Pedro Juárez Luna
Expediente 1553/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1553/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Pedro Juárez Luna
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 8794/2023 signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo primer Circuito, mediante el cual devuelve el original del juicio de amparo 810/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, informando que en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se encuentra disponible la ejecutoria pronunciada dentro de la queja 225/2023; acúsese recibo y comuníquese a las partes dicha ejecutoria en lo conducente, mediante la cual se resuelve: "ÚNICO. Es parcialmente fundado el recurso de queja" Consecuentemente, con apoyo en el artículo 102 de la ley de Amparo, se levanta la suspensión del procedimiento decretada en el expediente en que se actúa y SE SEÑALAN LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Ahora bien, en cumplimiento a la ejecutoria dictada el dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés por los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en la que se revocó el auto de trece de junio del año en curso, y determinó: "procede declarar parcialmente fundado el presente recurso y toda vez que la naturaleza de esta determinación, equivale a ordenar la reposición del procedimiento, en virtud de que el auto de admisión implica el cumplimiento de una serie de requisitos legales y administrativos que sólo el Juez de Distrito puede establecer, de conformidad con la última parte del artículo 103 de la Ley de Amparo, procede revocar el acuerdo impugnado y se ordena que aquél emita otro relativo a la admisión de la ampliación de la demanda de amparo, respecto de los nuevos conceptos de violación, en los que se alegó transgresión de preceptos constitucionales, así como de los actos reclamados identificados con los números 1 y 4) de la ampliación de la demanda de amparo, siempre y cuando no se actualice una causal de improcedencia diversa a la analizada." Por tanto, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la ampliación de la demanda de amparo promovida por César Villaseñor Prado contra actos del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Metropolitana del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de los nuevos conceptos de violación, en los que se alegó transgresión de preceptos constitucionales y únicamente por los actos consistentes en: "1. La violación al Pacto Federal por no reconocer, por sí y ante sí, actos realizados por autoridades de las entidades federativas de la Federación, consistentes en sentencia dictada por el Juzgado Municipal de los Civil de Atzitzintla, Estado de Puebla, en términos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, así como la rectificación asentada por el Oficial del Registro Civil de Arios de Rosales, municipio Ario, Michoacán . 4. La falta de emplazamiento al expediente donde existen las supuestar irregularidades de identidad. " Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número P./J. 15/2003, de consultable en la página 12, del Tomo XVIII, correspondiente al mes de Julio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional.". Así como la diversa jurisprudencia número VI.2º.C.J./240, consultable en la página 1339, tomo XIV, Enero de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que la letra dice; "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos." Así como la, aplicada por identidad de razón, la tesis visible en la página 848 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, Materia Común, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ADMISIÓN NO SE REQUIERE QUE EL QUEJOSO SEÑALE EL CAPÍTULO RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 116 de la Ley de Amparo es claro al señalar los requisitos que debe reunir la demanda de garantías, entre los cuales no figura el consistente en que el quejoso indique el capítulo correspondiente a la suspensión del acto reclamado; de ahí, que al no existir señalamiento alguno al respecto, no es motivo para que el Juez de Distrito, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, prevenga al promovente para que satisfaga ese aspecto con el apercibimiento que de no hacer la aclaración respectiva se tenga por no interpuesta la demanda de amparo y ante el incumplimiento del quejoso, haga efectivo dicho apercibimiento; pues en todo caso, ante la falta de solicitud de la suspensión del acto reclamado, esa circunstancia únicamente afecta al peticionario de garantías, en el sentido de que el incidente correspondiente no se tramitará; además la solicitud de la medida suspensional puede ser realizada por el quejoso en cualquier momento del juicio, mientras no se haya dictado sentencia ejecutoria, de conformidad al artículo 141 del ordenamiento legal en cita.". No se forma incidente toda vez que ya se creó; no obstante, provéase respecto a la suspensión provisional respecto de la ampliación de la demanda, que en derecho en corresponda en dicho incidente. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable en el escrito de ampliación de demanda, su informe justificado respecto de dicha ampliación, el cual deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir del momento en que reciban el oficio en el que se les solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberán exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberán acompañar, en su caso, las constancias en que se haya basado para emitir el acto, o copia certificada legible y completa de las mismas, en el entendido que en cualquiera de dichos supuestos, deberán estar debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas por las autoridades responsables. En el entendido de que en caso de no rendir informe se presumirá cierto el acto reclamado y se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmaren una falsedad o negaren la verdad en todo o en parte, serán sancionados en los términos que el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en consulta, solicítese a las autoridades responsables informen a este juzgado de Distrito, si dentro del expediente del que deriva el acto reclamado, la parte quejosa o alguna otra persona, aun tercera extraña al procedimiento de origen, promovió diverso juicio de garantías, o bien, si tiene conocimiento de alguna causa que diera lugar al sobreseimiento del presente juicio, para lo cual, en ese caso, deberán exhibir las constancias que la acrediten; requerimiento que se hace extensivo a las demás partes del juicio, bajo apercibimiento de que en caso de que cualquiera de las partes que tuviera conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se le impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251 de la Ley en consulta. En otro contexto, por ser parte del juicio de amparo, dese vista de la ampliación de demanda en el presente asunto, así como del presente proveído al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal. Tiene aplicación por identidad de razón, la tesis número X.A.T.5 K (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, visible en la página 2370, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. LA OMISIÓN DE NOTIFICAR Y CORRER TRASLADO AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 120 Y 146 DE LA LEY DE LA MATERIA ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO QUE ORIGINA SU REPOSICIÓN. La obligación que establecen los numerales 120 y 146 de la Ley de Amparo, que también son aplicables a la ampliación de la demanda, se refiere a la notificación a las partes del escrito de demanda, entre los que se encuentra la notificación al Ministerio Público para que, si lo desea, formule alegatos por escrito en los que puede destacar la improcedencia del amparo o de su ampliación o, en su caso, promover los recursos de revisión que sean procedentes, ya que conforme a la jurisprudencia 1a./J. 66/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, octubre de 2010, página 43, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA EXHIBICIÓN DE COPIAS DE ÉSTA PARA EL TRASLADO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, NO CONSTITUYE UN FORMALISMO SIN SENTIDO O UN OBSTÁCULO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la intención del legislador, al establecer el artículo 120 de la invocada ley, fue prever mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el juicio, a fin de garantizar el respeto a la garantía de seguridad jurídica y, dentro de ésta, a las de legalidad e igualdad en los procedimientos. De ahí, que si no se le da la intervención que legalmente le compete al representante social respecto de las ampliaciones de demanda, ello evidencia que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de garantías, conforme al artículo 91, fracción IV, de la citada ley, al no haberse llamado a juicio a una de las partes, que por disposición legal debe tener conocimiento de su tramitación, ya que la prosecución del sumario es una cuestión de orden público, por lo que debe reponerse el procedimiento para ese efecto." Infórmese a la autoridad responsable que no deberá acusar recibo de los oficios que reciba provenientes de este juzgado, sino sólo de aquellos en los que expresamente se le requiera para que lo hagan. Notifíquese personalmente a todas las partes.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio sin número signado por el Delegado del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, informa que las constancias solicitadas se anexaron al informe justificado rendido en autos, asimismo, manifiesta que no cuenta con el video de la sesión de uno de junio de dos mil veintitrés, ello en razón a que no se tuvieron las condiciones necesarias para poder llevar a cabo esa práctica. Así, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales que adjunta a su oficio de cuenta el delegado en cita, con las cuales se ordena dar vista a las partes a efecto de que manifiesten lo que a su interés legal convenga; sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Notifíquese.
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