Pedro Joel Ibarra Muñoz

Expediente 1664/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1664/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
22/12/2016

Partes del expediente

  • Pedro Joel Ibarra Muñoz
  • Pedro Joel Ibarra Muñoz y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    Se ordena archivo... II

  2. Principal

    Sentencia causa ejecutoria... se ordena archivo y destrucción... II

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1664/2016-II, promovido por Pedro Joel Ibarra Muñoz, quien solicitó el amparo de los actos que reclama al Agente del Ministerio Público Nueve adscrito a la Dirección General de Investigación al Delito del Estado de Aguascalientes y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el tres de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, el quejoso de mérito solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. El solicitante del amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Por acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciséis, se ordenó formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 1664/2016-II, se desechó parcialmente la demanda de amparo y se admitió a trámite únicamente por lo que hace a la orden de detención o comparecencia giradas en contra del quejoso, se solicitó a las responsables su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público adscrito la intervención legal que le compete y se señaló fecha para la audiencia constitucional. III. La audiencia constitucional se celebró en los términos indicados en el acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución General de la República y 107 de la Ley de Amparo, así como 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y jurisprudencia que bajo el número 69 aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo, se precisa que los actos reclamados en el presente juicio, son los siguientes: Del Agente del Ministerio Público Número Nueve adscrito a la Dirección General de Investigación al Delito: Las órdenes de detención y comparecencia, giradas en contra del quejoso Pedro Joel Ibarra Muñoz. Del Comisario General de Policía Ministerial: La ejecución de esas órdenes. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Agente del Ministerio Público Número Nueve adscrito a la Dirección General de Investigación al Delito y el Comisario General de la Policía Ministerial, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos que se les reclaman; no obstante, el representante social reconoció que el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, emitió cédula de citación al aquí quejoso. En consecuencia, en virtud de que en autos no obra constancia que desvirtúe la negativa en lo que respecta a la orden de detención reclamada por el quejoso, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que hace a ese acto. Lo anterior, tiene apoyo en la Jurisprudencia número doscientos ochenta y cuatro, visible en la página doscientos treinta y seis, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-dos mil, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de acto. El Agente del Ministerio Público Número Nueve adscrito a la Dirección General de Investigación al Delito, en su informe justificado, reconoció que el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis giró cédula de citación al aquí quejoso, lo que es suficiente para demostrar ese acto. Además, se acompañó copia certificada de la cédula de citación, la que tiene valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Conceptos de violación. Al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia manifestada por las partes, ni que deba abordarse en forma oficiosa por este juzgador en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de los razonamientos jurídicos expresados por la quejosa, los cuales se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de espacio y tiempo y esencialmente por no ser un requisito previsto en la Ley de Amparo, puesto que los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia, se satisfacen al precisarse los puntos de debate derivados de la demanda de garantías, que como tal se analizan y se da respuesta a los mismos. Resulta aplicable la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". El quejoso aduce que las autoridades responsables transgreden sus derechos fundamentales de legalidad y de seguridad jurídica tutelados en los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal, en virtud de que los actos reclamados carecen de la debida fundamentación y motivación; que además, se transgrede su derecho a una adecuada defensa, ya que no puede conocer las imputaciones que existen en su contra en la indagatoria DGAP/AGS/04975/04-15. Los argumentos jurídicos son infundados. En efecto, el artículo 16 Constitucional, establece que un acto de molestia como lo es la orden de citación al aquí quejoso, debe ser emitido por una autoridad competente fundando y motivando la causa legal del procedimiento. Ahora bien, del análisis concatenado de los numerales 10, 115, 122 y 150 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Aguascalientes se desprende que el Ministerio Público, en la investigación de los ilícitos que se hacen de su conocimiento, tiene facultades para citar, cumpliendo con los requisitos señalados por la ley, a las personas que tengan relación con los hechos denunciados, para así llegar a su esclarecimiento. El artículo 115 del Código de Procedimientos Penales del Estado (que se invoca en el mandamiento reclamado), establece que la cédula de citación deberá contener entre otros datos, el motivo de la citación, la identificación del expediente y la fecha y hora en que deban comparecer, así como, que se les advertirá que la incomparecencia injustificada provocará la aplicación de una medida de apremio. En el caso concreto resulta que el agente del Ministerio Público Nueve, el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, emitió cédula de citación dirigida al aquí quejoso, en los términos siguientes: "CEDULA DE CITACIÓN PEDRO JOEL IBARRA MUÑOZ CON DOMICILIO EN;: FORTUNATO MAICOT #317 A DE LA COLONIA INSURGENTES AGUASCALIENTES, AGS. PRESENTE: Por medio de este conducto se le hace de su conocimiento que deberá presentarse puntualmente con identificación oficial con fotografía y tres copias de la misma en la Agencia del Ministerio Púbico Número Nueve y Especializada en adolescentes, adscrita a la Dirección General de investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado, ubicada en el cruce de la avenida Héroe de Nacozari y avenida Adolfo López Mateos, lo anterior para llevar a cabo el desahogo de una diligencia ministerial, debiéndose presentar junto con su abogado y exhibir identificación oficial en original y tres coipas, relativa a la averiguación previa número DGAP/AGS/04975/04-15 misma que se desahogará a las Nueve Horas con Cero Minutos horas del día Tres mes Noviembre año 2016, advertido que de no comparecer el día y hora señalado o no justificar su inasistencia se le aplacara una medida de apremio consistente en una multa, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 115, 116, 117, 122 fracción III y 124 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes.[.]" Ahora bien, del contenido de la citada cédula de citación, se advierte que la misma se encuentra apegada a derecho, pues en ella se precisó el nombre de la autoridad ante la cual debían de comparecer -Agencia del Ministerio Público número Nueve, Especializada en adolescentes, adscrita a la Dirección General de Investigación del Delito en el cruce de la avenida Héroe de Nacozari y avenida Adolfo López Mateos-, el motivo de la citación -desahogo de una diligencia ministerial-, la identificación del expediente -averiguación previa DGAP/AGS/4975/04-15-, la fecha y hora en que debía comparecer -nueve horas con cero minutos del tres de noviembre de dos mil dieciséis-, así mismo se le indicó que en caso de no comparecer de manera justificada se haría acreedor a una medida de apremio consistente en una multa. En ese sentido, las formalidades antes señaladas, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar al peticionario del amparo, que la orden de citación no se dictó de un modo arbitrario, pues se ajustó al marco jurídico que los rige, los cuales se hicieron consistir en que tuvieran pleno conocimiento del motivo por el cual se les conmina a que se presente ante la autoridad responsable en determinada fecha y hora, así como las consecuencias jurídicas a las que se haría acreedor en caso de incomparecencia, satisfaciéndose así los requisitos de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 Constitucional. Por otra parte, se puntualiza, que el citatorio librado por la autoridad responsable, no tiene como propósito lograr la detención del aquí quejoso, puesto que su emisión, sólo constituye el mandato a fin de que comparezca al desahogo de una diligencia de carácter ministerial, por lo que si bien su derecho a la libertad se verá restringida de manera momentánea debido al espacio al cual habrán de sujetarse, lo cierto es que ésta finalizara al instante que se desahoguen las diligencias que motivan su presencia, momento en el que podrán reincorporarse a sus actividades cotidianas. Sin que el mencionado precepto exija que cuando se cite a quien tenga el carácter de inculpado en una averiguación previa, se le tiene que dar a conocer el nombre de la persona que denuncia, los testigos que deponen en su contra y los hechos que se investigan, como lo pretende el quejoso, pues ello se hará una vez que se desahogue la diligencia para la que se requiere su presencia. Por lo que en ese orden de ideas, el acto reclamado no viola en su perjuicio el artículo 14 constitucional, toda vez que si bien es cierto, el aludido dispositivo prevé, entre otros aspectos, que nadie podría ser privado de su libertad, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, también lo es que conforme al numeral 197 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes, toda persona tiene la obligación de presentarse ante la autoridad, cuando así sea requerido; deber el anterior que, desde luego, como ya se asentó, no implica un desposeimiento de la libertad sino restricción a la misma y, por ende, no puede violar el derecho de audiencia y debido proceso penal a que se refiere el segundo párrafo del numeral constitucional en comento, dado que tales prerrogativas del gobernado son de observancia ineludible sólo tratándose de actos privativos, ya sea de libertad, de propiedad o derechos, no así de los de molestia que no tengan la finalidad de despojar a los afectados de alguno de ellos. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, página 5, cuyo rubro y texto señalan: 'ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional.' Consecuentemente, al ser infundado el concepto de violación analizado, sin que se advierta infracción manifiesta de la ley que haya dejado sin defensa a la parte quejosa de manera que proceda suplir la deficiencia de la queja conforme lo autoriza el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado por Pedro Joel Ibarra Muñoz en contra de la orden de citación girada en su contra. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, 75, 76, 78 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Pedro Joel Ibarra Muñoz, contra las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Pedro Joel Ibarra Muñoz, respecto de los actos reclamados al Agente del Ministerio Público Nueve adscrito a la Dirección General de Investigación del Delito y Comisario General de la Policía Ministerial, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jaime Páez Díaz, Juez Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, ante Juana Chávez García, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    se declara que ha causado estado dicho auto...II

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