto reclamado a la Junta Especial número Veinticinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, tal como lo indicó su presidenta al rendir su informe justificado, en representación de dicho órgano colegiado; manifestación que resulta suficiente para acreditar la certeza del acto que se le atribuye, con apoyo en la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- Septiembre 2011, tomo II Procesal Constitucional, submateria 1 Común, primera parte, sexta sección Procedimiento de amparo indirecto, página 830, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, o bien, que de oficio se advierta impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Bajo ese contexto, se estima que en la especie no se actualizan causas de improcedencia en el asunto de mérito, y al no haberlas invocado las partes, se procede al análisis de fondo de la cuestión debatida. QUINTO. Conceptos de violación. El concepto de violación expuesto en la demanda no se transcribe en este apartado, en obvio de repeticiones y bajo el principio de economía procesal; además, el artículo 74, ni algún otro de la Ley de Amparo, prevé la obligatoriedad de realizar tal trascripción. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Mayo de 2010, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Estudio. Es fundado el concepto de violación esgrimido en contra del acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 246/2018, toda vez que dicha abstención es contraria al principio de acceso a la impartición de justicia, por tanto, es suficiente para conceder la protección constitucional. En la especie, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo procede suplir la deficiencia en la cita de los preceptos legales que se consideran trasgredidos, para resolver la cuestión efectivamente planteada. El numeral 17 del Pacto Federal, en la parte conducente, dispone: "Art. 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Sobre el tema, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, ha establecido que el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia que dicho numeral consagra en favor de los gobernados, descansa en los siguientes principios de justicia: 1. Pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. Completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. Gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. En ese tenor, las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de tales principios son aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto jurídico, como es el caso. El criterio invocado, es el contenido en la jurisprudencia 192/2007, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 209 del Tomo XXVI, Octubre de 2007, de la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Ahora bien, los numerales 885 al 890 de la Ley Federal del Trabajo, establecen los plazos siguientes: a) Diez días contados a partir del siguiente al en que se declare cerrada la instrucción, para que el auxiliar formule por escrito el proyecto de laudo; b) Cinco para que alguno de los miembros de la junta solicite la práctica de diligencias que juzgue convenientes y ocho días más para su desahogo, en su caso; c) Otros diez para la celebración de la audiencia de discusión y votación del proyecto, en donde el presidente de la junta deberá citar a los miembros de la misma, diligencia en la que si fuese aprobado el proyecto sin modificaciones ni adiciones, se elevará a la categoría de laudo, y se firmará; y si se hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado; engrosado que fuese, el secretario recabará las firmas de los miembros de la Junta y se turnará el expediente al actuario para notificarlo personalmente a las partes. De los anteriores incisos, extraídos del contenido de los preceptos 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo, se obtiene un procedimiento compuesto de distintos plazos para llegar a la emisión del laudo, pero que constituyen una unidad, y determinan un plazo de treinta y tres días hábiles como máximo para el pronunciamiento que dirima el juicio, sin que a criterio de la suscrita pueda fragmentarse. En el caso, la autoridad responsable vulnera en perjuicio del quejoso el derecho fundamental consagrado en el numeral 17 constitucional, que pugna para que la administración de justicia se imparta dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, en atención a que ha incumplido la obligación de emitir el laudo en el juicio natural en el plazo de treinta y tres días hábiles que como máximo tiene para su pronunciamiento que dirima el juicio laboral. Sirve de apoyo la jurisprudencia IV.3o.T. J/57, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, página mil doscientos ochenta y tres, que dispone: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 Constitucional." En tales circunstancias, lo que procede es conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para los efectos siguientes: a) Que la Junta Especial Número Veinticinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dicte de inmediato laudo en el expediente laboral 246/2018; y, b) De ser el caso, informe de cualquier auto o resolución que ponga fin al juicio, o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para su emisión. Por lo antes expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1°, fracción I, 74, 75 y demás de la Ley de Amparo; se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Pedro Leiva Hernández, contra el acto de la Junta Especial Número Veinticinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 246/2018, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando último de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Claudia Luz Hernández Sánchez, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, asistida del secretario Edgar Omar Barajas Reyna, quien certifica que la presente resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Certifico y doy fe.

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