Pedro Juan Mendoza López
Expediente 2019/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2019/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/01/2023
Partes del expediente
- Pedro Juan Mendoza López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio con anexo de cuenta, del Presidente por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por medio del cual rinden el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado que le corresponde y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la citada autoridad remitiendo copia certificada del expediente laboral ********************, de su índice. Ahora, de las constancias que se acompañan al informe justificado correspondientes al expediente ********************, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente, se advierte que en auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se comisionó al Actuario adscrito a dicha Junta a fin de que notificara a la parte demandada el auto de requerimiento de pago y embargo de veinte de octubre de dos mil dieciséis, por lo que el seis de diciembre de dos mil veintidós se notificó dicho requerimiento de pago y embargo (auto de ejecución de laudo) de veinte de octubre de dos mil dieciséis, a la demandada ********************, sociedad anónima de capital variable, y se le requirió el pago de la cantidad de $******************** (********************, con ********************, moneda nacional) a favor de la parte actora ******************** -quejoso-, corriéndole traslado con el aludido auto de ejecución de veinte de octubre de dos mil dieciséis. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere, que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado sustancialmente en la omisión de la autoridad responsable de notificar dentro del expediente ********************, el requerimiento de pago y embargo (auto de ejecución de laudo) de veinte de octubre de dos mil dieciséis, a la demandada ********************, sociedad anónima de capital variable; y, de las constancias que se acompañaron como complemento del informe justificado rendido por el Presidente por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, se advierte que el seis de diciembre de dos mil veintidós se notificó dicho requerimiento de pago y embargo (auto de ejecución de laudo) de veinte de octubre de dos mil dieciséis, a la demandada ********************, sociedad anónima de capital variable, y se le requirió el pago de la cantidad de $******************** (********************, con ********************, moneda nacional) a favor de la parte actora ******************** -quejoso-, corriéndole traslado con el aludido auto de ejecución de veinte de octubre de dos mil dieciséis. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse notificado el seis de diciembre de dos mil veintidós a la demandada ********************, sociedad anónima de capital variable el auto de requerimiento de pago y embargo de veinte de octubre de dos mil dieciséis (auto de ejecución de laudo) en donde además se le requirió el pago de la cantidad de $******************** (********************, con ********************, moneda nacional) a favor de la parte actora ******************** -quejoso-, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión reclamada no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y un minutos del día de hoy. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio con anexo de cuenta, del Presidente por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por medio del cual rinden el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado que le corresponde y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la citada autoridad remitiendo copia certificada del expediente laboral ********************, de su índice. Ahora, de las constancias que se acompañan al informe justificado correspondientes al expediente ********************, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente, se advierte que en auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se comisionó al Actuario adscrito a dicha Junta a fin de que notificara a la parte demandada el auto de requerimiento de pago y embargo de veinte de octubre de dos mil dieciséis, por lo que el seis de diciembre de dos mil veintidós se notificó dicho requerimiento de pago y embargo (auto de ejecución de laudo) de veinte de octubre de dos mil dieciséis, a la demandada ********************, sociedad anónima de capital variable, y se le requirió el pago de la cantidad de $******************** (********************, con ********************, moneda nacional) a favor de la parte actora ******************** -quejoso-, corriéndole traslado con el aludido auto de ejecución de veinte de octubre de dos mil dieciséis. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere, que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado sustancialmente en la omisión de la autoridad responsable de notificar dentro del expediente ********************, el requerimiento de pago y embargo (auto de ejecución de laudo) de veinte de octubre de dos mil dieciséis, a la demandada ********************, sociedad anónima de capital variable; y, de las constancias que se acompañaron como complemento del informe justificado rendido por el Presidente por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, se advierte que el seis de diciembre de dos mil veintidós se notificó dicho requerimiento de pago y embargo (auto de ejecución de laudo) de veinte de octubre de dos mil dieciséis, a la demandada ********************, sociedad anónima de capital variable, y se le requirió el pago de la cantidad de $******************** (********************, con ********************, moneda nacional) a favor de la parte actora ******************** -quejoso-, corriéndole traslado con el aludido auto de ejecución de veinte de octubre de dos mil dieciséis. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse notificado el seis de diciembre de dos mil veintidós a la demandada ********************, sociedad anónima de capital variable el auto de requerimiento de pago y embargo de veinte de octubre de dos mil dieciséis (auto de ejecución de laudo) en donde además se le requirió el pago de la cantidad de $******************** (********************, con ********************, moneda nacional) a favor de la parte actora ******************** -quejoso-, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión reclamada no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y un minutos del día de hoy. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta de la Jueza Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, a través del cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada de las constancias que obran en el exhorto 196/2022 de su índice, de los que se advierte lo siguiente. a) Que mediante acuerdo de siete de octubre de dos mil veintidós, recibió el despacho 308/2022 debidamente diligenciado por el Juzgado Municipal de Emiliano Zapata, Veracruz, puesto que notificó a Rodrigo Rodríguez Hernández, el acuerdo de tres de octubre de dos mil veintidós. b) Acta circunstanciada de la prueba pericial realizada el ocho de noviembre de dos mil veintidós, por la trabajadora social adscrita al Centro de convivencia Familiar de Xalapa, Veracruz, en el domicilio ubicado en la calle Mirador número 6, lomas de la Pradera, Las Trancas, municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. Atento a lo anterior, se toma conocimiento de lo informado por la autoridad oficiante, sin que por el momento se formule un nuevo requerimiento a la Jueza Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Xalapa, habida cuenta que mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se hizo el requerimiento respectivo y a la presente fecha no obra en autos la constancia de notificación correspondiente; por tanto, una vez que sea recibida la constancia y transcurrido el plazo que le fue concedido, se proveerá lo que en derecho corresponda a fin de lograr el cumplimiento del fallo protector. ...
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 10,245 expedientes
- Pedro González Ramírez1003/2022
- Pedro Guerrero Hernández29/2019
- Pedro Hernández Zarate794/2019
- Pedro Israel Gil Cruz1400/2022
- Pedro Israel Gil Cruz2092/2022
- Pedro Jiménez Díaz284/2019
- Pedro Juan Mendoza López796/2023
- Pedro Juan Mendoza López1732/2021
- Pedro Laurencio Centeno Benítez937/2018
- Pedro López Coatepec2410/2017
- Pedro López Tápia447/2015
- Pedro Martínez Ramírez1782/2021