Pedro Juan Soltero Muñoz
Expediente 697/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 45 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 697/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 45
- Última actuación
- 16/01/2023
Partes del expediente
- Pedro Juan Soltero Muñoz
- PEDRO JUAN SOLTERO MUÑOZ y Otros.
- Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, Con Sede En Esta Ciudad
- MARÍA GUADALUPE SOLTERO MUÑOZ y Otros.
- PEDRO ALBERTO SOLTERO CASILLAS y Otros.
- Pedro Alberto Soltero Casillas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 45.
- Principal
dieciséis de enero de dos mil veintitrés1125En dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se da cuenta a la Jueza de Distrito, con el oficio registrado con número de folio 1125. CONSTE. Tepic, Nayarit, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Se recibe ejecutoria. Se tiene por recibido el oficio de cuenta firmado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica la ejecutoria dictada el catorce de diciembre de dos mil veintidós, en el recurso de inconformidad 36/2021, del que se advierte que se declaró infundado dicho medio de impugnación y remite el juicio de amparo indirecto número 697/2019; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Acúsese de recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y, agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo a partir de las constancias que obren en original. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretaria Maria Guadalupe Montoya Villa, que autoriza y da fe. Marco.Alberto
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por **, por sí y como representante legal del menor identificado con las iniciales J.C.S.C.; así como, por **y **, a través del cual, interponen recurso de inconformidad contra el proveído de seis de octubre del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la sentencia de amparo y se ordenó el archivo definitivo del presente juicio como asunto totalmente concluido. Ahora, con fundamento en los artículos 201, 202 y 203 de la Ley de Amparo, sin decidir sobre la admisión del citado recurso, remítase el original del escrito de agravios, así como los autos del juicio de amparo en que se actúa, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para el efecto de que se substancie la inconformidad de referencia. Lo anterior, no obstante lo establecido en el precepto 203 de la ley de la materia, ya que mediante instrumento normativo de nueve de septiembre de dos mil trece, se modificaron los puntos segundo, fracción XVI; cuarto, fracción IV; octavo, fracción I; noveno, al que se adiciona un párrafo segundo, y décimo tercero, párrafo segundo, del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las salas y a los tribunales colegiados de circuito; a través de ello, se delegó competencia a los tribunales colegiados de circuito, para conocer de los recursos de inconformidad interpuestos en términos de lo previsto en las fracciones I y III del citado dispositivo 201 de la ley en comento, es decir, los que procedan contra las resoluciones que en amparo indirecto tenga por cumplida la ejecutoria de amparo y las que declaren sin materia o infundada una denuncia de repetición del acto reclamado. Hágase del conocimiento de las partes la presente determinación, para los fines legales consiguientes; asimismo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el siete de julio del año en curso, el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de ocho de julio del año actual, se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados para que indicaran lo que a sus intereses legales conviniera y se les apercibió que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, mediante proveído de veintisiete de agosto de la anualidad que transcurre, se tuvo a los quejosos Pedro Juan Soltero Muñoz, por sí y como representante legal del menor identificado con las iniciales "J.C.S.C."; así como, por Pedro Alberto Soltero Casillas, desahogando la vista concedida en el referido acuerdo, sin que diversa parte procesal hubiera realizado manifestación al respecto, como se aprecia de la certificación que antecede. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Al respecto, para una mayor comprensión del asunto es oportuno narrar en lo que interesa, los antecedentes más destacados del juicio de amparo en que se actúa. En efecto, se aprecia que agotada la secuela procedimental, el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve se celebró la audiencia constitucional. Posteriormente, el Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en auxilio el diecinueve de agosto del mismo año, emitió sentencia que concluyó en lo conducente: . "RESUELVE. PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 679/2019, promovido por Pedro Juan Soltero Muñoz, Pedro Alberto Soltero Casillas; y, María Guadalupe Soltero, y el primero de los nombrados como tutriz del menor de edad identificado con las iniciales J. C. S. C. así como de la diversa A. T. S. C., contra las autoridades; y, por el acto reclamado indicados en el considerando tercero, por los motivos expresado quinto. SEGUNDO. En términos del último considerando de este fallo, se ordena su publicación con supresión de datos personales." Inconforme con la citada resolución la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Consecuentemente, mediante ejecutoria de veintidós de octubre de dos mil veinte, el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, resolvió: "PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento decretado en la primera parte del considerando quinto de la sentencia recurrida. SEGUNDO. En la materia de la revisión se revoca la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Pedro Juan Soltero Muñoz, Pedro Alberto Soltero Casillas; María Guadalupe Soltero, y el primero de los nombrados de como tutriz del menor de edad identificado con las iniciales J.C.S.C., contra la autoridad, el acto reclamado; por los motivos y para los efectos indicados en el considerando último de la presente ejecutoria." En este punto, cabe precisar que el sobreseimiento decretado en la primera parte del considerando quinto de la sentencia recurrida que se confirmó, fue por lo que ve a los actos reclamados al Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en Tepic, Nayarit, al actualizarse la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con al 5° fracción II, de la Ley de Amparo, pues se estimó que no puede considerarse como autoridad responsable para el juicio de amparo. Ahora bien, se advierte que, en otro aspecto, en su resolución el tribunal de alzada decidió conceder el amparo y protección de la Justicia Federal impetrada, para los efectos siguientes: ". el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Partido Judicial de Tepic, Nayarit: 1. Deje insubsistente la interlocutoria de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, y emita otra en la cual: a) Reitere lo que no fue materia de estudio en esta ejecutoria. b) Al resolver el recurso de revocación sometido ante su potestad, prescinda de sus consideraciones dogmáticas que empleó para revocar su determinación de entregar la serie de legados existentes a cada uno de los legatarios; c) Con plenitud de jurisdicción y de manera fundada y motivada, resuelva los planteamientos expuestos en vías de agravios, y atendiendo e interpretando las disposiciones legales en comento en el considerando que antecede; y, con base en ello determine si procede (revocar o confirmar) o no la petición de entrega física y material de los legados existentes a cada uno de los legatarios." Así pues, se colige que, los actos que debía realizar la autoridad responsable para acatar el fallo protector, esencialmente consisten en; Dejar insubsistente la interlocutoria de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Con plenitud de jurisdicción y de manera fundada y motivada, emitir una nueva en la cual, debía reiterar lo que no fue materia de análisis la ejecutoria y al resolver el recurso de revocación sometido ante su potestad, prescindirá de sus consideraciones dogmáticas que empleó para revocar su determinación de entregar la serie de legados existentes a cada uno de los legatarios; asimismo, debería resolver los planteamientos expuestos en vías de agravios, y atendiendo e interpretando las disposiciones legales en comento en el considerando que antecede; y, con base en ello determinara si procede (revocar o confirmar) o no la petición de entrega física y material de los legados existentes a cada uno de los legatarios. Ahora, de la lectura integral de la ejecutoria de mérito se advierte que las violaciones que dieron lugar a la concesión del amparo a la parte quejosa, esencialmente, derivan de la resolución interlocutoria dictada el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el juicio sucesorio testamentario 728/2018, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, a través de la cual, se declaró fundado el recurso de revocación planteado por el albacea Jorge Homero Soltero Muñoz (aquí tercero interesado) y se revocó el auto de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual, a petición de la heredera María Guadalupe Soltero Muñoz (aquí quejosa), se requirió al precitado albacea, para que dentro del término de sesenta días, concluyera con los inventarios y avalúos y rindiera cuenta de su administración, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, sería removido de plano de su encargo; asimismo, para que en el plazo de tres días, realizara la entrega física real y jurídica a cada uno de los legatarios, la serie de legados existentes. Lo anterior, pues el tribunal de alzada concluyó que la interlocutoria de referencia, adolecía de fundamentación y motivación. Ello esencialmente por las consideraciones siguientes: A). El juez recurrido revocó su determinación previa en que ordenó al albacea poner la entrega física y material de los legados existentes a los legatarios bajo los argumentos de que, para que ello ocurriera, en primer lugar, debía estar aprobado el inventario y, además, cada uno de los legatarios debía garantizar y responder por los gastos y cargas generales de la herencia en la proporción que a cada uno de ellos corresponda. Sin embargo, la autoridad responsable omitió la cita de precepto o preceptos legales en que apoyara esa decisión, o bien, de algún criterio de tesis que le resultara de obligatoria aplicación al respecto. B). La autoridad responsable tampoco precisó cómo es que concluyó que cada uno de los legatarios debían garantizar y responder por los gastos y cargas generales de la herencia en proporción que a cada uno de ellos les correspondiera, pues ni siquiera señaló cuáles eran esos gastos y cargas, o bien, de dónde se advertía su existencia, menos aún el fundamento para dicha obligación por parte de los legatarios; lo cual constituye deficiencia en la motivación y fundamentación que todo acto de autoridad debe satisfacer. Asimismo, el tribunal consideró que los razonamientos del ente responsable para revocar la determinación de entregar física y material de los legados existentes a cada uno de los legatarios por estar supeditada a la aprobación de los inventarios y a que se garanticen suficientes gastos y cargas generales de la herencia, se sustentan en lo establecido en los artículos 2848, 2883 y 2545 del Código Civil para el Estado de Nayarit. No obstante, dicho tribunal razonó que dichos preceptos deben interpretarse de forma sistemática con diversos artículos aplicables al caso, respecto la entrega de los legados, sus formalidades y condiciones previstas en el Código Civil para el Estado de Nayarit, entre otros, lo señalado en el primer párrafo del dispositivo 2848 en comento en la parte que dispone "Los acreedores y legatarios no podrán exigir el pago de sus créditos y legados, sino que hasta que el inventario haya sido formado y aprobado, siempre que se forme y apruebe dentro de los términos señalados por la Ley, salvo en los casos prescritos en los artículos 2867; y 2870". De igual manera, analizarlos en conjunto con diversos artículos que estime aplicables al caso particular, como podrían ser los numerales 2529, 2545, 2563, 2867 y 2870 Código Civil para el Estado de Nayarit, 575, 576 y 577 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit. Es oportuno precisar que, con base en los lineamientos establecidos en la presente determinación en los incisos 1), 2) A) y B), se procede a analizar si se encuentra cumplida o no la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, por oficios y anexos recibidos en este juzgado federal el catorce de junio y siete de julio, ambos de dos mil veintiuno, respectivamente el Juez Segundo Familiar de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, informó haber dado cumplimiento al fallo protector. Ahora, del contenido integral de los citados ocursos y anexos, por una parte, se desprende que el ente responsable remitió copia certificada de la interlocutoria dictada el ocho de junio de dos mil veintiuno y, por otra, se aprecia que adjuntó copia certificada de las notificaciones correspondientes practicadas a las partes dentro del juicio sucesorio testamentario 728/2018, de su índice. En lo conducente, del contenido integral de la nueva resolución interlocutoria emitida dentro del contradictorio de origen el ocho de junio previamente aludida, se advierte en lo que interesa que, se dejó sin efectos la diversa emitida el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Entonces, con ello se cumple el primer aspecto del amparo otorgado al quejoso precisado en el inciso 1). Asimismo, de los puntos resolutivos de la cita resolución se desprende que la autoridad responsable, con libertad de jurisdicción, declaró fundados pero insuficientes los agravios del recurso de revocación planteado por Jorge Homero Soltero Muñoz (aquí tercero interesado), albacea de la sucesión, así como que, modificó el auto combatido dictado el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, únicamente en sus párrafos décimo y décimo primero, por lo que en su lugar, dictó otro en los términos ahí precisados; reiterando lo que no fue materia de análisis de la ejecutoria de mérito. Asimismo, se aprecia que el ente responsable en atención a los lineamientos establecidos en el fallo protector, arribó a los mencionados resolutivos en lo que interesa, con base en los razonamientos siguientes: Primero. Consideró que los agravios en el recurso de revocación planteado por Jorge Homero Soltero Muñoz (aquí tercero interesado), eran fundados pero insuficientes, toda vez que era fundado su argumento en el sentido de que si bien los legatarios no pueden pedir la posesión de los bienes hasta que se formule y apruebe el inventario de la sucesión, lo cierto es que éste aún no se había aprobado, por lo que no le asistía la razón en ese sentido, ya que se encontraba en el caso de excepción que señala el artículo 2848 del Código Civil del Estado de Nayarit, que establece: "Artículo 2848.- Los acreedores y legatarios no podrán exigir el pago de sus créditos y legados, sino que hasta que el inventario haya sido formado y aprobado, siempre que se forme y apruebe dentro de los términos señalados por la Ley, salvo en los casos prescritos en los artículos 2867; y 2870; y aquellas deudas sobre las cuales hubiere juicio pendiente al abrirse la sucesión." Interpretado en conjunto con los diversos arábigos 2867 y 2870 del código en cita que proveen: "Artículo 2867.- En primer lugar, serán pagadas las deudas mortuarias (sic), si no lo estuvieren ya, pues pueden pagarse antes de la formación del inventario. Artículo 2870.- En segundo lugar, se pagarán los gastos de rigurosa conservación y administración de la herencia, así como los créditos alimenticios, que pueden también ser cubiertos antes de la formación del inventario." Además, agregó que de una interpretación del primer dispositivo invocado que señala "siempre que se forme y apruebe dentro de los términos señalados por la ley", se podía entender que esa regla general admitía excepción, cuando había transcurrido el plazo para formular el inventario y no se había realizado, que en la especie dicha circunstancia había ocurrido toda vez que no se había aprobado pues se encontraba pendiente de un incidente de oposición de inventarios y avalúos, en esas condiciones que la entrega de la posesión de los legados se estaría en postergar indefinidamente, al no proceder la formación de inventario y su aprobación. Concluyendo que no le asistía la razón al recurrente para esperar que se aprobaran los inventarios de bienes y avalúos para poder realizar la entrega de la posesión de los legados, ya que como se había narrado se había excedido el término para haberse formado y aprobado en términos de ley. Máxime, que la cosa legada debía ser entregada con todos sus accesorios y en el estado que se halle al morir el autor de la herencia como lo señala el precepto 2529 del Código Civil del Estado de Nayarit. "Artículo 2529.- La cosa legada deberá ser entregada con todos sus accesorios y en el estado en que se halle al morir el testador." Segundo. Precisó respecto a las cargas que señaló el multicitado recurrente, que dicho agravio era fundado ya que en la sucesión testamentaria del instrumento público de diez de agosto de dos mil once, otorgado por el autor de la sucesión Pedro Soltero García, distribuyo su voluntad en legados de la cláusula de la primera a la décima, por lo que todos los legatarios eran considerados herederos de conformidad con lo dispuesto con el artículo 2421 del Código Civil del Estado de Nayarit, que señala: "Artículo 2421.- Cuando toda la herencia se distribuya en legados, los legatarios serán considerados como herederos." Agregando que como se había adelantado dicho argumento no era suficiente para no estimar fundada la petición de los legatarios de entrega de los legados que les corresponden de la entrega física, real y jurídica de los bienes legados que les corresponden, estimando fundada la petición de entrega de los bienes legados de la cosa específica y determinada, como lo señala el arábigo 2563 del Código Civil del Estado de Nayarit, que señala: "Artículo 2563.- Cuando el legado es de cosa específica y determinada, propia del testador, el legatario adquiere su propiedad desde que aquél muere y hace suyos los frutos pendientes y futuros, a no ser que el testador haya dispuesto otra cosa." Además, la responsable determinó que de una interpretación del citado numeral los legatarios adquieren su propiedad desde que el autor de la sucesión muere y hacen suyos los frutos pendientes y futuros, por lo que en esas condiciones los bienes legados que se encontraban determinados y específicos podían entregarse pero no los legados que se encuentran en porcentajes como lo son las (partes alícuotas de los bienes inmuebles y acciones de la empresa "Materiales Pétreos Trituradores el Rojo"), no se autorizaba su entrega debido a que se encuentra suspendida dichas porciones al valor de las cargas con las que tuviere la herencia, es necesario que se puntualice que las deudas y gravámenes se prorratearan (distribuirán), de conformidad con el artículo 2545 del Código Civil del Estado de Nayarit. "Artículo 2545.- Si toda la herencia se distribuye en legados, se prorratearán las deudas y gravámenes de ella entre todos los partícipes, en proporción de sus cuotas, a no ser que el testador hubiere dispuesto otra cosa." De ahí que las cargas con las que cuenta la sucesión serán a cargo de todos los legatarios en proporción a sus porciones de sus legados, lo que constituye materia de los inventarios y avalúos y a su vez en las siguientes etapas del juicio sucesorio. Apoyando dichos argumentos en tesis aislada, emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito, Décima Época, Materia (s): Civil, Tesis I. 11º.C.38 C (10ª) Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, página 3099 al rubro siguiente: "LEGADO. LA SOLICITUD DEL LEGATARIO DE POSEER EL BIEN, NO ESTÁ SUPEDITADA A LA FORMULACIÓN DEL INVENTARIO Y A SU APROBACIÓN EN EL JUICIO SUCESORIO CORRESPONDIENTE, CUANDO EL TÉRMINO PARA HACERLO YA FENECIÓ (EXCEPCIÓN AL ARTÍCULO 1735 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL)." En ese tenor, este juzgado federal estima se encuentran atendidos los lineamientos precisados en los restantes incisos 2, A y B. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido en el goce de los derechos violados a la quejosa, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; toda vez, que, la responsable dejó sin efectos la resolución dictada el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, dentro del juicio sucesorio testamentario 728/2018, de su índice. Emitiendo una nueva en la cual reiteró lo que no fue materia de análisis la ejecutoria de mérito y resolvió el recurso de revocación sometido ante su potestad, prescindiendo de sus consideraciones dogmáticas que había empleado para revocar su determinación de entregar la serie de legados existentes a cada uno de los legatarios. Máxime, que con plenitud de jurisdicción y de manera fundada y motivada, resolvió los planteamientos expuestos en vías de agravios, en particular los precisados en los incisos A y B, como se puede apreciar de lo narrado en los párrafos que anteceden. Fundamentando su determinación de la interpretación de las disposiciones legales sugeridas por el tribunal de alzada, esto es en los artículos 2529, 2545, 2563, 2867 y 2870 Código Civil para el Estado de Naya. Sin que sea obstáculo al anterior el hecho de que no se hubieran citados los diversos arábigos 575, 576 y 577 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit, pues el órgano colegiado expresamente señaló que podía o no basarse en ellos o diversos artículos que estimara aplicables al caso particular. Es decir, dicha precisión fue optativa y no coercitiva, inclusive el ente responsable se apoyó en el diverso dispositivo 2421 del Código Civil del Estado de Nayarit, que no fue señalado por el tribunal de alzada, pues lo consideró aplicable al caso particular como fue establecido. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones que realizaron los quejosos Pedro Juan Soltero Muñoz, por sí y como representante legal del menor identificado con las iniciales "J.C.S.C."; así como, por Pedro Alberto Soltero Casillas, respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo, en el sentido de que no se encuentra cabalmente cumplido. Por una parte, dado que sostienen que fallo protector fue concedido para el efecto de que se pusiera en posesión de los bienes inmuebles materia de los legados a cada uno de los legatarios y que las deudas que resultaran en inventarios y avalúos, los legatarios estarían obligados a cubrirlas en prorratas. Sin embargo, este juzgado federal considera que dicho alegato resulta ser infundado. Esto, pues contrario a lo que aduce la parte quejosa, los efectos de la concesión fueron diversos como se aprecia de los incisos 1, 2, A, y B de la presente determinación. Es decir, únicamente, versaron respecto a la fundamentación y fundamentación de los puntos establecidos en los incisos A y B y destacando que el ente responsable contaba con libertad de jurisdicción para resolver en el sentido de si era o no procedente la entrega de los bienes inmuebles materia de la sucesión. Por otro lado, en cuando al diverso argumento de la parte quejosa, en relación con que la ejecutoria no se encuentra cumplimentada pues la responsable sólo determinó poner la posición en forma parcial de algunos legados y, que los subsecuentes serían materia de la siguiente etapa del juicio sucesorio, sin precisar cuál etapa en particular. Este órgano jurisdiccional, considera que el citado argumento debe desestimarse, por una parte, pues como se narró en los párrafos que preceden, respecto con la entrega física, real y jurídica de los bienes legados que le corresponden, la responsable, sostuvo que, de una interpretación del arábigo 2563 del Código Civil del Estado de Nayarit, los legatarios adquirían su propiedad desde que el autor de la sucesión moría y hacían suyos los frutos pendientes y futuros, por lo que en esas condiciones los bienes legados que se encontraban determinados y específicos podían entregarse, pero no así, los legados que se encontraran en porcentajes, como lo son las (partes alícuotas de los bienes inmuebles y acciones de la empresa "Materiales Pétreos Trituradores el Rojo"), por lo que no autorizó su entrega, debido a que se encuentran suspendidas dichas porciones al valor de las cargas con las que tuviere la herencia, siendo necesario que se puntualizara qué deudas y gravámenes se prorratearan (distribuirán), con sustento el artículo 2545 del Código Civil del Estado de Nayarit. En esa línea argumentativa, el juez responsable concluyó que la sucesión respecto dicho legado sería a cargo de todos los legatarios en proporción a sus porciones de sus legados, lo que constituirá materia de los inventarios y avalúos. Por otra parte, si bien, el ente responsable no precisa en qué etapa del juicio sucesorio resolverá lo conducente con las partes alícuotas de los bienes inmuebles y acciones de la empresa "Materiales Pétreos Trituradores el Rojo", que correspondan a cada uno de los herederos y así estar en condiciones de autorizar la entrega proporcional a cada legatario. Lo cierto es que dicha precisión no fue materia de estudio en el presente sumario constitucional ya que la ejecutoria dictada por el tribunal colegiado fue muy puntual sobre los aspectos en lo que se debía abundar en cuanto a la fundamentación y motivación; luego, lo alegado no fue objeto de la concesión de dicha ejecutoria. De ahí, que, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, la autoridad no se encontraba obligada a pronunciarse en ese sentido. Así pues, con base en los razonamientos expuestos en la presente determinación, se concluye que se purgó el vicio de falta de fundamentación y motivación precisados en la ejecutoria concesora. Motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues, por una parte, se sobreseyó en el presente juicio de amparo y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, devuélvase al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, las constancias que adjuntó como apoyo a su informe con justificación. Notifíquese y personalmente a las partes.
- Principal
EPIC, NAYARIT, SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el siete de julio del año en curso, el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de ocho de julio del año actual, se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados para que indicaran lo que a sus intereses legales conviniera y se les apercibió que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, mediante proveído de veintisiete de agosto de la anualidad que transcurre, se tuvo a los quejosos Pedro Juan Soltero Muñoz, por sí y como representante legal del menor identificado con las iniciales "J.C.S.C."; así como, por Pedro Alberto Soltero Casillas, desahogando la vista concedida en el referido acuerdo, sin que diversa parte procesal hubiera realizado manifestación al respecto, como se aprecia de la certificación que antecede. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Al respecto, para una mayor comprensión del asunto es oportuno narrar en lo que interesa, los antecedentes más destacados del juicio de amparo en que se actúa. En efecto, se aprecia que agotada la secuela procedimental, el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve se celebró la audiencia constitucional. Posteriormente, el Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en auxilio el diecinueve de agosto del mismo año, emitió sentencia que concluyó en lo conducente: . "RESUELVE. PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 679/2019, promovido por Pedro Juan Soltero Muñoz, Pedro Alberto Soltero Casillas; y, María Guadalupe Soltero, y el primero de los nombrados como tutriz del menor de edad identificado con las iniciales J. C. S. C. así como de la diversa A. T. S. C., contra las autoridades; y, por el acto reclamado indicados en el considerando tercero, por los motivos expresado quinto. SEGUNDO. En términos del último considerando de este fallo, se ordena su publicación con supresión de datos personales." Inconforme con la citada resolución la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Consecuentemente, mediante ejecutoria de veintidós de octubre de dos mil veinte, el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, resolvió: "PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento decretado en la primera parte del considerando quinto de la sentencia recurrida. SEGUNDO. En la materia de la revisión se revoca la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Pedro Juan Soltero Muñoz, Pedro Alberto Soltero Casillas; María Guadalupe Soltero, y el primero de los nombrados de como tutriz del menor de edad identificado con las iniciales J.C.S.C., contra la autoridad, el acto reclamado; por los motivos y para los efectos indicados en el considerando último de la presente ejecutoria." En este punto, cabe precisar que el sobreseimiento decretado en la primera parte del considerando quinto de la sentencia recurrida que se confirmó, fue por lo que ve a los actos reclamados al Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en Tepic, Nayarit, al actualizarse la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con al 5° fracción II, de la Ley de Amparo, pues se estimó que no puede considerarse como autoridad responsable para el juicio de amparo. Ahora bien, se advierte que, en otro aspecto, en su resolución el tribunal de alzada decidió conceder el amparo y protección de la Justicia Federal impetrada, para los efectos siguientes: ". el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Partido Judicial de Tepic, Nayarit: 1. Deje insubsistente la interlocutoria de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, y emita otra en la cual: a) Reitere lo que no fue materia de estudio en esta ejecutoria. b) Al resolver el recurso de revocación sometido ante su potestad, prescinda de sus consideraciones dogmáticas que empleó para revocar su determinación de entregar la serie de legados existentes a cada uno de los legatarios; c) Con plenitud de jurisdicción y de manera fundada y motivada, resuelva los planteamientos expuestos en vías de agravios, y atendiendo e interpretando las disposiciones legales en comento en el considerando que antecede; y, con base en ello determine si procede (revocar o confirmar) o no la petición de entrega física y material de los legados existentes a cada uno de los legatarios." Así pues, se colige que, los actos que debía realizar la autoridad responsable para acatar el fallo protector, esencialmente consisten en; Dejar insubsistente la interlocutoria de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Con plenitud de jurisdicción y de manera fundada y motivada, emitir una nueva en la cual, debía reiterar lo que no fue materia de análisis la ejecutoria y al resolver el recurso de revocación sometido ante su potestad, prescindirá de sus consideraciones dogmáticas que empleó para revocar su determinación de entregar la serie de legados existentes a cada uno de los legatarios; asimismo, debería resolver los planteamientos expuestos en vías de agravios, y atendiendo e interpretando las disposiciones legales en comento en el considerando que antecede; y, con base en ello determinara si procede (revocar o confirmar) o no la petición de entrega física y material de los legados existentes a cada uno de los legatarios. Ahora, de la lectura integral de la ejecutoria de mérito se advierte que las violaciones que dieron lugar a la concesión del amparo a la parte quejosa, esencialmente, derivan de la resolución interlocutoria dictada el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el juicio sucesorio testamentario 728/2018, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, a través de la cual, se declaró fundado el recurso de revocación planteado por el albacea Jorge Homero Soltero Muñoz (aquí tercero interesado) y se revocó el auto de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual, a petición de la heredera María Guadalupe Soltero Muñoz (aquí quejosa), se requirió al precitado albacea, para que dentro del término de sesenta días, concluyera con los inventarios y avalúos y rindiera cuenta de su administración, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, sería removido de plano de su encargo; asimismo, para que en el plazo de tres días, realizara la entrega física real y jurídica a cada uno de los legatarios, la serie de legados existentes. Lo anterior, pues el tribunal de alzada concluyó que la interlocutoria de referencia, adolecía de fundamentación y motivación. Ello esencialmente por las consideraciones siguientes: A). El juez recurrido revocó su determinación previa en que ordenó al albacea poner la entrega física y material de los legados existentes a los legatarios bajo los argumentos de que, para que ello ocurriera, en primer lugar, debía estar aprobado el inventario y, además, cada uno de los legatarios debía garantizar y responder por los gastos y cargas generales de la herencia en la proporción que a cada uno de ellos corresponda. Sin embargo, la autoridad responsable omitió la cita de precepto o preceptos legales en que apoyara esa decisión, o bien, de algún criterio de tesis que le resultara de obligatoria aplicación al respecto. B). La autoridad responsable tampoco precisó cómo es que concluyó que cada uno de los legatarios debían garantizar y responder por los gastos y cargas generales de la herencia en proporción que a cada uno de ellos les correspondiera, pues ni siquiera señaló cuáles eran esos gastos y cargas, o bien, de dónde se advertía su existencia, menos aún el fundamento para dicha obligación por parte de los legatarios; lo cual constituye deficiencia en la motivación y fundamentación que todo acto de autoridad debe satisfacer. Asimismo, el tribunal consideró que los razonamientos del ente responsable para revocar la determinación de entregar física y material de los legados existentes a cada uno de los legatarios por estar supeditada a la aprobación de los inventarios y a que se garanticen suficientes gastos y cargas generales de la herencia, se sustentan en lo establecido en los artículos 2848, 2883 y 2545 del Código Civil para el Estado de Nayarit. No obstante, dicho tribunal razonó que dichos preceptos deben interpretarse de forma sistemática con diversos artículos aplicables al caso, respecto la entrega de los legados, sus formalidades y condiciones previstas en el Código Civil para el Estado de Nayarit, entre otros, lo señalado en el primer párrafo del dispositivo 2848 en comento en la parte que dispone "Los acreedores y legatarios no podrán exigir el pago de sus créditos y legados, sino que hasta que el inventario haya sido formado y aprobado, siempre que se forme y apruebe dentro de los términos señalados por la Ley, salvo en los casos prescritos en los artículos 2867; y 2870". De igual manera, analizarlos en conjunto con diversos artículos que estime aplicables al caso particular, como podrían ser los numerales 2529, 2545, 2563, 2867 y 2870 Código Civil para el Estado de Nayarit, 575, 576 y 577 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit. Es oportuno precisar que, con base en los lineamientos establecidos en la presente determinación en los incisos 1), 2) A) y B), se procede a analizar si se encuentra cumplida o no la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, por oficios y anexos recibidos en este juzgado federal el catorce de junio y siete de julio, ambos de dos mil veintiuno, respectivamente el Juez Segundo Familiar de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, informó haber dado cumplimiento al fallo protector. Ahora, del contenido integral de los citados ocursos y anexos, por una parte, se desprende que el ente responsable remitió copia certificada de la interlocutoria dictada el ocho de junio de dos mil veintiuno y, por otra, se aprecia que adjuntó copia certificada de las notificaciones correspondientes practicadas a las partes dentro del juicio sucesorio testamentario 728/2018, de su índice. En lo conducente, del contenido integral de la nueva resolución interlocutoria emitida dentro del contradictorio de origen el ocho de junio previamente aludida, se advierte en lo que interesa que, se dejó sin efectos la diversa emitida el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Entonces, con ello se cumple el primer aspecto del amparo otorgado al quejoso precisado en el inciso 1). Asimismo, de los puntos resolutivos de la cita resolución se desprende que la autoridad responsable, con libertad de jurisdicción, declaró fundados pero insuficientes los agravios del recurso de revocación planteado por Jorge Homero Soltero Muñoz (aquí tercero interesado), albacea de la sucesión, así como que, modificó el auto combatido dictado el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, únicamente en sus párrafos décimo y décimo primero, por lo que en su lugar, dictó otro en los términos ahí precisados; reiterando lo que no fue materia de análisis de la ejecutoria de mérito. Asimismo, se aprecia que el ente responsable en atención a los lineamientos establecidos en el fallo protector, arribó a los mencionados resolutivos en lo que interesa, con base en los razonamientos siguientes: Primero. Consideró que los agravios en el recurso de revocación planteado por Jorge Homero Soltero Muñoz (aquí tercero interesado), eran fundados pero insuficientes, toda vez que era fundado su argumento en el sentido de que si bien los legatarios no pueden pedir la posesión de los bienes hasta que se formule y apruebe el inventario de la sucesión, lo cierto es que éste aún no se había aprobado, por lo que no le asistía la razón en ese sentido, ya que se encontraba en el caso de excepción que señala el artículo 2848 del Código Civil del Estado de Nayarit, que establece: "Artículo 2848.- Los acreedores y legatarios no podrán exigir el pago de sus créditos y legados, sino que hasta que el inventario haya sido formado y aprobado, siempre que se forme y apruebe dentro de los términos señalados por la Ley, salvo en los casos prescritos en los artículos 2867; y 2870; y aquellas deudas sobre las cuales hubiere juicio pendiente al abrirse la sucesión." Interpretado en conjunto con los diversos arábigos 2867 y 2870 del código en cita que proveen: "Artículo 2867.- En primer lugar, serán pagadas las deudas mortuarias (sic), si no lo estuvieren ya, pues pueden pagarse antes de la formación del inventario. Artículo 2870.- En segundo lugar, se pagarán los gastos de rigurosa conservación y administración de la herencia, así como los créditos alimenticios, que pueden también ser cubiertos antes de la formación del inventario." Además, agregó que de una interpretación del primer dispositivo invocado que señala "siempre que se forme y apruebe dentro de los términos señalados por la ley", se podía entender que esa regla general admitía excepción, cuando había transcurrido el plazo para formular el inventario y no se había realizado, que en la especie dicha circunstancia había ocurrido toda vez que no se había aprobado pues se encontraba pendiente de un incidente de oposición de inventarios y avalúos, en esas condiciones que la entrega de la posesión de los legados se estaría en postergar indefinidamente, al no proceder la formación de inventario y su aprobación. Concluyendo que no le asistía la razón al recurrente para esperar que se aprobaran los inventarios de bienes y avalúos para poder realizar la entrega de la posesión de los legados, ya que como se había narrado se había excedido el término para haberse formado y aprobado en términos de ley. Máxime, que la cosa legada debía ser entregada con todos sus accesorios y en el estado que se halle al morir el autor de la herencia como lo señala el precepto 2529 del Código Civil del Estado de Nayarit. "Artículo 2529.- La cosa legada deberá ser entregada con todos sus accesorios y en el estado en que se halle al morir el testador." Segundo. Precisó respecto a las cargas que señaló el multicitado recurrente, que dicho agravio era fundado ya que en la sucesión testamentaria del instrumento público de diez de agosto de dos mil once, otorgado por el autor de la sucesión Pedro Soltero García, distribuyo su voluntad en legados de la cláusula de la primera a la décima, por lo que todos los legatarios eran considerados herederos de conformidad con lo dispuesto con el artículo 2421 del Código Civil del Estado de Nayarit, que señala: "Artículo 2421.- Cuando toda la herencia se distribuya en legados, los legatarios serán considerados como herederos." Agregando que como se había adelantado dicho argumento no era suficiente para no estimar fundada la petición de los legatarios de entrega de los legados que les corresponden de la entrega física, real y jurídica de los bienes legados que les corresponden, estimando fundada la petición de entrega de los bienes legados de la cosa específica y determinada, como lo señala el arábigo 2563 del Código Civil del Estado de Nayarit, que señala: "Artículo 2563.- Cuando el legado es de cosa específica y determinada, propia del testador, el legatario adquiere su propiedad desde que aquél muere y hace suyos los frutos pendientes y futuros, a no ser que el testador haya dispuesto otra cosa." Además, la responsable determinó que de una interpretación del citado numeral los legatarios adquieren su propiedad desde que el autor de la sucesión muere y hacen suyos los frutos pendientes y futuros, por lo que en esas condiciones los bienes legados que se encontraban determinados y específicos podían entregarse pero no los legados que se encuentran en porcentajes como lo son las (partes alícuotas de los bienes inmuebles y acciones de la empresa "Materiales Pétreos Trituradores el Rojo"), no se autorizaba su entrega debido a que se encuentra suspendida dichas porciones al valor de las cargas con las que tuviere la herencia, es necesario que se puntualice que las deudas y gravámenes se prorratearan (distribuirán), de conformidad con el artículo 2545 del Código Civil del Estado de Nayarit. "Artículo 2545.- Si toda la herencia se distribuye en legados, se prorratearán las deudas y gravámenes de ella entre todos los partícipes, en proporción de sus cuotas, a no ser que el testador hubiere dispuesto otra cosa." De ahí que las cargas con las que cuenta la sucesión serán a cargo de todos los legatarios en proporción a sus porciones de sus legados, lo que constituye materia de los inventarios y avalúos y a su vez en las siguientes etapas del juicio sucesorio. Apoyando dichos argumentos en tesis aislada, emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito, Décima Época, Materia (s): Civil, Tesis I. 11º.C.38 C (10ª) Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, página 3099 al rubro siguiente: "LEGADO. LA SOLICITUD DEL LEGATARIO DE POSEER EL BIEN, NO ESTÁ SUPEDITADA A LA FORMULACIÓN DEL INVENTARIO Y A SU APROBACIÓN EN EL JUICIO SUCESORIO CORRESPONDIENTE, CUANDO EL TÉRMINO PARA HACERLO YA FENECIÓ (EXCEPCIÓN AL ARTÍCULO 1735 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL)." En ese tenor, este juzgado federal estima se encuentran atendidos los lineamientos precisados en los restantes incisos 2, A y B. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido en el goce de los derechos violados a la quejosa, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; toda vez, que, la responsable dejó sin efectos la resolución dictada el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, dentro del juicio sucesorio testamentario 728/2018, de su índice. Emitiendo una nueva en la cual reiteró lo que no fue materia de análisis la ejecutoria de mérito y resolvió el recurso de revocación sometido ante su potestad, prescindiendo de sus consideraciones dogmáticas que había empleado para revocar su determinación de entregar la serie de legados existentes a cada uno de los legatarios. Máxime, que con plenitud de jurisdicción y de manera fundada y motivada, resolvió los planteamientos expuestos en vías de agravios, en particular los precisados en los incisos A y B, como se puede apreciar de lo narrado en los párrafos que anteceden. Fundamentando su determinación de la interpretación de las disposiciones legales sugeridas por el tribunal de alzada, esto es en los artículos 2529, 2545, 2563, 2867 y 2870 Código Civil para el Estado de Naya. Sin que sea obstáculo al anterior el hecho de que no se hubieran citados los diversos arábigos 575, 576 y 577 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit, pues el órgano colegiado expresamente señaló que podía o no basarse en ellos o diversos artículos que estimara aplicables al caso particular. Es decir, dicha precisión fue optativa y no coercitiva, inclusive el ente responsable se apoyó en el diverso dispositivo 2421 del Código Civil del Estado de Nayarit, que no fue señalado por el tribunal de alzada, pues lo consideró aplicable al caso particular como fue establecido. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones que realizaron los quejosos Pedro Juan Soltero Muñoz, por sí y como representante legal del menor identificado con las iniciales "J.C.S.C."; así como, por Pedro Alberto Soltero Casillas, respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo, en el sentido de que no se encuentra cabalmente cumplido. Por una parte, dado que sostienen que fallo protector fue concedido para el efecto de que se pusiera en posesión de los bienes inmuebles materia de los legados a cada uno de los legatarios y que las deudas que resultaran en inventarios y avalúos, los legatarios estarían obligados a cubrirlas en prorratas. Sin embargo, este juzgado federal considera que dicho alegato resulta ser infundado. Esto, pues contrario a lo que aduce la parte quejosa, los efectos de la concesión fueron diversos como se aprecia de los incisos 1, 2, A, y B de la presente determinación. Es decir, únicamente, versaron respecto a la fundamentación y fundamentación de los puntos establecidos en los incisos A y B y destacando que el ente responsable contaba con libertad de jurisdicción para resolver en el sentido de si era o no procedente la entrega de los bienes inmuebles materia de la sucesión. Por otro lado, en cuando al diverso argumento de la parte quejosa, en relación con que la ejecutoria no se encuentra cumplimentada pues la responsable sólo determinó poner la posición en forma parcial de algunos legados y, que los subsecuentes serían materia de la siguiente etapa del juicio sucesorio, sin precisar cuál etapa en particular. Este órgano jurisdiccional, considera que el citado argumento debe desestimarse, por una parte, pues como se narró en los párrafos que preceden, respecto con la entrega física, real y jurídica de los bienes legados que le corresponden, la responsable, sostuvo que, de una interpretación del arábigo 2563 del Código Civil del Estado de Nayarit, los legatarios adquirían su propiedad desde que el autor de la sucesión moría y hacían suyos los frutos pendientes y futuros, por lo que en esas condiciones los bienes legados que se encontraban determinados y específicos podían entregarse, pero no así, los legados que se encontraran en porcentajes, como lo son las (partes alícuotas de los bienes inmuebles y acciones de la empresa "Materiales Pétreos Trituradores el Rojo"), por lo que no autorizó su entrega, debido a que se encuentran suspendidas dichas porciones al valor de las cargas con las que tuviere la herencia, siendo necesario que se puntualizara qué deudas y gravámenes se prorratearan (distribuirán), con sustento el artículo 2545 del Código Civil del Estado de Nayarit. En esa línea argumentativa, el juez responsable concluyó que la sucesión respecto dicho legado sería a cargo de todos los legatarios en proporción a sus porciones de sus legados, lo que constituirá materia de los inventarios y avalúos. Por otra parte, si bien, el ente responsable no precisa en qué etapa del juicio sucesorio resolverá lo conducente con las partes alícuotas de los bienes inmuebles y acciones de la empresa "Materiales Pétreos Trituradores el Rojo", que correspondan a cada uno de los herederos y así estar en condiciones de autorizar la entrega proporcional a cada legatario. Lo cierto es que dicha precisión no fue materia de estudio en el presente sumario constitucional ya que la ejecutoria dictada por el tribunal colegiado fue muy puntual sobre los aspectos en lo que se debía abundar en cuanto a la fundamentación y motivación; luego, lo alegado no fue objeto de la concesión de dicha ejecutoria. De ahí, que, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, la autoridad no se encontraba obligada a pronunciarse en ese sentido. Así pues, con base en los razonamientos expuestos en la presente determinación, se concluye que se purgó el vicio de falta de fundamentación y motivación precisados en la ejecutoria concesora. Motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues, por una parte, se sobreseyó en el presente juicio de amparo y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, devuélvase al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, las constancias que adjuntó como apoyo a su informe con justificación. Notifíquese y personalmente a las partes.
Quedan 41 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes
- Pedro González Herrera2001/2017
- Pedro Hernández Colio573/2017
- Pedro Herrera Plascencia1231/2019
- Pedro Jara García1391/2017
- Pedro José Maximiliano Díaz Estrada373/2013
- Pedro Juan Soltero Muñoz283/2023
- PEDRO JUAN SOLTERO MUÑOZ y Otros.696/2019
- Pedro Juan Soltero Muñoz698/2019
- Pedro Leonardo Cano Pérez2/2018
- Pedro López Álvarez218/2019
- Pedro Lozano Guadarrama2228/2014
- Pedro Márquez Ocampo419/2016