Pedro José Farfán Montero
Expediente 157/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 157/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Pedro José Farfán Montero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
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MESA IV. Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes cuadernos incidentales y en cumplimiento al acuerdo de diez de mayo de dos mil veintiuno, hasta hoy que las labores lo permitieron, remítase el billete de depósito con número de serie ****************** por la cantidad de ********************, al Tesorero de la Federación debidamente endosado para su debida aplicación a favor del Fisco Federal, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.
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Mérida, Yucatán, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio y anexo signado por el Secretario de Acuerdos en Funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, por Ministerio de Ley en ausencia de su titular, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, el cual se ordena agregar a estos autos sin mayores efectos, toda vez que el diez de marzo de dos mil veintiuno se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Mariana Mariely Durán López, secretaria que autoriza y da fe.
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Mérida, Yucatán, diez de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio y anexo signado por el Secretario de Acuerdos en Funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, por Ministerio de Ley en ausencia de su titular, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, el cual se ordena agregar a estos autos para que obre como corresponda. Ahora bien, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán: La omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 298/2019 de su índice. Sin embargo, de las constancias certificadas que el Secretario de Acuerdos en Funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, por Ministerio de Ley en ausencia de su titular, autoridad señalada como responsable remitió en apoyo a su informe justificado, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el uno de marzo de dos mil veintiuno se emitió el laudo en autos del juicio laboral**** del índice del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán y fue notificado a la parte quejosa el cinco de marzo del presente año; lo anterior, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el veintiocho de enero de dos mil veintiuno; por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, se queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas con veinte minutos del nueve de abril de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Mariana Mariely Durán López, secretaria que autoriza y da fe.
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Mérida, Yucatán, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio y toda vez que de una revisión integral del presente expediente se observa que se requiere la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios Pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Yucatán, autoridad responsable en el presente asunto, para que dentro del término de tres días, contados a partir de aquél en que reciba el oficio con transcripción del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de la totalidad de las constancias del expediente laboral ***. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, con fundamento en los artículos 237 fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO."- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fija para su celebración las doce horas con veinte minutos del nueve de abril de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria que autoriza y da fe, licenciada Mariana Mariely Durán López.
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